¿PARA CUÁNDO UN DEBATE REAL SOBRE EL ESTADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA?

Esta Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, coherentemente con los principios y fines establecidos en sus Estatutos, ha promovido en sus más de tres años de existencia numerosas iniciativas -no sólo quejas y denuncias, también peticiones de ordenación y mejora- tendentes a afirmar la plena vigencia de los principios constitucionales de legalidad, igualdad, publicidad, mérito y capacidad, de modo que desde el interior de la Administración -y por quienes trabajamos en ella-se impulse una cultura organizativa identificada con el modelo constitucional de función pública, sin ceder al conjunto de presiones existentes, desde todos los ámbitos, para desvirtuar dicho modelo y hacer de lo público un espacio apto para el clientelismo, el abuso y la ineficiencia.

Muchos son los enfoques desde los que se analiza la función pública -basta con recordar los debates producidos en torno a la reciente rebaja salarial en el sector público para constatar las diferentes y opuestas visiones sobre el papel de las administraciones públicas y la función de los servidores públicos-, pero será difícil abordar la reordenación de la función pública si no se hace desde una clara formulación de sus principios constitucionales, y se afronta con todo rigor y responsabilidad el análisis del grado en que la actual estructura administrativa se ajusta a valores tan esenciales como la legalidad, la imparcialidad y el servicio público y responde a las exigencias de eficacia y eficiencia. ¿Quién vela hoy por asegurar la vigencia de esos principios? ¿Los Gobiernos? ¿Los Parlamentos? ¿Los Tribunales? ¿Las entidades de la sociedad civil? ¿Los propios servidores públicos?

La calidad de la función pública -es decir, el buen funcionamiento de los servicios públicos, bajo la dirección política del Gobierno democráticamente elegido- ha de ser una preocupación de todos los ciudadanos, como destinatarios de los servicios que se prestan y como contribuyentes a su financiación y sostenimiento. La función pública está servida por ciudadanos que han accedido a sus puestos - o debieran haberlo hecho- en virtud de criterios de igualdad, mérito y capacidad. Es un sector del empleo donde no cabe discriminación ni libertad de contratación por parte del empleador:la administración no es una empresa propiedad del gobierno. La Administración pertenece a los ciudadanos y sólo se justifica como estructura llamada a garantizar sus derechos. Entre ellos, figura el de acceder a los puestos públicos. La calidad se juega en el acceso, aunque también en el ejercicio posterior.

Por ello, defender los servicios públicos incluye también el defender una opción de acceso al trabajo profesional con criterios de igualdad, mérito y capacidad, al alcance de todos los ciudadanos que acrediten tales cualidades. Este valor democrático no parece apreciarse suficientemente, y basta con ver la crítica que suelen atraer las ofertas de empleo público que se aprueban o la aceptación general de la congelación de puestos, sin justificación suficiente del por qué se anulan opciones de los ciudadanos para acceder a funciones públicas. ¿Se han suprimido acaso los puestos de trabajo? ¿Entonces por que no se cubren conforme a los principios que exige la Constitución? ¿Acaso pueden suspenderse los principios constitucionales alegando razones de coyuntura económica?

Son muchos los interrogantes que existen sobre la evolución de las Administraciones Públicas y sobre el estado de la respectiva función pública con que cuentan. Analizar dicha evolución y dicho estado debiera ser una prioridad de todo responsable político, dando cuenta de las deficiencias y necesidades detectadas y de las medidas para hacerles frente al conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, no parece que se avance en dicha dirección, sino justamente en la contraria, en la de hacer de la Administración una organización desconocida e ingobernable, caótica, sobre la que no es posible conocer datos fiables ni indicadores reales de costes y de eficiencia. ¿Quiénes pueden estar interesados en que el panorama se halle dominado por la desinformación y por diferentes clichés establecidos conforme a posturas ideológicas, al margen de todo dato fáctico? ¿Dónde están las causas de los males? ¿En la propia función pública? ¿En la incapacidad de quienes la dirigen? ¿En la irresponsabilidad de quienes la utilizan para fines espúreos? ¿No merecería el tema la máxima atención por los ciudadanos y sus representantes?

Ante la falta de concretas iniciativas para estudiar la realidad de la función pública aragonesa -es preferible no recordar la parodia de diagnóstico presentada no hace mucho por el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, ante las Cortes de Aragón, y la falta de réplica parlamentaria a semejante burla-, esta Asociación va a tratar de propiciar una plataforma de estudio, que entendemos debiera tener su asidero institucional en el Justicia de Aragón, como supervisor del conjunto de los servicios públicos autonómicos y como mediador entre las instituciones aragonesas y la sociedad civil -los ciudadanos y sus organizaciones sociales-, concretándose en sesiones de debate general sobre la administración y su función pública y sesiones específicas sobre cada uno de los servicios públicos.

Tales sesiones debieran permitir llegar a un diagnóstico compartido por responsables políticos y ciudadanos -incluyendo entre estos a los propios servidores públicos- y hacer posible un balance real de su evolución y la formulación de medidas de mejora para el futuro, involucrando en un mismo proyecto a la clase política, gestores y empleados públicos y ciudadanos. Ello, tal vez, permitiese conocer anualmente el estado de la función pública aragonesa, algo que, según todo parece indicar, no va a merecer la menor atención en el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma.