LA TRANSPARENCIA DE LOS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Esta Asociación, desde su primer escrito dirigido a los sindicatos de la función pública aragonesa, con motivo de las elecciones sindicales de marzo de 2007, ha venido insistiendo en la necesidad de que la actuación de dichas organizaciones sea lo más transparente posible, para fortalecer la confianza por parte de los trabajadores a los que han de representar y defender y para mostrar al conjunto de los ciudadanos su compromiso y coherencia con las exigencias que impone la actuación en el ámbito de las Administraciones Públicas, donde está en juego el interés general. No hay que olvidar que las condiciones laborales obtenidas en la función pública no las paga ningún empresario privado, sino que se sostienen con dinero público, sobre cuya gestión han de tener la máxima información posible el conjunto de los ciudadanos. Los sindicatos han de actuar de forma especialmente responsable, pues, de no incluir entre sus objetivos el buen funcionamiento de los servicios públicos y mirar sólo por constantes ventajas salariales y laborales de los empleados públicos, pueden convertirse en uno de los principales factores de deslegitimación de los mismos.

Hoy se ha conocido por la prensa el número de liberados con que cuentan las organizaciones sindicales en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, dato que solicitó el Grupo Parlamentario Popular al Ejecutivo autonómico en las Cortes de Aragón. Esta Asociación no va a valorar, en este momento, si dicho número resulta necesario o injustificado: esa valoración debiera corresponder, en primer lugar, al Consejero de Presidencia, como responsable político en materia de función pública.

Lo que está Asociación desea subrayar en este momento, una vez más, es la opacidad existente en todo lo relativo a la función pública. ¿Por qué el dato de los liberados sindicales, su número y su coste, no es un dato de dominio público, accesible a todo ciudadano, desde el momento en que supone un gasto realizado con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma? ¿No es responsabilidad directa del Gobierno explicar el coste de la Administración Pública, incluida la partida sindical o la estructura de negociación colectiva? ¿Y los sindicatos? ¿Qué les lleva a no hacer público dicho dato y obligar a que los ciudadanos lo debamos conocer sólo por la labor de control llevada a cabo por la oposición parlamentaria en las Cortes de Aragón? ¿Acaso no sabemos, por ejemplo, los diputados con que cuenta cada partido político en las Cortes de Aragón o sus concejales en cada municipio? ¿Tendría algún sentido tratar de ocultar tal dato a la opinión pública? ¿Por qué los sindicatos están tan alejados de la cultura de la transparencia, en particular en el ámbito de la función pública? ¿Cómo van a reclamar luego lo que ellos no practican? ¿Con qué legitimidad?

Los ciudadanos tienen pleno derecho a controlar la labor de los políticos a los que han elegido y también los trabajadores debieran conocer y controlar el trabajo de las organizaciones sindicales que trabajan en su ámbito de actividad. Por ello, los empleados públicos, y por extensión todos los ciudadanos, debieran conocer directamente de los propios sindicatos el número de liberados con que éstos cuentan en cada sector de la Administración Pública. Debiera conocerse la implicación que ello tiene para el funcionamiento y para el coste de los diferentes servicios públicos y debiera saberse, además, si dicho número puede constituir una contrapartida por determinados acuerdos o decisiones. El número de liberados no debiera ser negociable, sino estar normativamente establecido, como ocurre por ejemplo con los asesores o personal eventual del Gobierno de Aragón, lo cual no impide, como hemos podido comprobar, un uso fraudulento de tal figura.

En suma, no debiéramos utilizar el dato ahora hecho público para una estéril discusión sobre el despilfarro del dinero público y los vicios de la fuerte sindicalización en el sector público, sino para reclamar de unos y otros -Gobierno y sindicatos- total transparencia y rendición de cuentas en todo lo que afecta al dinero público. Sabemos que tal actitud no es esperable de los actuales responsables del Gobierno de Aragón, pero los sindicatos debieran evitar caer -o mantenerse- en la opacidad que caracteriza la gestión pública en Aragón. Debemos reiterar que el problema de nuestra Administración tiene una indudable dimensión ética, y los sindicatos han de dejar claro si desean formar parte del problema o de la solución a la actual carencia de transparencia y de control.