ENTRE TODOS HAY QUE LEVANTAR.

Tras la obligada despedida a Labordeta, y con la satisfacción por el amplio y sincero homenaje dado a su persona y su trayectoria por aquellos a quienes él dedicó incansablemente su energía, esta Asociación ha de retomar su labor, que muchos pueden considerar prosaica, pero entendemos la defensa de la función pública como nuestra personal contribución a un proyecto colectivo de convivencia democrática y de solidaridad a través de servicios públicos de calidad.

Ninguna actividad es un fin en sí mismo, y todas sirven a valores o bienes superiores que las justifican. En nuestro caso, sólo el servicio objetivo al interés general justifica la labor de los profesionales de la función pública. Los ciudadanos han de tener la seguridad de que los servidores públicos –es decir, esos ciudadanos que han accedido al ejercicio de las funciones públicas, conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad- están comprometidos con los valores y fines propios de su labor, como son la legalidad, la profesionalidad, la eficacia y la ética pública.

La Administración, tal y como exige un sistema democrático, está subordinada al poder político, que representa a los ciudadanos. Pero la dirección política de la Administración –que corresponde al Gobierno de Aragón en el caso de la Administración autonómica- no puede ejercerse de cualquier manera, sino con sujeción a las normas, que vinculan por igual a gobiernos, servidores públicos y ciudadanos. Una función pública que admitiese la vulneración de la legalidad por el Gobierno que la dirige estaría negando su valor más esencial, su compromiso con la legalidad, garantía del igual derecho de los ciudadanos, y debería afrontar su inevitable desprestigio social.

Pero junto a la legalidad, hemos de situar la eficacia y eficiencia de la actividad administrativa. Los servidores públicos han de conjugar necesariamente ambos valores, ser eficaces y serlo dentro del respeto a la legalidad, sin sacrificar un valor al otro, pues ambos deben realizarse conjuntamente. La combinación óptima de ambos es lo que conforma el derecho a una buena administración, formulado como derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión Europea desde el año 2000, e introducido en diferentes Estatutos de Autonomía –no en el de Aragón, curiosamente- tras las recientes reformas.

Convencidos hoy como ayer de la necesidad de un compromiso activo con los principios constitucionales de la función pública, las emociones vividas por la desaparición de Labordeta nos han de llevar a redoblar nuestro esfuerzo y nuestra motivación, sin descontextualizar nuestro trabajo. No defendemos intereses personales. Tampoco nos corresponde la defensa de los intereses de los empleados públicos, pues esa función la ejercen los sindicatos. Nuestra dedicación se dirige a algo que algunos pueden considerar más etéreo, más abstracto –la legalidad-, pero que sin su respeto y vigencia no pueden funcionar adecuadamente ni nuestras administraciones ni nuestras instituciones de autogobierno ni, por último, nuestra sociedad.

Por ello, y por creer que entre todos hay que levantar, también una función pública aragonesa al servicio real de la democracia y de los ciudadanos, renovamos hoy nuestro compromiso con esos valores y con esta tierra y sus gentes. Un compromiso que los servidores públicos debemos ejercer individualmente, en el desempeño de nuestros respectivos puestos de trabajo, pero también colectivamente, procurando que la organización pública en la que nos integramos –la Administración autonómica- no se degrade o desvirtúe, no olvide a quién debe servir, no se haga servil del poder político y traicione a los ciudadanos, no menoscabe el Estado de Derecho, es decir, no se corrompa. A ello dedica su preocupación y su energía esta Asociación, entendiendo que su esfuerzo se suma al de todos los que, desde sus respectivos campos de actividad, trabajan por la libertad y el desarrollo personal de quienes viven en Aragón.