En el día de ayer, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber, se celebró en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, una interesante jornada sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública, organizada por la Coalición Pro Acceso y Access Info Europe, a la que asistieron representantes de esta Asociación.
Diferentes especialistas del mundo del derecho, de la información y de la sociedad civil, a lo largo de dos mesas redondas consecutivas, abordaron distintos aspectos del derecho de acceso a la información, destacando que España es, junto a Luxemburgo, el único país de la Unión Europea que carece de una legislación que garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública, reconocido como derecho fundamental en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vinculado tanto a la libertad de expresión como, sobre todo, a la necesidad de una opinión pública informada para participar en los procesos democráticos de toma de decisiones.
La responsabilidad de gestionar el interés público ha de llevar aparejada la de rendir cuentas de dicha gestión a los ciudadanos, poniendo a su disposición toda la información referida a decisiones adoptadas, criterios tomados en cuenta, resultados obtenidos, utilización de recursos públicos, etc. Todo ello ha quedado recogido en el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos, realizado en Tromso (Noruega) en junio de 2009.
Coalición Pro Acceso es una plataforma cívica que agrupa a numerosas organizaciones de la sociedad civil –entre ellas, Access Info Europe, Transparencia Internacional, Greenpeace o Intermón Oxfam- que progugna la aprobación en España de una Ley que garantice el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, en la que se recojan los términos en que dicho derecho ha quedado perfilado en el Convenio elaborado en el ámbito del Consejo de Europa. 82 países en el mundo disponen ya de normativa destinada a asegurar el ejercicio de dicho derecho.
La participación ciudadana en los procesos políticos, consustancial a la idea de democracia, no puede realizarse desde la asimetría informativa. No es posible que los ciudadanos u opinión pública no puedan conocer con el máximo detalle la gestión pública, la actividad llevada a cabo por los diferentes poderes públicos. La transparencia no es sólo condición necesaria para una participación de calidad, sino también para un buen gobierno, con una plena rendición de cuentas, que permita la evaluación y control por parte de los ciudadanos, con técnicas transparentes que prevengan y permitan corregir los posibles abusos de poder.
Las Administraciones Públicas careren en la actualidad de “cultura de la transparencia”, y como señalaba ayer el profesor Piñar Mañas, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, con frecuencia se invoca indebidamente la protección de datos personales para justificar la falta de transparencia. En Aragón tenemos el reciente ejemplo del personal de las empresas públicas. El Gobierno de Aragón ha negado reiteradamente a las Cortes de Aragón los nombres de los trabajadores de las empresas públicas, alegando la defensa de la privacidad y de los datos personales. Algo radicalmente insostenible.
Es imposible comprender que los nombres de las personas que se incorporan a la función pública, como funcionarios de carrera o personal laboral fijo, figuren necesariamente en el nombramiento publicado en el Boletín Oficial, y que, por el contrario, los nombres de las personas que se incorporan al sector público empresarial no sólo no se publiquen en el momento de su contratación, al concluir los procesos selectivos correspondientes –si es que los hay-, sino que tampoco puedan -es decir, quieran- ser facilitados a los Grupos Parlamentarios, cuando éstos ejercen su función de control del gobierno. El Gobierno de Aragón está ejerciendo una opacidad por partida doble en cuanto al personal de las empresas públicas, al no publicar el nombramiento o contratación del personal y al negar datos a los Grupos Parlamentarios. Lógicamente, donde no hay transparencia las posibilidades y probabilidades de abuso se incrementan.
Los fines de esta Asociación guardan relación directa con los objetivos de la Coalición Pro Acceso, pues la transparencia y el acceso a la información pública están claramente vinculados con el buen gobierno, la ética pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por ello, esta Asociación hace ya tiempo acordó incorporarse a la citada Coalición Pro Acceso, decisión que se reiteró ayer ante los responsables de la Coalición y que cobrará efectividad en próximos días.
El trabajo de esta Asociación se centra en la situación de las Administraciones Públicas de nuestra Comunidad Autónoma, pero somos plenamentes consciente de que para avanzar en nuestros objetivos hemos de aunar fuerzas con otras entidades del resto de España que trabajan en la misma dirección. Hace una semana establecíamos contacto personal con los responsables de Conceyu por Otra Función Pública n’Asturies, en Gijón, y ayer con los representantes de Coalición Pro Acceso, en Madrid. En esa línea de búsqueda de alianzas vamos a insistir en el futuro.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
31 comentarios:
El derecho de acceso a la información, es un derecho humano reconocido por el derecho internacional, por muchas constituciones, y por más de 80 leyes nacionales alrededor del mundo. Es también conocido como el derecho a saber o libertad de información.
El derecho de acceso a la información es el derecho de toda persona de solicitar y recibir información de entidades públicas. El derecho obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva.
ACCES INFO EUROPE.
El derecho de acceso a la información es un derecho humano reconocido por el derecho internacional, por numerosas constituciones, y por leyes nacionales en más de 80 países en el mundo. Sin embargo, España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información.
De los 27 países que conforman la Unión Europea solamente cuatro (4) no tienen una ley de acceso a la información: Chipre, España, Luxemburgo, y Malta. Asimismo de los 47 países miembros del Consejo de Europa España es uno de los pocos países (8) que no tienen una ley de acceso a la información (junto con Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino).
En una verdadera democracia sólo es posible una auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas. La mejor herramienta para garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho es la existencia de una ley específica de acceso a la información.
ACCESS INFO EUROPE.
La Coalición Pro Acceso ha elaborado, tras el análisis de las normas y jurisprudencia existente al respecto así como de las leyes y la práctica en los países que han regulado este derecho, nueve principios que consideramos deberían ser incluidos en la futura ley de acceso a la información pública que se adopte en España.
En 2008 el Consejo de Europa adoptó una Convención sobre acceso a documentos públicos. Para poder firmar y ratificar esta Convención, España tendrá que adoptar una ley de acceso a la información.
ACCESS INFO EUROPE.
Access Info Europe lanza hoy una consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, después de recibir una copia filtrada de dicho anteproyecto de ley. Las respuestas serán enviadas al Gobierno.
Access Info Europe junto a otras 40 ONGs miembros de la Coalición Pro Acceso han reclamado mayor transparencia sobre dicho anteproyecto de ley. Hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta a la carta enviada al Gobierno el 20 de agosto requiriendo una copia del borrador y reclamando una consulta pública sobre el anteproyecto.
Se invita a la ciudadanía a aportar sus opiniones sobre el borrador, sobre todo en aquellas áreas donde el anteproyecto de ley no cumple con los estándares europeos, como, por ejemplo:
• La definición de información excluye gran cantidad de información.
• El alcance limitado –sólo la Administración y no los Poderes Legislativo ni Judicial–.
• Plazos muy largos –30 días para responder a una solicitud, tiempo adicional para proporcionar la información y, además, la posibilidad de extender el plazo otros 30 días más–.
ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Madrid, 5 de abril de 2010 (Comunicado de Prensa, 7 de abril de 2010 - Coalición Pro Acceso)
Ante la falta de transparencia de las instituciones españolas y la falta de una ley que garantice el derecho de acceso la información pública, la Coalición Pro Acceso lanza hoy la “Campaña de las 100 Preguntas” con la que pretende reclamar y demostrar la necesidad de un mayor aperturismo de la administración española.
La Coalición Pro Acceso, un grupo de 29 organizaciones unidas a favor de la aprobación de una ley de acceso a la información en España, ha empezado a presentar solicitudes de información a todo tipo de entidades públicas. Monitoreos previos revelaron entre un 60% y 78% de silencio administrativo como respuesta a las solicitudes presentadas.
Teniendo en cuenta la dificultad que tiene la ciudadanía para acceder a datos públicos debido a la carencia de una ley de acceso a la información en España, la Coalición Pro Acceso quiere demostrar la urgente necesidad de mejorar el cumplimiento de un derecho que está protegido por la Constitución Española.
“El derecho de acceso a la información es esencial para la lucha contra la corrupción, y para facilitar el debate público sobre temas importantes como la situación económica, el desempleo, y la protección del medio ambiente” dijo Victoria Anderica, de Access Info Europe, miembro de la Coalición Pro Acceso.
Según la información que posee la Coalición Pro Acceso, el Gobierno, para cumplir con sus promesas electorales de 2004 y 2008 de aprobar una ley de acceso a la información, está trabajando en una ley cuyo borrador aún no ha sido compartido con la sociedad civil.
Victoria Anderica comentó: “Conseguir recibir información de las instituciones españolas es una odisea, requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte del solicitante y ante la continua falta de respuesta, el desgaste hace que la gente desista”.
Las preguntas serán de toda índole e irán dirigidas a todo tipo de entidad pública de cualquier parte del territorio español. Estas preguntas son propuestas que la Coalición Pro Acceso recoge de los ciudadanos a través de su página web.
Las primeras solicitudes han ido dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al Ayuntamiento de Madrid, al Ministerio de Trabajo e Inmigración, y al Ministerio de Sanidad y Política Social. A la espera de los resultados que se irán publicando en la página de la Coalición Pro Acceso, ésta anima a todo aquel que quiera participar en esta campaña a proponer sus preguntas en http://www.proacceso.org y a exigir una mayor transparencia en su relación con la administración.
Para saber más sobre la Coalición Pro Acceso ir a http://www.proacceso.org
Felicidades a esta Asociación que tanto está haciendo por nuestra función pública.
Una decisión acertada.
Hay que estar presentes en foros cívicos amplios, compartiendo esfuerzos e información.
Ánimo, queda mucho por andar pero se ha hecho ya mucho camino. No hay más que volver la mirada hacia atrás y ver lo lejos que queda febrero de 2007, cuando se fundó esta asociación.
28 de septiembre. Hoy se celebra el Día Internacional por el Derecho a Saber, con el fin de reivindicar la importancia de promover el acceso a la información como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Un grupo de organizaciones interesadas en promover el derecho al libre acceso a la información se reunieron en Sofía, Bulgaria, en el año 2002, y establecieron esta celebración anual.
El derecho de acceso a la información pública es un derecho vital, no sólo para los ciudadanos sino también para los gobernantes, ya que la garantía en el cumplimiento de este derecho propende transparencia, confianza y visibilidad del aparato estatal, de las empresas privadas con funciones ó recursos públicos, entidades y demás organizaciones llamadas a “dejarse ver”.
La cultura de transparencia en las instituciones contribuye a minimizar la corrupción. Sí todos los cuidadanos “SABEMOS” a través del acceso a la información pública, se reconocerá y trabajará en la defensa otros derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual a su vez se traduce en el fortalecimiento de la democracia y la participación activa. Con respecto a este derecho, los periodistas juegan un rol de suma importancia ya que estos actúan como veedores de la actividad pública en nombre de la sociedad.
Esta labor encierra además de un compromiso social y ético, una responsabilidad en términos de calidad, veracidad e imparcialidad en la información.
Elisabeth Ungar. Colombia.
La Coalición Pro Acceso ha definido los nueve principios que deberían recogerse en una futura ley española de acceso a la información. Estos principios se han derivado de un estudio comparativo de la legislación y la práctica en más de 80 países del mundo así como de la nueva Convención del Consejo de Europa sobre el acceso a documentos públicos (2008).
Uno. El derecho a la información es un derecho de todas y todos.
El acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.
Dos. El derecho de acceso se aplica a todas las entidades públicas.
El derecho se aplica a todas las entidades públicas, incluso a todos los poderes del Estado (poder judicial y el poder legislativo incluidos) así como todas aquellas entidades privadas y personas naturales que ejercen autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operan con fondos públicos.
Tres. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
Sencillo: Los solicitantes deben tener el derecho de realizar las solicitudes de forma escrita u oral, en los idiomas oficiales de su autonomía, y el único requisito debe ser proporcionar un nombre, una dirección postal o de correo electrónico, y la descripción de la información buscada, sin que se les exija justificar el motivo de su solicitud.
Rápido: La información debe ser entregada inmediatamente o dentro un plazo de 15 días hábiles. Sólo en casos excepcionales, cuando la solicitud sea complicada y siempre con notificación al solicitante, la entidad pública podrá ampliar este plazo otros 15 días hábiles. El plazo sólo podrá ampliarse una vez.
Gratuito: El acceso a la información debe ser gratuito. Los solicitantes tendrán el derecho de consultar documentos que contengan la información buscada y/o a recibir información por correo electrónico de forma gratuita. Sólo se podrá cobrar una tasa al solicitante si se solicita copias de documentos. La tasa no podrá exceder el coste real en el que incurra la autoridad pública, que deberá ser, en todo caso, razonable y no exceder el coste real en el que incurra la autoridad pública. De la misma manera, cuando se trate de información que se entregue en otros formatos (como CDs, cintas de audio y/o video, etc.) se podrá cobrar únicamente el coste del soporte.
Cuatro. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes de información. Asimismo cada entidad pública y privada obligada por la ley de acceso a la información tendrá que designar uno o más funcionarios como Responsables de Información. El Responsable de Información recibirá y gestionará las solicitudes, ayudará a los solicitantes en sus búsquedas de información, y promoverá el conocimiento del derecho de acceso a la información dentro de su institución.
Cinco. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
Toda información en poder de las administraciones, de todos los poderes del Estado y de todas aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas debe ser pública. La denegación de acceso a cualquier tipo de información debe ser excepcional y solamente podrá fundamentarse en aquellas razones que específicamente se incluyan en la ley de acceso a la información, como pueden ser la seguridad nacional, protección de datos personales, la protección de secretos comerciales, o la prevención o investigación de delitos. Las excepciones tienen que ser en conformidad con las previstas por la Convención sobre acceso a documentos públicos del Consejo de Europa y sujetos a una prueba del daño al interés o derecho protegido así como una prueba de interés pública en conocer la información.
Seis. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
Las denegaciones de acceso a la información deben estar justificadas y tener un carácter limitado. La ley debe establecer el principio de acceso parcial: Cuando un documento contenga información solicitada junto con otra información que caiga bajo uno de los límites establecidos por la ley, la entidad tendrá que separar la información reservada de la que pueda entregarle al solicitante, pero no podrá negar el acceso a toda la información.
Siete. Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
Éstas podrán ser impugnadas mediante el régimen de recursos administrativos previstos en la Ley y, en su caso, en vía contencioso-administrativa, a través del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ocho. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud.
Todos las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público un registro de todos los documentos que poseen y deben asegurar el acceso fácil y gratuito a la información sobre sus funciones, responsabilidades, gastos, y aquella información trascendente que les corresponda, sin necesidad de que esta información les sea solicitada. Dicha información debe ser actual, clara, y estar escrita en lenguaje sencillo.
Nueve. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.
Al igual que en la mayoría de los países que tienen una ley específica de acceso a la información deberá crearse una agencia o comisionado específico e independiente para revisar las denegaciones o no contestaciones a las solicitudes de acceso a la información. Asimismo este órgano se encargará de promover el conocimiento de este derecho entre los ciudadanos así como de impulsar su desarrollo en nuestra sociedad.
importancia le dan los gobiernos y los ciudadanos al libre acceso a los documentos en poder de los Estados? ¿Cómo se protege ese derecho?
El 'derecho a saber' o de acceso a la información es un derecho humano reconocido en diferentes instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales.En septiembre de 2002, durante una reunión en Sofía (Bulgaria) varias organizaciones defensoras del acceso a la información crearon la 'Red de activistas por la libertad de información' (red FOIAnet). En el memorando para el establecimiento de esta red, se consideró que "la transparencia de la administración pública y la disponibilidad de información en asuntos de interés público son pre-condiciones fundamentales para la participación del público en la toma de decisiones y para la lucha contra la corrupción". Adicionalmente se fijó el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Libertad de Información: 'Derecho a Saber', siendo el objetivo de esta celebración "concienciar a todo los individuos sobre su derecho al acceso de información de las actuaciones y actividades del gobierno: el derecho a saber sobre como nuestros políticos ejercen su poder y como gastan el dinero adquirido con nuestros impuestos".
El 28 de septiembre pretende concienciar a los ciudadanos sobre su derecho a saber cómo ejercen su poder los políticos y cómo gastan el dinero adquirido con nuestros impuestos.
Andrés Monroy.
El Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos parte de considerar que este derecho permite formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas. Además, fomenta la integridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad.
En este sentido, la Coalición Pro Acceso se constituyó como una plataforma de la sociedad civil, que exige la adopción e implementación de una ley de acceso a la información. Esta red de organizaciones identificó los nueve principios que deben estar en la ley española de acceso a la información.
Sin embargo, el proyecto que hace trámite no está exento de críticas. Ha sido cuestionado por no incorporar las garantías suficientes para crear un auténtico gobierno abierto y por no avanzar sobre las recomendaciones del Consejo de Europa.
Este 28 de septiembre, la Coalición Pro Acceso, Access Info y la Universidad Complutense de Madrid, desarrollarán la actividad 'Del Secretismo a la Transparencia: ¿Qué es el Derecho a Saber?'.
Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Council_of_Europe/Convenio.esp-en.pdf
Día Internacional del Derecho a Saber - 28 Septiembre.
El día Internacional del Derecho a Saber se celebró por primera vez el 28 de Septiembre del 2003 por los defensores del acceso a la información de todo el mundo, y el año 2010 será el 8º Día Internacional del Derecho a Saber.
El objetivo de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber es concienciar a todo los individuos sobre su derecho al acceso de información de las actuaciones y actividades del gobierno: el derecho a saber sobre como nuestros políticos ejercen su poder y como gastan el dinero adquirido con nuestros impuestos.
Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet) es una página web donde se puede compartir información de organizaciones y trabajadores a título individual para promover el derecho de acceso a la información.
Aquí puedes encontrar diferentes listados con noticias y debates sobre el derecho de acceso a la información. Actualmente somos 400 socios, entre los que se encuentran Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), abogados, profesores, comisiones de información y otros especialistas interesados en el derecho a la información
On International Right to Know Day, Sept. 28, people around the globe celebrate their right to know what their governments are doing. This right is not something granted by governments, but a basic human right — and one that must be defended even in the most progressive regimes.
To mark the occasion, Freedom of Information advocates and others host public forums, publish scholarly articles and find myriad ways to educate the public about what it has a right to see and how to get it. In some nations, this means explaining a new law; in others it could involve finding ways to bring old rules up to date with new technology.
Among the many events scheduled on and around the eighth annual International Right to Know Day 2010 are several public symposia with the public and government officials, including more than 60 events across Mexico and over 20 in Canada; programs throughout Africa focusing on several new FOI laws there; and events throughout Europe including a program in Brussels organized by the European Union ombudsman.
To view a collection of these events, or to add your own, explore the map below and go to FOIAnet's International Right to Know Day 2010 web page at www.foiadvocates.net/en/2010.
Ante los crecientes intentos de políticos y grupos de interés por retroceder en los avances logrados en materia de transparencia, México Infórmate, una iniciativa ciudadana que busca reducir la opacidad para combatir la corrupción e impunidad, realizará decenas de actividades en el país enfocadas en la difusión y defensa del derecho a saber.
El 28 de septiembre pretende concienciar a los ciudadanos sobre su derecho a saber cómo ejercen su poder los políticos y cómo gastan el dinero adquirido con nuestros impuestos. ¿Hasta qué punto un documento es reservado? ¿Cuál es el límite entre protección a la seguridad nacional y encubrimiento de conductas ilícitas a la luz del derecho internacional?
Este martes 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, instituido en 2003 por la Freedom of Information Advocates Network (Red de Defensores de la Libertad de Información), luego de un encuentro de organizaciones no gubernamentales en Sofía, Bulgaria, dedicadas a promover el acceso a la información en el mundo.
¿Se podría sumar el Gobierno de Aragón al Día Internacional del Derecho a la Información publicando las Relaciones de Puestos de Trabajo? Además de sumarse a la conmemoración, cumpliría la Ley, que siempre es una cosa de meritoria.
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