La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón ha vuelto a escribir esta mañana una triste página de la historia de las instituciones aragonesas -una historia que alguien escribirá, relatando en ella todas aquellas decisiones contrarias a la transparencia democrática y al imperio de la ley que se han adoptado, durante esta legislatura, por el Gobierno de Aragón y la mayoría parlamentaria que lo sustenta en las Cortes de Aragón- y esa nueva página escrita hoy en las Cortes de Aragón consiste en el rechazo con los votos de PSOE y PAR de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para asegurar la correcta publicación de los actos de nombramiento y cese del personal de los gabinetes del Gobierno de Aragón en el Boletín Oficial de Aragón.
Dicha obligación legal de publicación se contiene en el artículo 25.5 de la reciente Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, donde se dice, con total claridad: "El nombramiento y cese de los Directores, Jefes y demás miembros de los Gabinetes, así como del resto de órganos de asistencia y apoyo previstos en el apartado 2 del presente artículo, será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón". El modo y los requisitos con que han de publicarse los actos administrativos figuran establecidos, a su vez, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No admite, desde luego, sucedáneos, como el anuncio de publicidad ideado por el Departamento de Presidencia, para desvirtuar la aplicación del citado deber de publicación que impone la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
A raíz de una queja planteada por esta Asociación, ante la inadecuada actuación del Gobierno de Aragón en esta materia, el Justicia de Aragón formuló una sugerencia al Gobierno, instándole a la correcta publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, reproduciendo en el Boletín la concreta disposición de nombramiento o cese aprobada por la autoridad competente. No nos consta que dicha sugerencia, realizada por la Institución encargada de tutelar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico aragonés, haya sido aceptada por el Gobierno de Aragón. A la vista de lo sucedido esta mañana en la Comisión Institucional, parece evidente que el Gobierno de Aragón no va a asumir el criterio expresado por el Justicia de Aragón, al igual que no lo han hecho los Grupos Parlamentarios del PSOE y del PAR.
Resulta muy poco pedagógico, en un Estado de Derecho, que el órgano de un Parlamento -en concreto, su Comisión Institucional- dé por buena una práctica del Gobierno que constituye una inaplicación manifiesta de la Ley aprobada por el Pleno de ese Parlamento, cuya inadecuación además ha sido expresamente puesta de manifiesto por el Justicia de Aragón. ¿Qué interés hay en que no se publiquen correctamente, como exige la Ley, dichos nombramientos y ceses? ¿Una exclusiva resistencia a reconocer errores o hay algo más, que no se quiere señalar? Esta Asociación considera que, tras la resistencia a aplicar los términos propios de la ley, se oculta una voluntad decidida de no sujetar la efectividad de tales nombramientos a dicho requisito de publicación, manipulando así a su antojo los miembros del gobierno las fechas de incorporación o cese, es decir, de alta y baja en nómina de dicho personal eventual o de confianza. Se da publicidad de los nombres de dicho personal -algo que antes no se hacía-, pero se mantiene la capacidad de manejar las fechas de efectos, al margen de la publicación. Tal pretensión resulta, a nuestro entender, abiertamente ilegal. Sorprende, por ello, que las Cortes de Aragón, a través de su Comisión Institucional, amparen y respalden tal práctica del Gobierno de Aragón.
Esta Asociación, sin embargo, no va a desistir en su empeño de que el Gobierno de Aragón se ajuste a la Ley, como corresponde en un Estado de Derecho, cuyos valores y principios han de defender con toda la intensidad posible los ciudadanos, en especial cuando son desatendidos por las instituciones.´
Por dicho motivo, vamos a dirigirnos al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, para instarles que recaben del Consejo Consultivo de Aragón el oportuno dictamen sobre las condiciones de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual que impone la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, con el compromiso de ajustar al criterio de dicho órgano consultivo la respuesta que corresponde dar a la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón. Con independencia de ello, esta Asociación va a dirigirse al Fiscal General del Estado y al Tribunal de Cuentas, al objeto de que analicen si se está produciendo el alta en nómina de personal eventual de la Administración autonómica, cuyo nombramiento no se ajusta a los requisitos legales de publicación. Tal vez sólo el riesgo de no poder pagar o de incurrir en responsabilidad contable o de otro tipo con dichos pagos haga recapacitar al Gobierno de Aragón -y a los Grupos Parlamentarios del PSOE y del PAR- sobre la necesidad y la obligación de actuar con sujeción a la ley, como exige la Constitución no sólo a los ciudadanos sino también a todos los poderes públicos.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
27 comentarios:
¿Dónde está la calidad democrática de nuestra Comunidad Autónoma?
¿Quién controla al Gobierno de Aragón?
Se niega a sí mismo o reniega de sí mismo, tanto monta.
¿Alguien prestará la menor atención a este tema?
Imagino que no, aunque me gustaría equivocarme.
Las tres Diputaciones provinciales valencianas y los ayuntamientos de Valencia, Alicante y Castellón tienen en nómina un total de 298 asesores para asistir a sus 178 cargos públicos. El coste global de la nómina de asistentes, que atiende a los distintos grupos políticos, asciende a 12,2 millones de euros. El PP, que gobierna en todas ellas con mayoría absoluta, es el más beneficiado.
EL PAIS.
Marchando una de asesores.
La Diputación de Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, es la que más gasta en personal de confianza. Tiene 74 asesores para 31 diputados que generan un gasto de 3,2, millones. El Ayuntamiento de Alicante, presidido por Sonia Castedo, costea 54 asesores para 29 ediles, con un gasto de 1,7 millones de euros.
En el Ayuntamiento de Valencia, que dirige Rita Barberá, hay 60 plazas de asesor para 33 ediles, con un coste anual de 3,4 millones de euros. La Diputación de Valencia dispone de 49 asesores para 31 diputados, que cobran 1,9 millones de euros anuales.
En la Diputación de Castellón, Carlos Fabra costea dos asesores por cada diputado del PP y tres asesores para los 11 diputados de la oposición. En total, 37 asesores que cuestan 1,1 millones. El Ayuntamiento de Castellón destina 877.000 euros a los asesores, 20 para los 14 ediles del PP y cuatro para los 13 ediles de la oposición.
EL PAIS.
¿Y en Aragón?
¿Cuáles son los datos?
El negocio de asesorar o los cimientos podridos.
Por rosa maría artal.
Cuenta hoy Heraldo de Aragón, con profusión de datos contrastados, que más de la mitad de los asesores de la DGA -el gobierno de la comunidad- son o han sido cargos públicos. Al ser cesados, sus compañeros de PSOE y PAR los recolocan para garantizarles el sueldo. Sin estudios superiores muchos de ellos, cambian de consejería son soltura y lo mismo aconsejan sobre el funcionamiento de las diputaciones que sobre Justicia e Interior. Algunos de ellos llevan dos décadas viviendo del “asesoramiento”.
“No tienen que rendir cuentas a nadie, salvo ante el consejero que les designó, y muchos ni siquiera aparecen por las cinco sedes por las que se distribuyen las consejerías. Sólo hay que telefonear y preguntar por una buena parte de ellos para cerciorarse de esta realidad. Tampoco es extraño porque algunos tienen que ejercer a la vez como alcaldes en pueblos que llegan a estar a 181 kilómetros de distancia de la capital. Este es el caso de la regidora de Albelda, María Ángeles Roca, fichada como asesora por la consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández”, dice El Heraldo.
Los sueldos de los asesores llegarán a los 37.693 euros anuales en este ejercicio, mientras que los de los jefes de gabinete se han fijado en 54.345 euros. El sueldo medio de los aragoneses no alcanza los 26.000.
El grueso del personal de confianza de la DGA lo constituyen 136 personas, cuyos sueldos costarán este año al erario público más de 6,9 millones de euros. En 2005, había unas sesenta plazas de este tipo. En este capítulo se incluyen los altos cargos, los periodistas del amplio gabinete de comunicación, los responsables de protocolo, las secretarias y los conductores, entre otros trabajadores.
La noticia abre hoy el principal periódico de una comunidad de poco más de un millón de habitantes, que se indignarán un rato y no harán nada. Votar al contrario que es la forma que tiene de castigarse a sí mismo el español. El resto del país quizás se entere, o no, pero lo desechará con el sólido argumento de “todos los políticos son iguales”. Yo mantengo que no lo son, pero hay que parecerlo además de serlo, como aquello de la mujer del César sí, frase machista que tanto me indignaba en su día.
(Publicado hace más de año y pico, y tan actual)
La Fiscalía de Aragón se conformó con un informe del Consejero de Presidencia para archivar el caso.
¿Cómo se puede recabar información a parte implicada?
¿Eso es candidez u otra cosa?
No creo que haya candidez en la Fiscalía.
Entonces, es la otra cosa.
¿De qué otra cosa hablamos?
¿De permitir la impunidad del poder?
Eso sería de una gravedad extrema.
Y tanto.
Comentario:
El otro día hablaba de éste y otros temas (como el del caso Molinos, por ejemplo, es lo que tiene vivir en Zaragoza) con una amiga y las dos coincidimos en que lo peor no es que éstos sean chanchullos de la política, sino que la ciudadanía de a pie lo tengamos ya más que asumido.
En cuanto a lo de indignarnos y no hacer nada, pues tienes toda la razón pero, ¿qué se puede hacer exactamente? Yo volví a votar en el 2003, tras una larga etapa de abstencionismo, precisamente por no sentir la impotencia de quien no hace nada, pero sigo desilusionándome. Participo en foros de debate (reales y virtuales) y colaboro con las oenegés que creo que hacen lo que tienen que hacer según mis principios, pero la sensación de inanidad que me asalta algunas veces es de lo más doloroso.
Comentario:
El recorte de sueldo no me plantea ninguna duda de constitucionalidad, porque:
-De una parte, seguro que es inconstitucional por afectar a la seguridad jurídica y ser confiscatorio sin contraprestación alguna
-De otra parte, seguro que cuando llegue al TC éste obedecerá a la voz de su amo y lo declarará perfectamente constitucional, y hasta justo y necesario.
¿Lo ves? No hay duda alguna de constitucionalidad.
Saludos
El Gobierno de Aragón ha previsto la supresión del 50% de las empresas públicas, 53 de un total de 107, aunque sin ser una "foto fija", porque podría haber fusiones entre algunas de las que permanecen, ni un plan del que se conozcan el ahorro que va a suponer ni sus plazos concretos, porque pasará bastante tiempo hasta que se pueda cerrar.
Así lo ha avanzado hoy en una rueda de prensa el consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, quien ha precisado que la reducción prevista pasa por la venta o desinversión en 31 empresas, la liquidación de 13, algunas ya inactivas, tres diluciones y seis que pasarán a la administración, si bien ha asegurado que no se perderá un volumen de empleo ni siquiera significativo.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Comentario:
Se cogen 2 empresas públicas de 50 empleados, se suprime 1 y la otra sobrevive con 100 empleados y todos tan contentos: los políticos dicen a la ciudadanía que han reducido las empresas públicas a la mitad y los pesebreros siguen cobrando en otra empresa.
Claro que siempre se puede meter a los pesebreros de la empresa a extinguir en la Administración llamándoles laborales grupo XXL por ejemplo.
Comentario:
Tranquilos, que la solución no la tienen los que nos gobiernan. La solución vendrá de fuera, y nos ordenarán las medidas que se deben tomar y entonces no habrá ningún tipo de maquillaje como el que estan haciendo actualmente nuestros corruptos políticos
Bendita Europa.
Comentario:
Están bien que supriman empresas. ¿Pero por qué se crearon?. Nadie nos explica el porqué de ellas.
La sensación que tenemos los contribuyentes sobre estas empresas es el siguiente: campo propicio par enchufados y gente sin preparación.
Otra idea hay muy buenos funcionarios desaprovechados que cobran un sueldo.
Adios a los asesores.
Menos criticar a los funcionarios desde la clase política y mas a sus vagos y absurdos asesores.
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