SI NO ES AHORA EL MOMENTO DE LA EJEMPLARIDAD Y DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN, ¿CUÁNDO?.

Hace escasos días las Cortes de Aragón, por decisión mayoritaria de sus miembros, rechazaban una propuesta del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista destinada a endurecer las medidas legales contra los políticos corruptos, previendo la posibilidad de suspenderles en sus funciones, como medida cautelar, cuando resultaren imputados como presuntos autores de delitos relacionados con el ejercicio de su cargo público. Frente a tal propuesta, quienes la rechazan han esgrimido la presunción de inocencia, confundiendo la responsabilidad penal con medidas que tienen más que ver con la higiene democrática y la credibilidad y el respeto de las instituciones.

A muchos ciudadanos les resulta incomprensible que tal posibilidad de suspender cautelarmente a cargos públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando existen razones que justifiquen tal medida -como ocurre en el caso de la alcaldesa de La Muela-, no esté recogida en nuestras leyes penales y procesales, pero aún sorprende todavía más que las iniciativas tendentes a subsanar semejante laguna en nuestro ordenamiento sean rechazadas por los partidos mayoritarios de nuestra Comunidad Autónoma.

Contrasta la ausencia de tal medida con la prevista suspensión provisional que se establece, con carácter cautelar, en el régimen disciplinario de los empleados públicos. ¿Cómo es posible que tal previsión no se haga extensiva a los cargos públicos, para los que la relación de confianza con los ciudadanos ha de considerarse fundamental para legitimar su continuidad en el ejercicio de sus funciones?

Que en momentos de aguda crisis económica como la que vive nuestro país, los grupos políticos no resulten sensibles al deber estricto de ejemplaridad pública que corresponde a los cargos públicos, permitiendo que puedan seguir al frente de responsabilidades institucionales quienes están imputados por delitos de enriquecimiento ilícito en el desempeño de su cargo, constituye un verdadero insulto a la dignidad colectiva -la de los ciudadanos y la de la democracia-, y así habremos de asistir, con estupor, a la adopción de medidas de recorte salarial o de incremento de tributos por quienes carecen de la menor autoridad moral y credibilidad social para reclamar esfuerzos y sacrificios a sus conciudadanos, a los que han defraudado doblemente, como cargos electos y como gestores públicos.

Comprendemos ahora que tanto el Gobierno de Aragón como las Cortes de Aragón rechazaran en el pasado las numerosas propuestas formuladas por esta Asociación para elevar los niveles éticos de conducta de los cargos políticos de nuestra Comunidad Autónoma -nuestra propuesta de crear una Comisión para la elaboración de un código de conducta de los cargos públicos, en el seno de las Cortes de Aragón, fue intempestivamente inadmitida por la Mesa del Parlamento autonómico- y comprendemos que ningún caso se hicieran a nuestras denuncias sobre los abusos respecto a los puestos de asesor de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, cuya irregular situación en nada ha variado pese a la situación que viven hoy todas las Administraciones Públicas.

El abuso ilegal de lo público en nada ha de verse afectado, por lo visto, con las medidas de sacrificio impuestas a los empleados públicos. ¿Acaso el recorte viene motivado, entre otras razones, para posibilitar el pago de sueldos a quienes nada hacen para merecerlos, como algunos asesores del Gobierno de Aragón? Si cosas como esas no se corrigen en estos momentos, ¿cuándo se hará? ¿Quién negaría autoridad moral a un Gobierno íntegro y plenamente comprometido con el interés general para reclamar las medidas de contención del gasto que fueran necesarias? Lo que ocurre es que no se puede con una mano recortar el sueldo a los trabajadores públicos, y con la otra regalarlo a militantes del partido que figuran como titulares de puestos públicos que jamás han desempeñado. Es también esta segunda mano -la de la ilegal gestión de los fondos públicos- la que se alza para rechazar medidas contra los políticos corruptos, alegando la presunción de inocencia. Una presunción, todo hay que decirlo, cada vez más sospechosa y menos inocente.