TRÍPTICO DE LO ILÍCITO COTIDIANO.

Lo peor que puede suceder en una democracia es que su realidad se vaya deslizando de forma paulatina hacia la quiebra de sus reglas más básicas y que dicha quiebra, por repetida y generalizada, acabe por no percibirse -o no querer percibirse- por los ciudadanos, por las organizaciones sociales, por los medios de comunicación o por los representantes de las instituciones encargadas de velar por la defensa de la ley. Es grave creer que la normalidad democrática pueda hallarse en las antípodas de los valores y actitudes que exigen nuestras normas de ética pública. Y, sin embargo, parece que cada día nos hallamos más cerca de tal situación.

No es fácilmente imaginable que, en una misma semana, quepa observar al máximo representante del Ministerio Fiscal en Aragón ocupando asiento en la primera fila de los asistentes al acto de un partido político -dirigido sí, a la sociedad civil, pero dudamos que el Ministerio Fiscal pueda ser considerado parte de la sociedad civil-, poniendo con ello claramente en entredicho su imparcialidad y su independencia política. O que un destacado diputado de las Cortes de Aragón, portavoz del grupo mayoritario de la oposición, diga en un debate parlamentario, o así lo refleje un medio de comunicación, que una forma de ahorrar sería dejar de pagar sueldos a asesores que no trabajan. ¿Dejar de desviar ilícitamente fondos públicos es ahora una aconsejable forma de ahorro? O que un sindicato -Comisiones Obreras- llame a una concentración de protesta este próximo jueves ante las Cortes de Aragón, coincidiendo con el Pleno que ha de votar la Ley de ajuste de gasto público de la Comunidad Autónoma -el recorte salarial a los funcionarios aragoneses-, ignorando -queremos creerlo así- que dicho llamamiento atenta contra la inviolabilidad del Parlamento y constituye una coacción a su libertad de funcionamiento, comportamiento tipificado por el Código Penal como un delito contra las instituciones.

El Fiscal Superior de Aragón no es un mero ciudadano que pueda hacer libre ejercicio de su libertad ideológica y asistir a un acto de contenido claramente partidista: la presentación del programa electoral del partido principal de la oposición. Los miembros de la carrera judicial y fiscal, por exigencias de la relevante función que ejercen, tienen prohibida la militancia política -la afiliación a partidos políticos- y la razón de tal prohibición no es otra que asegurar su máxima imparcialidad en el ejercicio de su importante labor de defensa del Estado de Derecho, al margen de ideologías y de tendencias políticas. No puede sino observarse, con incredulidad y escándalo, cómo el Fiscal Superior asiste sin impedimento alguno a un acto de marcado carácter político y de partido. ¿Qué papel juega ahí el Ministerio Fiscal, además de dañar su credibilidad?

No menos preocupante resulta que el portavoz de la oposición, en las Cortes de Aragón, señale que es difícil de entender que mientras se baja el sueldo de los funcionarios se mantenga una corte de asesores que no vienen a trabajar. Ahorrar es recortar gastos legítimos y autorizados, no interrumpir pagos irregulares a personas, bajo la apariencia del ejercicio de una función pública. Igualmente le consta a dicho portavoz parlamentario que los sueldos afectados por el recorte acordado por el Gobierno tampoco son plenamente regulares, pues el Gobierno de Aragón ha incorporado a la nómina concepto ilegales, denunciados reiteradamente por esta Asociación ante el conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, sin que ninguno de ellos haya adoptado la menor iniciativa para clarificar tal situación. En cambio, sí se apunta a los asesores que no trabajan, pero banalizando tal realidad, sin recalcar lo ilícito e inadmisible de que se produzca algo así. ¿Habrá escuchado o leído tales palabras el Fiscal Superior de Aragón, quien señaló a esta Asociación que no existía constancia de que los asesores de los gabinetes del Gobierno de Aragón no cumpliesen con sus funciones? ¿No afirma justamente lo contrario el portavoz de la oposición? ¿Cuál fue, entonces, la investigación que llevó a cabo la Fiscalía, incapaz de constatar lo que es notorio a los representantes de los grupos de la oposición parlamentaria?

Cierra este tríptico de despropósitos la noticia de que un sindicato de la función pública -huérfano, por lo que se ve, de toda cultura de la legalidad administrativa, pese a desenvolver su actividad en el seno de las Administraciones Públicas, especialmente llamadas a actuar con pleno sometimiento al principio de legalidad-, realice una convocatoria de protesta tan cualificada como la dirigida a coaccionar al Parlamento en el ejercicio de su potestad legislativa. El mismo sindicato que no ha tenido inconveniente en promover acuerdos contrarios a la ley en el marco de la negociación colectiva -ahí están, la cláusula de revisión salarial o el anticipo a cuenta de la carrera profesional, manifiestamente ilegales ambos- es lógico que demuestre escaso respeto por el Parlamento y llegue a la insensatez de llamar a sus afiliados y al conjunto de los empleados públicos a la comisión de un delito contra las instituciones, como es el concentrarse ante un Parlamento reunido en el ejercicio de su función legislativa.

¿Actuará el Fiscal Superior de Aragón ante tal ataque a las Cortes de Aragón? ¿O realmente nada de lo sucedido tiene importancia ni debe preocuparnos? ¿No nos hemos habituado a convivir con lo ilícito cotidiano, ejerciendo una tolerancia cada vez mayor hacia quienes violan las leyes, mientras seguimos manteniendo la ilusión de habitar en un Estado de Derecho?