POR UNAS RETRIBUCIONES PÚBLICAS LEGALES, ARMONIZADAS Y TRANSPARENTES, QUE ASEGUREN UN SERVICIO PÚBLICO EFICIENTE.

Los empleados públicos tienen ante sí una jornada de huelga convocada en las Administraciones Públicas para mañana, por parte de los sindicatos mayoritarios de la función pública, como protesta por el recorte salarial acordado por el Gobierno mediante Real Decreto-ley, posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados.

Aunque no se reconozca expresamente, la jornada de huelga constituye una defensa y reivindicación del “statu quo” de las condiciones retributivas actualmente existentes en las diferentes Administraciones Públicas y también de las prácticas y criterios de las que son resultado, plasmados en gran medida en acuerdos alcanzados en el ámbito de la negociación colectiva.

La decisión del Gobierno, con el grado de indefinición y de arbitrariedad en que incurre, y las medidas concretas de aplicación que se adopten en cada Administración, van a venir a complicar y agravar la ya distorsionada realidad de las retribuciones públicas, en la que es posible detectar graves carencias de racionalidad, legalidad, equidad, transparencia y armonización, además de una injustificable desvinculación, en la mayor parte de los casos, de objetivos de eficiencia en la gestión.

Esta Asociación lamenta el estado de descomposición del régimen retributivo a que se ha llegado en buena parte de las Administraciones Públicas. Es el resultado de la falta de responsabilidad de los órganos de gobierno, máximos obligados a garantizar la aplicación de la ley, y de la creciente desviación de la legalidad, tanto en materia de función pública como presupuestaria, en que ha incurrido la acción sindical desarrollada en el marco de la negociación colectiva.

Para muchos empleados públicos, hoy resulta difícil comprender los conceptos que componen su nómina, y aún más conocer el origen y la regularidad de los mismos. Tal situación, que resulta inaceptable en cualquier organización seria, lo es mucho más en una Administración que se financia con dinero público, es decir, con el dinero de los impuestos pagados por los ciudadanos.

La Administración General del Estado no ha querido ejercer su labor de control en materia de retribuciones, para evitar la quiebra del modelo fijado en la legislación básica de función pública. Ni siquiera ha velado para impedir que otras Administraciones –como es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón- vulnerasen el límite fijado anualmente al incremento retributivo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, mediante la aplicación de cláusulas de revisión salarial, pactadas pero nunca publicadas.

Esa falta de control ha contribuido a incrementar la disparidad de regímenes a iguales colectivos profesionales, la desigualdad de retribuciones para iguales funciones, la falta de disciplina presupuestaria y de contención del gasto público, la falta de racionalidad de las organizaciones administrativas –cuya justificación, en muchos casos, no era otra que posibilitar mayores salarios- y la falta de transparencia, aplicándose cláusulas y conceptos sustraídos a la obligación de publicidad.

Esa dejación de responsabilidad institucional se quiere ahora suplir con un recorte salarial improvisado, sin criterios claros de equidad y cuyos efectos sobre la estima de los propios afectados –a los que se reduce el sueldo por igual trabajo- y sobre la lógica de las estructuras administrativas no se han valorado convenientemente, así como su repercusión sobre la economía general. No hay ejercicio alguno de autocrítica sobre la anterior dejación de responsabilidades y lo que es peor, no se corrige ninguno de los defectos apuntados. Se rebajan los gastos de personal, pero no se revisa ni una sola de las disfunciones administrativas.

El recorte salarial ahora acordado –que se aplicará a partir de la nómina del mes de junio- viene a incidir de forma intempestiva en la realidad descrita, tratando de poner coto al indebido deslizamiento de los gastos de personal en las Administraciones Públicas, insostenible a todas luces, hecho que esta Asociación ha denunciado reiteradamente, sin obtener reacción alguna.

Esta medida no hubiera sido necesaria si se hubiesen arbitrado y activado los controles debidos para identificar las irregularidades y se hubiesen preservado en todas las Administraciones la legalidad y la racionalidad en materia de retribuciones públicas.

La adopción de las medidas precisas para lograr unas retribuciones suficientes, legales, armonizadas y transparentes, pese a las dificultades que comporta la actual situación, resulta ineludible. La reordenación de las retribuciones públicas, en el conjunto de las Administraciones Públicas, es una necesidad para asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos. Por ello, esta Asociación va a solicitar de las diferentes instituciones del Estado la realización de los análisis imprescindibles, reclamando igualmente la intervención del Tribunal de Cuentas para identificar y corregir todas las desviaciones del actual sistema retributivo.

La función pública, debido al papel esencial que le corresponde ejercer en el aseguramiento de los derechos de todos los ciudadanos, necesita tener un horizonte que hoy no dibujan ni los recortes salariales del Gobierno ni las medidas de conflicto promovidas desde la órbita sindical. La función pública sólo podrá reencontrarse a sí misma desde el pleno compromiso con la legalidad, la ética y las exigencias del servicio público.