PAISAJE DESPUÉS DE UNA HUELGA FRACASADA

Si existe hoy una valoración coincidente en el conjunto de los medios de comunicación sobre el desarrollo de la jornada de huelga convocada ayer en las Administraciones Públicas, es que la misma fue mayoritariamente ignorada -no secundada- por los empleados públicos. Por diferentes motivos, pero en cualquier caso el seguimiento fue reducido, al margen de las irreales cifras de participación aportadas por los sindicatos convocantes, dato que sólo puede contribuir a restar credibilidad a su mensaje.

Sin menospreciar el papel que les corresponde jugar a los sindicatos como interlocutores sociales, debe señalarse que ellos son los principales derrotados en la jornada de ayer y debieran tomar nota del hecho y analizar las razones que puedan estar detrás de la creciente desafección de los trabajadores públicos, los funcionarios, hacia ellos, a los cuales han dejado de ver como fiables defensores de quienes desarrollan su actividad profesional en los diferentes servicios públicos.

Deberíamos dirigir nuestra mirada a la realidad actual del empleo público, en la que conviven tres grandes colectivos totalmente heterogéneos -los funcionarios de carrera y personal laboral fijo, los funcionarios interinos y laborales eventuales y los empleados de las empresas públicas-, diversidad que, en gran medida, no es sino el resultado de una deliberada política de desmantelamiento de la función pública, tal y como se define en la Constitución Española, en la que Gobiernos y sindicatos han alcanzado, sin embargo, un alto nivel de acuerdo. Mal, por lo tanto, cabe ver en los sindicatos a los defensores de los valores y principios de la función pública, que no debe confundirse con el empleo público. ¿Cuál es el compromiso de los sindicatos contra la temporalidad en las Administraciones? Cuando esta Asociación llevó a los Tribunales la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón por no incluir las plazas preceptivas exigidas por la Ley, los sindicatos -UGT y CCOO- estuvieron enfrente, haciendo causa común con un Gobierno que ha hecho entrar en grave crisis la estabilidad del empleo público. ¿Acaso esperaban contar ayer con el respaldo del gran número de funcionarios interinos que existe en nuestras Administraciones?

Los servidores públicos, en estos momentos, tienen la necesidad de asimilar un doble hecho, por inesperado más difícil de admitir: en primer lugar, el hecho de que sus retribuciones se hayan visto reducidas por el Gobierno, algo que nunca había sucedido -de ahí que se cobre conciencia de una situación excepcional y grave-, y, en segundo lugar, que dicha medida haya sido mayoritariamente respaldada por los ciudadanos. Mal se puede rechazar una decisión política, con valor de ley, como la adoptada, aprobada por el Parlamento y apoyada por la mayor parte de la ciudadanía. Más bien debiéramos reflexionar por las distintas razones que explican que ese doble hecho se haya podido producir. El Gobierno toma una medida inédita perjudicial para quienes sostienen la totalidad del Estado -jueces, fiscales, militares, fuerzas de seguridad, docentes, personal sanitario y toda la diversidad del empleo público- y esa medida, en una coyuntura de grave crisis económica, es perfectamente entendida y aceptada por los ciudadanos. ¿A quién es posible apelar en tal situación? ¿Al Tribunal Constitucional? ¿En defensa de qué? ¿De la nómina? ¿Para que la paguen los ciudadanos que, mayoritariamente, han apoyado la rebaja? ¿Es viable tal estrategia por la que hoy opta un gran número de funcionarios superiores?

Difícilmente se puede esperar que los servidores públicos salgan a la calle o acudan a una huelga a defender el 5% de su nómina, en medio de una crisis como la que padece la sociedad española, por puro sentido de responsabilidad social, pudor o solidaridad con el resto de los ciudadanos. No somos una casta aparte, aunque muchos nos quieran ver así. Ahora es la ocasión de acabar con ese mito falso. Estamos en un momento de particular gravedad, y la quimera absurda de los sindicatos de la función pública al creer y querer hacer creer que las Administraciones Públicas pueden pagarlo todo se ha esfumado. Las arcas públicas han quedado exhaustas y los sindicatos debieran preguntarse en cuánto han contribuido a ello. ¿Han tenido siquiera un gesto en tal sentido? ¿Han reducido la factura sindical de las Administraciones?

La estrategia sindical de estos últimos años se ha limitado a incrementar el coste de personal de las Administraciones Públicas, sin procurar que ello reportase mejor servicio, pues el único objetivo perseguido era obtener mejores salarios para los empleados públicos. No se ha sabido distinguir entre cantidad y calidad y, por ello, no se ha evitado traspasar la línea de la legalidad, deslizando así el régimen retributivo hacia el abuso y la irregularidad en muchas Administraciones, la de nuestra Comunidad Autónoma entre ellas. Todo ello, claro, no hubiera sido posible sin equipos de gobierno irresponsables, como el de Marcelino Iglesias, que han cedido reiteradamente a demandas sindicales abiertamente ilegales, como son la cláusula de revisión salarial pactada en 2004 o el anticipo a cuenta de la futura carrera profesional que se abona en la actualidad, sí, pese a la rebaja. El resultado no puede ser más paradójico: al tiempo que se cobra lo que no está regulado ni procede pagar, se recortan los conceptos legales. El desbarajuste resultante no puede ser más desmotivador para quienes se sienten comprometidos con el principio de legalidad. A los sindicatos hay que agradecerles el que nuestras retribuciones se hallen en semejante estado de descomposición. Tener un salario digno se ha hecho imposible en nuestras Administraciones, a causa de los acuerdos ilegales alcanzados en la negociación colectiva. Mientras eso no se resuelva, que nadie espere que la función pública recupere su dignidad. Y sin esa dignidad, no cabe esperar ni demandar el respeto merecido por parte del Gobierno y de los ciudadanos.

El paisaje que deja la huelga fracasada de ayer no es peor que el que existía la víspera, salvo para los sindicatos convocantes. Si fuesen inteligentes, no deberían tardar en reponerse de ese fracaso y modificar su errada estrategia, pues unos sindicatos desconectados de los valores del servicio público -fundamentalmente, el de legalidad- sólo pueden contribuir a degradar la función pública y arruinar su imagen y su futuro. Querríamos creer que quienes no secundaron la convocatoria de ayer no fue sólo por no perder la retribución de un día, sino también por no seguir caminando en una dirección totalmente equivocada, como la que nos han marcado en estos años los sindicatos de la función pública.