NECESARIA TRANSPARENCIA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Estamos habituados a las guerras de cifras que autoridades y promotores de huelgas o manifestaciones mantienen sobre el grado de seguimiento de unas y otras. En el caso de las manifestaciones el dato puede prestarse a distintos cálculos y estimaciones, difícilmente reconducibles a una cifra fiable o indiscutible, pero no ocurre así en el caso de las huelgas, ya que la participación en una huelga supone la deducción de haberes por el día no trabajado. Las nóminas, por lo tanto, son el indicador inapelable del seguimiento de una huelga.

Así ha de desprenderse de lo que señala el artículo 30.2 del Estatuto Básico del Empleado Público: “Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales”.

Así es y así ha de ser, pues la huelga es una medida de presión frente a la empresa, consistente en el cese del trabajo, presión que lleva aparejado un coste para los huelguistas, como es la no percepción del salario. Una huelga en los servicios públicos tiene, sin embargo, singularidades, ya que los principales afectados no son los responsables institucionales –que no ven afectados sus ingresos, más allá del desgaste político que puedan sufrir- sino los ciudadanos, como usuarios de esos servicios, quienes además acabarán pagando la factura, en muchos casos, de lo reivindicado en esa huelga. Por lo tanto, una huelga en los servicios públicos es una medida, casi siempre, de rechazo de decisiones políticas, cuyos efectos directos o indirectos acaban recayendo siempre en los ciudadanos. Ese dato no debe minimizarse.

En todo caso, quienes participan en una huelga, ejerciendo un derecho constitucional expresamente reconocido a los empleados públicos, son las personas a las que se deduce su salario por cese de trabajo. No son huelguistas quienes, por razones distintas, ese día no acuden al trabajo, sea por baja laboral o por cualquier licencia o permiso que coincida o se haga coincidir deliberadamente con la jornada de huelga. Es más, si tales deducciones no se produjeran, por cualquier razón –incluida la dejación por parte de los responsables políticos-, no debiera computarse como huelguistas a aquellos a los que no se ha practicado la obligada deducción. No cabe ejercer –ni tener por ejercido- un derecho de forma efectiva y responsable sin asumir las consecuencias derivadas del mismo: hacer huelga no es sólo no trabajar, sino también no cobrar por el día no trabajado.

Podemos imaginar la gran disparidad entre los datos de seguimiento que facilitarán las organizaciones sindicales convocantes del paro en la función pública y los que, por su parte, suministrarán los responsables de las distintas Administraciones. Que algo así se produzca no quiere decir que resulte aceptable. Cabe admitir discrepancias sobre valoraciones y razones para explicar el grado de seguimiento, pero no puede justificarse que el grado de participación señalado por unos y otros pueda situarse, según la versión de cada parte, entre un 10% y un 80% de seguimiento. Una misma huelga no pueder ser un fracaso y un éxito al mismo tiempo, en función de la cifra que se adopte. ¿Resulta siquiera imaginable que algo parecido pudiera suceder en un proceso electoral?

Que algo así suceda cada vez que se produce una huelga habla bien a las claras de la falta de seriedad a que responde el debate social de nuestros problemas. No interesa la información, sino la propaganda. ¿Hemos de aceptar como información algo cuya inconsistencia e irrealidad consta a la inmensa mayoría de los afectados? ¿Cómo criticar que se maquillen los datos oficiales, si los sindicales se distorsionan sin pudor alguno? ¿Es posible criticar aquello que uno mismo practica?

Por todo ello, esta Asociación considera imprescindible que las Administraciones hagan públicos los datos sobre deducciones de haberes realizadas tras una huelga en los servicios públicos, como la convocada para la jornada de hoy, indicando el número de afectados en cada ámbito de la Administración, pues esa cifra es el único dato real sobre el grado de participación y es el que se debe conocer por todos, para así poder juzgar la veracidad de los datos facilitados por unos y otros durante la propia jornada de desarrollo, donde la realidad queda eclipsada por la percepción que de la misma se quiere imponer de forma interesada.