La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado Auto de fecha 22 de abril de 2010, notificado el pasado 26 de mayo, por el que inadmite recurso de casación interpuesto por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras-Aragón contra Sentencia de 7 de julio de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso promovido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público para 2007.
La impugnación del citado Decreto 67/2007 fue llevada a cabo por esta Asociación, al entender esta que los términos de la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón no se ajustaban a lo establecido en la Ley de Ordenación de la Función Pública aragonesa, en la que se prevé que los puestos ocupados por funcionarios interinos han de incluirse obligatoriamente en la primera Oferta de Empleo Público que se apruebe, cosa que no se hacía, y ello a pesar de las necesidades de personal de nuevo ingreso manifestadas por los diferentes Departamentos de la Administración aragonesa.
A las pretensiones de esta Asociación, en dicho recurso, se opuso no sólo la Administración, a través de sus Servicios Jurídicos, sino que los sindicatos UGT y CCOO hicieron causa común con la Administración, apoyando el poder de autoorganización de la Administración frente al derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, y negando legitimación a esta Asociación para llevar a cabo la defensa del derecho de acceso al empleo público mediante la impugnación de la Oferta de Empleo Público aprobada.
La Sala de lo Contenciso-Administrativo dictó sentencia de 7 de julio de 2009, en la que, si bien no estimaba las razones alegadas por esta Asociación para anular la Oferta de Empleo Público impugnada, reconocía su legitimación para interponer el recurso contencioso promovido, rechazando la excepción de falta de legitimación alegada por la Administración y los sindicatos codemandados.
Dicha Sentencia, para sorpresa de esta Asociación, fue recurrida por Comisiones Obreras en casación ante el Tribunal Supremo, insistiendo en su tesis de que esta Asociación carecía de interés legítimo para reclamar el control jurisdiccional de la Oferta de Empleo Público, y sostener que su actuación se producía por “mera defensa de la legalidad”. Dicha defensa, a juicio del sindicato, contravenía los criterios de legitimación de la Ley de la Jurisdicción, al no hallarse reconocida la acción pública en materia de función pública, lo que en su caso permitiría la interposición de acciones judiciales a cualquier ciudadano, sin necesidad de alegar afección a sus derechos e intereses propios.
Pues bien, en el citado debate sobre la legitimación de esta Asociación no sólo la Fiscalía del Tribunal Supremo –como ya ocurrió con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón- ha apoyado la existencia de legitimación por parte de la Asociación, en atención a los fines establecidos en sus estatutos, entre los cuales figura el reforzamiento de la profesionalidad de la función pública, algo en lo que incide de lleno el régimen de selección del personal funcionario de nuevo ingreso, sino que, finalmente, la Sala del Alto Tribunal ha acordado la inadmisión del recurso de casación interpuesto por Comisiones Obreras, al entender que el mismo incurre en defecto formal, al no justificarse adecuadamente la relevancia de la vulneración de la norma estatal que se alega en el fallo recurrido, y le ha impuesto condena en costas.
En su día, manifestamos que el recurso de casación promovido por Comisiones Obreras estaba llamado al fracaso, tanto jurídico como moral, al considerar lamentable la pretensión de silenciar a la sociedad civil y a los profesionales de la función pública en la defensa de los derechos de los ciudadanos –como lo es el de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas-, pero no suponíamos que dicho fracaso fuera tan evidente como ha quedado de manifiesto con el Auto dictado, al inadmitirse dicho recurso y condenarse en costar al sindicato recurrente. Entendemos que, en este caso, los defectos de forma del recurso de Comisiones Obreras no eran sólo procesales –como ha estimado el Tribunal Supremo-, sino también democráticos, como ya razonamos en su día. Y a ello nos remitimos.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
37 comentarios:
Buen desenlace.
Y que paguen los gastos ocasionados.
Los jueces se rebelan contra su recorte por "desproporcionado".
PUBLICO.
Los jueces vuelven a estar en pie de guerra. En esta ocasión, contra el recorte de sus retribuciones acordado por el Gobierno. Consideran que es "arbitrario", "desproporcionado" y "discriminatorio", porque les equipara con los altos cargos, pese a que no tienen los mismos privilegios. Ayer se reunieron con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, quien "se comprometió a abanderar sus reivindicaciones" ante el Ministerio de Justicia y el de Economía, según informaron varios de los asistentes a la reunieron.
Estuvieron representantes de Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Sin embargo, la asociación conservadora y mayoritaria en la carrera se desvinculó del comunicado firmado por las otras tres, que explica que "la respuesta del CGPJ ha sido de absoluta receptividad, comprometiéndose de forma inmediata" a trasladar y defender sus reivindicaciones "ante el ministro de Justicia, la vicepresidenta y ministra de Economía e, incluso, el propio presidente del Gobierno".
PUBLICO.
Funcionarios: el cómo, el cuánto y el cuánto menos.
EL MUNDO.
No todos los funcionarios están contratados a perpetuidad, ni cobran grandes sueldos. Tampoco son todos unos vagos ni viven para amargarle la existencia desde su 'atalaya' al sufrido ciudadano que tiene un trámite que cumplir. Sin embargo, en plena crisis y con cuatro millones largos de parados, un 'puestecito' con salario decente y ciertas garantías de estabilidad es una opción laboral de ensueño para muchos trabajadores que afrontan recortes de todo tipo en sus empresas.
El pasado 20 de mayo, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el recorte del gasto para hacer frente al déficit que había anunciado la semana anterior. Con estas medidas, que contemplan la bajada de sueldo a los funcionarios y la congelación de las pensiones, el Ejecutivo anunció un ahorro de 15.000 millones de euros en este año y en 2011. Una semana después, el 'tijeretazo' cumplió por la mínima con su trámite en el Congreso de los Diputados.
Para entonces, la polémica estaba servida y los funcionarios, su situación y los tópicos que rodean a su profesión ya habían comenzado a ser objeto de análisis y debate.
EL MUNDO.
Una de las primeras dudas que surgió tras el primer anuncio de recorte fue a qué tipo de empleados públicos y en qué proporción afectaba la medida: ¿empleados de empresas públicas? ¿personal laboral? ¿funcionarios de carrera? ¿directivos? ¿eventuales? ¿a todos?
El trabajador público por excelencia es el llamado funcionario de carrera, que accede a su puesto de trabajo tras superar unas oposiciones y cuenta con un nombramiento en el que se reconoce dicha condición y unas condiciones laborales que rige el Derecho Administrativo. Es el grupo más numeroso.
Según la titulación requerida, el funcionariado de carrera está dividido en grupos y subgrupos: el 'grupo A', para trabajadores que tengan el título universitario de Grado (en clasificaciones anteriores equivalía a la categoría de Doctor, Licenciado e Ingeniero Superior); el 'grupo B', al que se le exige el título de Técnico Superior (los antiguos Diplomados Universitarios e Ingenieros Técnicos); y el 'grupo C', que distingue entre los C1, que tienen el título de bachiller o técnico, y los C2, con el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (o el equivalente Graduado Escolar).
Los funcionarios interinos, por el contrario, ocupan de forman temporal plazas que han de ser ocupadas definitivamente por funcionarios de carrera o sustituyen a funcionarios que hayan ejercido el derecho de reserva de plaza y destino. Sus tablas salariales y recortes son similares a los que sufrirán los funcionarios de carrera.
Además, la Administración Pública puede contratar personal laboral, que presta servicios retribuidos y para el que rige el Derecho Laboral. Según el tipo de contrato son fijos, por tiempo indefinido o temporal.
Mención aparte merece el personal eventual y el personal directivo. En ambos casos se nombran libremente, aunque los primeros desempeñan un trabajo de confianza o asesoramiento y, en el caso de los directivos, entra además en juego criterios de confianza política.
EL MUNDO.
El Registro Central de Personal, que elabora el de la Presidencia, recogía en su último informe de julio de 2009 que en España había 2.659.010 empleados públicos. Los datos más recientes provienen, sin embargo, de la Encuesta de Población Activa, que habla de 3.088.400 funcionarios en el primer trimestre de 2010.
En cualquier caso, de acuerdo con los datos del Ministerio de la Presidencia, los funcionarios suponen un 5,78% de la población total, así como un 14,46% de la población activa ocupada.
Las Comunidades Autónomas son las administraciones que más empleo público generan, un 50,6%. Los funcionarios de la Administración Estatal son, porcentualmente, menos de la mitad, el 21,9%. En estos niveles andan también las administraciones locales, con un 23,6%.
Por sectores profesionales, el Sistema Nacional de Salud emplea al 18,5% de funcionarios. Los docentes no universitarios (maestros y profesores) y los ayuntamientos están casi empatados y copan algo más del 20% de puestos públicos respectivamente.
Los que menos funcionariado aúnan son las fuerzas de seguridad autonómicas (0,9%) y Patrimonio Nacional (0,6%). Les sigue, con un discreto 2,3%, la Administración de Justicia.
La Administración Estatal emplea en los diferentes ministerios a un total de 223.995 personas entre funcionarios de carrera, personal laboral, directivos y trabajadores eventuales. El grupo más numeroso es el de funcionarios de carrera (el 67,93%). El personal laboral supone casi el 30% (29,75%) y los eventuales y directivos el 2,33%.
Los ministerios que cuentan con mayor número de empleados públicos son Economía y Hacienda (la mayoría en la Agencia Tributaria) y Trabajo e Inmigración, ambos superan ampliamente los 46.000 trabajadores. Les siguen Interior, con algo más de 35.095 personas (de las que más de 19.000 trabajan para Instituciones Penitenciarias) y Defensa, con algo más de 27.300.
Curiosamente, el Ministerio de Defensa es con diferencia el que mayor número de personal laboral tiene, algo más de 21.300, la inmensa mayoría con contrato fijo. Los funcionarios de carrera se quedan en 5.967.
Por la cola en cantidad de personal figura Igualdad, con 461 empleados, Vivienda con 330 y Política Territorial, la Vicepresidencia de Manuel Chaves, con 238 trabajadores.
EL MUNDO.
Las retribuciones de cualquier empleado público se articulan en torno a dos grupos: las básicas (sueldo base, trienios y pagas extraordinarias); y las complementarias (complementos de destino, complementos específicos y complemento de productividad). Todas las cantidades percibidas por cada concepto están también establecidas y reguladas.
De igual forma que el salario es mayor para los funcionarios del 'grupo A' que para los del 'grupo B' o 'grupo C', el recorte es también progresivo. Según lo publicado en el BOE, las bajadas comenzarán a aplicarse desde hoy, 1 de junio de 2010, y afectarán a las retribuciones básicas y a las complementarias. La paga extraordinaria de junio no se verá afectada, pero sí la de diciembre.
Así, los 'A' afrontarán una bajada del 7% y los 'B' del 5,75%. En el 'grupo C' se queda en el 4,5% en el caso de los 'C1' y en el 2,75% para los 'C2'.
El llamado 'grupo E' existía en clasificaciones de funcionarios anteriores y para acceder a él se exigía sólo el certificado de escolaridad. Al ser el grupo con menor remuneración (548 euros mensuales de salario básico), el recorte de sueldo que les afecta es el menor de todos, del 0,75%.
El personal laboral verá también reducido su sueldo en un 5%. Sólo los que ganen hasta 949,5 euros brutos al mes quedan al margen del recorte.
Los miembros del Gobierno (presidente, vicepresidente y ministros) también afrontan una bajada salarial del 15%. Los otros altos cargos de la Administración, como secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales, reducen su sueldo en un 10, 9 y 8% respectivamente.
EL MUNDO.
La sombra de Larra y su 'Vuelva usted mañana' es alargada para los funcionarios. El escritor y periodista describió en el siglo XIX los vicios y la falta de eficacia de los empleados públicos españoles. Desde entonces, España carga con el tópico de 'país de funcionarios'. Y aunque dice el refrán que 'mal de muchos...', el tamaño de las administraciones públicas de nuestros vecinos europeos no le anda a la zaga al nuestro.
En líneas generales, España no es el país europeo con más cantidad de funcionarios. La proporción de empleados públicos por población ocupada nos sitúa, con casi un 15%, en la mitad de la tabla, por delante de Reino Unido, Grecia o Alemania.
Suecia, con un 25% de funcionarios del total de sus trabajadores en activo, o Francia con el 20%, lideran esta clasificación.
Durante la presidencia francesa de turno de la Unión Europea, se elaboró en 2008 el estudio 'Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States'. Este informe analiza en profundidad y por países el Sector Público en la Unión Europea y, aunque no recoge los datos de Dinamarca y España, y los de Bulgaria, Estonia, Malta y Rumanía son provisionales, ofrece un cálculo ilustrativo del número de funcionarios por habitante en cada país.
Así, Italia, con un funcionario por cada 17 habitantes, o Alemania, con 18 habitantes por funcionario, tienen niveles similares a los de España, que en 2008 tenía un empleado público por 18 habitantes.
En la parte alta de la tabla destaca Suecia, un país con algo más de nueve millones de habitantes y con 1.125.000 funcionarios. Allí, donde hay un funcionario por ocho habitantes, el empleado público no tiene el puesto garantizado a perpetuidad. Y cuando la Administración lleva a cabo recortes se realizan cursos y formación para facilitar el reciclaje profesional.
Finlandia, Letonia y Malta le siguen en la clasificación, con nueve funcionarios por habitante. Francia y Bélgica tienen 12. Y Portugal, Holanda e Irlanda también superan a España.
A la cola de esta lista están Rumanía, República Checa y Eslovaquia, los países con menor densidad de empleados públicos por habitante de la UE y con cifras que superan el centenar de habitantes por cada funcionario.
EL MUNDO.
Otra cosa es saber si unos funcionarios europeos son más productivos que otros. Medir la productividad de los funcionarios es una tarea compleja. Obtener una cifra única, comparable y de fácil lectura se ha convertido casi en una obsesión. Sin embargo, la tarea no es fácil porque se trata de un colectivo laboral muy heterogéneo (médicos, licenciados, ingenieros, administrativos, personal técnico...) y que realizan labores totalmente distintas.
Dos relaciones muy usadas -especialmente para las comparaciones entre países- son los funcionarios por habitante, es decir, tratar de cuantificar la productividad a igualdad de prestaciones; y los funcionarios por persona ocupada, o sea, establecer un vínculo entre su productividad y la carga que representan para el sector privado a igualdad de prestaciones.
Parece lógico, por tanto, que sea también necesario una medida de las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos, es decir, un atributo que nos diga que los funcionarios suecos no son menos eficientes sólo porque haya mayor número de funcionarios respecto del número de habitantes o de población activa ocupada.
La importancia de usar medidas de la productividad de los empleados del sector público radica en que permiten incentivar de forma efectiva a estos trabajadores, generando así un mayor esfuerzo de reducción de los costes de producción.
La escasa existencia de dichos mecanismos de control y sus efectos adversos se conocen en la literatura económica como ‘Ineficiencia X’, término introducido en 1966 por Harvey Liebenstein y que hoy en día forma parte de la Teoría de la Burocracia.
EL MUNDO.
Comentario:
Los funcionarios vamos a devolver los 400 euros que nos ha dado ZP, este año los nuestros (en mi caso, unos 300 euros mas) y el año que viene el de los demás..... ¿Pa' qué nos ha dao el caramelito este hombre??
Comentario:
Despues de tener que ir 3 veces al registro civil en dias distintos y que la persona que me tenia que atender una dia estaba almorzando, otro dia no estaba y el tercero almorzando otra vez y que ademas sus compañeras en lugar de ayudarme me dijeran que no era cosa de ellas y que no me podian ayudar y que volviera otro dia mientras estaban de charreta, no me siento bien atendido y la verdad me parece estupendo que bajen el sueldo de los funcionarios. Pagan justos por pecadores porque hay de todo en el funcionariado, pero todos los funcionarios sois complices, porque no moveis un dedo por denunciar a los compañeros que se tocan las bolas y lo mejor de todo es que algunos con toda la cara se sienten orgullosos de no dar palo al agua y te dicen la tipica frase de , "sacate tu una oposicion"
Comentario:
Reflexiones en voz alta: Durante el mes de Mayo he tenido una enfermedad dura y, excepto dos días en los que me encontraba fatal, no he faltado a mi puesto de trabajo ni, por supuesto, pedí la baja (aunque mi médico de cabecera se ofreció a dármela). Soy funcionario (con perdón) y, por responsabilidad y porque es mi deber, seguiré cumpliendo con mi misión porque me siento orgulloso de poder ser útil a los demás. Cuando se desee dar caña a los funcionarios, piensen en la cantidad de personas que cumplen su papel en la función pública y cuando veamos a alguien que no lo hace: a denunciarle a un juzgado y dejarse de gilicomentarios en blogs.
Bueno, lo de los gilicomentarios.
Comentario:
Vamos a ver. ¿Para qué han demostrado servir los sindicatos? Para organizar manifestaciones a favor de Garzón cuando a 5 millones de parados les podían dar por ahí. ¿Para que han demostrado servir la multiplicidad de administraciones públicas? Para despilfarrar como locas. ¿Para que han demostrado servir las cajitas de ahorros de los cortijeros? Para que los cortijeros de cada reino de Taifas hagan de su capa un sayo. Esta crisis puede ser una oportunidad para eliminar todo aquello que no sirve.
Comentario:
si en epoca de vacas gordas a los funcionarios nos hubieran subido tb el sueldo proporcionalmente aceptaria una congelacion e incluso una bajada, pero nada de eso ha sucedido para que sr nos castigue ahora de esta manera...y nos piden que hagamos huelgas para aumentar el ahorro de zp, desde el dia 1 de junio lo minimo y sin esmerarme, que trabajen...que curren ellos...y ya nos veremos en las elecciones
¿te lo van a consentir?
Espero que no.
Comentario:
El Gobierno ha hecho lo sencillo pero a la larga lo más perjudicial porque para reactivar el consumo es necesario que la gente gaste pero como los únicos que tienen en este momento un sueldo asegurado -aparte de diputados, senadores, banqueros y directores de periódicos- son los trabajadores públicos, está vendiendo el coche para comprar gasolina. Y más me preocupa que cuando llegué el PP hará lo mismo y además, privatizará las pensiones como propuso Pizarro.
Comentario:
Los funcionarios en general estan mal pagados Seria mejor mejores sueldos a los que trabajan, los vagos fuera sobran muchos y los liberados que son un ejercito que no solo no trabajan encima incordian a currar o a la calle
Comentario:
El problema no es el sueldo de los funcionarios, si no los incontables organismos creados y cargos políticos, para colocar a sus familiares, amigos y allegados, con unos maxisueldos , que ellos mismos se ponen, las megapensiones que consolidan con unos pocos años en el cargo, todas compatibles entre sí, mientras un currante cualquiera tiene que currar toda su vida para consolidar una mierda de pensión
Comentario:
Tampoco hay que tomarselo tan mal. En una empresa privada como Ford cuando no vendian coches han echado gente y han reducido turnos. En la administración tienen que reducir sueldos cuando faltan ingresos, no pueden chupar del contribuyente como si fuera una fuente inagotable, que se administren bien con lo que hay. Así que o se reducen salarios a todos o se echa a la calle a los que no hacen nada, que existen muchos que cobran a cambio de nada. Por ejemplo en la Uned algunos funcionarios ni se presentan en su puesto muchos días
Comentario:
En España siempre se hizo bandera de la expresión: "tiene más hambre que un maestro de escuela."Lamentablemente la labor del funcionario no está reconocida ni social ni económicamente. Las medidas tomadas por todos los partidos políticos en "criminalizar" al empleado público fomentarán a la larga en un estado completamente mercantil.El objetivo último es que desaparezca el concepto de Estado "protector".Abogo por que el pez grande se coma al pequeño y las personas de mayor valía profesional se incline hacia la empresa privada que es en donde se gana dinero.¿Por qué conformarse con 2.000 euros en la sanidad pública cuando con tres operaciones, en una clínica privada, gana mucho más que eso? ! Matemos al Estado! !Viva la empresa privada!
Comentario:
Yo no soy funcionario, pero por mi trabajo (asesor de empresas) tengo que andar mucho por el INEM, Hacienfa estatal y autonómica, Tesorería... y hay funcionarios que ves que trabajan duro, que ayudan a los usuarios con educación... y al lado ves otros que no dan un palo al agua y encima atienden a la gente con un gesto de asco, y por muchas quejas por escrito que pongas a los jefes de servicio ves que año tras año siguen ahí las mismas rémoras.
Comentario:
Sinceramente con cinco millones de parados, entre los que me cuento, lo que menos me preocupa es su bajada de sueldo, ya aplicada y mayor aún en todas las empresas privadas hace más de un año. Al menos ellos siguen cobrando, los parados en cuanto se nos termine el paro, nos vamos a comer los mocos. Qué dejen de quejarse, que le echan mucho morro. No conozco yo a muchos funcionarios que dejen su puesto y si a muchos que piden la baja para ir a trabajar a otras empresas. ¿Queréis nombres? Y si tan mal se vive siendo funcionario ¿porqué no se largan?
Comentario:
La crisis nos afecta a todos y todos juntos debemos arrimar el hombro para salir de ella. Pero debemos arrimarlo TODOS, sin excepciones. Así, los primeros en hacerlo y en mayor medida deberían ser los causantes de la situación actual, es decir, la BANCA y sus empleados por su desmedida avaricia, seguidos de la CLASE POLÍTICA y ALTOS CARGOS puesto que ellos son el poder legislativo y la gente de su confianza, los que malmanejan el timón de este barco, luego los llamados AGENTES SOCIALES por su indolencia y a continuación TODOS los demás. Dicho esto, vayamos a hacer la cesta de la compra ¿nos encontraremos con que los precios han bajado como los sueldos de muchos empleados públicos y privados, además de 5 millones de parados? ¿? ¿Y por qué sucede así? Muy sencillo, ECONOMÍA SUMERGIDA. Por último solo hacer una sugerencia: ¡Qué el Banco Central Europeo anuncie la desaparición del billete de 500 euros! ¡Ya verían correr a los Bin Laden! ¡Ya!
Comentario:
Se habla mucho de la diferencia de sueldo entre los diferentes grupos, ¿no habrá también mucha diferencia en la responsabilidad de cada grupo? ¿Y en la formación que cada grupo ha recibido? Si cada grupo contribuye en el mismo porcentaje, estará contribuyendo más el que más gana, y esto parece justo; pero con el recorte del gobierno no contribuye más el que más gana, sino que se acorta la diferencia entre los grupos, con lo cual se está favoreciendo la falta de formación y se está castigando al que ha tenido que dedicar más años de su vida a formarse. ¿Estará fomentando el gobierno la fuga de cerebros? ¿Quiere que se marchen los profesionales mejor dotados a otros países dónde estén mejor remunerados? ¿Acaso es eso lo que pretenden?
Comentario:
Aquí sólo nos acordamos de los funcionarios cuando truena. Hace bien pocos años, con los precios de los productos básicos por las nubes, de los otros prefiero no acordarme, con el mismo sueldo que tengo ahora, me las veía y deseaba para llegar a fin de mes, mientras algunos (muchos), vivían como reyes, sin importarles que las manzanas estuvieran a 3 euros, el tomate a 5, etc. Y ahora, resulta que yo soy el culpable, después de pasar por tres empresas, y tenerme que preparar unas oposiciones, que ya me gustaría ver a muchos de ustedes qué papel tenían en ellas, para que ahoran digan que yo les he echado a la calle. Señores, un poquito de seriedad. ¿Por qué no miran detenidamente quién es el culpable de la situación en la que TODOS NOSOTROS nos encontramos?¿Por qué se ha dilapidado una herencia muy buena?
Comentario:
Es indignante que ahora empecemos a buscar quienes son los funcionarios buenos y los funcionarios malos y prescindibles. No se ha actuado con sensatez ni inteligencia por parte de quien debe administrarnos y ahora nos dedicamos a atacarnos entre trabajadores. ¡¡Ahora solo vamos a quedar como peseteros!!
¿Se saca algo en claro en estos pleitos?
Ya sabemos, pleitos tengas y los ganes.
Zapatero anuncia que aprobará la reforma laboral el miércoles, con o sin acuerdo.
La fecha elegida es exactamente un día antes de la reunión del consejo europeo de la presidencia española | El PSOE ve "más que probable" que sea el Ejecutivo el que saque adelante este objetivo "mediante un decreto-ley"
LA VANGUARDIA.
Los jueces del Tribunal Constitucional también se bajan el sueldo. El pleno ha aprobado una reducción salarial del 15% para sus miembros, según informan fuentes del propio tribunal.
Las retribuciones en el Constitucional oscilaban hasta ahora entre los 146.000 euros anuales que cobra la presidenta María Emilia Casas, los 138.114 euros asignados al vicepresidente Guillermo Jiménez y los 125.502 de los magistrados que componen el Alto Tribunal.
El acuerdo adoptado se comunicará al Gobierno en aplicación de la disposición tercera del Decreto Ley de medidas de ajuste aprobado por el Gobierno, y que señala que los presidentes del CGPJ, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas deben comunicar Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo de 15 días la reducción a aplicar a las retribuciones de sus miembros, informa Europa Press.
Pasados dos años de crisis y con el plan de ajuste para reducir el déficit sobre la mesa, los cargos públicos comenzaron la pasada semana a reducirse el salario de manera generalizada. Precisamente, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, verá por primera vez este mes de junio que su nómina ha 'menguado' en 1.150 euros. El 15% de su 'ajuste' salarial es la punta del iceberg administrativo, que abarca desde los funcionarios hasta los altos cargos. Respecto al resto de miembros del Ejecutivo, también se aplican un recorte del 15%. Así, los tres vicepresidentes rebajan su sueldo anual hasta los 73.486.32 euros anuales (12.968,04 euros menos). El resto de ministros percibirán 68.981,88 euros, lo que supone 12.173,16 euros menos.
Los parlamentarios también acordaron la semana pasada bajarse el suelo un 10%, mientras que los alcaldes cobrarán un 0,25% y un 15% según el acuerdo al que llegó la Federación Española de Municipios y Provincias.
En el terreno judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también dio luz verde para adelgazar un 10% los ingresos de los 20 vocales que componen el órgano de los jueces. Los vocales del CGPJ cobran unos 6.000 euros netos mensuales.
EL MUNDO.
MALA CALIDAD DEMOCRÁTICA.
PARECE que es el despido, su valoración y tratamiento, el punto de máxima distancia en el diálogo (?) que mantienen los mal llamados «agentes sociales» para aliviar al Gobierno de su responsabilidad. Eso resulta chusco. Si sumamos el número de pensionistas y jubilados al de funcionarios, amas de casa, menores de edad, estudiantes y, sobre todo, los cuatro millones y medio de parados ya existentes veremos que se trata de una minoría el número de españoles que tienen la posibilidad de ser despedidos por sus empleadores. No parece legítimo anteponer los hipotéticos derechos de esa minoría a los generales de la ciudadanía, algo que sólo se explica en función de la profesionalidad sindical.
Una de las originalidades de la dictadura franquista que todavía perdura en nuestra normativa legal es la de reconocer la «propiedad» del puesto de trabajo a quien lo ocupa. Algo que contrasta con el ideario de la izquierda radical, que considera al Estado propietario y administrador de cada puesto de trabajo y, simultáneamente, con lo generalmente aceptado en las democracias occidentales, en las que los puestos de trabajo son de la Sociedad y a ella se deben. El fulanismo laboral de José Antonio Girón y José Solís que defienden con uñas y dientes sus herederos políticos, tal que Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, no es propio de nuestro tiempo ni de nuestro entorno y alcanza su máxima inconsistencia teórica cuando los trabajadores con empleo son numéricamente inferiores a los demás ciudadanos, como nos ocurre.
Ese debate estéril, del que huye el Gobierno para no salpicarse con nada que pueda dañar su muy maltrecha imagen, es un síntoma de un sistema de relaciones y representaciones laborales defectuoso y caduco. Caducado. Un testimonio más de la mala calidad democrática que padecemos por degeneración del espíritu de la Transición y que nos lleva a pretender en todos los planos de la vida pública condiciones y privilegios que sobrepasan con mucho nuestra posibilidad económica. Por eso somos un Estado impreciso y una Nación elástica en que, faltos de representatividad verdadera, brotan la inconsistencia política, la incertidumbre jurídica, el abandono educativo, la inseguridad ciudadana, la descalificación de los contrarios y, en lo que afecta a las relaciones laborales, algo que tejen al alimón un empresario en quiebra y unos sindicalistas con olor a naftalina.
M. MARTIN FERRAND.
ABC.
¿Pero es que no funciona nada en España?
Considero vergonzoso (más que vergonzoso) que CCOO en la Administración autonómica aragonesa se haya convertido en el esbirro del Director General de la Función Pública (quizás por aquello de que él mismo procede de ese sindicato).
Algún día CCOO tendrá que explicar qué defiende, si es que defiende algo y cómo lo defiende.
De momento, su actuación me parece, más que vergonzosa, rastrera.
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