La aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón de la Ley de creación de la Cámara de Cuentas de Aragón, llevada a cabo en el día de hoy, marca el final de un episodio bochornoso para nuestra Comunidad Autónoma, como era la inaplicación durante más de dos legislaturas de una ley que creó un órgano de control de la actividad económica y financiera del sector público de la Comunidad Autónoma que nunca se constituyó ni entró en funcionamiento. Tal inaplicación vino a coincidir, curiosamente, con una etapa de crecimiento exponencial del sector público aragonés, dada la llamativa tendencia del Gobierno de Aragón a dotarse de entidades y empresas públicas sujetas al derecho privado, con las que instrumentar numerosas políticas públicas, en claro detrimento no sólo de la función pública sino también de la iniciativa privada.
Las causas de un incumplimiento tan manifiesto del ordenamiento jurídico -como es desconocer que la ley constituye un mandato para los poderes públicos- no han sido, sin embargo, suficientemente explicadas. Los Grupos Parlamentarios y el Gobierno de Aragón parecen considerarse exentos del deber de rendir cuentas a los ciudadanos por lo sucedido en estos últimos ocho años. La nueva Ley, con su mera aprobación, no puede borrar, sin más, la grave sensación de incumplimiento institucional del ordenamiento jurídico provocada por la no constitución de la Cámara de Cuentas ya creada en 2001.
La aprobación por unanimidad de la nueva ley, que viene a desarrollar el vigente Estatuto de Autonomía y a derogar la anterior ley de 2001, cuyo incumplimiento ha puesto inevitablemente en entredicho la credibilidad de nuestra Comunidad Autónoma, no puede pasarse por alto. Es sin duda resultado de un pacto político entre todas las fuerzas con representación en las Cortes de Aragón. Pero nuevamente, una ley decisiva para la conformación del entramado institucional de la Comunidad Autónoma se elabora sin un debate previo que asegure la intervención de expertos y, además, su aprobación por el procedimiento de lectura única reduce a la mínima expresión el debate parlamentario. Dicho procedimiento -el de lectura única- debiera reservarse para normas de escaso alcance y complejidad, lo cual no creemos que pueda predicarse de la regulación de la Cámara de Cuentas.
Esta Asociación, que ha venido denunciando desde el primer momento de su creación, la inaplicación de la Ley de 2001, por la que se creó la Cámara de Cuentas de Aragón, no puede dejar de manifestar su satisfacción por el impulso dado a dicho órgano de control, pero dicha satisfacción va acompañada por igual dosis de cautela.
Recientemente, el Tribunal Supremo ha alertado sobre la inoperancia de los controles administrativos frente a la ilegalidad -algo que se percibe no sólo en el ámbito del urbanismo- y la necesidad de acudir a la vía penal como único cauce eficaz para frenar la corrupción pública.
La Cámara de Cuentas de Aragón, no puede obviarse, nace en un momento comprometido de nuestras instituciones -en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia los gestores públicos- y lo hace necesariamente lastrada por los anteriores incumplimientos. Por ello, su prestigio y credibilidad deberá ganarlo con la independencia y el rigor en su trabajo de control de la actividad del sector público aragonés.
Debe recordarse, en todo caso, que los órganos de control externo autonómicos, como la Cámara de Cuentas de Aragón, carecen de competencias en materia de enjuiciamiento contable -pues la función jurisdiccional es exclusiva del Estado- y que sus funciones se limitan a la fiscalización del gasto público. No es escasa la labor que puede realizar en este campo, pero el control de responsabilidad contable en que se pueda incurrir por mala gestión seguirá siendo función exclusiva del Tribunal de Cuentas estatal, lo cual, a nuestro juicio, constituye una clara garantía para la defensa del Estado de Derecho.
Por último, esta Asociación queda a la espera de la aprobación final de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010, sobre la cual se formularon algunas advertencias de inconstitucionalidad respecto a ciertos preceptos relativos al régimen de retribuciones en la función pública autonómica.
No sería un buen augurio para la futura Cámara de Cuentas que la aprobación de su ley fuese acompañada de la aprobación de una Ley de Presupuestos en la que se conculcase la legislación básica estatal en materia de retribuciones públicas. No se pueden promover controles con credibilidad si al mismo tiempo se carece del más elemental sentido de la legalidad presupuestaria.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
16 comentarios:
¿No es una buena noticia?
Resulta sospechosa tanta unanimidad.
¿Siempre al quite?
Aragón tendrá una Cámara de Cuentas para auditar los recursos públicos
Aragón contará con una Cámara de Cuentas, que fiscalizará la totalidad de los fondos públicos, tanto los gestionados por el sector público como las ayudas o avales públicos percibidos por personas físicas. Las Cortes de Aragón han aprobado este miércoles la Ley de Cámara de Cuentas presentada por todos los grupos.
ARAGON DIGITAL.
Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han aprobado por unanimidad de los 66 diputados este miércoles la proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Aragón, presentada por los cinco grupos parlamentarios. La Cámara de Cuentas fiscalizará la totalidad de los fondos públicos, tanto los gestionados por el sector público de Aragón como las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidos por personas físicas o jurídicas.
Todos los intervinientes de los cinco grupos parlamentarios han ensalzado que es una "ley de todos" que permitirá fiscalizar y controlar la gestión económica y financiera del sector público en Aragón. Tanto el portavoz de IU, Adolfo Barrena; el diputado de CHA Chesús Yuste; la diputada del PAR Ana de Salas; y Manuel Gedea del PP; han defendido la necesidad de crearla para que "los aragoneses tengan más confianza en las instituciones aragonesas y sea garante de la mejora de los servicios públicos, así como mejorar el autogobierno". Así, también se ha pedido que la ley "esté cuanto antes" y ha enaltecido el consenso con independencia de las mayorías parlamentarias, además de haber recordado "el fracaso" de la propuesta anterior que pretendía crear también esta Cámara.
El coordinador de la ponencia de esta proposición de Ley y diputado socialista, Antonio Piazuelo, ha asegurado que la normativa da respuesta a la necesidad de control y además significa más autogobierno y transparencia al sector público.
Entre las funciones que tendrá destaca la fiscalización externa de la gestión económico-financiera y operativa del sector público en Aragón, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, a los principios contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía. Además, emitirá dictámenes y resolverá las consultas que, en materia de contabilidad pública y gestión económico-financiera y operativa, le soliciten los entes que integran el sector público y fiscalizará los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos, si los hubiere, comprobado además el cumplimiento de la legalidad y la transparencia de los mismos.
La Cámara examinará y comprobará la Cuenta General de la Comunidad y las cuentas de los demás entes integrantes del sector público de Aragón y fiscalizará los créditos extraordinarios, suplementos, incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales. Además, también lo hará en lo relacionado con la situación y variación patrimonial de los entes integrantes del sector público; los contratos de los entes; la concesión y aplicación de las ayudas otorgadas por los entes a personas físicas y jurídicas, incluidas las exenciones y bonificaciones fiscales y la contabilidad electoral.
Las cuentas generales de la Comunidad y de las principales Administraciones locales de Aragón serán revisadas anualmente de acuerdo serán revisadas anualmente de acuerdo con lo previsto en el programa anual de fiscalización. La Cuenta General de la Comunidad habrá de presentarse antes del 30 de junio inmediato posterior al ejercicio económico y la de las Corporaciones locales el 15 de octubre. Por su parte, las restantes entidades, organismos o empresas se presentarán en el plazo que sea señalado por la Cámara de Cuentas en el programa anual de fiscalización.
Los informes emitidos por la Cámara incluirán la observancia de la legalidad reguladora de la actividad económico-financiera del sector público y de los principios contables aplicables y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y si la gestión económico-financiera y operativa se ha ajustado a los criterios de eficacia, eficiencia y economía. Además, incluirá, si hubiese, la existencia de infracciones, abusos o prácticas irregulares y las medidas que se proponen para la mejora de la gestión de las entidades fiscalizadas.
ARAGON DIGITAL.
¿Qué diferencias hay entre esta ley y la anterior? ¿Por qué ha sido preciso aprobar una nueva ley antes de empezar a aplicar la anterior?
¿Qué presupuestos hay previstos para su puesta en marcha?
EUROPA PRESS. Zaragoza
El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó esta tarde, definitivamente, el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, que comenzarán a ejecutarse el próximo 1 de enero y en los que la coalición de Gobierno PSOE-PAR sigue priorizando el gasto social pese al recorte del dos por ciento sobre la cifra global, que se sitúa en 5.720 millones de euros.
Después del largo debate de enmiendas, iniciado esta mañana, la coalición mantuvo su decisión de no aceptar las enmiendas de PP y CHA.
Tras una larga jornada de debate, el Pleno parlamentario aprobó las cuentas públicas autonómicas para 2010 con el voto favorable de PSOE y PAR, mientras que CHA y PP lo rechazaron. IU votó en contra de la mayoría de las secciones, salvo en Educación, Economía y Salud, en las que se abstuvo. En la sección de Comarcas, CHA e IU se abstuvieron, mientras que el PP votó en contra y el PSOE-PAR lo hizo a favor.
En su intervención, el popular Manuel Guedea dijo que han sido los alcaldes y concejales del PP los que han solicitado a su Grupo Parlamentario la defensa de determinadas enmiendas parciales, junto con organizaciones sociales de todo tipo.
"Me extraña que ninguna haya sido aceptada", dijo Guedea, quien recordó que en años anteriores la mayoría PSOE-PAR aceptaba una o dos de forma "testimonial". El portavoz económico del PP señaló que "estos Presupuestos no van a mejorar la situación de nuestra Comunidad autónoma".
El portavoz económico de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Yuste, defendió el voto negativo de formación y opinó que la de hoy es "una oportunidad perdida" porque "no vemos una apuesta decidida por el nuevo modelo productivo" y puso como ejemplo el apoyo a la Universidad de Zaragoza (UZ), que CHA recomienda incrementar.
Chesús Yuste propuso reforzar las políticas de orientación laboral en el actual contexto de crisis y criticó a la mayoría gubernamental PSOE-CHA por no haber utilizado todos los mecanismos legales para incrementar la capacidad de gasto de la Comunidad Autónoma.
Chesús Yuste aludió a la abstención de CHA a las enmiendas parciales de PAR y PSOE. Al respecto, Yuste dijo que, aunque el proyecto de ley de Presupuestos se entregó después del periodo legal, había "lagunas", que regionalistas y socialistas trataron de corregir. El parlamentario de CHA expresó que si las mismas enmiendas las hubiera presentado la oposición, habrían sido rechazadas. Yuste criticó "la Ley del Embudo en la que más vale caer en gracia que ser gracioso".
El diputado de CHA opinó que PSOE y PAR rechazan sus enmiendas porque presentan proyectos alternativos y resaltan los errores del Gobierno autónomo. "Hemos recibido el no sistemático por parte de PSOE y PAR", lamentó Chesús Yuste, quien destacó el "esfuerzo por llegar a un acuerdo" realizado por Chunta, lo que no ha sido aceptado por la mayoría gubernamental
Esta Ley ya tendría que estar funcionando hace años.
¿Por qué no se sacó esta ley durante el gobierno del PP?
Y las cuentas ponerlas en internet, para que las fiscalicemos los ciudadanos, así como las licitaciones, para poder investigar cualquier ciudadano, lo que hay.
Lo que tienen que hacer es poner una cámara de televisión, y que veamos lo que hacen los que están en el hemiciclo.
Los ciudadanos que somos los que pagamos ésto, no podemos estar allí, pero con un canal de tv, como ya existe a nivel nacional, podríamos estar allí.
El PP participará en las empresas públicas, pero con condiciones
¡Qué gran error!
¿Y también cobrarán dietas por las sesiones de los consejos?
Creo que el PP se equivoca con su participación en las empresas públicas. ¿Las está avalando con su presencia? ¿Es ese el modelo de Administración pública que propugna?
El pleno de las Cortes aprobó por unanimidad la ley de la Cámara de Cuentas de Aragón con la previsión de que esté operativa en primavera y pueda fiscalizar la gestión del sector público ya en el 2010. Todos los grupos parlamentarios se felicitaron por el consenso alcanzado para sacar adelante la ley. En su intervención, Antonio Piazuelo, del PSOE, destacó que Aragón se suma con esta ley a otras comunidades autónomas que han regulado el control externo de las cuentas públicas. Manuel Guedea, del PP, subrayó la necesidad de que la ley tenga vocación de permanencia y estabilidad. Ana de Salas, del PAR, hizo hincapié en la relevancia estatutaria de la Cámara de Cuentas. Chesús Yuste, de CHA, subrayó que con esta ley Aragón completa su entramado institucional y profundiza en su autogobierno. Adolfo Barrena, de IU, dijo que es un órgano de control necesario para fiscalizar toda la gestión económica del sector público.
EL PERIODICO DE ARAGON.
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