NECESIDAD DE ESTUDIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN ARAGÓN: PETICIÓN AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se ha dirigido a la Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón, Ángela Abós, para solicitarle que desde dicho Consejo se abra una línea de estudio sobre la función pública de las Administraciones públicas aragonesas, para conocer su incidencia en la estructura económica y social de la Comunidad Autónoma de Aragón y analizar sus magnitudes más relevantes, como son su dimensión, composición y coste económico.

Es necesario disponer de datos rigurosos y fiables para poder apreciar las repercusiones que en la realidad aragonesa tiene la existencia de los diferentes niveles de gestión pública –autonómico, provincial, comarcal y local-, y observar el crecimiento o evolución del número de efectivos de cada Administración, su especialización funcional y su coste económico.

No resulta en modo alguno justificada la actual falta de información y análisis sobre la estructura de las organizaciones de servicios más potentes de la Comunidad Autónoma –sus Administraciones- y no puede dejarse de destacar lo insólito de que ni el Gobierno de Aragón ni las Cortes de Aragón tengan voluntad política para hacer posible la publicación de datos estadísticos periódicos sobre los recursos humanos de la Administración autonómica.

Llamativo, por no decir escandaloso, resultó que en fechas recientes presentase el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, el denominado “Documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, en el que no se hacía constar ni un solo dato sobre la realidad de la función pública. ¿Cómo es posible analizar una realidad, como es la función pública, sin partir de sus datos descriptivos más básicos? Ni después de semejante dislate, la Comisión Institucional fue capaz de apoyar una propuesta del Grupo Parlamentario Popular para la confección periódica por parte del Departamento de Presidencia de un boletín estadístico sobre datos de la función pública aragonesa.

El grado de irracionalidad en que parece instalado el Gobierno de Aragón en los temas de función pública tiene en esta cuestión un claro ejemplo: la negativa a dar datos, a hacer transparente y accesible la realidad de la función pública a todos los ciudadanos aragoneses es propia de una forma de gobierno incompatible con los principios de responsabilidad y de transparencia. Un Gobierno que no rinde cuentas es un gobierno que no merece la confianza de los ciudadanos para la gestión de los asuntos públicos. Así de claro.

Se reproduce a continuación el texto íntegro de la petición dirigida a la Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA):


“Sra. Presidenta del Consejo
Económico y Social de Aragón
C/ Costa, 18
50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 22 de diciembre de 2009.

Estimada Señora:

Me dirijo nuevamente a ese Consejo, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para reiterarle el interés que para el conocimiento de la realidad social y económica de Aragón tendría la realización de un estudio sobre la situación del conjunto de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La ausencia de un boletín estadístico que permita conocer las magnitudes de la función pública de las diferentes Administraciones aragonesas –autonómica y local-, su dimensión y evolución, en cuanto a efectivos, composición y coste económico, consideramos que es una grave carencia para entender la realidad económica y social de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Al margen del cometido propio de las Administraciones Públicas, el personal al servicio de las mismas constituye un elemento de decisiva importancia para determinar las características de una sociedad y la incidencia del sector público en la economía y producción de servicios de carácter esencial para la comunidad.

Comprendemos que, de acuerdo con lo señalado en su escrito de agosto de 2009, existan dificultades para acometer líneas de trabajo nuevas como la que le proponemos, pero imaginamos que la información que pueda obtenerse con una adecuada explotación de los datos existentes en los Registros de Personal de las Administraciones puede hacer realizable, con bajo coste, una oportuna aproximación a la realidad de la función pública aragonesa, contando para tal fin con la colaboración, entre otros, del Departamento de Presidencia –a través del Instituto Aragonés de Administración Pública- o de Política Territorial, al englobar dicho estudio el personal de las entidades locales aragonesas –provincias, comarcas y municipios-, cuyos datos entendemos debieran ser públicos y accesibles para todos los ciudadanos.

Constituye, a nuestro juicio, una grave carencia del conocimiento de la realidad de nuestra Comunidad Autónoma la ausencia de estudios rigurosos sobre el personal de las Administraciones Públicas, ausencia que, además, incide muy negativamente en la transparencia y obligada rendición de cuentas por parte de las Administraciones Públicas ante los ciudadanos: la realidad de la función pública, su dimensión, composición y coste, debiera explicarse desde las instituciones a los ciudadanos, corrigiendo la actual situación de desinformación.

Por todo ello, y al amparo del derecho fundamental de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que por parte de los órganos de decisión de ese Consejo se valore la oportunidad de iniciar una línea de análisis sobre la función pública de las Administraciones aragonesas, para conocer su dimensión, composición y coste económico, incluyendo el nivel autonómico, provincial, comarcal y municipal.

Agradeciendo su atención, reciba nuestro más cordial saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”