El Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja planteada por esta Asociación frente al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010, aprobado por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes de Aragón, para su tramitación y aprobación, respecto a diferentes previsiones que contiene su articulado en materia de retribuciones del personal al servicio de la Administración aragonesa.
Considera la Asociación que la inclusión en el articulado del Proyecto de Ley del anticipo a cuenta de la carrera profesional de los empleados públicos autonómicos, cuya aplicación para 2010 queda, sin embargo, en suspenso, así como la regulación del régimen retributivo para cierto supuesto de "promoción interna temporal", por la que se establece el derecho a percibir retribuciones básicas de grupo superior a ciertos funcionarios, contravienen frontalmente los términos de la legislación básica estatal, contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Ambas previsiones, impulsadas por el Gobierno de Aragón a partir de acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales en el marco de la negociación colectiva, carecen de cobertura legal -al no haberse aprobado todavía la Ley aragonesa de Función Pública que regula dicha carrera, en desarrollo del Estatuto Básico- o vulneran abiertamente la regulación legal vigente, en lo que respecta a la estructura salarial de los empleados públicos, y la definición de las retribuciones básicas y complementarias.
Esta Asociación -al igual que hizo en su momento con la irregular "cláusula de revisión salarial", pactada también en el ámbito de la negociación colectiva- está decidida a evitar que el régimen retributivo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma incorpore conceptos ilegales, contrarios a la legislación vigente, pues no cabe admitir que las mejoras salariales propugnadas por los sindicatos sean meras ilegalidades pactadas con el Gobierno de Aragón y, por lo tanto, constituyan un claro fraude presupuestario, lesivo para los ciudadanos y los intereses generales de la Comunidad Autónoma.
La legalidad y la transparencia de las retribuciones públicas constituyen principios irrenunciables en un Estado de Derecho, y por ello se hace necesario reaccionar frente a medidas que, pese a surgir de la negociación colectiva entre sindicatos y Administración, no respetan el marco legal ni la exigencia de cobertura presupuestaria, requisitos ambos a los que somete el Estatuto Básico del Empleado Público todo acuerdo alcanzado en la negociación colectiva, y que tanto el Gobierno de Aragón como los sindicatos de la función pública aragonesa parecen querer ignorar de manera reiterada.
Entendemos que las Cortes de Aragón, al tramitar y aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos, no pueden respaldar una actuación contraria a la legislación básica estatal, ya que ello viciaría de inconstitucionalidad a la Ley de Presupuestos aprobada. Por ello, además de la queja planteada ante el Justicia de Aragón, esta Asociación ha dirigido similar petición al Presidente de las Cortes de Aragón, al Presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos y a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.
Esperamos que la responsabilidad institucional de todos ellos evite que las medidas promovidas por el Gobierno de Aragón sean amparadas por las Cortes de Aragón, evitando que dicha Ley deba ser llevada ante el Tribunal Constitucional por contradecir la legislación básica estatal. De momento, el Justicia de Aragón ha considerado necesario el análisis de la cuesión planteada, y ha requerido al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, un informe sobre la cuestión. No obstante, no es descartable que dicho informe pueda no emitirse o demorarse y que la aprobación del Proyecto de Ley, por pura aritmética parlamentaria, suponga un nuevo desafío de nuestros responsables institucionales a la legalidad.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
21 comentarios:
Este es un tema de mucha enjundia.
Al que nadie quiere hacer frente.
¿Es mejor dejarlo correr?
¿Consentir el fraude presupuestario?
Lo malo es que quienes nos lucramos ilegalmente somos los propios funcionarios -todos y cada uno de nosotros- y no parece que podamos quedarnos impasible ante algo así.
Es una clara estafa a los ciudadanos.
Ellos son los que pagan y nosotros los que cobramos.
¿Da igual cobrar sueldos legales que ilegales?
¿Por qué tenemos que aceptar los resultados de una negociación colectiva ilegítima?
Supongo que es costoso sacar adelante temas como éste.
Bueno, esta tarde tomando unas cañas con un colega Arquitecto nos hemos enzarzado (a la 4ª, jeje) a discutir sobre el tema de currar o no de funcionario.
La verdad es que no teniamos ni puta idea, porque ninguno conocemos a nadie en la Administración. El caso es que yo defendia que se tiene que vivir como Dios con una plaza de funcionario clase A, tanto en salario (más que la privada??), como en horarios ( solo por la mañana a las 15:00 a casa??), como en vacaciones (1600/1700 horas????).
EL caso es que ahora pensándolo, no se si tendría razon, yo defendía que tiene que ser del estilo de las cifras que os he puesto, aunque ya os digo que era por polemizar, porque no tengo ni putisima idea.
¿Alguien sabe como anda esta peña?, me refiero a titulados tipo Ingenierios, arquitectos... es decir, funcionarios de arriba. Mi postura es que tienen, en lineas generales, que vivir mejor que en la privada.
No se, a ver si alguien me ilumina. Saludos.
No todos los funcionarios A son iguales, depende del cuerpo( no seais mal pensados) o de la administración que sea. No cobra lo mismo digamos... un Inspector de Hacienda, que un gestor financiero de una CCAA o que un tesorero de un ayuntamiento, ejem... siendo todos grupo A.
Ganar más, en terminos generales, si eres bueno en lo tuyo y te lo montas bien, ganarás más en la privada.
Si quieres vivir tranquilo, con seguridad, y sobre todo con tiempo para ti y los tuyos... funcionario.
Y si ya puedes compaginar las dos cosas... como muchos hacen... has triunfado.(vease medicos con sus consultas, o arquitectos/abogados/economistas... con sus despachos)
Bueno, la pregunta iba más por una titulación de tipo Arquitecto Superior/Ingeniero.
Lo que me sorprende es que me digas (como mi colega), que en la privada se gana más. Yo pensaba que con esa titulación en la Administración te llevabas un pastizal..
La verdad es que esto de los funcionarios parece un submundo, es dificil encontrar información.
Las oposiciones para arquitectura/ingenieros, específicas para estas titulaciones, salen a cuenta gotas.
POr ahi he leido que el salario base para un arquitecto de la junta de andalucia no llega a 1500euros... que es también el sueldo base de los grupos superiores de la junta(A)...
... así que está claro que el que se pelea por ser funcionario no es para hacerse rico...
En la Administración Pública hay dos reglas básicas (que como en todo, hay excepciones) en lo que a sueldos se refiere:
Regla número 1: A igualdad de rango más se cobra cuanto más "descentralizado" esté el organismo para el que trabajes. Un auxiliar del estado gana menos que uno de una comunidad autónoma y el de la comunidad autónoma menos que uno de un ayuntamiento. Hay funcionarios del grupo C2 que ganan 900 euros pelados y los hay que llegan a los 1400.
Regla número 2: En puestos básicos (C1, C2 y E) se gana por norma general más en la pública, en puestos directivos más en la privada.
Un grupo A de mi comunidad autónoma (según he leído en un periódico es de las que mejor paga a sus grupo A) con un par de trienios y sin jefaturas ni cosas raras que disparan un sueldo gana entre 35 y 40.000 euros. Lo que vienen a ser 2000 euros pelados en 14 pagas...dignísima retribución pero nada que ver con un sueldo de alto directivo. Así que quién crea que siendo funcionario ( obviando a notarios y registradores varios) puede hacerse rico sin chanchullear está equivocadísimo. El principal activo del empleo público son las 35 horas semanales y la estabilidad laboral. Pecuniariamente no es nada del otro jueves esto de la función pública.
en la administracion general del estado depende tambien del ministerio, en el mio, interior, un grupo A no llega a los 2000 euros, decir ademas, que las dos pagas extras no son completas, se queda en menos.
ser funcionario no es ningun chollo...
depende del nivel de estudios que tengas y de si pillas plaza en tu lugar de origen o no.
aparte, hay ciertas cosas como la estabilidad laboral y los derechos que adquieres como trabajador, que en la privada son impensables
Pues mi jefe de Servicio -D.G.A.- se lleva mas de 73.000 €, sin contar trienios, dietas, locomociones, cursos, cursillos .... eso sí, es un puesto de libre disignación (Ay, los clanes!) no lo consiguió por sus MERITOS, y si esto fuera una empresa privada no creo que estuviera ahí.
RRHH Digital. El Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja planteada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa frente al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010, aprobado por el Gobierno de Aragón y remitido a las Cortes de Aragón, para su tramitación y aprobación, respecto a diferentes previsiones que contiene su articulado en materia de retribuciones del personal al servicio de la Administración aragonesa.
Esta Asociación considera que la inclusión en el articulado del Proyecto de Ley del anticipo a cuenta de la carrera profesional de los empleados públicos autonómicos, cuya aplicación para 2010 queda, sin embargo, en suspenso, así como la regulación del régimen retributivo para cierto supuesto de "promoción interna temporal", por la que se establece el derecho a percibir retribuciones básicas de grupo superior a ciertos funcionarios, contravienen frontalmente los términos de la legislación básica estatal, contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Ambas previsiones, impulsadas por el Gobierno de Aragón a partir de acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales en el marco de la negociación colectiva, carecen de cobertura legal -al no haberse aprobado todavía la Ley aragonesa de Función Pública que regula dicha carrera, en desarrollo del Estatuto Básico- o vulneran abiertamente la regulación legal vigente, en lo que respecta a la estructura salarial de los empleados públicos, y la definición de las retribuciones básicas y complementarias.
Esta Asociación -al igual que hizo en su momento con la irregular "cláusula de revisión salarial", pactada también en el ámbito de la negociación colectiva- está decidida a evitar que el régimen retributivo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma incorpore conceptos ilegales, contrarios a la legislación vigente, pues no cabe admitir que las mejoras salariales propugnadas por los sindicatos sean meras ilegalidades pactadas con el Gobierno de Aragón y, por lo tanto, constituyan un claro fraude presupuestario, lesivo para los ciudadanos y los intereses generales de la Comunidad Autónoma.
La legalidad y la transparencia de las retribuciones públicas constituyen principios irrenunciables en un Estado de Derecho, y por ello se hace necesario reaccionar frente a medidas que, pese a surgir de la negociación colectiva entre sindicatos y Administración, no respetan el marco legal ni la exigencia de cobertura presupuestaria, requisitos ambos a los que somete el Estatuto Básico del Empleado Público todo acuerdo alcanzado en la negociación colectiva, y que tanto el Gobierno de Aragón como los sindicatos de la función pública aragonesa parecen querer ignorar de manera reiterada.
Desde la Asociación esperan que la responsabilidad institucional de todos ellos evite que las medidas promovidas por el Gobierno de Aragón sean amparadas por las Cortes de Aragón, evitando que dicha Ley deba ser llevada ante el Tribunal Constitucional por contradecir la legislación básica estatal. De momento, el Justicia de Aragón ha considerado necesario el análisis de la cuesión planteada, y ha requerido al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, un informe sobre la cuestión.
Bien está que se recoja esta cuestión en medios digitales, al menos.
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