LA NUEVA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN DEBERÁ GANARSE SU CREDIBILIDAD.

La aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón de la Ley de creación de la Cámara de Cuentas de Aragón, llevada a cabo en el día de hoy, marca el final de un episodio bochornoso para nuestra Comunidad Autónoma, como era la inaplicación durante más de dos legislaturas de una ley que creó un órgano de control de la actividad económica y financiera del sector público de la Comunidad Autónoma que nunca se constituyó ni entró en funcionamiento. Tal inaplicación vino a coincidir, curiosamente, con una etapa de crecimiento exponencial del sector público aragonés, dada la llamativa tendencia del Gobierno de Aragón a dotarse de entidades y empresas públicas sujetas al derecho privado, con las que instrumentar numerosas políticas públicas, en claro detrimento no sólo de la función pública sino también de la iniciativa privada.

Las causas de un incumplimiento tan manifiesto del ordenamiento jurídico -como es desconocer que la ley constituye un mandato para los poderes públicos- no han sido, sin embargo, suficientemente explicadas. Los Grupos Parlamentarios y el Gobierno de Aragón parecen considerarse exentos del deber de rendir cuentas a los ciudadanos por lo sucedido en estos últimos ocho años. La nueva Ley, con su mera aprobación, no puede borrar, sin más, la grave sensación de incumplimiento institucional del ordenamiento jurídico provocada por la no constitución de la Cámara de Cuentas ya creada en 2001.

La aprobación por unanimidad de la nueva ley, que viene a desarrollar el vigente Estatuto de Autonomía y a derogar la anterior ley de 2001, cuyo incumplimiento ha puesto inevitablemente en entredicho la credibilidad de nuestra Comunidad Autónoma, no puede pasarse por alto. Es sin duda resultado de un pacto político entre todas las fuerzas con representación en las Cortes de Aragón. Pero nuevamente, una ley decisiva para la conformación del entramado institucional de la Comunidad Autónoma se elabora sin un debate previo que asegure la intervención de expertos y, además, su aprobación por el procedimiento de lectura única reduce a la mínima expresión el debate parlamentario. Dicho procedimiento -el de lectura única- debiera reservarse para normas de escaso alcance y complejidad, lo cual no creemos que pueda predicarse de la regulación de la Cámara de Cuentas.

Esta Asociación, que ha venido denunciando desde el primer momento de su creación, la inaplicación de la Ley de 2001, por la que se creó la Cámara de Cuentas de Aragón, no puede dejar de manifestar su satisfacción por el impulso dado a dicho órgano de control, pero dicha satisfacción va acompañada por igual dosis de cautela.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha alertado sobre la inoperancia de los controles administrativos frente a la ilegalidad -algo que se percibe no sólo en el ámbito del urbanismo- y la necesidad de acudir a la vía penal como único cauce eficaz para frenar la corrupción pública.

La Cámara de Cuentas de Aragón, no puede obviarse, nace en un momento comprometido de nuestras instituciones -en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia los gestores públicos- y lo hace necesariamente lastrada por los anteriores incumplimientos. Por ello, su prestigio y credibilidad deberá ganarlo con la independencia y el rigor en su trabajo de control de la actividad del sector público aragonés.

Debe recordarse, en todo caso, que los órganos de control externo autonómicos, como la Cámara de Cuentas de Aragón, carecen de competencias en materia de enjuiciamiento contable -pues la función jurisdiccional es exclusiva del Estado- y que sus funciones se limitan a la fiscalización del gasto público. No es escasa la labor que puede realizar en este campo, pero el control de responsabilidad contable en que se pueda incurrir por mala gestión seguirá siendo función exclusiva del Tribunal de Cuentas estatal, lo cual, a nuestro juicio, constituye una clara garantía para la defensa del Estado de Derecho.

Por último, esta Asociación queda a la espera de la aprobación final de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010, sobre la cual se formularon algunas advertencias de inconstitucionalidad respecto a ciertos preceptos relativos al régimen de retribuciones en la función pública autonómica.

No sería un buen augurio para la futura Cámara de Cuentas que la aprobación de su ley fuese acompañada de la aprobación de una Ley de Presupuestos en la que se conculcase la legislación básica estatal en materia de retribuciones públicas. No se pueden promover controles con credibilidad si al mismo tiempo se carece del más elemental sentido de la legalidad presupuestaria.