Zaragoza, 9 de marzo de 2009.
Las informaciones que han comenzado a trascender sobre supuestos de corrupción pública en las distintas Administraciones Públicas han dejado de ser episódicas –por mucho que se quieran presentar así- para convertirse en indicios de una probable corrupción sistémica de nuestras organizaciones públicas.
No sabemos determinar –tarea siempre imposible- el alcance y la gravedad de esta corrupción, aunque puede intuirse que ninguna Administración que fuese objeto de una minuciosa investigación se vería exenta de irregularidades en el uso de los fondos públicos y de prácticas que podrían calificarse de corrupción pública, ya sea política o administrativa.
Las circunstancias –y el hecho evidente de que España no hace sino empeorar en las encuestas anuales que sobre corrupción realiza la organización Transparencia Internacional- aconsejan preguntarse sobre la existencia de una estrategia en nuestras Administraciones Públicas para prevenir y corregir la corrupción pública, en el conjunto de sus posibles manifestaciones o modalidades.
Debe subrayarse, en primer lugar, la falta de liderazgo político que en la materia se percibe en nuestras instituciones públicas, al margen de algunas iniciativas adoptadas en la Administración General del Estado.
Los responsables directos de los asuntos públicos, ya sean responsables políticos o servidores públicos, tendrían que expresar de forma clara e inequívoca su compromiso con la legalidad y la ética pública y deberían señalar las medidas que han adoptado –al margen de toda retórica- para evitar que la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas pueda ser defraudada por quienes las dirigen o trabajan en ellas.
Quienes trabajamos en la Administracion autonómica –en cualquiera de sus niveles de gestión- sabemos perfectamente que no existe estrategia alguna de prevención y lucha contra la corrupción pública.
Sabemos también que los responsables máximos de la Comunidad Autónoma de Aragón no han formulado jamás un compromiso expreso con los principios de la ética pública, algo que sólo puede observarse con preocupación, ya que tal actitud traslada un mensaje nada positivo al conjunto de los empleados públicos, cuyo compromiso con la legalidad puede carecer del necesario respaldo político si interfiere con objetivos concretos –lícitos o no- de la acción del Gobierno.
Es cierto que el Estatuto Básico del Empleado Público incorpora en su articulado un código ético de conducta para el conjunto de los empleados públicos, en el que ningún hincapié se ha hecho por parte de los responsables de función pública o por las organizaciones sindicales.
Este código, como ha señalado reiteradamente esta Asociación, es insuficiente para impulsar un comportamiento ético en el conjunto de los servicios públicos aragoneses, pues no cabe esperar un comportamiento ético de los empleados públicos si los responsables máximos de la Administración no impulsan y aseguran un clima ético en el conjunto de la organización.
En este contexto, esta Asociación va a insistir ante el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón en la necesidad de adoptar un Código de Buen Gobierno por parte del Ejecutivo aragonés y de los órganos de dirección del Parlamento autonómico, así como en la conveniencia de elaborar una estrategia de fortalecimiento de la ética pública, con un compromiso público e inequívoco por parte de sus máximos responsables.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
21 comentarios:
Los compromisos inequívocos deben ir acompañados de medidas concretas: la creación de la Cámara de Cuentas; la contestación en plazo al Justicia en cumplimiento estricto de la Ley; la información sin maniobras elusivas a la oposición en las Cortes de, por ejemplo, el personal de las empresas públicas; la disminución palpable y tangible de los puestos de libre designación y comisiones de servicios; la reducción de institutos autónomos y todas aquellas formas paralelas de administración que eluden la fiscalización previa de los órganos de intervención... Mientras no se reduzcan los márgenes de discrecionalidad no hay nada que hacer. ¿De qué sirve, por ejemplo, una Ley de Contratos si luego se crean todos los órganos y se ensayan todas las fórmulas para evitar sujetarse a la misma?
El clientelismo y el abuso de poder siguen vigentes, cada vez con más fuerza. La confusión interesada entre lo privado y lo público está haciendo fortuna nunca mejor dicho ). Intereses economicos compran sin escrúpulos la voluntad ciudadana. ¿ Y qué hacen los partidos políticos al respecto?. Cara a la ciudadanía, propósito de enmienda; internamente, son presos de su endogamia.
A excepción de la creación de la Fiscalía Anticorrupción, pocas reformas institucionales se han llevado a cabo en las últimas décadas para limitar la corrupción en España.
El cortocircuito democrático que se produce en la vida interna de los partidos políticos, aleja a los ciudadanos de los mismos. Estas organizaciones, que forman parte de la arquitectura constitucional y que son el medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida pública, deben funcionar democráticamente por imperativo de la Constitución Española.
Se dan frecuentes casos en los que la simple discrepancia, siquiera sea para postular saludable regeneración, o para denunciar actitudes y comportamientos personales que dañan a los fines, a la imagen y a los postulados de la formación de que se trate, es sancionada depurado al disidente, de forma contundente, alborozadamente y hasta con publicidad, para que sirva de escarmiento; ignorando que el derecho a militar en un partido político es un derecho constitucional y que la vigente Ley de Asociaciones, base jurídica de las formaciones políticas, proclama que la libertad para asociarse es connatural al hombre, debiendo el Estado ampararla.
Y es que el aparato del partido (casi siempre en manos de unos pocos, revestidos de potestas que no de auctoritas), la excesiva burocracia interna, la pugna por el poder en el seno de la organización, y el culto a la loa y a la sumisión, hasta hacerlas virtud, son absolutamente incompatibles con la crítica, la saludable discrepancia y el debate transparente.
La profesionalización de la clase dirigente política, que conduce inevitablemente a la mediocridad, hace mella igualmente en la credibilidad de nuestros servidores públicos. Las listas cerradas se elaboran casi clandestinamente en un despacho, marginándose en este proceso a las bases, lo que provoca un déficit democrático, primando la fidelidad sectaria sobre cualquier criterio de excelencia personal o profesional. El envilecimiento de la actividad democrática que tiene su origen en este estado de cosas, resulta obvio.
Una vez más nos desayunamos con las noticias de tramas de corrupción que afectan a diferentes niveles de la gestión pública en España. Por un lado, tenemos la corrupción municipal, ligada a la explosión inmobiliaria, que ha llevado a la cárcel tras ser imputados por los delitos de cohecho, blanqueo de dinero, falsedad documental y prevaricación urbanística al alcalde socialista de Alcaucín (Málaga) y al Jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, quedando el aparejador municipal y el asesor jurídico del municipio en libertad con cargos. Por otro lado, varios diputados regionales de Madrid y Valencia, los alcaldes de Arganda y Pozuelo y otros cargos y excargos municipales y autonómicos se han visto imputados en una trama de comisiones irregulares, sobornos y adjudicación fraudulenta de contratos (aparte de la sospecha de financiación irregular del Partido Popular). Sin entrar en los detalles de ambos casos, de nuevo se percibe un asunción casi comprensiva por parte de la ciudadanía de todas estas trapacerías alumbradas al cobijo de la función pública (política y administrativa). Incluso en Alcaucín se ha aclamado al alcalde ahora detenido y, en general, este tipo de comportamientos son poco censurados y hasta tolerados, confundiéndolos con una falsa prosperidad económica. Y en este punto llegamos al nivel macro, porque basta mirar a ese espejismo global de la economía financiera y la desregulación de los mercados, que se ha roto en mil pedazos y que nos ha conducido a una crisis económica de enormes proporciones. Aquí también se ha producido una tolerancia cuando no complicidad de los estados y gobiernos que, como recordaba José Vidal-Beneyto (“El arma del crimen”, EL PAÍS 31-12-2009), han contribuido a la arquitectura financiera (paraísos fiscales, hedge funds, opacidad de las transacciones, libertad de circulación de capitales, etc.) cuya protección jurídica venía otorgada precisamente por los estados que, a la vez, contribuían a inflar la burbuja con la incitación al crédito mediante el reducido coste del dinero impulsado por los bancos centrales. Decía Vidal-Beneyto en el artículo mencionado: “… hoy, la generalización y persistencia de las prácticas corruptas no sólo ha trivializado su uso, sino que lo han connaturalizado, inscribiéndolo, con todos los honores, en el patrimonio de los comportamientos legítimos y necesarios de nuestra contemporaneidad. Esto es lo que explica lo más perturbador del universo actual de la corrupción: su celebración no sólo por sus protagonistas y beneficiarios, sino también por quienes la sufren, por su víctimas”.
Y no podemos olvidar que la corrupción es incompatible con la democracia, siendo una de las manifestaciones más deletéreas del desgobierno de lo público, como ha repetido en su agudos ensayos Alejandro Nieto, ya que se extiende por todos los tejidos estatales hasta desvirtuar la última de sus instituciones (Alejandro Nieto, El desgobierno de lo público, Barcelona, Ariel)
En tanto no exista un esquema que garantice que los aspirantes a cargos públicos de elección (políticos) posean verdadera integridad y respondan al interés general, la responsabilidad de garantizar la marcha del Estado descansa en los funcionarios al ser éstos los encargados directos de la operación de las instituciones. Sin la vigilancia que ellos realizan el riesgo de corrupción y de una incompetencia generalizada sería evidente.
El buen funcionario se guía, por un lado, por principios acordes a la naturaleza del Estado a que pertenece plasmados en un marco jurídico (Constitución, Estatuto), y por otro, por un marco normativo establecido en los Código Éticos. El buen funcionario público existe para garantizar los fines del Estado y no los intereses individuales o de grupos partidistas. Se convierte así en un dique, no sólo al político cuando pretende desviar los cauces formales, sino a todo aquel que fomente conductas basadas en antivalores.
En diciembre de 2005, apareció por primera vez en la historia de España El Código de Buen Gobierno para los miembros del gobierno. Dicha normativa resulta relevante como resultado de un cambio de administración, un gobierno de derecha fue sustituido por uno de izquierda en un entorno marcado por los atentados de atocha en el 2004. El tema de la ética dentro de la vida pública española ha cobrado relevancia gracias a diversas situaciones que se han producido en los últimos años, por ejemplo la invitación de la OCDE en la década de los noventa (siglo XX) para fomentar programas de ética en los países miembros, el ejemplo dado por el Reino Unido a través del Comité Nolan, la emisión de un Código de Buen Gobierno así como del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público que incluye una parte relativa al tema de la ética.
Todo Código de Gobierno destaca la importancia de los valores tanto para los Estados como para los individuos. Entre los valores más comunes que se mencionan se encuentran la justicia social, la dignidad, el respeto a la igualdad del hombre y la mujer, la tolerancia o la comprensión. También presentan algunas cualidades o virtudes que debe poseer el individuo miembro de la organización tales como: integridad, honradez, veracidad, imparcialidad o incorruptibilidad. ¿Pero verdaderamente son útiles?
Pese a que los códigos de ética son un instrumento para la promoción y fomento de valores, no son un fin, es decir, no basta con lograr su aparición. Los Códigos son un instrumento importante pero incompleto, son una parte que debe estar acompañada del resto del cuerpo. Una vez elaborado un Código de Gobierno, para ser efectivo requiere su divulgación en dos frentes: en lo interno y en lo externo. El frente interno se refiere a que se de a conocer dentro de las instituciones públicas; mientras que el frente externo se refiere a darlo a conocer a los ciudadanos y principales usuarios de las instituciones mediante diversas vías entre ellas, a través de los medios de comunicación de manera que se conozca su contenido. Más aún, debe emplearse para impartir capacitación regular, de manera que grupos de funcionarios se reúnan para discutir los dilemas que surgen en los quehaceres de su vida laboral diaria.
Cuando los códigos carecen de una estrategia de comunicación, cuando los principios y valores sólo se quedan en el escritorio y no se trasladan al corazón de los servidores públicos, a la discusión de valores y a la asimilación de éstos, se convierten en letra muerta.
¿es el destino que le espera al código de conducta del Estatuto Básico del Empleado Público?
El Código de Buen Gobierno debe tener fuerza jurídica vinculante; su infracción debería de tener consecuencias jurídicas. En otro caso se quedará en otra de esas "operaciones cosméticas", como decía en la pasada Asamblea de la Asociación uno de nuestros compañeros.
El Código aprobado por el Gobierno de la Nación (española, precisión necesaria a la vista de tantas naciones como van brotando en la piel de toro) no ha tenido ninguna eficacia; tan sólo sirve para que los correspodientes diputados del partido que gobierne puedan decir de sí mismos lo majetes que son.
Por tanto, un Código ético con consecuencias jurídicas para los miembros del Gobierno de Aragón.
Un saludo.
No va a haber ningún pronunciamiento de esas características por parte de ningún político aragonés con responsabilidades de gobierno.
¿Cuáles pueden ser los motivo para ello? Que cada cual piense en ello, pero es evidente que al no hacerlo no se ponen frente a la corrupción. Queda la duda de si se inhiben ante ella o si incluso la amparan. Es lo que tiene no tomar partido público contra ella, y no vale esperar a tomar medidas cuando sale a la luz por la prensa o los tribunales.
¿Qué es la vida pública? ¿Jugar al escondite? ¿A ver si no nos descubren?
Al ver estos días Jesucristo Superstar,en la representación ofrecida en el Teatro Principal,y oir al protagonista cantar lo de tres años que parecen treinta, o casi un siglo, he pensado en los dos años de vida de esta asociación, que no sé si parecen veinte, pero que son mucho más que dos años de anodina rutina y aceptación resignada de la evolución de las cosas. Dos años para mantener en pie un proyecto que pone en cuestión el actual estado de la función pública aragonesa, desde la reivindicación de los valores constitucionales.
Un proyecto evidentemente minoritario, pero el principio de legalidad no está sujeto a las leyes de la mayoría sino a la tutela de los tribunales, algo que parece haberse olvidado por buena parte de nuestros responsables políticos.
Por lo que veo hoy en Heraldo de Aragón, los contenidos de este blog acaban por aflorar en la sección de cartas al director, reflejando la preocupación que sus contenidos producen en los ciudadanos.
Los mensajes acaban por llegar.
Dos sexenios para ti, nueva canción de moda entre los funcionarios de la DGA, con letra y música del maestro Brun.
Me comentan que alguien en vuestra asamblea echó de menos el no haberse podido ocupar de las empresas públicas.
Y hablando de ese tema, si no me equivoco, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dice en su artículo 61 que la creación de los Organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales se efectuará por Ley, y que la Ley de creación establecerá el tipo de Organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Ministerio u Organismo de adscripción, y, en su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley.
Esto que es de aplicación en la Administración General del Estado, en Aragón no lo es. En Aragón las empresas públicas se crean por Decreto, esto es, por acuerdo del Consejo de Gobierno, sin análisis ni debate en las Cortes. La creación de un monstruo empresarial como pueda ser Sodemasa se hurta al debate de las Cortes, mientras que allí se debaten cuestiones menores como la creación del Instituto Aragonés de Ciencias para la Salud, que es un ente menor, inútil y prescindible.
¿Os habéis palnteado este tema?
Buen día para todos.
Acabo de enterarme en un diario electrónico que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley en la que se propone que el gobierno publique en la página web del 060 los proyectos de ley que va a llevar a las Cortes, con los antecedentes necesarios, para que la gente pueda participar y realizar alegaciones.
Un saludo
¿Se sabe algo de las sentencias pendientes de los recursos que ha planteado la asociación?
Creo que es un tema interesante el rango de la norma por la que se crea cada ente público. Lo que creo que hay que reivindicar es, en primer lugar, que los Decretos de creación de las empresas sean siempre conforme al procedimiento de aprobación de normas reglamentarias, pues el ejercicio de funciones que se les atribuye tiene siempre relevancia organizativa y afecta al régimen de competencias de un Departamento.
Además, debiera establecerse un trámite de control parlamentario, de modo que el Ejecutivo no pueda crear aquellas empresas que no obtengan el visto bueno de las Cortes de Aragón, y ello aunque no sea necesaria que su aprobación se haga por ley.
Podría ser una manera de racionalizar la hipertorofia empresarial que sufre la Comunidad Autónoma de Aragón.
Leo hoy en la prensa aragonesa una columna de opinión donde se descalifica a los funcionarios públicos de una forma generalizada, con un análisis que creo carente de rigor y con el cual sólo se viene a fomentar, de forma caricaturizada, el cliché del funcionario antipático e ineficiente que creo no se corresponde en absoluto con el perfil de la mayor parte de quienes atienden los servicios públicos de nuestra administración.
Sería oportuno que la asociación intentase también puntualizar excesos como el de hoy, en los que se distorsiona la imagen del "funcionario público" hasta llamarlo perdonavidas.
Una critica que hace Adela Cortina respecto de la situación ética en España es la siguiente: “El nepotismo y el amiguismo, el amor propio y el afán de poder, únicos móviles que entienden la mayor parte de los agentes de la vida social, hacen que en nuestro país aún no hayamos llegado al Estado de derecho, que estemos en un mal feudalismo del que quedan usos tales como la arbitrariedad del señor, el servilismo de los vasallos y el derecho de pernada”.
REELECCIÓN DEL ACTUAL JUSTICIA DE ARAGÓN.
Fernando García Vicente, con sesenta y cinco votos a favor, ha renovado por tercera vez la confianza de los parlamentarios aragoneses, ante los que ha jurado su cargo con la intención, entre otras prioridades, de hacer respetar el Estatuto de Autonomía.
Me parece que es una buena noticia para esta Asociáción.
Creo que la cosa es meridiana: el responsable que no condena la corrupción y la ataja de forma decidida demuestra que, al menos, la tolera, y ojalá sólo fuera eso, a pesar de lo grave que resulta tolerar el asalto a la democracia por quienes en teoría han de estar al servicio de los ciudadanos.
tODO ESTO SE DIJO ANTES DE QUE ESTALLASE LO DE LA MUELA? CÓMO SE PUDO SER TAN OPORTUNO?
Publicar un comentario