Zaragoza, 19 de diciembre de 2008.
La actual tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2009, ha aconsejado que esta Asociación se haya dirigido a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para reiterarles, una vez más, su posición respecto a la cláusula de revisión salarial pactada en su día por Administración y Sindicatos. Esta cláusula ha sido aplicada por el Gobierno de Aragón al margen de la legalidad presupuestaria en materia de retribuciones de los empleados públicos, pues a nunca fue incorporada a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, careciendo por ello del refrendo necesario de las Cortes de Aragón, a las que compete aprobar o autorizar los gastos públicos, como expresamente se señala en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Como ya señalamos días atrás en este blog, el actual Proyecto de Ley de Presupuestos remitido por el Gobierno de Aragón al Parlamento autonómico, de una manera sorprendente, prevé la inaplicación de una cláusula que nunca se ajustó a los requisitos exigidos para adquirir eficacia. Dado el absurdo legal que ello supone, esta Asociación se ha dirigido por escrito a los diferentes Grupos Parlamentarios, para solicitarles la modificación de la previsión de inaplicación contenida en el artículo 20.3 del texto del Proyecto de Ley, con el fin de reconducir de forma definitiva a la legalidad el régimen de incremento retributivo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
A continuación, se reproduce íntegramente el escrito remitido a los Grupos Parlamentarios:
“Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-Zaragoza
Zaragoza, 19 de diciembre de 2008.
Estimados señores:
El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2009 incluye, dentro del Título relativo a créditos de personal, la siguiente previsión: "Con cargo a los créditos presupuestarios del año 2009, no se abonará retribución alguna que vaya vinculada a la evolución de índices sujetos a variación del presente o anteriores ejercicios" (artículo 20.3 del Proyecto de Ley).
Llama la atención que la no aplicación durante el ejercicio de 2009 de la cláusula de revisión salarial, pactada en su día por Administración y Sindicatos y aplicada reiteradamente por el Gobierno de Aragón sin necesidad de su inclusión en las Leyes anuales de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, se incorpore por vez primera en las normas presupuestarias de la Comunidad Autónoma de Aragón y que tal incorporación se realice, precisamente, para excluir su abono. Parece que, con ello, se olvida que la función básica de las leyes de presupuestos es la de autorizar gastos públicos y no la de prohibirlos o excluirlos, pues la no autorización de un gasto bastaría para impedir su realización, particularmente en lo que afecta al incremento anual de retribuciones de los empleados públicos, al quedar sujeto legalmente al límite fijado por las leyes de presupuesto de cada ejercicio.
Esta Asociación solicitó en su día a los Consejeros de Presidencia, Javier Velasco, y de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, que el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008 incorporase la cláusula de revisión salarial que se decía haber pactado en el marco de la negociación colectiva -acuerdo que vinculaba al Gobierno de Aragón al confeccionar el Proyecto de Ley, pero no a las Cortes de Aragón en su tramitación y aprobación-, petición que no fue atendida ni contestada. Dicha falta de inclusión, sin embargo, no fue óbice para que se abonase una paga compensatoria del 1’2% diferencial entre el incremento autorizado legalmente y la evolución interanual del IPC.
Al haberse abonado tal cláusula durante el ejercicio del 2008, pese a no haberse autorizado por la Ley de Presupuestos, se remitió escrito a los órganos de gobierno de las Cortes de Aragón para que se requiriese al Gobierno de Aragón la anulación del acuerdo de aplicación y abono de tal cláusula de revisión salarial, ya que tal decisión constituía una invasión de la potestad presupuestaria de las Cortes de Aragón, además de un claro incumplimiento de la legalidad presupuestaria aplicable en materia de retribuciones de los empleados públicos. Hasta la fecha, esta Asociación no ha recibido respuesta alguna de los órganos de las Cortes de Aragón a los que dirigió tal petición.
Ahora observamos que el Gobierno de Aragón, con los términos del Proyecto de Ley remitido a las Cortes de Aragón, se desvincula de los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales y, sin que conste un acuerdo de negociación colectiva sobre anulación o inaplicación de dicha cláusula, incluye en dicho Proyecto de Ley un precepto con la exclusiva finalidad de inaplicar dicha cláusula de revisión salarial durante el presente ejercicio.
Consideramos que ni entonces –cuando aplicó una cláusula no autorizada por las Cortes de Aragón en la Ley de Presupuestos aprobada- ni ahora –al pretender la inaplicación de una cláusula pactada en el ámbito de la negociación colectiva, sin renegociación o denuncia de dicho acuerdo- el Gobierno de Aragón se ha ajustado a la legalidad en materia presupuestaria, ni ha respetado la regulación básica sobre las condiciones de negociación colectiva en el ámbito de la función pública, especialmente en lo que afecta al incremento anual de las retribuciones de los empleados públicos.
No parece admisible que se pretenda ahora la inaplicación durante 2009 de un acuerdo alcanzado en el ámbito de la negociación colectiva que no se sometió a ninguno de los requisitos legalmente requeridos para dotarlo de eficacia –depósito en la Oficina pública establecida y aprobación expresa por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma- y que dicho acuerdo pueda quedar, pese a ello, en estado latente, posibilitándose su aplicación en el futuro, en aquellos ejercicios en que no se contenga una previsión como la introducida en el artículo 20.3 del actual Proyecto de Ley de Presupuestos.
Esta Asociación cuenta con un especial interés en que la gestión de los créditos de personal realizada por el Gobierno de Aragón sea transparente y acorde a la legalidad, por lo cual se dirige a ese Grupo Parlamentario para solicitarle que, mediante las iniciativas parlamentarias que considere oportunas, promueva la supresión en el Proyecto de Ley del artículo 20.3 señalado, por razones técnicas, al constituir una clara vulneración de la legislación básica de función pública, y, en su lugar, se incluya la clara previsión de que el Gobierno de Aragón no aplicará en materia retributiva ningún acuerdo alcanzado en el ámbito de la negociación colectiva que no se recoja expresamente en la Ley y se ajuste a los límites presupuestarios establecidos en ella. Con ello, lograría restablecerse plenamente la legalidad en esta materia.
Agradeciendo su atención nuevamente, les reiteramos nuestro más respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
12 comentarios:
Hablemos todo lo que haga falta de esta tema tabú, que nadie quiere ni oir mentar. ¿Por qué será?
Muy acertado el brevísimo pero enjundioso comentario sobre los gastos de representación, publicado en Heraldo ayer sábado.
No hay que permitir que el tema se entierre, con el acuerdo general de aquí no ha pasado nada.
Vamos a ver lo que aprueban finalmente las Cortes de Aragón, pues así sabremos a qué atenernos.
Veo que la Asociación comienza a trabajar también en fin de semana, lo cual ya es trabajar, así que comiencen a preocuparse los que estén actuando indebidamente desde sus cargos públicos. No hay que dar tregua. ¿Tampoco navideña?
En este tema no se puede desistir, y si en Aragón no se quiere hacer nada, habrá que ir a otros ámbitos, como el Tribunal de Cuentas, y que decidan, pero que no quede por nosotros.
¿Quién concede valor a la legalidad cuando la ilegalidad favorece sus intereses económicos? ¿Entonces todos coincidimos en la corrupción, de mayor o menor grado?
¿Son conscientes los propios diputados de lo que está juego en este asunto?
¿Y esto mismo no pasa en otras administraciones y sus funcionarios no ponen ningún inconveniente a esa supuesta ilegalidad?
Uno tiende a ver siempre justificado cualquier incremento retributivo, y además ya están otros encargados de velar por el respeto de la legalidad, como la Intervención General, o ¿es que tenemos que poner en duda su labor?
Yo creo que la Asociación debe dirigir un escrito denunciando esta situación al Tribunal de Cuentas. Hay instituciones del Estado que deben velar por el cumplimiento de la Ley.
Tal cual estaba en el proyecto de ley se ha aprobado por las Cortes de Aragón. ¿Y ahora?
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