Zaragoza, 18 de septiembre de 2008.
No hace mucho tiempo, desde el Gobierno de Aragón, según recogía la prensa, se afirmaba que la congelación de los sueldos de los altos cargos de las instituciones públicas, impulsada desde la Ejecutiva Federal del PSOE, era demagógica y que el coste que representaba tal subida era “el chocolate del loro”. Ahora, sin embargo, y en clara contradicción con lo dicho entonces, se pasa a sostener lo contrario: el carácter simbólico y ejemplarizante de la congelación de sueldos de los altos cargos, como muestra de solidaridad con quienes sufren la crisis económica.
¿Qué razones hay para llamar solidaridad lo que hace unos días no era sino demagogia?
Ninguna razón se aporta para justificar el cambio producido. Probablemente, la decisión ahora adoptada es la verdaderamente demagógica, por tratarse de una medida de simple apariencia, de supuesto ejercicio de responsabilidad y ejemplo de austeridad, para a continuación mantener el mismo estado de cosas, sin avanzar en el control de eficiencia del gasto público.
A juicio de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa , la deficiencia en el control de una correcta gestión del gasto público tiene, entre otras, tres claras manifestaciones: la falta de respeto a la legalidad presupuestaria y al sometimiento del gasto público a los límites legales –de lo cual la aplicación de una cláusula de revisión salarial, sin amparo legal alguno y claramente contrario a la normativa presupuestaria, sería un claro ejemplo, revisión que, ha de subrayarse, se hizo extensiva también a los altos cargos autonómicos-, la falta de transparencia en las retribuciones de los altos cargos –con la percepción de dietas por la asistencia a los numerosos consejos de administración de empresas y entidades públicas, percepción suprimida en el ámbito de la Administración General del Estado por la ley de conflictos de intereses de altos cargos- y el aplazamiento sine die de la entrada en funcionamiento de la Cámara de Cuentas, órgano de control de las cuentas públicas, regulado por una Ley de 2001, lo que constituye una de las más graves patologías institucionales de la Comunidad Autónoma.
El contexto de falta de transparencia y efectivo control del gasto público y del régimen retributivo, tanto de los altos cargos como del conjunto de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, es lo que permite calificar de “demagógica” la decisión de congelación de salarios acordada por el Gobierno de Aragón para el conjunto de las altos cargos de la Administración autonómica. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa considera que la mejor solidaridad con los ciudadanos por parte de los cargos públicos es una responsable y eficiente gestión de los recursos que tienen asignadas las administraciones públicas para el cumplimiento de sus fines.
¿Qué razones hay para llamar solidaridad lo que hace unos días no era sino demagogia?
Ninguna razón se aporta para justificar el cambio producido. Probablemente, la decisión ahora adoptada es la verdaderamente demagógica, por tratarse de una medida de simple apariencia, de supuesto ejercicio de responsabilidad y ejemplo de austeridad, para a continuación mantener el mismo estado de cosas, sin avanzar en el control de eficiencia del gasto público.
A juicio de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa , la deficiencia en el control de una correcta gestión del gasto público tiene, entre otras, tres claras manifestaciones: la falta de respeto a la legalidad presupuestaria y al sometimiento del gasto público a los límites legales –de lo cual la aplicación de una cláusula de revisión salarial, sin amparo legal alguno y claramente contrario a la normativa presupuestaria, sería un claro ejemplo, revisión que, ha de subrayarse, se hizo extensiva también a los altos cargos autonómicos-, la falta de transparencia en las retribuciones de los altos cargos –con la percepción de dietas por la asistencia a los numerosos consejos de administración de empresas y entidades públicas, percepción suprimida en el ámbito de la Administración General del Estado por la ley de conflictos de intereses de altos cargos- y el aplazamiento sine die de la entrada en funcionamiento de la Cámara de Cuentas, órgano de control de las cuentas públicas, regulado por una Ley de 2001, lo que constituye una de las más graves patologías institucionales de la Comunidad Autónoma.
El contexto de falta de transparencia y efectivo control del gasto público y del régimen retributivo, tanto de los altos cargos como del conjunto de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, es lo que permite calificar de “demagógica” la decisión de congelación de salarios acordada por el Gobierno de Aragón para el conjunto de las altos cargos de la Administración autonómica. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa considera que la mejor solidaridad con los ciudadanos por parte de los cargos públicos es una responsable y eficiente gestión de los recursos que tienen asignadas las administraciones públicas para el cumplimiento de sus fines.
2 comentarios:
¿congelarán también los gastos de representación?
¿Nos están preparando para no aplicar la famosa cláusula de revisión salarial?
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