La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido recientemente al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, para solicitarle, al amparo del derecho fundamental de petición, que la Administración de la Comunidad Autónoma elabore y haga público y accesible a todos los ciudadanos un boletín estadístico semestral, similar al realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas, en el que se contengan las magnitudes más representativas del empleo público de la Administración autonómica y del conjunto del sector público aragonés, con inclusión de los efectivos de entidades de Derecho público y empresas públicas, permitiendo con ello observar y analizar su evolución a lo largo de cada legislatura. Entre dichos datos debiera incluirse la tasa de temporalidad en el empleo, los índices de provisionalidad en la provisión de puestos de trabajo y la evolución cuantitativa y cualitativa del conjunto de personal adscrito a cada Departamento, organismo público y empresa pública.
La actual falta de información fiable sobre las dimensiones y la composición del empleo público –tanto cuantitativa como cualitativa- y la nula accesibilidad de los ciudadanos a dicha información constituye un ejemplo de falta de transparencia en una organización administrativa que se debe por completo a los ciudadanos, como destinatarios de los servicios públicos y como contribuyentes que posibilitan su sostenimiento, información que debiera ser accesible a todos los ciudadanos como elemental criterio de rendición de cuentas sobre la gestión de recursos públicos y como instrumento básico para poder enjuiciar la eficiencia y racionalidad de la estructura administrativa.
Los servicios públicos han de ser transparentes para los ciudadanos y el primer elemento de transparencia de una Administración democrática ha de ser el de poner al alcance de todos los ciudadanos una información lo más completa posible sobre el volumen de recursos –entre ellos los humanos- destinados a la prestación de tales servicios públicos, con indicación de las magnitudes relevantes sobre su actividad, cualificación y coste.
Tal información resulta igualmente necesaria para los órganos de dirección y planificación estratégica, hasta ahora carentes de la información necesaria para la adopción de decisiones, y para las instituciones u órganos de control, empezando por las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas y siguiendo por el conjunto de los agentes sociales y económicos, las organizaciones de la sociedad civil y el conjunto de los ciudadanos.
1 comentario:
La información es básica en cualquier actividad, pero si se trata de una actividad pública es básica su accesibilidad por parte de los ciudadanos.
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