Zaragoza, 28 de marzo de 2008.
Esta pregunta la formulaba, en la prensa aragonesa de esta semana, un ciudadano afectado por la simultaneidad de procesos selectivos celebrados por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Zaragoza, además de señalar el “escandaloso” incumplimiento de plazos y fechas por parte de la Administración autonómica.
Esta situación de generalizada vulneración del derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública –reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española- ha sido una preocupación constante de esta Asociación desde su nacimiento y ha constituido una prioridad de sus actuaciones, pudiéndose citar en tal sentido el recurso contra la Oferta de Empleo Público de 2007 –por su manifiesta insuficiencia-, todavía pendiente de resolución judicial, así como la denuncia constante por el incumplimiento de los plazos legales para la convocatoria y resolución de los procesos selectivos, en aquellos años en que se ha aprobado Oferta. No olvidemos que el Gobierno de Aragón no aprobó Oferta de Empleo Público los años 2000, 2001, 2005 y 2006 y todavía se hallan pendientes de terminación procesos de la Oferta de 2004.
Siempre nos ha producido extrañeza que, ante tal situación, los afectados –los ciudadanos que esperan, durante años, la posibilidad de participar en las pruebas de acceso al empleo público- no manifestaran públicamente su queja frente al incumplimiento de plazos y el injustificado gravamen personal que el mal funcionamiento de la Administración les estaba haciendo asumir.
Las reiteradas quejas de esta Asociación ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón sobre estas cuestiones ha motivado numerosos recordatorios y recomendaciones a los responsables de función pública del Gobierno de Aragón para que garantizasen debidamente el derecho de acceso al empleo público, ajustándose a los plazos y requisitos legalmente establecidos. Incluso el Justicia de Aragón acordó iniciar una investigación de oficio sobre el estado del sistema de selección de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esperamos con interés ver en qué se concreta dicha intervención.
Creemos que esta situación –no corregida hasta la fecha, pese a los recordatorios de las instituciones de control- no puede continuar por más tiempo, ya que supone no sólo un deterioro del funcionamiento de los servicios públicos, sino una manifiesta vulneración de los derechos de los ciudadanos, porque los opositores son ciudadanos y, además, unos ciudadanos en los que la Administración debería apreciar su vocación de servicio público. Esperamos un cambio radical en la actitud de los responsables de función pública, autonómica y local, con el fin de superar las deficiencias actuales y facilitar la participación en las respectivas pruebas de selección, coordinando la realización de los respectivos procesos selectivos.
Esta Asociación no va a abandonar la defensa del derecho de acceso de los ciudadanos al empleo público como una de sus claras prioridades.
Esta situación de generalizada vulneración del derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública –reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española- ha sido una preocupación constante de esta Asociación desde su nacimiento y ha constituido una prioridad de sus actuaciones, pudiéndose citar en tal sentido el recurso contra la Oferta de Empleo Público de 2007 –por su manifiesta insuficiencia-, todavía pendiente de resolución judicial, así como la denuncia constante por el incumplimiento de los plazos legales para la convocatoria y resolución de los procesos selectivos, en aquellos años en que se ha aprobado Oferta. No olvidemos que el Gobierno de Aragón no aprobó Oferta de Empleo Público los años 2000, 2001, 2005 y 2006 y todavía se hallan pendientes de terminación procesos de la Oferta de 2004.
Siempre nos ha producido extrañeza que, ante tal situación, los afectados –los ciudadanos que esperan, durante años, la posibilidad de participar en las pruebas de acceso al empleo público- no manifestaran públicamente su queja frente al incumplimiento de plazos y el injustificado gravamen personal que el mal funcionamiento de la Administración les estaba haciendo asumir.
Las reiteradas quejas de esta Asociación ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón sobre estas cuestiones ha motivado numerosos recordatorios y recomendaciones a los responsables de función pública del Gobierno de Aragón para que garantizasen debidamente el derecho de acceso al empleo público, ajustándose a los plazos y requisitos legalmente establecidos. Incluso el Justicia de Aragón acordó iniciar una investigación de oficio sobre el estado del sistema de selección de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esperamos con interés ver en qué se concreta dicha intervención.
Creemos que esta situación –no corregida hasta la fecha, pese a los recordatorios de las instituciones de control- no puede continuar por más tiempo, ya que supone no sólo un deterioro del funcionamiento de los servicios públicos, sino una manifiesta vulneración de los derechos de los ciudadanos, porque los opositores son ciudadanos y, además, unos ciudadanos en los que la Administración debería apreciar su vocación de servicio público. Esperamos un cambio radical en la actitud de los responsables de función pública, autonómica y local, con el fin de superar las deficiencias actuales y facilitar la participación en las respectivas pruebas de selección, coordinando la realización de los respectivos procesos selectivos.
Esta Asociación no va a abandonar la defensa del derecho de acceso de los ciudadanos al empleo público como una de sus claras prioridades.
5 comentarios:
Espero que noticias como la aparecida esta semana haga reflexionar a más de uno en el Departamento de Presidencia, aunque la prepotencia y la insensibilidad social es un mal muy arraigado.
Debieran oirse mucho más las demandas de los opositores, es decir, de los que se esfuerzan por acceder al empleo público, no de quienes aspiran al desempeño de funciones públicas y consolidar tal condición por "usucapión".
¿qué palabro es ese de la usucapión?
Es lo de considerarse con derecho a adquirir la condición de funcionario por el hecho de acumular muchos años de interino.
Es curioso que la Asociación manifieste su indignación ante las reiteradas faltas de Ofertas de Empleo Público, y del retraso en su ejecución de las aprobadas, cuando dos de las tres jefaturas de servicio de la Dirección General de la Función Pública hasta julio-septiembre de 2006 fueron ocupadas por insignes y destacados miembros de la Asociación.
Todo el mundo puede rectificar y pasar a formar parte del club de fans de San Pablo, pero no parece muy ético ser problema y hoy solución.
P.D. Espero que este comentario sea publicado ya que está realizado desde el respeto.
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