Desde esta Asociación nos hemos
dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para
solicitarles el impulso de medidas de control sobre la situación del personal
de las empresas públicas aragonesas, y en particular sobre la reciente denuncia
realizada por un grupo de trabajadores de
la Sociedad
Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) sobre la existencia
en la plantilla de dicha empresa pública de más de cuatrocientos trabajadores presentes
como candidatos en las distintas listas electorales del Partido Aragonés (PAR).
El asunto es lo suficientemente grave –y
expresa una sospecha bastante generalizada en la sociedad aragonesa y dentro de
la función pública autonómica-, como para abordarlo con la seriedad que reclama
el momento actual, en el que la credibilidad de los responsables públicos se
halla notablemente cuestionada. No es de recibo que el Presidente del Partido Aragonés
(PAR), José Ángel Biel, quiera despachar el asunto calificando la acusación como “broma de mal
gusto”. Lo que es de pésimo gusto y nula higiene democrática es que el
Presidente de las Cortes de Aragón, como máximo responsable de la institución
encargada del control de la acción del Gobierno autonómico, no impulse medidas
efectivas de control para esclarecer lo que pueda haber de cierto en tal acusación.
A todos nos consta que el Partido
Aragonés ha utilizado en el pasado el sector público autonómico para poner
sueldo público a una parte de sus afiliados o candidatos en el mundo rural. La
cuestión es saber en qué grado tal práctica ha lesionado el interés general de
los aragoneses y si en la actual etapa de gobierno, con responsables del
Partido Popular en la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, la
situación se mantiene y tolera. Un pacto de gobierno no puede ser un pacto de
intereses en perjuicio de los ciudadanos. Eso es lo que debe descartarse por
las instituciones aragonesas, tanto por el Gobierno de Aragón como por las
Cortes de Aragón.
Esta Asociación pedirá en los próximos
días una comisión de investigación en las Cortes de Aragón y estudiará la
posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción,
una vez valorada la relevancia penal que puedan tener los hechos denunciados. Ante
la previsible pasividad de las instituciones autonómicas no cabe admitir la
impunidad de los responsables de prácticas corruptas, por lo que se hace
necesario apelar a los mecanismos con que cuenta el Estado de Derecho para preservar el
respeto a la ley y la defensa del interés público, tareas que tiene constitucionalmente
encomendadas el Ministerio Fiscal.
Se reproduce el contenido íntegro del
escrito dirigido al Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista:
“Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista
Cortes
de Aragón
Palacio
de la Aljafería
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 10 de diciembre de 2014.
Estimados
señores:
La
reciente comparecencia realizada por representantes de Candidatura
Independiente SARGA ante la Comisión
de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de ese Parlamento, en el transcurso
de la cual se denunció públicamente que existen más de cuatrocientos
trabajadores de la empresa pública Sociedad
Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) presentes como candidatos en las
distintas listas electorales del Partido Aragonés (PAR), debe activar, a
nuestro juicio, los mecanismos de control interno, parlamentario y judicial,
que permitan constatar la veracidad de la acusación y determinar la posible
instrumentalización partidista en que se haya podido incurrir desde
determinados niveles del Gobierno de Aragón en relación con el sector público
autonómico.
Esta
Asociación confía en que sean las propias instituciones responsables de dichos
controles –como son el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón o el Ministerio
Fiscal- las que reaccionen y pongan en marcha los procedimientos oportunos. Las
diferentes normas contemplan instrumentos suficientes para determinar el grado
de veracidad de tal denuncia y depurar, en su caso, las responsabilidades que
concurran.
El
hecho de que tal afirmación se haya efectuado ante una Comisión de las propias
Cortes de Aragón, institución a la que corresponde ejercer el control sobre la
acción del Gobierno, conforme a lo señalado en el artículo 33.1 del Estatuto de
Autonomía de Aragón, debería llevar a los Grupos Parlamentarios a impulsar las
oportunas iniciativas de control que permitan esclarecer la situación en que se
halla el personal del sector público autonómico, y en particular constatar las
condiciones de selección del mismo a fin de establecer las posibles conexiones
existentes entre los procesos selectivos de personal y la confección de
candidaturas a los procesos electorales municipales y autonómicos.
Debe
abordarse igualmente la irregular presencia de trabajadores de las empresas
públicas en las unidades administrativas de los Departamentos de la Administración
autonómica, donde llevan a cabo de manera indebida funciones reservadas a
funcionarios públicos. La insuficiencia de las plantillas administrativas o las
limitaciones aplicadas a la selección de personal funcionario de nuevo ingreso
no pueden justificar, en modo alguno, que se acuda al personal de las empresas
públicas para el ejercicio de potestades administrativas que tienen atribuidas
los órganos propios de la
Administración.
Entendemos
que los hechos señalados requieren una investigación rigurosa, por parte de los
órganos correspondientes, pero la distinta naturaleza de las responsabilidades
que pueden concurrir en la contratación irregular del personal de las empresas
públicas, exigiría del Parlamento autonómico determinar la responsabilidad
política en la que hayan podido incurrir los miembros del Gobierno de Aragón al
propiciar o tolerar una irregular selección del personal, guiada por criterios
de carácter político o clientelar, o la indebida utilización del personal de
dichas empresas para atender funciones propias de funcionarios en el ámbito de la Administración
departamental.
Por
todo ello, y sin perjuicio de la petición que pueda formularse por parte de
esta Asociación al amparo del derecho fundamental de petición y de las
previsiones contenidas en el Reglamento de esa Cámara, les sugerimos que por
parte de ese Grupo se impulsen medidas efectivas de control parlamentario sobre
la situación del personal de las empresas públicas autonómicas, al objeto de
esclarecer las diferentes irregularidades que puedan existir tanto en materia
de selección como en el indebido ejercicio de funciones reservadas a
funcionarios, desarrolladas en las propias oficinas de la Administración
autonómica.
Agradeciendo
de antemano su atención, reciban un atento y respetuoso saludo.
Julio
Guiral Pelegrín. Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa”
