viernes, 30 de noviembre de 2007

LA ASOCIACIÓN RECLAMA AL GOBIERNO DE ARAGÓN LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL PACTADA CON LOS SINDICATOS EN LA LEY DE PRESUPUESTOS

Zaragoza, 30 de noviembre de 2007.

La Asociación se ha dirigido hoy a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo para solicitarles que subsanen, en el texto del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2008, la omisión de la cláusula de revisión salarial para el conjunto de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, pactada entre Administración y Sindicatos en la Mesa de Función Pública del día 19 de febrero de 2007.

La Mesa de Función Pública alcanzó un acuerdo entre Administración y Sindicatos, el pasado 19 de febrero de 2007, en el que se incluía una cláusula de revisión salarial para el caso en que la inflación interanual superase el incremento retributivo autorizado por la Ley de Presupuestos, con el fin de asegurar el poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

Dicho Acuerdo no fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón, como exige la normativa aplicable a los pactos y acuerdos resultantes de la negociación colectiva, ni ahora ha sido incluída en el texto del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, como exige el artículo 21.1 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Dicha omisión viene a generar una inadecuada incertidumbre jurídica o dudas razonables de legalidad de tal medida, ya que difícilmente cabrá aplicar una subida retributiva que no haya sido oportunamente autorizada por las Cortes de Aragón, en la ley presupuestaria que ha de autorizar todos los gastos públicos, como se señala en el artículo 111 del Estatuto de Autonomía de Aragón: “El presupuesto de la Comunidad Autónoma será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos del sector público autonómico”.

Con el fin de despejar cualquier duda de legalidad respecto a la futura aplicación del acuerdo alcanzado por Administración y Sindicatos y para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa presupuestaria y del régimen retributivo previsto por el Estatuto Básico del Empleado Público, esta Asociación se ha dirigido, al amparo del derecho fundamental de petición, previsto en el artículo 29 de la Constitución española, a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, del Gobierno de Aragón, para que subsanen la omisión producida en el proyecto de ley de presupuestos o, en caso contrario, expliquen las razones que justifican la no inclusión de la citada cláusula de revisión salarial, con las consecuencias y efectos que ello tendría en materia de negociación colectiva.

Asimismo, la Asociación ha trasladado igual petición a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo de la Mesa de Función Pública, a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y al Justicia de Aragón además de a los Consejeros señalados y a los Secretarios Generales Técnicos de los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón.

jueves, 29 de noviembre de 2007

LA ASOCIACIÓN RECABA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN UN APOYO EXPRESO A LA PETICIÓN DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO PARA LA COMUNIDAD

Zaragoza, 29 de noviembre de 2007.

La Asociación se ha dirigido por escrito a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para informarles de la petición formulada, al amparo del artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, solicitando del Parlamento autonómico el respaldo político necesario par la aprobación de un Código de Buen Gobierno para la Comunidad Autónoma de Aragón y la adopción de una estrategia para el reforzamiento de los comportamientos éticos en el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, coherentemente con el Código de Conducta incorporado por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Similar petición se ha formulado al Justicia de Aragón, dada la misión supervisora de la Administración de la Comunidad Autónoma que estatutariamente le corresponde.

Seguidamente se transcribe el texto íntegro de la comunicación dirigida a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón:

“Zaragoza, 29 de noviembre de 2007.

Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA

Estimados Señores.

Me dirijo a ese Grupo Parlamentario, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para comunicarles que esta Asociación, en el ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, ha solicitado de ese Parlamento el impulso necesario para la aprobación de un Código de Buen Gobierno –para los miembros del Gobierno de Aragón y para los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón- y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para todo el conjunto de la Administración autonómica.

La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, de las Cortes Generales, y la ampliación de las facultades de autogobierno de Aragón, tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón con un amplio consenso entre las fuerzas políticas aragonesas, marcan un momento oportuno para reafirmar los principios y valores que componen la ética pública, con el fin de legitimar democráticamente las acciones públicas de gobierno e incrementar la confianza de los ciudadanos en el conjunto de las instituciones públicas.

No parece razonable que nuestra Comunidad Autónoma permanezca al margen del amplio movimiento de regeneración pública que, desde la aprobación del Informe Nolan en el Reino Unido (1995) hasta la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (2003), se ha extendido por el conjunto de los regímenes democráticos, siendo un ejemplo cercano de dicho movimiento la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de la Nación, en su reunión de 18 de febrero de 2005, en el que se proclaman los criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Se acompaña una copia del citado Código de Buen Gobierno.

El Estatuto Básico del Empleado Público, a su vez, incorpora un Código de Conducta, con el enunciado de los valores y principios a los que ha de sujetar su actuación el conjunto de los empleados públicos de las diferentes Administraciones –incluida la de la Comunidad Autónoma de Aragón- y, ya que parece razonable que las pautas de conducta ética de los empleados públicos sean exigibles en todas y cada una de las Administraciones Públicas, no parecería justificado que, por el contrario, los miembros del Gobierno de Aragón y los restantes altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no adoptasen un compromiso con los valores del servicio público igual al adoptado por sus homólogos de la Administración General del Estado, pues no se puede predicar la uniformidad de estándares éticos únicamente para el nivel administrativo y no para el nivel político, entendiendo esta Asociación que ninguna Comunidad Autónoma puede ni debe hallarse en dicha materia por debajo de las exigencias fijadas por el Estado para su propio ámbito.

Entendemos, además, que un liderazgo político claramente comprometido con los valores del servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública, siendo igualmente necesario para asegurar la relación de confianza entre ciudadanos e instituciones democráticas un firme compromiso de los responsables políticos para actuar, con transparencia y responsabilidad, al servicio de la sociedad y del interés general.

Por todo ello, valoramos como muy oportuna la posible iniciativa de las Cortes de Aragón, en su función de impulso político de la acción de gobierno, para establecer entre los objetivos prioritarios de la actual legislatura el de dotar al conjunto de las instituciones autonómicas, y en particular a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de una adecuada infraestructura ética, con la cual asegurar la profesionalidad de los funcionarios públicos y renovar el pacto básico de confianza entre los poderes públicos y los ciudadanos.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.”

miércoles, 28 de noviembre de 2007

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA ENCUESTA

La última encuesta bimensual propuesta por la Asociación para la Defensa de la Función Pública, sobre el sistema de selección de los miembros de los tribunales de oposiciones, ha tenido la mayor participación de todas las encuestas celebradas hasta la fecha, con 127 votos emitidos.

La mayor parte de las personas que han participado (más del 88%) han valorado dicho sistema como excesivamente discrecional. En este sentido, y con el fin de que dicha percepción desaparezca, la Asociación dirigió un escrito al Consejero de Presidencia, en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 29 de la Constitución, para que se implantase un sistema mucho más reglado y transparente.

A fecha de hoy ni siquiera se ha acusado recibo de tal petición.

lunes, 26 de noviembre de 2007

LA ASOCIACIÓN SOLICITA A LAS CORTES DE ARAGÓN LA APROBACIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Zaragoza, 26 de noviembre de 2007.

En el día de hoy la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Mesa de las Cortes de Aragón, en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que el Parlamento autonómico impulse la adopción de un Código de Buen Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, similar al aprobado en la Administración General del Estado, así como un estrategia de ética pública para el conjunto de la Administración autonómica, para impulsar de forma efectiva los principios éticos y de conducta contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Tal medida supondría situar a nuestra Comunidad Autónoma junto a otras Administraciones o Instituciones que han señalado, como criterio rector de toda su labor de gobierno, principios de carácter ético visibles para los ciudadanos, como es el caso de la Administración General del Estado tras la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de la Nación, en su reunión de 18 de febrero de 2005. Este código proclamando como criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración los siguientes: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.
Entendemos que un Código de Buen Gobierno, dirigido a los miembros del Gobierno de Aragón y a los altos cargos de la Administración autonómica, sería un complemento necesario al Código de Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, extendiendo el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración Pública.
Consideramos igualmente que un liderazgo político claramente comprometido con los valores del servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública, sin que que pueda ejercerse ninguna acción de gobierno en democracia, en una sociedad plural y compleja como la actual, si no es desde un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.
Ante fenómenos de corrupción detectados en las instituciones públicas, como en el reciente caso del Ayuntamiento de Madrid, desde las instituciones públicas se ha emitir un claro mensaje de compromiso con los valores éticos de la democracia y de la gestión pública de los intereses generales de los ciudadanos, adoptando para ello aquellas medidas necesarias para asegurar y reforzar una gestión presidida por las notas de profesionalidad y transparencia.

miércoles, 21 de noviembre de 2007

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN.

Zaragoza, 21 de noviembre de 2007.

Ayer tarde, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Asociación, en la que se abordó la oportunidad de la convocatoria de la Asamblea General de la Asociación. La decisión ha sido celebrar la asamblea durante el próximo mes de enero, con el fin de rendir cuentas de la gestión realizada desde la asamblea constitutiva por parte de la actual Junta Directiva y proceder al nombramiento de una nueva Junta Directiva. Además se va a proponer debatir y aprobar un documento en el que se formule una Propuesta de Buena Administración para la Comunidad Autónoma de Aragón, como documento que contenga el conjunto de las iniciativas de la Asociación para promover avances y mejoras en los diferentes ámbitos de la Administración autonómica y cuya presentación pública se efectuaría, durante el primer trimestre de 2008, ante la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón, a la que se acordó solicitar una comparencia.

En dicha Asamblea anual se propondrá en el orden del día el debate sobre la posible modificación de los Estatutos de la Asociación, con el fin de permitir la incorporación a la misma de personal propio de otras Administraciones Públicas presentes en Aragón (Administración General del Estado, Universidad y Administración Local de Aragón). Previamente a la celebración de dicha Asamblea, se ha acordado realizar una campaña de difusión para dar a conocer a todos los empleados públicos de Aragón y a los ciudadanos en general la razón de ser de la Asociación y los objetivos perseguidos por la misma.

El Presidente de la Asociación, Julio Guiral, informó a los restantes miembros de la Junta tanto de la reunión sostenida en fechas recientes con el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón y del posible calendario de encuentros con otros Grupos del Parlamento autonómico, como de las actividades realizadas por la Asociación desde el mes de septiembre, tras las vacaciones de verano. En particular, se trataron los escritos de petición formulados ante las Cortes de Aragón, así como las quejas formuladas ante el Justicia de Aragón, y el estado de los recursos jurisdiccionales promovidos frente al Decreto del Gobierno de Aragón que aprobó la Oferta de Empleo Público para 2007.

Por último, se acordó promover un recurso contencioso-administrativo frente a la modificación del puesto de Director/a de la Biblioteca Pública de Aragón, por considerarla un supuesto cualificado de arbitrariedad administrativa cuya consolidación no se debe consentir.

jueves, 15 de noviembre de 2007

EL MAP promueve una cultura de calidad en la gestión pública para mejorar el servicio a los ciudadanos

I Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos, organizada por AEVAL
El MAP promueve una cultura de la calidad en la gestión pública para mejorar el servicio a los ciudadanos
lunes, 05 de noviembre de 2007
• Las Jornadas, que se celebran los días 5 y 6 de noviembre, tratan de aunar los intereses de las administraciones públicas y las entidades privadas para colaborar en la mejora de la calidad de los servicios • El debate se articulará sobre dos ejes fundamentales: la cooperación interadministrativa y la participación de la sociedad civil
mañana se ha inaugurado en Madrid la I Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos que, organizada por la Agencia de Evaluación y Calidad –dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)-, tiene como objetivo buscar iniciativas y nuevas fórmulas de gestión que puedan mejorar la atención al ciudadano. En el acto de inauguración de la Conferencia han participado la Secretaria General de Administraciones Públicas, Mercedes del Palacio; el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, y el presidente de la Agencia de Evaluación y Calidad, Juan Antonio Garde. Estas jornadas, que se celebran los días 5 y 6 de noviembre, reúnen en Madrid a responsables de gestión pública y expertos en calidad y gobernanza y en la prestación de los servicios públicos, como Elke Löffler, presidenta de Governance Internacional; José Ignacio Wert, presidente de EFQM (Fundación Europea para la Administración de la Calidad); Fernando Vallespín, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); Rafael Matesanz, coordinador nacional de Trasplantes; Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios; además de expertos españoles y europeos en la gestión de servicios públicos. VOCACIÓN DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN Mercedes del Palacio ha subrayado en su intervención la vocación de servicio de la administración pública, cuyo fin es “servir el interés general que determinan las leyes que expresan la voluntad de los ciudadanos. Y garantizarles la libertad y la igualdad de oportunidades precisas para proteger su dignidad y la efectividad de sus derechos”. La Secretaria General de Administraciones Públicas ha señalado la importancia de desarrollar una cultura de la calidad, “y aun de la excelencia”, en los servicios públicos, y ha destacado la notable evolución que este concepto ha experimentado en el ámbito de la gestión pública. Ya no se trata sólo de controlar el correcto desarrollo de los procesos, sino de “hacer de la calidad principio o técnica del buen gobierno, un instrumento de Governanza sobre el que se articule la intervención de todos los actores que participan en la gestión de las cosas públicas”. En la búsqueda de la calidad, según Del Palacio, la evaluación y el intercambio de información y experiencias constituyen el camino para identificar las buenas prácticas. DOS EJES DE DEBATE Los dos ejes fundamentales en torno a los cuales se articularán los debates sobre la mejora de los servicios son la cooperación interadministrativa y la participación de la sociedad civil. En un Estado descentralizado, con varias instancias territoriales de gobierno y con diferentes ámbitos de responsabilidad y competencia, “la coordinación y la colaboración interadministrativa resultan imprescindibles”, ha afirmado la Secretaria General. También, según dijo, es importante la participación ciudadana, “porque el Estado y las administraciones son para las personas y, por tanto, ha de contarse con ellas al gestionar y evaluar la calidad de los servicios públicos”. En este sentido, es importante aprovechar “los recursos y las capacidades de los particulares, la iniciativa social o empresarial de la sociedad civil, incorporando a la gestión pública la perspectiva de los actores privados”, concluyó Del Palacio. AEVAL Y LA CONFERENCIA DE CALIDAD La Agencia de Evaluación y Calidad, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas, se creó el 1 de diciembre de 2006, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Agencias Estatales, para la mejora de los servicios públicos. La AEVAL se encarga de valorar los resultados de las políticas públicas y la calidad de los servicios, conocer los efectos y resultados de los programas públicos y mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Fue la primera agencia estatal constituida con la finalidad de promover la cultura y prácticas de evaluación, elaborar sistemas de información e indicadores, fomentar la calidad de los servicios como compromiso con los ciudadanos y analizar las actividades y servicios que presten todas las agencias que se fueran creando. Es la primera vez que la Agencia de Evaluación y Calidad ejerce de coordinadora y anfitriona en una reunión que aglutina a todos los actores relevantes en la gestión, prestación y recepción de los servicios públicos. La Conferencia se desarrolla en dos jornadas con varias mesas redondas: “Cooperación Administrativa en el Gobierno Multinivel”, “Participación de la Sociedad Civil en la Gestión de los Servicios Públicos y en la Evaluación” y “Estrategias de Futuro para la Gobernanza”, donde participarán responsables de servicios públicos de las distintas administraciones y de varias universidades. También se hablará de buenas prácticas en las tres administraciones, con representantes de la Organización Nacional de Trasplantes, Red de Agencias para el Fomento de la Innovación Comercial de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Suma Gestión Tributaria, Diputación de Alicante, Organismo Autónomo Local de Gestión de Ingresos Públicos, Ayuntamiento de Majadahonda, Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.

miércoles, 14 de noviembre de 2007

LA ASOCIACIÓN PIDE A LAS CORTES DE ARAGÓN QUE ASEGUREN LA PUBLICIDAD DE LOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Zaragoza, 14 de noviembre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió ayer a la Mesa de las Cortes de Aragón, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, para solicitar que el Parlamento autonómico impulse la publicidad de los nombramientos de personal eventual del Gobierno de Aragón y el sometimiento de dicho personal a la normativa básica aplicable al conjunto de los empleados públicos, en especial en lo referido al régimen de dedicación exigible.

El Estatuto Básico del Empleado Público establece que al personal eventual, al que corresponde el desempeño de funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, le será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición.

Por ello, y con el fin de garantizar el riguroso cumplimiento de los principios del citado Estatuto Básico, se estima necesario otorgar publicidad a los nombramientos de todo el personal eventual de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de las decisiones de nombramiento y cese de dicho personal –equiparándose con ello al régimen de publicidad de los nombramientos del personal eventual de las Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón-, y someter a dicho personal al régimen de control establecido para los funcionarios de carrera en cuanto a presencia en sus puestos de trabajo y cumplimiento de jornada, sin perjuicio de la disponibilidad requerida para el desempeño de sus funciones.

martes, 13 de noviembre de 2007

EL JUSTICIA DE ARAGÓN SUGIERE A LA ADMINISTRACIÓN QUE RESPETE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS AL APROBAR LOS PROGRAMAS Y PRUEBAS DE ACCESO

Zaragoza, 13 de noviembre de 2007.

El Justicia de Aragón, en una reciente resolución de 29 de octubre de 2007, dictada en relación con una queja formulada por esta Asociación, sugiere al Departamento de Presidencia que vele por el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de delegación de competencias en la aprobación de programas y pruebas que rigen el acceso a las distintas Escalas y Clases de Especialidad en las que se estructura la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La queja que ha dado origen a tal resolución fue formulada, con fecha 19 de abril de 2007, en relación con la Resolución de 4 de julio de 2007, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se daba publicidad al programa que regirá las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala Superior de Administración, Administradores Superiores. En dicha Resolución no sólo se fijaba el programa o temario exigible, sino también la estructura de las pruebas de acceso y los criterios de calificación de los respectivos ejercicios.

De acuerdo con el régimen de distribución de competencias en materia de personal, en la fecha en que se aprobó la citada Resolución de la Dirección General de la Función Pública, la competencia para aprobar las pruebas selectivas de acceso a las diferentes Escalas y Clases de especialidad correspondía, conjuntamente, a los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, no existiendo una delegación formal y expresa a favor de la Dirección General de la Función Pública para aprobar el programa ni para aprobar la estructura y la calificación de tales pruebas.

Tal y como señalan las normas de procedimiento administrativo, la competencia conferida por el ordenamiento jurídico es irrenunciable y será ejercida por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de delegación de la misma, con sujeción a lo previsto por la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

No resulta admisible que los órganos administrativos se arroguen competencias que están atribuidas a otros órganos, en particular cuando éstos son superiores jerárquicos de los mismos, pues el respeto a las normas de procedimiento y de organización constituyen un principio básico para la garantía de una buena administración y la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos. Por otra parte, la naturaleza de la materia, podría hacer indelegable su aprobación si se estimase que su contenido es propio de una disposición general, vinculante para las futuras convocatorias que hayan de aprobarse en ejecución de la Oferta de Empleo Público.

La Asociación se va a dirigir al Consejero de Presidencia para solicitarle la aceptación de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón y la adopción de medidas para corregir la situación señalada, la cual, por cierto, se reproducía el pasado viernes, con la publicación del temario y pruebas correspondientes a la promoción interna para acceso a la Clase de especialidad Administradores Superiores.

lunes, 12 de noviembre de 2007

LA ASOCIACIÓN PIDE QUE SE DEJEN SIN EFECTO LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL PUESTO DE DIRECTOR/A GERENTE DE LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN.

Zaragoza, 12 de noviembre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió la semana pasada, por escrito, a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, para solicitarles que dejen sin efecto las modificaciones realizadas en el puesto de trabajo de Director/a Gerente de la Biblioteca de Aragón, por considerar que las mismas, carentes de toda justificación objetiva, tienen como única finalidad posibilitar el desempeño de tal puesto por la hasta ahora Directora General de Cultura, Pilar Navarrete, cuyo cese aparecía publicado el pasado viernes, 9 de noviembre, en el Boletín Oficial de Aragón.

Dicho puesto de trabajo, que consideramos de especial relieve y significación en el ámbito de la gestión cultural de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se hallaba configurado como puesto reservado a funcionarios superiores de la Administración autonómica, con nivel de complemento de destino 28 –equiparable a jefe de servicio-, pasando, tras la modificación aprobada, a nivel 26 –equiparado a jefe de sección-, posibilitando, además, que su desempeño sea ejercido por funcionarios tanto superiores como técnicos y permitiendo, igualmente, el acceso al mismo de funcionarios de la Administración Local de Aragón.

Estima la Asociación que los cambios producidos en el citado puesto son improcedentes, pues en modo alguno cabe someter la organización administrativa a decisiones ajenas al interés general y a la racionalidad organizativa, sin que deba olvidarse el impacto que decisiones de tal naturaleza tienen en el ámbito interno de la Administración y en la previsible quiebra de confianza entre los profesionales de la función pública y los responsables políticos que impulsan o adoptan tal tipo de decisiones.

La Asociación también se ha dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para que en el ejercicio de su labor de control e impulso de la acción de gobierno, puedan analizar la medida acordada e instar, en su caso, su revocación a los Consejeros responsable de la misma.

Asimismo, la Asociación se dirigirá a lo largo de esta semana al Justicia de Aragón, formulando ante dicha Institución una queja por la actuación de los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, así como de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, al entender que la actuación promovida persigue fines claramente distintos al interés general que ha de presidir toda actuación administrativa, incluidas las decisiones de tipo organizativo, por lo que cabría calificar la modificación realizada como “desviación de poder”.

jueves, 8 de noviembre de 2007

La Asociación pide al Consejero de Presidencia nueva regulación para el sistema de designación de los tribunales de las pruebas de acceso

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa , que tiene como objetivo general la defensa y promoción de los valores, principios y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha dirigido al Consejero de Presidencia en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición , pidiéndole que proponga al Gobierno de Aragón la aprobación de una norma reglamentaria que establezca un procedimiento reglado y transparente para la designación de los miembros de los Tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

miércoles, 7 de noviembre de 2007

ENCUENTRO DE LA JUNTA DIRECTIVA CON RESPONSABLES DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DE LAS CORTES DE ARAGÓN.

Zaragoza, 6 de noviembre de 2007.

En la tarde de ayer, en el Palacio de la Aljafería, los miembros de la Junta Directiva de la Asociación tuvieron un encuentro con responsables del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, entre ellos su Portavoz, Antonio Suárez, en el transcurso del cual se aprovechó para exponerles la finalidad de la Asociación constituida, las diferentes iniciativas adoptadas hasta ahora y la voluntad de trasladar al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón aquellas cuestiones que, a juicio de la Asociación, revistan especial relevancia. En particular, se insistió en la necesidad de que las cuestiones que afectan a la Administración Pública, en cuanto organización destinada a la ejecución de las políticas públicas y a la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, figuren en la agenda política de la Comunidad Autónoma y reciban un tratamiento y atención adecuados por parte de los diferentes grupos políticos presentes en el Parlamento aragonés.

El encuentro fue muy positivo y esta Asociación confía en poder sostener encuentros similares con los restantes Grupos Parlamentarios, con carácter previo a la posible comparecencia ante la Comisión de Peticiones de la Cámara que se solicitará en próximas fechas.

viernes, 2 de noviembre de 2007

LA ASOCIACION CONSIDERA ARBITRARIA LA MODIFICACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GERENTE DE LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN.

Zaragoza, 2 de noviembre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa considera arbitraria la modificación del puesto de Director gerente de la Biblioteca de Aragón para posibilitar su desempeño por un alto cargo del departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Hoy viernes se publica en el Boletín Oficial de Aragón una Orden suscrita por los Consejeros de Presidencia, Javier Velasco, y de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, por la cual se modifican las características del puesto de trabajo correspondiente a la Dirección de la Biblioteca de Aragón, centro dependiente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Dicho puesto hasta la fecha estaba configurado como un puesto reservado a funcionarios superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y con un nivel de complemento de destino 28 –equiparable a jefe de servicio-, en atención a su contenido funcional y a la responsabilidad específica que le corresponde.

La Orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Aragón introduce tres modificaciones, todas ellas carentes de justificación a juicio de esta Asociación, como son las siguientes: se rebaja el nivel del complemento de destino del puesto de trabajo, de 28 a 26, dando a entender con ello que el grado de complejidad y responsabilidad del citado puesto se ha visto reducido o devaluado; coherentemente con la modificación anterior, se permite su desempeño por funcionarios técnicos del Grupo B y no sólo por funcionarios superiores pertenecientes al Grupo A, pese a contar la Administración de la Comunidad Autónoma con una Clase de especialidad específicamente cualificada para este tipo de funciones como son los Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural (Bibliotecas) y contar el citado centro cultural con otros puestos de trabajo dependientes del modificado que se hallan adscritos solamente a funcionarios superiores; y, por último, se abre la posibilidad de que el citado puesto de trabajo sea desempeñado por funcionarios pertenecientes a la Administración Local de Aragón, algo totalmente innecesario al hallarse adscritos a dicho centro numerosos funcionarios especializados en gestión bibliotecaria pertenecientes a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ninguna de las modificaciones resulta congruente con la naturaleza del puesto de trabajo y las necesidades de provisión del mismo, por lo que no cabe atribuir tal modificación, impulsada desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que a la voluntad de adjudicar tal puesto a la actual Directora General de Cultura, Pilar Navarrete, como se ha señalado en fecha reciente en los medios de comunicación aragoneses. Tal modificación, además, entra en contradicción con la definición que se mantiene para otros puestos de dirección de bibliotecas, archivos y museos, de Zaragoza, Huesca y Teruel, igualmente dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y reservados, en exclusiva, para funcionarios superiores.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, a la vista de ello, va a solicitar información sobre esta modificación a los órganos administrativos que la han impulsado, tramitado y aprobado, entendiendo que lo sucedido supone un claro indicio de la subordinación de la organización administrativa a intereses personales o políticos, con claro desprecio de los criterios de profesionalidad y racionalización que han de presidir la gestión de los servicios públicos.

LA ASOCIACIÓN FORMULA LA DEMANDA EN EL RECURSO ORDINARIO CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2007.

Zaragoza, 2 de noviembre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa acordó, en su día, recurrir el Decreto que aprobaba la Oferta de Empleo Público para el año 2007, por entender que vulneraba el artículo 23.2 de la Constitución española, así como distintos preceptos de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha impugnación se formuló por dos vías procesales diferentes: por una parte, a través del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, por entender lesionado el derecho de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución; y, por otra, mediante el procedimiento ordinario, al sostener que dicho Decreto incurría en numerosas infracciones de preceptos legales e incumplía igualmente lo previsto en el Convenio Colectivo de aplicación al personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con ello, y conforme a los plazos legalmente previstos, el pasado día 4 de octubre, la Asociación presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el escrito de demanda correspondiente al recurso ordinario, señalando en el mismo el conjunto de infracciones de las normas en que, a juicio de la Asociación, incurre el Decreto aprobado por el Gobierno de Aragón.

En concreto, se entienden vulnerados el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública -en el que se señala que todas las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios-, y otros preceptos de la citada Ley, referidos a la promoción interna, pues determinadas modalidades de promoción previstas en el Decreto, tanto de promoción horizontal, vertical o cruzada, no sólo no pueden encontrar fundamento jurídico en la normativa vigente sino que suponen una vulneración de la misma.

Nuevamente, la Asociación desea aclarar o manifestar que el recurso formulado no tiene otra finalidad que, en coherencia con sus fines y objetivos, procurar el estricto respeto de la legalidad y la solución al serio problema de temporalidad existente en el empleo público, solución que ha de pasar por el más estricto respeto al derecho de acceso de los ciudadanos y a los principios de mérito y capacidad.

Deberíamos entender todos que la vulneración de las normas no puede generar derecho alguno para nadie y que el modelo de empleo público de la Comunidad Autónoma no puede configurarse al margen o en contra del ordenamiento jurídico, pues ello supondría renunciar a los principios constitucionales con los que la función pública ha de identificarse en todo momento.

Malestar en la empresa.Se estima que más de 7,6 millones de españoles sufre algún trastorno psíquico como consecuencia de su trabajo

Considerando el interés de esta noticia, aparecida en EL PAIS, LA transcribimos íntegra :
BORJA VILASECA 02/09/2007

Por mucho que se les trate como máquinas, los trabajadores son ante todo seres humanos. Los expertos en management insisten en que la "cultura obsoleta" que impera en el 80% de las empresas españolas, así como el "liderazgo tóxico" que ejerce la mayoría de sus jefes, está causando un creciente malestar entre la población activa. Se estima que el 38% de los asalariados (más de 7,6 millones de personas) sufre algún trastorno psíquico derivado del trabajo, como el estrés, el burnout, el mobbing y la depresión.
Cada vez más expertos cuestionan la correlación entre el crecimiento económico que genera el sistema capitalista y el bienestar de la sociedad
España vive apegada a la cultura de la presencia, postergando su evolución hacia la de la eficiencia, basada en la dirección por objetivos
"La mayoría de empresas parecen dormidas, esperando a que este malestar sea masivo e inaguantable", alertan los expertos
Nadie pone en duda que el sistema capitalista es muy eficiente a la hora de generar crecimiento económico: a lo largo de la última década, España ha crecido un 2,6% anual de media, según un informe de Caixa Catalunya. Entre otras causas que justifican este desarrollo se encuentra la aportación de la inmigración al producto interior bruto (PIB), y, entre otras consecuencias, la disminución del paro, que en el segundo trimestre de este año afectaba al 7,95% de la población activa, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, desde enero a septiembre del año pasado el número total de empresas constituidas ascendió a 115.753, un 8,49% más que durante el mismo periodo de 2005, según un estudio realizado por Informa D&B. Y el porcentaje de compañías de hasta 42 meses de vida aumentó durante ese mismo plazo un 35,2%, según un informe del Instituto de Empresa.
Estos datos ponen de manifiesto la bonanza económica en la que se encuentra este país, ahora mismo, la octava economía más importante del mundo. Aunque la mayoría de actores socioeconómicos relacionan este auge económico con el incremento del bienestar de la sociedad, empiezan a alzarse otras voces que no sólo cuestionan dicha correlación, sino que se atreven a decir lo que nadie quiere escuchar: "Cada vez estamos más agotados y somos menos felices".
Lo cierto es que "la vorágine que marca la pauta del sistema de mercado actual parece generar la creencia de que el afán de lucro es la única manera de garantizar la supervivencia de las empresas", señala Juan Carlos Cubeiro, director de la consultora Eurotalent, especializada en desarrollo estratégico y directivo para la mejora cualitativa de las organizaciones. Este experto lamenta que "muchos empresarios persigan este fin sin preocuparse por los medios para conseguirlo, desbaratando a los profesionales la posibilidad de encontrar el equilibrio con su vida personal y familiar".
No en vano, "España todavía vive apegada a la cultura de la presencia -caracterizada por el autoritarismo, el control y la desconfianza-, postergando su necesaria evolución hacia la de la eficiencia, basada en la dirección por objetivos, la flexibilidad y la autonomía", apunta Cubeiro. Así, los españoles son de los que más curran: 1.780 horas de media durante 2006, según The Economist, esto es, 219 horas al año más que la media de la Unión Europea (UE) de los 15.
Ese mismo año, el 15% de la población activa española dedicó más de 50 horas semanales a su función profesional, sin contar las horas extras, el tiempo destinado a comer o los desplazamientos in itínere, según una encuesta del portal de internet Monster, especializado en ofertas de empleo. La mitad de los profesionales, por otra parte, trabajó más de 40 horas; el 25%, entre 25 y 40 horas, y el 10% restante, menos de 25 horas.
Pero estar en el trabajo no es lo mismo que estar trabajando. Prueba de ello es que la productividad española sólo ha crecido un 0,9% en la última década, y ya se encuentra 16 puntos por debajo de la media de la UE de los 15, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y ya es un 25% más baja que Francia, Italia y Alemania, ocupando la 29ª posición mundial desde el punto de vista de la competitividad, según el ranking elaborado en 2006 por el Foro Económico de Davos.
Así, orientar la estrategia empresarial exclusivamente al crecimiento económico no suele traer consigo el resultado esperado, sino más bien todo lo contrario. "El modelo de negocio que sólo tiene en cuenta los números es obsoleto e inadecuado porque solamente invierte en aspectos tangibles, los cuales, al estar al alcance de cualquier compañía, no generan ningún valor añadido", afirma el profesor de Harvard Robert S. Kaplan, considerado por The Financial Times como uno de los 25 mejores "pensadores económicos" del momento.
Paradójicamente, la pérdida de competitividad y la escasez de valor añadido producido por las empresas están afectando al salario de sus plantillas. A finales del año pasado, los españoles cobraron una media de 1.553 euros brutos al mes, una cantidad similar a la registrada en 1997, según las conclusiones de un estudio de Adecco y el IESE. Mientras, el sueldo de los directivos se ha ido multiplicando, hasta situarse entre 40 y 100 veces por encima del resto de trabajadores, según un informe de la consultora de recursos humanos ICSA.
Pero el afán de lucro no sólo afecta a los salarios de la gran mayoría: "Como consecuencia de la falta de racionalización de la organización del trabajo y del liderazgo ambicioso, tóxico y autoritario ejercido por la mayoría de directivos y jefes, cada vez más asalariados son víctimas de diversos trastornos psíquicos", afirma el psicólogo laboral Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta afirmación es corroborada por Valentí Valls, médico adjunto y cardiólogo del hospital Clínico de Barcelona, para quien "las personas que trabajan más de 10 horas al día pueden estar poniendo en riesgo su salud, aunque no perciban conscientemente el estrés en su organismo".
Ahora mismo el estrés afecta al 32% de la población activa, según datos del informe Cisneros VI, y "afecta tanto física como mentalmente, hasta desencadenar crisis de ansiedad, anginas de pecho e infartos", añade Valls. Además, "el estrés suele ser la antesala del síndrome del trabajador quemado, más conocido como burnout, caracterizado por el agotamiento emocional, el aislamiento laboral y el vacío existencial derivado, sobre todo, de la creencia de que el trabajo que uno hace carece por completo de sentido", describe Piñuel.
Otro malestar en alza es el acoso laboral (mobbing), que ya afecta al 9% de los trabajadores. "Las víctimas de esta violencia psicológica se caracterizan por ser personas que destacan en un ambiente laboral mediocre, marcado por la envidia y la rivalidad entre compañeros, que luchan por escalar en la jerarquía", sostiene Piñuel.
Este experto también señala la adicción al trabajo (workaholics) como un fenómeno que tiene más presencia en las llamadas "empresas tóxicas", que suelen premiar los excesos de sus profesionales, "despreocupándose de si dicho sobreesfuerzo agrava su deterioro físico y psíquico". Se estima que el 8% de la población activa dedica más de 12 horas al día a su profesión para huir de sus problemas personales.
Todos estos trastornos psíquicos suelen tener un final común: la depresión, descrita como "un profundo sentimiento de tristeza y de apatía" que ya afecta a entre el 15% y el 30% de los trabajadores, y que supone para las empresas españolas un desembolso anual de 750 millones de euros en bajas laborales, sin contar el impacto brutal que tiene sobre su productividad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tanto Cubeiro como Piñuel, opinan que "dado que todos los actores implicados están perdiendo, la transformación empresarial española ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad vital". Y concluyen: "Lamentablemente, la mayoría de empresas parecen dormidas, esperando inconscientemente a que este malestar sea masivo e inaguantable". Todo apunta a la tesis formulada por el filósofo español José Antonio Marina, para quien "la realidad demuestra que ninguna situación cambia hasta que deviene insoportable".
Vuelta a la 'normalidad'
Como cada año, el llamado síndrome posvacacional vuelve a ser protagonista durante las primeras semanas de septiembre, cuando la mayoría de los trabajadores retoma su actividad laboral después de las vacaciones de verano. Se estima que el 35% de los 20,3 millones de asalariados españoles suele padecer "insomnio, pérdida de apetito, agotamiento emocional, falta de concentración, así como algunos momentos de ansiedad y vacío interior", según la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA).
Todos estos síntomas, provocados por un desajuste temporal de los hábitos, desaparecen a los pocos días. Sin embargo, "para cada vez más españoles esta vuelta a la normalidad supone la aparición de una angustia existencial, que en ocasiones se convierte en la antesala de una profunda depresión", sostiene el psicólogo laboral Iñaki Piñuel, que acaba de publicar La dimisión interior. Del síndrome posvacacional a los riesgos psicosociales en el trabajo (Pirámide).
En su opinión, "la aparición de este síndrome pone de manifiesto las condiciones tóxicas a las que están abocados millones de trabajadores, que padecen daños psíquicos a lo largo de todo el año, pero que sólo toman plena consciencia de su malestar después de un breve periodo de descanso y desconexión con la empresa".

jueves, 25 de octubre de 2007

LA CUMBRE EUROPEA DE VALENCIA EXIGE UNA MAYOR ÉTICA PÚBLICA

Considerando la importancia de la Declaración de Valencia, reproducimos a continuación la noticia siguiente:
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia – (El País, 17/10/2007)

La 15 Conferencia Europea de Ministros de Administraciones Públicas hizo ayer un llamamiento para que los ayuntamientos avancen en la integración de los inmigrantes. La cumbre, que concluyó con una Declaración de Valencia, exige también a los Estados europeos que fijen niveles altos de ética pública y transparencia en la gestión de las Administraciones para responder adecuadamente a las exigencias de los ciudadanos.

El Gobierno de España muestra su satisfacción por el éxito y la alta participación de la cita

La cita de Valencia ha reunido a 21 ministros y delegaciones de 42 Estados y se cerró ayer con un llamamiento a los Estados europeos para que estimulen la participación ciudadana, mejoren los niveles de ética pública y la buena gobernanza y dediquen mayor atención a la autonomía regional.

Las conclusiones fueron presentadas por la vicepresidenta de la cumbre, la ministra finlandesa Mari Kiviniemi, que expresó su satisfacción por las conclusiones alcanzadas, que tienen en cuenta la diversidad, la cooperación transfronteriza y la buena gobernanza.

El secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, indicó que los acuerdos alcanzados suponen un paso adelante y una llamada para que los gobiernos locales adopten "normas éticas elevadas". Davis reconoció que el Consejo de Europa no puede adoptar medidas concretas, que dependen de los Estados miembros, pero sí hacer que los ciudadanos sean más conscientes de la necesidad de contar con gobiernos locales con altos niveles éticos y de transparencia.

En las conclusiones de la cumbre se insta a funcionarios y responsables públicos a abstenerse de participar en decisiones en las que tengan intereses particulares. El secretario de Estado de Cooperación Interterritorial del Ministerio de Administraciones Públicas, Fernando Puig de la Bellacasa -que cubrió la ausencia de la ministra Elena Salgado-, no ocultó su alegría por una cumbre europea que ha tenido bien presentes los temas propuestos por el Gobierno español.

Puig de la Bellacasa destacó que en la cita de Valencia los 47 Estados miembros acordaron elaborar un convenio internacional en la que se fijan los grandes principios de participación ciudadana. Un convenio que se incluirá en forma de protocolo adicional a la Carta Europea de Autonomía Local.

El encuentro también sirvió para impulsar la elaboración de instrumentos de análisis y evaluación con los que mejorar la participación de los ciudadanos en los ayuntamientos. En este contexto, España participa con un proyecto denominado Clear en el que colaboran los municipios de Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Córdoba, Alcobendas, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles.

La reunión, que se inició con el objetivo de innovar y mejorar la gobernanza local, también acordó implantar la Semana Europea de la Democracia Local para que los gobiernos municipales de todo el continente promuevan una mayor participación de los ciudadanos como instrumento de fortalecimiento de la democracia.

En las conclusiones de Valencia se indica, además, que la democracia representativa y la democracia participativa no son modelos contrapuestos, sino que se deben complementar. La cumbre de Valencia actualizó también los compromisos de la anterior reunión realizada en Budapest y acordó mantener la próxima conferencia intergubernamental dentro de dos años en los Países Bajos.

PRINCIPALES PUNTOS DE LA DECLARACIÓN DE VALENCIA

Renovar el llamamiento para que la participación democrática y la ética pública en los ámbitos local y regional figuren entre las prioridades de los Estados europeos.

Mejorar la integración de los residentes extranjeros en la vida pública local en la medida en que ello sea compatible con la Constitución de cada Estado.

Insistir en la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los máximos niveles de transparencia y de ética pública.

Combatir la corrupción, especialmente en las contrataciones, compras de bienes y servicios, empleo público, reglamentación del uso del suelo, el urbanismo y medio ambiente, para garantizar los intereses colectivos e instaurar sanciones ejemplares para quienes incumplan las reglas.

Analizar la autonomía regional y prestar la atención que merece este aspecto importante de las sociedades democráticas.

Aprobar un convenio internacional anexo a la Carta Europea de la Autonomía Local que fija los grandes principios de participación ciudadana en Europa.

jueves, 18 de octubre de 2007

SANCHEZ MORON OPINA QUE DEBEN CONSIDERARSE DEROGADAS POR EL EBEP CIERTAS NORMAS DE DESIGNACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN

En opinión del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá y Presidente de la Comisión de Expertos que preparó el Estatuto Básico del Empleado Público, don Miguel Sánchez Morón, la redacción del artículo 60.3 del Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público ("La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie") “no puede llevar sino a vedar la posibilidad de que organizaciones representativas de intereses de cualquier tipo nombren, designen o tengan la facultad de proponer miembros de los órganos de selección, pues si se les otorga ese poder se genera en realidad un vínculo de representación, aun no formalizado”.

Naturalmente, añade el citado profesor, “el precepto no es óbice para que puedan formar parte del órgano de selección personas que tengan la condición de afiliados sindicales, o miembros de otras asociaciones de empleados públicos, a título puramente individual, como se dice expresamente. Lo que no es lícito es que ello tenga lugar por designación o a propuesta de los sindicatos o asociaciones, pues en tal caso serían sustantivamente, miembros del órgano en representación o por cuenta de unos u otros”.

En consecuencia y conforme a esta interpretación finalista y sistemática, “deben considerarse derogadas por el EBEP todas las normas que prevén la designación de miembros de los órganos de selección por o a propuesta de los sindicatos y asociaciones de empleados públicos”. Por lo demás, concluye el citado profesor, “el artículo 60.3 es aplicable tanto a la selección de personal funcionario como de personal laboral y su incumplimiento puede viciar de nulidad la composición del órgano de selección y el proceso selectivo”.

Estas opiniones se encuentran recogidas en su nuevo e interesante libro “Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público” de la Editorial Lex Nova (pág. 408), cuya lectura se recomienda a todos los funcionarios y demás personas interesadas en aquellas cuestiones relativas a la función pública.

martes, 16 de octubre de 2007

LA ADMINISTRACION Y LOS SINDICATOS SIGUEN ADELANTE CON UNAS PRUEBAS DE HABILITACIÓN PARA EL PERSONAL LABORAL QUE VULNERAN LA LEY Y EL CONVENIO

Ayer se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón una Resolución de la Dirección General de la Función Pública, relativa a las pruebas de habilitación del personal laboral de la Administración autonómica para el acceso a otra categoría profesional, resolución por la que se aprobaba la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos, se acordaba la composición de las Comisiones de Valoración actuantes y se encomendaba a éstas la determinación de las pruebas que en cada caso hayan de realizarse, así como los conocimientos o competencias exigibles para cada categoría.

Semejante opción, es decir, la indeterminación de las bases de la convocatoria y la remisión de las mismas a la libre decisión del órgano de selección o valoración debe entenderse radicalmente contraria a los principios que rigen el acceso a las funciones públicas (igualdad, mérito y capacidad, publicidad) y al contenido obligado que ha de regular toda convocatoria de pruebas selectivas –pues las pruebas de habilitación han de calificarse, necesariamente, como tales, al articular la promoción interna del personal laboral-, contenido obligatorio que impone el artículo 26 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y que se deduce, igualmente, del artículo 52 del VII Convenio Colectivo, en el que se dice que el contenido de las pruebas vendrá determinado por la Dirección General de la Función Pública, correspondiendo su ejecución a las Comisiones de Valoración que se constituyan.

Mediante las Resoluciones de 27 de noviembre de 2006 y la ahora publicada, la Dirección General de la Función Pública renuncia de forma improcedente e inexplicable a la determinación de las pruebas y encomienda tal facultad a las Comisiones de Valoración, vulnerando con ello abiertamente lo señalado en el Convenio Colectivo y lo previsto por la Ley de Ordenación de la Función Pública aragonesa.

Con tal resolución además se desatiende la sugerencia formulada, con fecha 3 de mayo de 2007, por el Justicia de Aragón, en relación con la convocatoria aprobada por Resolución de 27 de noviembre de 2006. En dicha sugerencia se señalaba al Gobierno de Aragón la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la convocatoria de las pruebas de habilitación, entendiendo que para ello en las resoluciones por las que se convocaban tales pruebas debía especificarse tanto la estructura de las pruebas que deban superar los aspirantes, como la titulación que se les exija en función de la categoría a la que aspiran a ingresar y el conjunto de conocimientos que les sean requeridos.

Esta Asociación, a la vista de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, se dirigió el pasado mes de mayo tanto a la Administración como a los sindicatos instándoles a la subsanación de tales convocatorias, sin que hasta la fecha se haya recibido ningún tipo de respuesta ni de una ni de otros.

La Resolución ayer publicada, con irresponsabilidad difícilmente disculpable, lejos de subsanar los defectos señalados por el Justicia de Aragón, persiste y abunda en ellos, ya que viene a encomendar a las Comisiones de Valoración que han de actuar en las pruebas correspondientes a cada categoría profesional la determinación tanto de los conocimientos y competencias requeridos para las respectivas funciones como la formulación de la prueba que en cada caso estimen procedente, apoyando tan insólita decisión en la discrecionalidad técnica de tales órganos, en una evidente manipulación de este concepto.

Entiende esta Asociación que, tanto en la convocatoria de estas pruebas de habilitación como en su ejecución y desarrollo, Administración y Sindicatos han optado por un abierto desafío a la legalidad, consagrando el principio de arbitrariedad como único criterio rector de este tipo de pruebas, frente a lo cual no queda otra alternativa que ejercitar todas las acciones jurídicas disponibles para promover, desde la reivindicación del Estado de Derecho, la nulidad de tales pruebas, lamentando que la cerrazón de las dos partes responsables de este irregular proceso no deje otra opción disponible.

miércoles, 10 de octubre de 2007

FORMULADAS LAS ALEGACIONES DE ADMINISTRACION Y SINDICATOS AL ESCRITO DE DEMANDA DE LA ASOCIACION CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2007.

El pasado día 8 de octubre, mediante diligencia acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se acordó recibir a prueba el recurso formulado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007.

Asimismo, se ha dado traslado a la Asociación del escrito de contestación a la demanda formulado por la Administración, así como de las alegaciones formuladas, en calidad de codemandados, por los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y, finalmente, escrito de alegaciones suscrito por el Ministerio Fiscal.

Coinciden todas las partes en negar afección al derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española, al considerar que el número de plazas incluido en la Oferta de Empleo Público no supone discriminación alguna en las condiciones de acceso, negando con ello la sustantividad del derecho de acceso a la función pública para reducirlo a una mera aplicación del principio de igualdad en los procesos selectivos que se convoquen. Es decir, si se impidiera antijurídicamente la posibilidad de presentarse a determinados candidatos se estaría vulnerando el derecho fundamental invocado, pero si, por falta de oferta o insuficiencia de la misma, se reduce la posibilidad de acceso de forma antijurídica no podría entenderse lesionado el citado derecho fundamental, por tratarse de una cuestión de mera legalidad ordinaria.

La Asociación, obviamente, no comparte una interpretación tan reductora de los derechos de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas y tanto en la fase de prueba como en las posteriores conclusiones insistirá en que el número de plazas convocadas y la misma aprobación de oferta son parte del contenido esencial de un derecho sustantivo a acceder a la función pública, con las condiciones que establecen las leyes. Sorprende, en todo caso, que dos sindicatos sostengan una tesis que avala la temporalidad en el empleo público.

Tampoco evitan ni la Administración ni Comisiones Obreras volver a plantear, aunque el asunto ya fue resuelto por un auto del Tribunal favorable a esta Asociación, la falta de legitimación de la Asociación para formular el recurso planteado, ya que, al parecer, defender aquello que es el objeto propio de la existencia de esta Asociación –la legalidad y la profesionalidad, entre otros principios o fines- no constituye un interés legítimo que habilite a la Asociación a acudir a los Tribunales. De hecho, tal pretensión de inadmisión de la demanda por falta de legitimación activa es la única petición formulada por Comisiones Obreras.

Sin perjuicio del resultado del proceso, entendía y entiende esta Asociación que era absolutamente necesario suscitar un debate sobre el nivel de incumplimiento de la legalidad en materia de selección y la arbitrariedad mostrada por la Administración en dicho tema, tanto en la aprobación de ofertas –con cuatro años carentes de oferta de empleo público desde el año 2000- como en las condiciones de ejecución de las aprobadas, acumulándose en gran parte de las convocatorias más de tres años de retraso respecto a los plazos marcados por la Ley.

Y esta Asociación sigue considerando que tal forma de proceder es una vulneración del derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española, sin que pueda servir de consuelo, como parece suceder con Administración y sindicatos, que tales vulneraciones lo sean exclusivamente de la legalidad ordinaria, como si la Administración y los Sindicatos, a la hora de negociar la oferta de empleo público, estuviesen menos vinculados por la Ley que por la Constitución.

miércoles, 3 de octubre de 2007

LA ASOCIACIÓN SOLICITA TRANSPARENCIA Y CONTROL EN RELACIÓN CON EL PERSONAL EVENTUAL DE LOS GABINETES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Zaragoza, 3 de octubre de 2007

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, en ejercicio del derecho constitucional de petición, para solicitar que los nombramientos y ceses del personal eventual o de confianza de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón sean públicos y transparentes, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, y que el trabajo realizado por dicho personal quede sujeto al mismo régimen de control establecido para los funcionarios de carrera.

El personal eventual constituye una de las clases de empleados públicos prevista tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la vigente Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, definiéndose como tal el personal que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para tal fin.

Dicho personal eventual únicamente puede ocupar los puestos de trabajo que, con tal naturaleza, se adscriben a los Gabinetes y Secretarías particulares de los miembros del Gobierno de Aragón, según se prevé en el artículo 20 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Señala el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 12.5, que al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. De acuerdo con ello, debiera entenderse que la publicación de los nombramientos y ceses en los puestos de trabajo, así como los principios o reglas que se establecen en el denominado Código de Conducta o capítulo de deberes de los empleados públicos, habrían de ser aplicados a dicho personal.

Entre tales principios o deberes figuran los de dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad y eficacia, principios todos ellos que vendrían a determinar lo que cabe y debe entenderse como “funciones retribuidas” a desarrollar por dicho personal.

La falta de publicidad actualmente existente en cuanto al nombramiento de las personas que acceden a las funciones públicas de confianza o de asesoramiento especial, así como la inaplicación a los mismos de control de presencia en los lugares de trabajo y cumplimiento de jornada, hace posible que la condición de dicho personal, en determinados casos, no vaya más allá de la percepción de un sueldo público, sin realización de función alguna que justifique el cobro del mismo, posibilidad que en modo alguno puede estimarse admisible.

La Asociación va a hacer de esta cuestión una de sus prioridades de actuación y, en su caso, de denuncia, al constituir tal realidad –o su posibilidad- una de las anomalías más graves de funcionamiento del régimen de función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

martes, 2 de octubre de 2007

LA ASOCIACIÓN SOLICITA A LAS CORTES DE ARAGÓN Y A EL JUSTICIA DE ARAGÓN ANALIZAR EL NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE

Zaragoza, 2 de octubre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirigió ayer por escrito a las Cortes de Aragón, haciendo uso del derecho de petición a la Cámara, para solicitar de dicha institución que, en el ejercicio de sus funciones de control y supervisión de la actuación del Gobierno de Aragón, proceda a analizar la regularidad del nombramiento de José Angel Biel como Vicepresidente del Gobierno de Aragón, al no reunir la condición previa de Consejero, tal y como exige la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón en su artículo 4.1.

Dicho precepto legal, en el que se exige para el nombramiento como Vicepresidente del Gobierno de Aragón ostentar la previa condición de Consejero, ha de entenderse plenamente vigente, al no haberse visto afectado su contenido por la aprobación de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, más allá de la referencia que se hace a los Vicepresidentes como miembros potestativos del Gobierno de Aragón.

Entiende esta Asociación que el pleno sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico y el escrupuloso respeto del principio de legalidad debe asegurarse en todas las decisiones adoptadas por las instituciones aragonesas, incluyendo las que hacen referencia a los requisitos que han de cumplir quienes acceden al ejercicio de los diferentes cargos o funciones públicas.

Al señalar la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón que “el Presidente, mediante Decreto, podrá nombrar a uno de sus Consejeros como Vicepresidente”, las facultades de nombramiento del Presidente deben entenderse legalmente condicionadas, al imponer que el nombramiento de Vicepresidente deba recaer necesariamente en quien, previamente, reúna la condición de Consejero.

Frente a la claridad con que se establece en la Ley la condición que ha de reunirse para ser nombrado Vicepresidente del Gobierno de Aragón, el Decreto de nombramiento no acredita tal condición, razón por la cual cabe albergar razonables dudas sobre la legalidad o regularidad del citado nombramiento.

Entiende esta Asociación que la labor de control de la acción del Gobierno de Aragón que atribuye el Estatuto de Autonomía a las Cortes de Aragón ha de comenzar por la legalidad de su misma constitución o nombramiento, pues el incumplimiento de las condiciones legales establecidas para su composición podría cuestionar la legitimidad del conjunto de su actividad, socavando la confianza de los ciudadanos en el correcto funcionamiento de las instituciones políticas de la Comunidad Autónoma.

La Asociación va a dirigirse igualmente al Justicia de Aragón, para solicitar su intervención en relación con el citado nombramiento, al entender que las circunstancias en que se ha producido podrían implicar una vulneración del ordenamiento jurídico aragonés, al inaplicarse lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio.

domingo, 30 de septiembre de 2007

RESULTADOS DE LA ULTIMA ENCUESTA

La última encuesta planteada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa arroja unos resultados mayoritariamente favorables a que los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales sean elegidos entre funcionarios públicos (90,7% del total de votos), con la mayor participación registrada hasta ahora de todas las encuestas celebradas (107 votos).

viernes, 28 de septiembre de 2007

LA ASOCIACIÓN SOLICITA A LAS CORTES DE ARAGÓN QUE IMPULSEN CRITERIOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL EN LOS NOMBRAMIENTO DE CARGOS DIRECTIVOS

Zaragoza, 27 de septiembre de 2007.


La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa considera necesario reforzar el criterio de competencia profesional en los nombramientos de los cargos directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en particular en lo que se refiere al nombramiento de Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales. Por ello, y en ejercicio del derecho de petición a las Cortes de Aragón, se ha dirigido al Parlamento autonómico una propuesta para que desde la Cámara se impulse la aplicación de criterios de competencia profesional en los nombramientos de los cargos directivos de la Administración autonómica.

La configuración de las Direcciones Generales, como división orgánica de los diferentes Departamentos de la Administración autonómica, es eminentemente técnica, ya que a ellas se atribuye la dirección técnica, la gestión y la coordinación de una o de varias áreas funcionalmente homogéneas. Con mayor motivo, debe subrayarse el carácter técnico de las Secretarías Generales Técnicas, dado el contenido funcional de tales órganos como responsables de la gestión de recursos económicos y personales del Departamento y del apoyo técnico al Consejero en la planificación de la actividad del propio Departamento.

Pese a ello, la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma permite total libertad en el nombramiento de los titulares de tales órganos directivos, sin que necesite acreditarse competencia profesional o experiencia en la materia ni se requiera, para ninguno de tales puestos, reunir la condición de funcionario público.

La exigencia de una Administración profesionalizada y eficaz para asegurar un buen funcionamiento de los servicios públicos aconseja, por el contrario, que los órganos de dirección técnica de los diferentes Departamentos se cubran por titulares que acrediten dicha competencia profesional y experiencia y reúnan la condición de funcionarios superiores de las Administraciones Públicas, exigencias ambas establecidas para la Administración General del Estado en su Ley de Organización y Funcionamiento, aprobada por Ley 6/1997, de 14 de abril.

La no incorporación a la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de exigencias de competencia profesional en el nombramiento de los titulares de las Secretarías Generales Técnicas y de las Direcciones Generales supone una anomalía no razonable en relación con el régimen legal establecido para la Administración General del Estado y favorece la conformación de una Administración Pública desprofesionalizada, con una insuficiente solvencia técnica en numerosas áreas de responsabilidad pública, lo que afecta necesariamente a la calidad de la gestión de los servicios públicos.

Por todo ello, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, además de formular su petición ante el Parlamento autonómico, va a dirigirse igualmente al Presidente del Gobierno de Aragón y a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para solicitar que las condiciones de nombramiento de los cargos directivos de la Administración Pública aragonesa se ajuste a iguales criterios de competencia profesional y experiencia que los legalmente establecidos para la Administración General del Estado.

IMPROCEDENTE CORRECCION DE ERRORES DE LAS BASES DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE PROMOCION INTERNA PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE ARAGON.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2007.

En el Boletín Oficial de Aragón de 27 de septiembre de 2007 se publicaban, como “corrección de errores”, unas modificaciones sustanciales de la estructura de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto en la Escala Técnica de Gestión, Técnicos de Gestión General, como en la Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos Forestales. Dichas “correcciones” venían a variar el tipo de prueba requerida en el segundo ejercicio de ambas pruebas, convirtiendo el inicial cuestionario compuesto por preguntas con respuestas alternativas en un cuestionario de veinte preguntas breves y desarrollo de un tema por escrito, transformándose el tiempo máximo de duración del ejercicio de los noventa minutos inicialmente previstos en cuatro horas.

Con independencia del debate de fondo que pueda suscitarse sobre la mayor idoneidad de un tipo u otro de prueba, no parece razonable ni admisible que las convocatorias de las pruebas selectivas puedan modificarse con el alcance realizado, acudiendo para ello al mecanismo de la corrección de errores, ya que el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reserva tal rectificación exclusivamente para los “errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, sin que pueda acogerse a ninguno de tales supuestos un cambio sustancial en el desarrollo de un ejercicio de pruebas selectivas como el realizado.

Las convocatorias de pruebas selectivas han de ser consideradas como actos favorables, al haber generado intereses legítimos en todos los candidatos que han concurrido a las mismas, razón por la cual la modificación de su contenido únicamente resultaría viable por las vías que establecen las normas del procedimiento administrativo común.

Por otra parte, resulta evidente que una Orden de convocatoria, suscrita por dos Consejeros, como es el caso de las convocatorias a las que afectan las correcciones de errores publicadas, no pueden verse alteradas mediante un texto anónimo, que no identifica al órgano o autoridad que lo suscribe y que, además, no justifica las razones ni causas del error indicado, incurriendo en un claro vicio de arbitrariedad.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa deplora que las pruebas de selección de personal funcionario vivan un proceso de deterioro creciente, siendo este nuevo episodio un claro exponente del mismo.

miércoles, 19 de septiembre de 2007

EL DPTO. DE PRESIDENCIA DEMORA LA FIJACIÓN DE CRITERIOS Y MECANISMOS DE CONTROL EN SELECCIÓN DEL PERSONAL POR LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS

Zaragoza, 19 de septiembre de 2007.

El Consejero de Presidencia, Javier Velasco, ha señalado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública que la posible adopción de medidas de ordenación y control de los procesos de selección de entidades y empresas públicas se estudiará en el momento en que se adapte la normativa de empleo público de la Comunidad Autónoma al nuevo Estatuto Básico del Empleado Público.

Dicha respuesta, recibida el 18 de septiembre, corresponde al escrito dirigido por el Presidente de la Asociación, el pasado 21 de junio, en ejercicio del derecho constitucional de petición, al entonces Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, solicitando la elaboración de un conjunto de criterios de común aplicación a todos los procesos de selección realizados por las entidades de Derecho público y las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón, estableciendo asimismo un órgano supervisor encargado de controla el cumplimiento y respeto de los mismos.La respuesta dada por el actual Consejero de Presidencia, como nuevo responsable de la política de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma, resulta claramente insatisfactoria, pues nada justifica demorar la adopción de tales medidas a ninguna adaptación normativa futura, ya que la selección de personal del sector público continúa realizándose sin las debidas garantías.

Esta situación de irregularidad, añadida al grave deterioro existente en el régimen de oferta de empleo público, motivó recientemente la apertura por el Justicia de Aragón de un procedimiento para analizar el actual estado de la selección de personal en el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Asociación, por otra parte, entiende que la respuesta remitida no se ajusta a los términos de la ley reguladora del derecho de petición, pues no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión planteada, sino que demora su valoración a un momento futuro indeterminado, sin señalar de forma motivada, tal como exige la citada ley, si se acepta o no la petición formulada y qué medidas, en su caso, se prevé adoptar a fin de lograr su plena efectividad.

Esta Asociación seguirá exigiendo la plena adaptación de los procesos de selección del personal de entidades y empresas públicas a los principios que han de regir el acceso de los ciudadanos al empleo público: igualdad, mérito y capacidad; publicidad de las convocatorias y sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección; adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar; y agilidad en los procesos de selección.

lunes, 17 de septiembre de 2007

PREOCUPACION POR LA PRETENDIDA EXTERNALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SAS

Zaragoza, 17 de septiembre de 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se va a dirigir a la Consejera de Salud y Consumo y al Gerente del Servicio Aragonés de Salud, para manifestarles su preocupación ante la prevista externalización de la gestión de los procedimientos de movilidad de personal estatutario, convocados por el Servicio Aragonés de Salud, solicitándoles que tal iniciativa se anule o se revise en todo aquello que contraviene el ordenamiento jurídico.

El pasado día 29 de agosto de 2007, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón un anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca la licitación, mediante concurso abierto, de una consultoría y asistencia para la realización de los procedimientos de movilidad de diferentes categorías estatutarias, a convocar por el Servicio Aragonés de Salud.

A juicio de esta Asociación, tal licitación persigue, como parece acreditarlo el pliego de prescripciones técnicas del referido contrato, encomendar a una empresa externa a la Administración de la Comunidad Autónoma todo el procedimiento de gestión y valoración de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo correspondientes a personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, cuya convocatoria se prevé efectuar entre noviembre de 2007 y junio de 2008.

En particular, resulta llamativo que se encomiende a la empresa que resulte adjudicataria del contrato la tarea de valoración de los méritos de los candidatos concursantes (eufemísticamente denominada en el pliego de prescripciones “análisis de puntuaciones”), así como la labor de propuesta de adjudicación, con la emisión de listados de adjudicaciones de plazas, tareas que constituyen la gestión del núcleo de la carrera administrativa de dicho colectivo profesional, competencia y responsabilidad irrenunciables de la Administración y que no cabe “sacar fuera” de la propia organización administrativa.

Esta Asociación considera que tal convocatoria de concurso es contraria a derecho, por vulnerar lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, de las Cortes Generales.

El ámbito de aplicación del Estatuto engloba al personal estatutario de los Servicios de Salud (artículo 2.2), señalando, además, que “cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud”. Así, la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público relativa a los principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera debe entenderse aplicable al personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, resultando incompatible la fórmula de externalización pretendida por este Organismo con la atribución de tales tareas de valoración de méritos a “órganos colegiados de carácter técnico” (artículo 79.1 del Estatuto Básico), mención que implica la naturaleza administrativa y pública de los mismos.

Por último, la Asociación entiende que tal iniciativa no puede considerarse congruente con el diseño y desarrollo de la costosa aplicación informática de gestión de personal impulsada por el Gobierno de Aragón para el conjunto de su personal, denominada Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón (SIRHGA), herramienta de gestión que queda privada de sentido si, contrariamente a lo previsto, cuestiones de tanta importancia como la movilidad del personal se atribuye a empresas externas.

martes, 11 de septiembre de 2007

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DENIEGA A LA ASOCIACIÓN INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS POR PERSONAL INTERINO.

Zaragoza, 10 de septiembre de 2007.

La Dirección General de la Función Pública ha denegado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa la información solicitada por ésta, el pasado mes de julio, sobre el número de puestos de trabajo ocupados por personal funcionario interino y personal laboral temporal existentes en el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La solicitud de dicha información se formulaba al hilo del procedimiento de impugnación de la Oferta de Empleo Público para el año 2007, al objeto de constatar su clara insuficiencia y el incumplimiento por la misma de la obligación legal de incorporar todas las plazas ocupadas por personal interino o temporal, tal y como exigen la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y el VII Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Administración aragonesa.

Esta Asociación considera que el acceso a los datos básicos del Registro de Personal, a partir de los cuales poder ejercer el control ciudadano sobre el respeto a la legalidad por los responsables públicos, constituye un elemento obligado de transparencia administrativa, y debe vincularse necesariamente al derecho de acceso a los registros administrativos que el artículo 105 de la Constitución española reconoce a los ciudadanos.

Por entender que dicho derecho de acceso no puede ser rechazado mediante el simple reenvío de tal solicitud al trámite de prueba del procedimiento judicial, esta Asociación va a recabar la obtención de la citada información, nuevamente, mediante sendos escritos a la Directora General de la Función Pública, al Director General de Participación Ciudadana y al Consejero de Presidencia, confiando en que dichos responsables garanticen el necesario principio de transparencia administrativa y el derecho constitucional de acceso a los registros administrativos.

Por otra parte, resulta muy llamativo el que dicha información no figurase entre los documentos del expediente administrativo correspondiente a la aprobación del Decreto por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público de 2007, al ser dicha información legalmente necesaria para determinar el número de plazas a incluir en la oferta anual.

A continuación transcribimos la contestación obtenida a la petición formulada por esta Asociación, respuesta que viene suscrita por un Jefe de Servicio –del cual, además, no depende el Registro de Personal- y no por el titular de la Dirección General, sin indicarse en el mismo la causa que justifique tal denegación, motivación que viene exigida por los criterios generales de motivación de los actos administrativos y por lo señalado en el artículo 52.4 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: “El ejercicio del derecho a que se refiere este artículo (derecho de acceso a los archivos y registros de la Administración) sólo podrá ser negado por las causas que establece la legislación básica estatal”.

Dicha respuesta dice así:

“VISTA la petición planteada por D. Julio Guiral Pelegrín en representación de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa con fecha 19 de julio de 2007, en la que se solicita el conocimiento de determinados datos obrantes en el Registro de Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con el recurso contencioso-administrativo 209/2007, Derechos Fundamentales,

Se informa que dicha solicitud de información deberá ser dirigida por parte interesada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que da conocimiento al asunto dentro del trámite de prueba, como parte integrante del proceso.

Zaragoza, a 23 de agosto de 2007. EL JEFE DEL SERVICIO DE CLASIFICACION Y PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO. Oscar Embid Ibáñez”.

miércoles, 5 de septiembre de 2007

LA ASOCIACIÓN PROPONE CONSTITUIR UNA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA EL ESTUDIO Y LA DEFINICIÓN DEL NUEVO MARCO LEGAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Zaragoza, 5 de septiembre de 2007.

La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, efectuada mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, por las Cortes Generales, ha venido a establecer el régimen común aplicable al personal funcionario y laboral de todas las Administraciones Públicas, dando con ello desarrollo a lo previsto en los artículos 103.3 y 1491.18ª de la Constitución española.

Coherentemente con las competencias que corresponden a las diferentes Comunidades Autónomas para regular el régimen de función pública de sus respectivas Administraciones, dentro del respeto a las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos fijado por el Estado, el artículo 6 de la citada Ley 7/2007 señala que “en desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

La trascendencia que la definición del nuevo modelo de función pública aragonesa cuenta para el futuro de la Comunidad Autónoma aconseja que el citado desarrollo legislativo vaya precedido de un profundo ejercicio de análisis y reflexión sobre las diferentes opciones posibles y sobre las razones que permitan decantarse por alguna de ellas, determinando asimismo las medidas que en otros ámbitos de la organización y funcionamiento de la Administración deban adoptarse para obtener un modelo de función pública eficaz y congruente.

Con el fin de alcanzar tal objetivo, sería oportuno, a juicio de esta Asociación, la constitución de una Comisión de Expertos para el estudio y preparación del anteproyecto de ley de función pública aragonesa, aplicando con ello similar medida a la adoptada por la Administración General del Estado para el estudio y elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público, a través de la comisión constituida por Orden de 16 de septiembre de 2004, del Ministerio de Administraciones Públicas (BOE de 21 de septiembre de 2006).

Dicha Comisión debería integrar a expertos del ámbito académico y de las propias Administraciones Públicas, contando con el apoyo material preciso por parte de la Administración autonómica y la posibilidad de mantener reuniones con autoridades, otros expertos nacionales e interlocutores sociales, asegurando con ello el principio básico de participación ciudadana y diálogo social. Los trabajos de la Comisión deberían gozar de publicidad suficiente en la web, en un formato que permita ser seguidos y valorados puntualmente por los ciudadanos.

martes, 4 de septiembre de 2007

LA BAJA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS, CONFIRMA LA NECESIDAD DEL GIRO ÉTICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Zaragoza, 4 de septiembre de 2007.

Un reciente estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), denominado Los ciudadanos y el Estado (II) (ISSP) y realizado en el primer trimestre de este año, relativo a la actitud de los ciudadanos respecto al Estado o los poderes públicos pone de manifiesto, a juicio de esta Asociación, varios elementos de preocupación en cuanto al correcto funcionamiento institucional y a la salud de nuestro sistema democrático.

De entre las numerosas cuestiones planteadas en el citado estudio, cabe resaltar, como especialmente preocupantes, las siguientes: un desinterés por la política mayoritario entre los ciudadanos (son mayoría los que sienten poco o nada de interés), una elevadísima desconfianza hacia los demás ciudadanos, una clara convicción de que el trato dispensado a los ciudadanos por los funcionarios no es igualitario y de que los altos funcionarios no procuran hacer lo que más conviene al país y, finalmente, una percepción de corrupción entre la clase política y, en menor medida, entre la clase funcionarial.

La combinación de todos los elementos presentes en el estudio muestra, a juicio de esta Asociación, una sociedad claramente “desganada” o “desmoralizada” y dicha desmoralización viene determinada en buena medida por el comportamiento de las instituciones públicas, al no garantizar en las condiciones precisas el servicio objetivo al interés general y no asegurar el trato igualitario a todos los ciudadanos.

Esta Asociación considera que una realidad como la descrita hace especialmente necesaria, en los diferentes niveles de gobierno, la adopción de medidas que tiendan a reforzar el buen funcionamiento de las instituciones públicas, ya que el papel de las mismas es decisivo para la consecución de una sociedad civil madura, activa, participativa y cohesionada, para lo cual las instituciones han de “generar confianza” en el conjunto de la sociedad.

En particular, los gobiernos de las Comunidades Autónomas debieran sentirse concernidos por esta realidad del comportamiento y actitud política de los ciudadanos, pues no cabe aspirar a ningún tipo de verdadero “autogobierno” en un contexto de despreocupación de los ciudadanos por los asuntos públicos y en un clima de desconfianza de los ciudadanos entre ellos mismos y hacia las instituciones, englobando en las mismas a políticos y funcionarios. Es más, como ya apuntó el pensador inglés J. Stuart Mill, la corrupción nace del desinterés ciudadano por la actividad política.

Todo ello viene a reforzar la convicción de esta Asociación en la necesidad de un “giro ético” en la Administración pública y en la responsabilidad que para su logro corresponde a todos y cada uno de los funcionarios públicos, ya que la actitud de servicio de todos ellos es indispensable para que los ciudadanos vean las instituciones públicas como un patrimonio común, esencial para la realización de la ciudadanía y para la profundización en la convivencia democrática, si bien corresponde liderar dicho cambio, con su ejemplo y su impulso, a los responsables políticos.

jueves, 30 de agosto de 2007

LA ASOCIACIÓN SE QUEJA ANTE EL JUSTICIA DE ARAGÓN Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO POR LA FALTA DE RESPETO DE LOS PLAZOS EN LOS PROCESOS SELECTIVOS

Zaragoza, 30 de agosto de 2007.

En el Boletín Oficial de Aragón se publicaba ayer la Orden del Departamento de Presidencia, por la que se nombra funcionarios de carrera de nuevo ingreso pertenecientes a la Escala Auxiliar Administrativa, poniendo con ello fin al proceso selectivo que, para cubrir plazas de dicha Escala mediante turno independientes de discapacitados, correspondía a la Oferta de Empleo Público del año 2003.

Desde la publicación de la citada Oferta de Empleo Público para 2003 hasta la Orden de nombramiento publicada ayer, con la que concluye definitivamente dicho proceso selectivo, han transcurrido cuatro años y medio.

Esta injustificada demora es una circunstancia que no puede ser en modo alguno indiferente ni a los órganos de gestión de personal responsables –Dirección General de la Función Pública e Instituto Aragonés de Administración Pública- ni a los órganos internos de control de la eficacia administrativa –Inspección General de Servicios- ni, por supuesto, a los órganos encargados de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos –Justicia de Aragón y Defensor del Pueblo-, pues no hay que olvidar que el acceso a la función pública, en cualquiera de sus modalidades o turnos específicos, es un derecho fundamental constitucionalmente reconocido.

La situación de gravísimo deterioro que padece el sistema de selección de personal , constituye una especial preocupación para esta Asociación y, por ello, la llamativa demora en la ejecución del proceso selectivo señalado (concluido en un plazo de cuatro años y medio, en lugar de los nueve meses que establece la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón) ha motivado que, con esta fecha, se hayan dirigido sendos escritos de queja al Justicia de Aragón y al Defensor del Pueblo, poniéndoles de manifiesto el incumplimiento de los plazos legales por parte de la Administración en la resolución del proceso selectivo y señalando la inseguridad jurídica que ello supone para todos los afectados y la evidente lesión que ello produce en el derecho de acceso a las funciones públicas en las condiciones que marca la ley.

Debemos recordar además que después de haber transcurrido tres años desde la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2004, siguen sin convocarse numerosos procesos selectivos autorizados por la misma y la práctica totalidad de los mismos aún no se han concluido. Esta situación nos parece incompatible con las exigencias del Estado de Derecho, en especial, con el sometimiento de los poderes públicos a la ley y con el necesario respeto a los derechos de los ciudadanos.

La Administración no puede ignorar los plazos que marca la ley, al objeto de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, y esta asociación entiende que de ello debieran tomar buena nota los nuevos responsables del Departamento de Presidencia y de la Dirección General de la Función Pública.

miércoles, 22 de agosto de 2007

FORMULADO EL ESCRITO DE DEMANDA EN EL RECURSO ESPECIAL CONTRA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2007.

Zaragoza, 21 de agosto de 2007.

El pasado día 20 de julio, y en el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales instado por la Asociación contra el Decreto 67/2007, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007, se formuló escrito de demanda, indicando los hechos y fundamentos de derecho en que se basa la impugnación realizada, solicitando al Tribunal que se declare vulnerado el derecho fundamental al acceso en condiciones de igualdad a la función pública, reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución española.

Dicha demanda, como ya se señaló en el escrito de interposición, se fundamenta en un doble motivo: en primer lugar, en la no inclusión de todas las plazas vacantes dotadas que se encuentran cubiertas por personal interino o eventual, tal y como se exige por el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma y el artículo 56 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; y, en segundo lugar, por el hecho de que las previsiones de promoción interna en algunas Escalas o Clases de especialidad suprimen el derecho de acceso o limitan de forma desproporcionada el acceso libre a las mismas, siendo particularmente grave tal restricción en el supuesto del personal laboral, al contemplar la Oferta únicamente dos de las cincuenta y cuatro categorías previstas en el VII Convenio Colectivo.

Del análisis del expediente, además, se desprende con total claridad la negativa de la Dirección General de la Función Pública no sólo a incluir en la Oferta las plazas que señala la Ley sino también el rechazo a atender las necesidades manifestadas por los Departamentos y Organismos autónomos, pues, pese a señalar éstos la necesidad de cubrir 1033 puestos de trabajo, la Oferta aprobada prevé exclusivamente la selección de 336 empleados públicos de nuevo ingreso, número que se incrementa hasta 534 si se contemplan, además, los diferentes supuestos de promoción interna. Es decir, la Oferta atiende únicamente la mitad de las necesidades señaladas por los Departamentos, determinándose de forma arbitraria el número de plazas autorizadas para cada Escala o Clase de especialidad, pues no existe en el expediente administrativo motivación alguna que justifique el tratamiento diferente dispensado en cada caso.

Tras la exposición de los motivos de impugnación, se solicita al Tribunal que ordene a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón proceder a la modificación del Decreto impugnado, incluyendo en la Oferta de Empleo Público para 2007 todas las plazas propias de funcionarios y de personal laboral que se hallen cubiertas por personal interino o eventual, respectivamente, tal y como obliga la ley, adecuando las normas sobre promoción interna al contenido constitucional del derecho fundamental vulnerado.

Subsidiariamente, en el caso de que no se estime procedente la petición de ampliación formulada, se solicita que se declare nulo el Decreto impugnado y se obligue a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a aprobar un nuevo Decreto de Oferta de Empleo para 2007 que incluya todas las plazas que señala la ley, adecuando en todo caso las previsiones de promoción interna al contenido constitucional del derecho fundamental vulnerado.

Al objeto de constatar la vulneración de la obligación legal de incluir en la Oferta todas las plazas cubiertas por interinos, se solicita como prueba la emisión de un informe por parte del Registro de Personal de la Comunidad Autónoma relativo al número de plazas reservadas a funcionarios y ocupadas por personal interino a fecha 31 de diciembre de 2006, e igual informe en relación con la situación de las plazas propias de personal laboral.