ES MUCHO LO QUE DEBEMOS HACER.

Cuando se acerca ya el inicio del nuevo curso, tras el paréntesis veraniego, todos hemos de retomar nuestra respectiva actividad y corresponde a esta Asociación seguir promoviendo los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas. Contando, para ello, con las limitaciones que nos son propias, y que tratamos de compensar con el esfuerzo de los miembros de la Junta Directiva, dispuestos todavía a dedicar tiempo y energías al análisis de problemas y al debate de iniciativas que tiendan a corregir deficiencias u orientar la configuración deseable de nuestro sistema de función pública.

Hemos de tratar de avanzar en los tres órdenes que nos planteamos: en el de la legalidad, en primer lugar, destacando la constante banalización en que incurren nuestras instituciones en el incumplimiento de las normas, algo que en modo alguno resulta aceptable en un Estado de Derecho, en el que las normas son la máxima garantía de los derechos de los ciudadanos y el límite preciso a la arbitrariedad administrativa y al abuso de poder, y volveremos a reclamar, por ejemplo, algo tan básico como que el Gobierno de Aragón apruebe y remita a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos antes del próximo 1 de octubre, porque así lo exige el Estatuto de Autonomía de Aragón, y el sometimiento a las normas es condición primordial de cualquier programa de gobierno; en el terreno de la profesionalidad, en segundo lugar, lo que nos llevará a insistir en la obligada limitación de la libre designación en el sistema de provisión de puestos de trabajo –inaceptable resulta lo sucedido con los puestos de reciente creación del Tribunal Administrativos de Contratos Públicos, tanto en su configuración como en su convocatoria de provisión, con indebidos márgenes de discrecionalidad en su nombramiento-, en el control de las comisiones de servicios, en la configuración de un verdadero programa de formación que contribuya a la especialización funcional y a la orientación de la carrera profesional, y en el control y evaluación del desempeño, para asegurar la calidad deseable de la actividad administrativa; y, por último, en el de la ética pública, lo que nos llevará a insistir en la prevención de los conflictos de intereses y en el control de incompatibilidades, en la implantación de mecanismos de lucha contra la corrupción –que no creemos pase por la creación de entidades como la Agencia de Integridad y Ética Pública, con sus desdibujadas y excesivas competencias-, y en la exigencia de ejemplaridad en los responsables institucionales (razón que nos llevará a insistir en la necesaria dimisión del actual Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, cuyos incumplimientos de la normativa de transparencia le desautorizan para el desempeño de tal función).

Esta Asociación va a proseguir un año más con su trabajo de exigencia y propuesta –labor molesta para algunos, insuficiente para otros, pero también valorada por algunos, aunque puedan ser los menos-, aprovechando en la medida que sea posible los nuevos cauces de participación ciudadana que ha abierto la reciente modificación del Reglamento de las Cortes de Aragón, pero haciendo uso también de los cauces de control y de participación que tradicionalmente hemos venido utilizando, como es la impugnación de actuaciones administrativas, el ejercicio del derecho de petición y la solicitud de acceso a la información pública. Junto a todo ello, además, queremos propiciar espacios abiertos de diálogo y debate sobre cuestiones de interés para la función pública en los que puedan intervenir todos los interesados en avanzar en una Administración profesional al servicio de los ciudadanos.