La
deriva secesionista que viene auspiciada, de manera incomprensible, desde las
propias instituciones catalanas, como podemos comprobar a diario, en lo que
constituye una manifiesta vulneración del orden constitucional español, ha de
encontrar una réplica adecuada en el compromiso con la legalidad que
corresponde a todos los funcionarios públicos, sin cuya colaboración difícilmente
podrá llevarse a cabo un proceso de consulta como el anunciado por el gobierno
autonómico de Cataluña.
La
adquisición de la condición de funcionario público queda sometida al requisito
del acatamiento constitucional, de manera que el ejercicio de las funciones públicas
solo cabe realizarlo desde el pleno sometimiento a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico, algo que corresponde tanto a los poderes públicos
como a los ciudadanos, pero que, no cabe olvidarlo, es una obligación específica
de la Administración
y de quienes trabajan en ella como funcionarios públicos, a los que corresponde
un papel insustituible como garantes de la legalidad.
Por
ello, desde esta Asociación no podemos sino aplaudir el pronunciamiento de los
secretarios, interventores y tesoreros de los entes locales catalanes, al
afirmar su pleno compromiso con la legalidad y con la norma constitucional,
avanzando su radical negativa a ejecutar cualquier actuación que pueda suponer
una vulneración del ordenamiento jurídico, lo que supondría quebrantar su
principal obligación como servidores públicos.
Nos
gustaría recordar que la inamovilidad de los funcionarios públicos que se
establece en el Estatuto Básico del Empleado Público tiene, precisamente, la
finalidad de reforzar y asegurar su imparcialidad en el cumplimiento de sus
funciones y su compromiso con la legalidad, con la obligación de desatender
todas aquellas órdenes superiores de carácter ilegal.
A
nadie se le escapa la radical ilegalidad de todas las actuaciones impulsadas
desde el Ejecutivo autonómico catalán para romper el marco de convivencia
democrático que asegura nuestra norma constitucional al conjunto de los
españoles, y por ello ni un solo funcionario público de las diferentes
administraciones públicas catalanas debería contribuir a la ejecución de las
ilegales decisiones adoptadas por quienes parecen haber olvidado cual es la
principal tarea que corresponde a los políticos, que no es otra que resolver
los problemas de los ciudadanos y asegurar la convivencia de todos a través de
políticas inclusivas, radicalmente opuestas a las lógicas identitarias que
propugna el nacionalismo con las que se trata de romper la ciudadanía
compartida y, en última instancia, la democracia y la libertad de las personas.
Frente
a tal estrategia, los servidores públicos han de hacer prevalecer la legalidad
constitucional, con la que están comprometidos de manera expresa e ineludible.
2 comentarios:
Magnífica y muy oportuna reflexión, que nos hace poner el foco en cuestiones básicas y elementales que parecemos haber olvidado, como es el hecho de que las libertades y los derechos sociales conquistados —hoy en peligro— son el producto de las luchas de todos los españoles.
En todos los lugares hay hombres y mujeres que se levantan contra las injusticias, sabiendo que formamos parte de un proyecto común de avance social y que si nos va mal a unos les irá mal a todos.
Es cierto que en la propia Constitución se confunde Estado y Gobierno central, con lo que el lenguaje utilizado por todos los políticos ha estado sumido en la confusión de no saber distinguir entre Estado y Gobierno central. Ello ha facilitado que los nacionalistas hayan colocado a sus comunidades autónomas fuera del Estado siempre que lo han creído conveniente, cuando en realidad se estaban refiriendo al Gobierno. Pero la confusión permitía ese salto.
En la ya bastante larga historia de este despropósito, se han ido acumulando ambigüedades, malinterpretaciones, abuso de lenguaje, ignorancia intencionada de la lógica del sistema constitucional español, instrumentalización de las ideas, tacticismo permanente y sin visión del conjunto, negación de las mínimas reglas de entendimiento, argumentos forzados e insostenibles.
Si no se revisa todo esto, sea cual sea la solución al problema actual, la simiente de la discordia seguirá estando presente en el horizonte político español.
El cese del director general de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, es el último remiendo que le faltaba a Carles Puigdemont para dejar un Gobierno compacto y preparado para tomar cualquier iniciativa, incluidas las que se sitúan fuera de la ley, de cara al 1 de octubre próximo, día del referéndum secesionista. Albert Batlle, como responsable político de los Mossos, era una pieza fundamental en el organigrama gubernamental. Su gran fallo fue advertir de que no quebrantaría ninguna ley desde su privilegiado puesto de mando. Y lo ha pagado con su cabeza.
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