ANTE LA XI ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN.

Mañana, 27 de junio, se celebrará la XI Asamblea de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, lo que supone culminar diez años de actividad, desde la creación en febrero de 2007. Poco han cambiado las circunstancias de la Administración desde entonces, pues ni siquiera se ha producido el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, ni en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ni en la Administración General del Estado.

Ni en materia de legalidad o cumplimiento de las normas de función pública –con elevadas tasas de interinidad resultantes de la falta de aprobación de ofertas de empleo público suficientes, acordes a las necesidades reales y respetuosas del derecho de acceso de los ciudadanos- ni en materia de profesionalidad –donde la discrecionalidad en la provisión de puestos sigue dominando sobre el mérito de los candidatos, creando una estructura sumisa y clientelar hacia los diferentes partidos políticos- hemos obtenido avances significativos.

La sociedad cambia, la realidad cambia, pero la función pública persiste con la inercia de todas sus disfunciones, carente de un horizonte definido y de un proyecto de puesta al día, que le asigne el imprescindible papel que le corresponde en la gestión eficaz de los servicios públicos y en la realización diaria de todas las garantías que supone el Estado de Derecho para los ciudadanos. Quienes trabajan en la Administración no tienen, al parecer, más remedio que aceptar el estado de cosas existente, adecuar sus pautas de conducta a las reglas no escritas que rigen el funcionamiento real de la organización, y buscar el equilibrio adecuado entre la aplicación y la inaplicación de las normas, que normalmente se traduce en lo que todos conocemos como “voluntad política”. Justamente frente a todo ello quiso reaccionar esta Asociación, pero es evidente que su actividad y el esfuerzo desplegado durante esta pasada década han tenido pocos logros, aunque cabe pensar que acaso, sin ello, el deterioro podría haber sido mayor aún.

Las políticas de calidad que fueron formuladas en la anterior legislatura carecen del más mínimo impulso político, y lo mismo cabe augurar a las pretendidas normas de integridad y ética pública recientemente aprobadas, pues no es posible imaginar ninguna calidad ni ética en la gestión de los asuntos públicos que no se cimente en el principio de legalidad, lo que hoy sigue siendo el mayor y más grave déficit de nuestras Administraciones.

Son numerosas las normas que ni se aplican ni se desarrollan –el ejemplo del Estatuto Básico del Empleado Público es manifiesto, pero hay otras muchas normas que resultan papel mojado, devaluando con ello el valor de la ley, lo que es de una gravedad enorme en un Estado de Derecho- y, así, son numerosos los casos en los que las Administraciones se apartan de las obligaciones y mandatos que señalan las leyes: ni siquiera el Gobierno de Aragón se siente vinculado por el Estatuto de Autonomía de Aragón, y se permite incumplir los plazos marcados para la remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón, sin que nadie formule reproche alguno.

Si las instituciones no cumplen las normas, dónde queda su legitimidad para exigir su cumplimiento a los ciudadanos. Frente a la pérdida de legitimidad de las instituciones –por su olvido del principio de legalidad- propugnamos un creciente activismo ciudadano que contribuya a recuperar el necesario respeto a las normas y el sometimiento de todos los poderes públicos a las mismas. Y en esa reacción cívica han de desempeñar un papel especial los servidores públicos, pues son quienes por su posición están llamados a hacer respetar las normas y garantizar el interés general de manera objetiva.

Por ello, esta Asociación reafirma su compromiso con los principios que inspiraron su creación y se compromete a seguir actuando en defensa de los valores de legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de la Administración Pública y del conjunto de las instituciones, contribuyendo con ello a la fortaleza de nuestra democracia, y a la dignificación de la función pública.