Mañana,
27 de junio, se celebrará la XI Asamblea
de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, lo que supone culminar diez años de actividad, desde la creación en
febrero de 2007. Poco han cambiado las circunstancias de la Administración
desde entonces, pues ni siquiera se ha producido el desarrollo del Estatuto Básico
del Empleado Público, ni en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón ni en la Administración
General del Estado.
Ni
en materia de legalidad o cumplimiento de las normas de función pública –con elevadas
tasas de interinidad resultantes de la falta de aprobación de ofertas de empleo
público suficientes, acordes a las necesidades reales y respetuosas del derecho
de acceso de los ciudadanos- ni en materia de profesionalidad –donde la
discrecionalidad en la provisión de puestos sigue dominando sobre el mérito de
los candidatos, creando una estructura sumisa y clientelar hacia los diferentes
partidos políticos- hemos obtenido avances significativos.
La
sociedad cambia, la realidad cambia, pero la función pública persiste con la
inercia de todas sus disfunciones, carente de un horizonte definido y de un
proyecto de puesta al día, que le asigne el imprescindible papel que le
corresponde en la gestión eficaz de los servicios públicos y en la realización
diaria de todas las garantías que supone el Estado de Derecho para los
ciudadanos. Quienes trabajan en la Administración no tienen, al parecer, más remedio
que aceptar el estado de cosas existente, adecuar sus pautas de conducta a las
reglas no escritas que rigen el funcionamiento real de la organización, y
buscar el equilibrio adecuado entre la aplicación y la inaplicación de las
normas, que normalmente se traduce en lo que todos conocemos como “voluntad política”.
Justamente frente a todo ello quiso reaccionar esta Asociación, pero es
evidente que su actividad y el esfuerzo desplegado durante esta pasada década
han tenido pocos logros, aunque cabe pensar que acaso, sin ello, el deterioro
podría haber sido mayor aún.
Las
políticas de calidad que fueron formuladas en la anterior legislatura carecen del más mínimo
impulso político, y lo mismo cabe augurar a las pretendidas normas de
integridad y ética pública recientemente aprobadas, pues no es posible imaginar
ninguna calidad ni ética en la gestión de los asuntos públicos que no se
cimente en el principio de legalidad, lo que hoy sigue siendo el mayor y más
grave déficit de nuestras Administraciones.
Son
numerosas las normas que ni se aplican ni se desarrollan –el ejemplo del
Estatuto Básico del Empleado Público es manifiesto, pero hay otras muchas
normas que resultan papel mojado, devaluando con ello el valor de la ley, lo
que es de una gravedad enorme en un Estado de Derecho- y, así, son numerosos
los casos en los que las Administraciones se apartan de las obligaciones y
mandatos que señalan las leyes: ni siquiera el Gobierno de Aragón se siente
vinculado por el Estatuto de Autonomía de Aragón, y se permite incumplir los
plazos marcados para la remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos a las
Cortes de Aragón, sin que nadie formule reproche alguno.
Si
las instituciones no cumplen las normas, dónde queda su legitimidad para exigir
su cumplimiento a los ciudadanos. Frente a la pérdida de legitimidad de las
instituciones –por su olvido del principio de legalidad- propugnamos un
creciente activismo ciudadano que contribuya a recuperar el necesario respeto a
las normas y el sometimiento de todos los poderes públicos a las mismas. Y en
esa reacción cívica han de desempeñar un papel especial los servidores públicos,
pues son quienes por su posición están llamados a hacer respetar las normas y
garantizar el interés general de manera objetiva.
Por
ello, esta Asociación reafirma su compromiso con los principios que inspiraron
su creación y se compromete a seguir actuando en defensa de los valores de
legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de la Administración Pública
y del conjunto de las instituciones, contribuyendo con ello a la fortaleza de
nuestra democracia, y a la dignificación de la función pública.
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