REIVINDICACIÓN PERMANENTE DEL ESTADO DE DERECHO.

Frente a quienes creen que basta la voluntad mayoritaria de los ciudadanos para tomar una concreta decisión, porque así lo dicta el principio democrático, o quienes consideran que las personas democráticamente elegidas cuentan con una legitimidad política que les faculta para adoptar cualquier medida, hay que recordar el pleno sometimiento de todos, ciudadanos y poderes público, al ordenamiento jurídico, como nota propia de un Estado de Derecho.

Desde esta Asociación hemos puesto siempre énfasis especial en reclamar el pleno respeto al principio de legalidad y alertar sobre el grave riesgo que entraña la “banalización de la ilegalidad”, la aceptación de que las normas pueden dejar de cumplirse sin que de ello se derive daño alguno para nadie.

Son numerosos, por ejemplo, los preceptos de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón que no se respetan por el Gobierno de Aragón, y su reiterada vulneración ha llegado a calificarse, por parte de algún responsable de la Dirección General de la Función Pública, como una “crisis de vigencia”. Si las leyes perdieran su vigor para hacerse respetar, como parecen creer algunos responsables políticos, la quiebra del Estado de Derecho estaría asegurada.

La ley es la principal garantía que tiene el ciudadano frente al abuso de poder, frente a la anómala arbitrariedad institucional y también frente a las lesiones a sus derechos provocadas por otros particulares. Sin una firme creencia en el valor de la ley, y sin mecanismos de aseguramiento del debido respeto a la misma, todos quedaríamos a merced de la arbitrariedad de los demás, ya sean particulares o poderes públicos.

Por eso, nuestro diseño institucional tiene que ser capaz de impedir o depurar todas aquellas conductas que constituyen una clara agresión al respeto de las leyes –sobre las que se asienta la convivencia democrática y tienen amparo los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos-, razón por la cual siempre hemos confiado en las instituciones que encarnan la fortaleza del Estado de Derecho –sin dejar de reclamar por ello su constante mejora-, pues son la imprescindible garantía frente a los excesos de la democracia política.

Es necesario recordar que democracia y ley no pueden ser elementos antagónicos, pues justamente la legalidad propia de un Estado de Derecho es la que tiene legitimidad democrática –y es expresión de la voluntad popular- y solo cabe reconocer como democracia a aquella que se desenvuelve dentro del marco jurídico que vincula por igual a ciudadanos y poderes públicos. Nadie está por encima de la legalidad, todos han de ser iguales ante la ley, sin discriminación posible, y nada puede invocarse para justificar el desprecio a la legalidad o su inaplicación.

Esta Asociación considera por ello que la reivindicación de la fortaleza del Estado de Derecho, al que sirve una función pública profesionalizada y fuertemente comprometida con el principio de legalidad, es una absoluta prioridad.

El valor del Estado de Derecho se percibe en la vida cotidiana de las sociedades –en la seguridad jurídica que genera el respeto a reglas y derechos-, pero también en los momentos de crisis y graves desafíos, ya sea el secesionismo territorial que pretende romper el marco constitucional, como sucede en España, o la adopción de medidas arbitrarias y discriminatorias que atentan contra los principios constitucionales y los derechos de las personas, como sucede en estos momentos con ciertas decisiones del actual Presidente de los Estados Unidos.