ANOMALÍAS GRAVES EN EL PROCESO SELECTIVO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.

Recientemente, mediante Resolución de 30 de septiembre de 2016, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, se ha modificado la composición íntegra del Tribunal actuante en el proceso selectivo para ingreso en la Clase de especialidad de Auxiliares Administrativos, procediéndose al nombramiento de nuevos miembros del mismo, siendo éstos los que han acordado la relación de aprobados del primer ejercicio, al parecer modificando los criterios del anterior Tribunal en sentido restrictivo y desfavorable para los derechos e intereses de los candidatos que realizaron el primer ejercicio del proceso selectivo.

Al parecer, y por la información que ha trascendido y aparecido en prensa, tras la realización del primer ejercicio del proceso selectivo, y como resultado de la aplicación de los criterios adoptados para su valoración, el Tribunal actuante fue radicalmente desautorizado por los responsables del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, con grave vulneración de lo previsto en las bases de la convocatoria, en cuya base quinta se señala: “El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas”.

La renuncia de la totalidad de los miembros de un Tribunal, y su sustitución íntegra, con modificación de criterios de evaluación, suponen una grave intromisión del Director General de la Función Pública en la actuación técnica que corresponde realizar al Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, cuya autonomía para tal labor se establece en las propias bases de la convocatoria.

Entendemos que con ello se ha viciado radicalmente el proceso selectivo, actuándose por los responsables de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de forma radicalmente arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico.

Esta Asociación impugnó en su día las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, al no incluirse en las mismas la totalidad de las plazas ocupadas por funcionarios interinos. El proceso selectivo ahora convocado, para ingreso en la Clase de especialidad de Auxiliares Administrativos, viene motivado precisamente por la ejecución de las sentencias obtenidas por esta Asociación, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por las cuales se obligó al Gobierno de Aragón a aprobar unas ofertas de empleo complementarias que contuvieran las plazas indebidamente omitidas.

El proceso selectivo al que nos referimos estaba dirigido, por lo tanto, a restaurar el derecho de acceso a la función pública, directamente vulnerado por el Gobierno de Aragón con las ofertas de empleo aprobadas en los años 2007 y 2011. Por ello, las graves irregularidades producidas en su desarrollo, y el cambio íntegro de los miembros del Tribunal Calificador, acordado por el Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, revisten una particular significación, pues vienen a significar, por la vía de los hechos, el vaciamiento de los efectos de las citadas sentencias judiciales, que no era otro que posibilitar la cobertura de las plazas ocupadas por interinos a través de un procedimiento selectivo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Una vez más debemos deplorar la actuación de los responsables de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, incapaces de asegurar la realización efectiva del derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos, incurriendo con sus omisiones y sus acciones en grave vulneración de los derechos de los ciudadanos constitucional y legalmente reconocidos.

Esta Asociación va a reclamar tanto de los Grupos Parlamentarios como del propio Consejero de Hacienda y Administración Pública, la comparecencia parlamentaria del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, así como del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, para que den cuenta de lo sucedido y expliquen las actuaciones que han llevado a la renuncia y sustitución del Tribunal Calificador, poniendo con ello en entredicho el normal desarrollo del proceso selectivo y creando la sospecha de quiebra de las prerrogativas del propio Tribunal para realizar y evaluar las diferentes pruebas del proceso selectivo.