Esta Asociación no va a desistir en su empeño de
que el Gobierno de Aragón y las demás Administraciones Públicas aragonesas
respeten el derecho de acceso a la función pública que reconoce a los
ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución
Española, derecho que para su ejercicio exige que cada
Administración, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público,
apruebe anualmente una oferta de empleo público, en la que como mínimo se
incluyan aquellas plazas vacantes ocupadas por personal interino, salvo que se
opten por su amortización.
El actual Gobierno de Aragón, presidido por Javier
Lambán, todavía no ha aprobado ninguna oferta de empleo público, pero sí se ha
preocupado de recurrir ante el Tribunal Supremo aquellas sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón que le obligaban a rectificar las
irregulares ofertas de 2014 y 2015 del anterior Ejecutivo, de Luisa Fernanda
Rudi, al no contener las plazas que exige el Estatuto Básico, vulnerando con
ello el derecho fundamental de acceso a la función pública.
Un Gobierno incapaz de asegurar el respeto a los
derechos fundamentales que reconoce la Constitución
Española es un gobierno con un déficit de legitimidad, pues ésta
no solo se debe al voto de los ciudadanos y a la confianza parlamentaria sino
también al correcto ejercicio del poder público y al sometimiento a la ley y al
Derecho, empezando lógicamente por aquellos derechos que la Constitución ha
querido considerar vinculantes para todos los poderes públicos y, por ello,
indisponibles por parte de ellos. No pueden ser suprimidos ni desconocidos por
el legislador ni por el ejecutivo. Por ello, la actitud adoptada por el actual
Gobierno de Aragón, al tratar de anular o retrasar las sentencias dictadas por
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, resulta particularmente grave y
reprochable.
Pero no por ello esta Asociación va a ceder en su
pretensión de que el derecho de acceso a la función pública sea respetado, por
lo que, al igual que hicimos con el anterior responsable de función pública,
Javier Campoy, hemos dirigido un requerimiento al actual Consejero de Hacienda
y Administración Pública, Fernando Gimeno, para que se proceda a la aprobación
de la oferta de empleo público de 2016, en los términos que establece el
Estatuto Básico del Empleado Público.
Si tal aprobación no se lleva a cabo o si en la
oferta aprobada no se incluyen las plazas que establece tanto el Estatuto Básico
del Empleado Público como la vigente Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, acudiremos nuevamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
para reclamar la anulación de los Decretos aprobados y la condena a la Administración de
aprobar ofertas complementarias con las plazas indebidamente omitidas. Tras
cinco sentencias en las que los Tribunales han tenido que corregir las
irregulares ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón,
resulta inaceptable que los actuales responsables de función pública sigan
manteniendo una actitud contraria al respeto del derecho de acceso, actitud que
debiera conllevar su inhabilitación para el ejercicio de responsabilidades públicas.
7 comentarios:
¿Qué se hará con las plazas vacantes que no se ofertan en el concurso de Administrativos?
Bien hecho el recordar y requerir el cumplimiento de las normas.
Los responsables políticos han de saber que la ciudadanía no está dispuesta a soportar más incumplimientos.
Defensa de la Función Pública exige una oferta de empleo.
elperiodicodeargon
La Asociación para la Defensa de la Función Pública aragonesa ha requerido al consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, que apruebe la convocatoria de alguna oferta de empleo público este año, como marca el artículo 23.2 de la Constitución y amplía el Estatuto Básico del Empleado Público.
El actual Ejecutivo presidido por Javier Lambán, recordó la asociación, todavía no ha aprobado ninguna oferta de empleo público. "Pero sí se ha preocupado de recurrir ante el Tribunal Supremo aquellas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que le obligaban a rectificar las irregulares ofertas de 2014 y 2015 del anterior Ejecutivo, de Luisa Fernanda Rudi, al no contener las plazas que exige el Estatuto Básico, vulnerando el derecho de acceso a la función pública", opinó.
Para la asociación, la actitud adoptada por el actual Gobierno de Aragón, "al tratar de anular o retrasar las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), resulta particularmente grave y reprochable".
Por ello, al igual que hicieron con el anterior responsable de función pública, Javier Campoy, han requerido a Gimeno para que oferte empleo público.
De no hacerlo, o si en la oferta aprobada no se incluyen las plazas que establece tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la vigente Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, anunciaron que acudirán de nuevo al TSJA, que ya ha dictado cinco sentencias favorables a ellos.
Para la asociación, "resulta inaceptable que los actuales responsables de función pública sigan manteniendo una actitud contraria al respeto del derecho de acceso, actitud que debiera conllevar su inhabilitación para el ejercicio de responsabilidades públicas".
El Periódico de Aragón
Comentario:
Mi reconocimiento y agradecimiento a los únicos que defienden a los empleados públicos y a la legalidad para vergüenza de los apesebrados y cómplices sindicatos
Comentario:
Pero si son los mismos. Lo unico q cambia es cada vez hay mas liberados. Y asi los sindicatos viven el mundo irreal pensando q hacen algo cuando solo hacen reunirse para pasar la mañana y pellizcarse y decir y esto es real cobrar otro mes sin hacer nada.
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