REQUERIMIENTO AL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA APROBACIÓN DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2016.

Esta Asociación no va a desistir en su empeño de que el Gobierno de Aragón y las demás Administraciones Públicas aragonesas respeten el derecho de acceso a la función pública que reconoce a los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española, derecho que para su ejercicio exige que cada Administración, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público, apruebe anualmente una oferta de empleo público, en la que como mínimo se incluyan aquellas plazas vacantes ocupadas por personal interino, salvo que se opten por su amortización.

El actual Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, todavía no ha aprobado ninguna oferta de empleo público, pero sí se ha preocupado de recurrir ante el Tribunal Supremo aquellas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que le obligaban a rectificar las irregulares ofertas de 2014 y 2015 del anterior Ejecutivo, de Luisa Fernanda Rudi, al no contener las plazas que exige el Estatuto Básico, vulnerando con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública.

Un Gobierno incapaz de asegurar el respeto a los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Española es un gobierno con un déficit de legitimidad, pues ésta no solo se debe al voto de los ciudadanos y a la confianza parlamentaria sino también al correcto ejercicio del poder público y al sometimiento a la ley y al Derecho, empezando lógicamente por aquellos derechos que la Constitución ha querido considerar vinculantes para todos los poderes públicos y, por ello, indisponibles por parte de ellos. No pueden ser suprimidos ni desconocidos por el legislador ni por el ejecutivo. Por ello, la actitud adoptada por el actual Gobierno de Aragón, al tratar de anular o retrasar las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, resulta particularmente grave y reprochable.

Pero no por ello esta Asociación va a ceder en su pretensión de que el derecho de acceso a la función pública sea respetado, por lo que, al igual que hicimos con el anterior responsable de función pública, Javier Campoy, hemos dirigido un requerimiento al actual Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, para que se proceda a la aprobación de la oferta de empleo público de 2016, en los términos que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

Si tal aprobación no se lleva a cabo o si en la oferta aprobada no se incluyen las plazas que establece tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la vigente Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, acudiremos nuevamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para reclamar la anulación de los Decretos aprobados y la condena a la Administración de aprobar ofertas complementarias con las plazas indebidamente omitidas. Tras cinco sentencias en las que los Tribunales han tenido que corregir las irregulares ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón, resulta inaceptable que los actuales responsables de función pública sigan manteniendo una actitud contraria al respeto del derecho de acceso, actitud que debiera conllevar su inhabilitación para el ejercicio de responsabilidades públicas.