El
Gobierno de Aragón, de momento, guarda absoluto silencio sobre los pronunciamientos del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en los que se le requiere a que en el
plazo de seis meses apruebe Decretos de Oferta complementaria de 2007 y 2011,
en los que se incluyan todas las vacantes entonces ocupadas por funcionarios
interinos, en ejecución de las sentencias judiciales que anularon ambas Ofertas
de Empleo Público de 2007 y 2011, por vulnerar el derecho fundamental de acceso
al empleo público al no incluir la totalidad de los puestos vacantes ocupados
por funcionarios interinos, como exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público
como la Ley de
Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Aunque
solo ha transcurrido una semana desde que el TSJA haya dictado sus dos autos,
dentro del procedimiento de ejecución forzosa promovido por esta Asociación, no
se ha producido ninguna reacción oficial por parte de los responsables del
Gobierno de Aragón, y en la información reciente publicada sobre esta cuestión
por “Heraldo de Aragón” y “El Periódico de Aragón” no se recoge ninguna
declaración de los responsables de la función pública aragonesa.
No
es un silencio nuevo, pues el silencio de ahora viene a sumarse al silencio
guardado durante cerca de un año por el Consejero de Hacienda y Administración
Pública, José Luis Saz, al que se solicitó la ejecución voluntaria de las
sentencias firmes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
que anularon las Ofertas de 2007 y 2011. Nunca hubo respuesta a dicha petición.
Ante
el silencio del Consejero de Hacienda y Administración Pública, como miembro
del Gobierno directamente responsable de la política de personal, esta Asociación
se dirigió a la Presidenta
del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para informarle de la pasividad
mantenida por el titular del citado Departamento, solicitándole que, como máxima
responsable del Gobierno de Aragón, promoviese la ejecución de ambas
sentencias, en garantía del derecho fundamental lesionado, sin que tampoco se
haya producido hasta el momento respuesta de ningún tipo.
Tampoco
desde la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios ha habido la menor comunicación a esta Asociación,
tras los autos de ejecución dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
ni siquiera para felicitarse del resultado favorable al derecho de los
ciudadanos a acceder a la función pública, lo que contribuirá sin duda a
corregir la irregular y anómala situación de una plantilla que cuenta con una
cuarta parte de sus efectivos en situación de interinidad.
El
silencio de lo responsables políticos resulta difícilmente aceptable en una
democracia, máxime cuando se trata de la ejecución de resoluciones judiciales
que incumben a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La realidad, por
lo tanto, se halla bastante distante de los discursos pronunciados por la Presidenta la semana
pasada en el transcurso del debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma.
El silencio frente a la ilegalidad declarada por los Tribunales –ese silencio
que comporta no ejecutar las resoluciones judiciales- no es la mejor forma que
cabe de reforzar el Estado de Derecho.
13 comentarios:
Comentario:
Hecha la Ley, hecha la trampa, con dejar desiertas las plazas porque nadie apruebe, según el tribunal adhoc correspondiente nombrado y dejar esas plazas para cubrirlas con gañanes del partido, amiguetes y familiares de amiguetes nombrándolos a dedo, aquí paz y después gloria como dirian estos pseudoeclesiásticos.
Por favor.
EFE 30/04/2013
Aragón destinará "todos sus recursos disponibles" a un nuevo plan de empleo
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a presentar una queja ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo por la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público en los años 2012 y 2013.
En una nota de prensa, la asociación recuerda que tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón imponen la obligación de aprobar con carácter anual una Oferta de Empleo Público que incluya, necesariamente, la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.
La falta de inclusión de éstas motivó precisamente la anulación de las Ofertas de 2007 y 2011, por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aún pendientes de ejecución aunque la asociación ha instado del TSJA la ejecución forzosa de las mismas.
Indican que "ni los ajustes presupuestarios ni la grave crisis económica" son razón suficiente para suspender el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentre el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y en los términos previstos en la ley.
Y dichos términos legales son, precisamente, "que anualmente se apruebe la correspondiente Oferta de Empleo Público, incluyendo la totalidad de las plazas ocupadas por interinos".
Añaden que el respeto de las condiciones de acceso a la función pública "no está reñido en absoluto con el redimensionamiento de las administraciones públicas o la reducción de efectivos", sino que las ofertas de empleo público "ordenan el acceso a la función pública, no su tamaño".
Una vez determinado el número y calidad de los funcionarios precisos para asegurar el funcionamiento de los diferentes servicios públicos, ha de asegurarse que la selección de dicho personal se realice conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, garantizando el derecho de acceso que reconoce la Constitución a todos los ciudadanos españoles, se indica en la nota.
Por lo tanto, los ajustes presupuestarios "han de incidir en la dimensión o número de plazas de que se dotan las administraciones, pero no pueden suspender las garantías constitucionales del régimen de acceso a la función pública, máxime en una situación de paro como la existente actualmente".
Así, aseguran que la congelación de la oferta de empleo supone "una vulneración del derecho al trabajo en el sector público que corresponde a todos los ciudadanos, tras superar los procesos selectivos en los que demostrar el correspondiente mérito y capacidad".
Además, alertan de que las altas tasas de interinidad existentes en el sector público sirven "para debilitar la posición del funcionario frente al poder político e incrementan los riesgos de arbitrariedad, abusos y corrupción".
¿A qué espera el Justicia para pronunciarse?
Ejecución forzosa de la sentencia.
Los tribunales obligan a la DGA a ofertar plazas de empleo público, pero no especifican cuántas.
Heraldo de Aragón.
20 julio 2013.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón a la Asociación para la Defensa de la Función Pública y exige al Gobierno de Aragón que apruebe, en un plazo de seis meses, dos decretos complementarios a las Ofertas de Empleo Público de los años 2007 y 2011 que incluyan las plazas entonces vacantes, cubiertas por funcionarios interinos, que no se ofertaron en su momento.
En dos sentencias notificadas en 2010 y 2012, los tribunales declararon ilegales las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 respectivamente, al no contemplar todas las plazas desempeñadas por interinos que no estuviesen reservadas a funcionarios de carrera con destino definitivo.
Dos años y medio después de la primera sentencia, la Administración todavía no ha ejecutado el fallo y en abril la Asociación para la Defensa de la Función Pública solicitó ante el TSJA la ejecución forzosa de ambas resoluciones judiciales.
Según marcan tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de Aragón, la Administración debería ofertar cada año todas las plazas vacantes desempeñadas por interinos. "El no hacerlo no conlleva un ahorro y además lesiona un derecho fundamental y la legislación de la Función Pública", señalaba la abogada de la asociación en el documento remitido en abril al TSJA.
"Se hurtaron 700 plazas"
En este documento, la asociación señala que el número de interinos cuyas plazas deberían haber sido ofertadas era de 1.155 el 31 de diciembre de 2006. De estas, se incluyeron en la oferta "como máximo" 449 por lo que "se hurtaron" según los demandantes, 706 plazas de empleo público en la oferta de 2007.
La asociación desconoce, por otro lado, los datos respecto al número de interinos a 31 de diciembre de 2010 por lo que no puede especificar el número de plazas que, ilegalmente, no se incluyeron en la oferta de 2011: "Una de nuestras peticiones era que diesen los datos precisos sobre el personal de la DGA, tanto el número total como su situación (activos, inactivos, interinos, reservas de plazas...). Es totalmente imposible saberlo porque la Comunidad nunca ha publicado estas cifras de forma anual. Debería haber un boletín de estadística de la Administración Pública", protesta Julio Guiral, presidente de la asociación demandante.
Las sentencias de ejecución forzosa exigen a la DGA que oferte en los próximos seis meses plazas que completen las lagunas observadas esos años, sin embargo no concretan cuántas plazas deben ser. "El juez ha decidido darle un poco de margen a la Administración para que determine el número exacto en cada uno de los dos casos y como los datos son tan opacos podría hacer cualquier cosa -se teme Guiral-, sin embargo, no vamos a aceptar que oferte solo 100 plazas por ejemplo, porque se hurtaron muchas más".
Aumento de interinos
En la audiencia frente al TSJA, la DGA alegó, según la asociación demandante, que la crisis económica ha truncado su voluntad de ejecución de las sentencias. Sin embargo, un informe de 2012 del Justicia de Aragón refleja que el número de interinos aumentó desde 2006 hasta 2012 en un 87,45%. A finales de 2006 había según ese informe 1.155 interinos en la Administración y en septiembre de 2012 esa cifra se elevaba hasta los 2.165, llegando a copar un 22% del total de empleados públicos de la DGA (cifrado en 48.163). Por esta razón, no consideran plausible que se hayan amortizado las plazas no ofertadas entonces.
Además, la DGA expuso como argumento para evitar publicar estas ofertas complementarias de empleo público la racionalización del gasto y la ley estatal de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 que impide la incorporación de nuevo personal.
Sin embargo, el TSJA entiende que esa ley es posterior a los hechos demandados y que no tiene carácter retroactivo, por lo que obliga a la DGA a publicar una Oferta de Empleo Público con las plazas que se dejaron de cubrir en las convocatorias de 2007 y 2011.
Comentario:
Me parece una Sentencia muy bien fundamentada y justa. Hay que dar oportunidades a todos y no es de recibo que haya interinos con más de 20 años de antigüedad que hayan sido incapaces de sacar una plaza a pesar de las facilidades que habitualmente se les dan
Comentario:
El problema son todos los que están trabajando desde hace años sin haber aprobado un examén, o uno de cuatro. Y así año tras año. Espero que se convoquen las plazas y que los que entren sean los que han sacado nota. No un concurso oposición en el que sin aprobar pueden entrar. No sería justo para nadie.
Comentario:
Mucha gente cuando ve la palabra funcionari saca toda la bilis que lleva dentro, supongo que será por envidia. Yo nunca he trabajado en la administración, aunque tal y como está la cosa no me importaría, la verdad. Pero mucha gente habla sin ni siquiera leer la noticia. Lo que el TSJA ha dicho es que se cumpla la Ley (simple y llanamente). La ley (estatal y autonómica) dice que esas plazas ocupadas por interinos, por Ley tienen que ocuparlas funcionarios, pues son puestos de trabajo fijos, no se han cubierto por una necesidad urgente y especial. Pero a ver si leemos. Esas plazas ya están creadas ... no se trata de contratar más personal. Si los gobiernos (en este caso del PP) quieren que esto no sea así lo tienen muy fácil. En vez de saltarse las leyes e incumplirlas una y otra vez que las cambien, que en una tarde, decretazo-ley mediante, la cambian.
Se rumorea que lo que se va a hacer es una consolidación "encubierta" de interinos. El propio consejero es lo que está comentando. Es decir, que lo que están negociando la administración y los sindicatos es un Concurso-Oposición en el que los interinos tengan casi asegurado obtener plaza. No todos porque algunas plazas se amortizarían.
Mi pregunta es si después de haber luchado tanto por la igualdad en el acceso a la función pública, la asociación va a consentir que hagan esto.
No es posible, porque los sistemas de selección han de ser iguales a los que se establecieron en las correspondientes Ofertas: es decir, oposición libre.
Veremos si las amortizaciones no constituyen un fraude de sentencia.
muchas gracias por responder, nos anima a muchos a seguir estudiando cada día
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