CUESTIONABLE VOCACIÓN EMPRESARIAL DE LOS CONSEJEROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

La reciente incorporación de dos Consejeros del Gobierno de Aragón al consejo de administración de la empresa «Aramón, Montañas de Aragón, S. A.» podría parecer un mero reajuste de responsabilidades dentro del amplio entramado de entidades dependientes del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero constituye una novedad en el ejercicio de responsabilidades empresariales por parte de los miembros del Gobierno de Aragón.

La Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, al regular el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Aragón, señala que “los miembros del Gobierno ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y, en consecuencia, no podrán ejercer ninguna otra actividad pública o privada, con independencia de que sea remunerada o no, salvo la propia del mandato parlamentario en las Cortes de Aragón y las que autorice la ley” (artículo 31).

Entre las actividades públicas  autorizadas expresamente por la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, desde su aprobación en el año 2009, se incluía la representación de la Administración autonómica “en los consejos de dirección y administración de organismos públicos y empresas integrantes del sector público de Aragón”. De acuerdo con tal redacción, no era posible que los consejeros participasen en los consejos de administración de empresas como Aramón, ya que al no pertenecer al sector público de Aragón, por no ser mayoritaria la participación del Gobierno de Aragón en su capital social, quedaba fuera de los supuestos de compatibilidad.

No obstante, el actual Gobierno de Aragón se ocupó de remover dicha traba legal, mediante la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se dio nueva redacción a las actividades públicas compatibles para los miembros del Gobierno de Aragón. Esta Ley, en su artículo 30, modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 34, admitiendo como actividad compatible para los consejeros la siguiente: «La representación de la Administración autonómica en toda clase de órganos colegiados y en los consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles con capital público». La nueva redacción viene a aproximarse a la normativa estatal, que permite a los ministros y altos cargos de la Administración General del Estado el desempeño de la representación de la Administración General del Estado en los órganos colegiados, directivos o consejos de administración de organismos o empresas con capital público o de entidades de derecho público.

Con la nueva redacción incorporada por la citada Ley 3/2012, los Consejeros del Gobierno de Aragón, por lo tanto, no solo pueden formar parte de los consejos de dirección y administración de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, sino también de las “sociedades mercantiles con capital público”, aunque éste no sea mayoritario. La aplicación de dicha novedad normativa no se ha hecho esperar y hemos visto como, al amparo de la misma, dos Consejeros del Gobierno de Aragón, como son Roberto Bermúdez de Castro y José Luis Saz, se han incorporado al consejo de administración de «Aramón, Montañas de Aragón, S. A.».

Esa ampliación del ámbito de compatibilidad en las actividades públicas de los Consejeros trata de compensarse con una restricción de las percepciones económicas por tal actividad, al señalarse que “los miembros de los consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles con capital público solo podrán percibir dietas por asistencia a los mismos por un máximo de dos consejos de administración diferentes". Aun con dicha restricción, la normativa aragonesa sigue quedando lejos de la normativa vigente para los miembros del Gobierno de España y altos cargos de la Administración General del Estado, contenida en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, toda vez que, para similares supuestos, no se admite la percepción de dietas asistencia: “los altos cargos no podrán percibir remuneración alguna con excepción de las indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente” (artículo 9.1).

Desde esta Asociación hemos visto siempre de manera crítica el que los miembros del Gobierno de Aragón ejerzan actividades empresariales, claramente ajenas a su función de dirección política, debiéndose deslindar claramente el ámbito de la política y el ámbito económico de la iniciativa empresarial, sin confusiones interesadas, y desde siempre hemos insistido en la necesidad de que la normativa autonómica de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Aragón se ajuste a la legislación de conflictos de intereses vigente en la Administración General del Estado. En este sentido, hemos de llamar la atención ante el hecho de que la ley autonómica se aproxime a la estatal al ampliar el ámbito de actividades compatibles –incluyendo la presencia en consejos de empresas con capital público- y evite dicha aproximación en la prohibición de percepción de dietas de asistencia a las reuniones de tales consejos. Esa adecuación selectiva muestra claramente la falta de determinación del Gobierno de Aragón para otorgar verdadera transparencia al régimen de retribuciones de sus miembros.