TIEMPO AGOTADO.

El Gobierno de Aragón, y en concreto su Consejero de Hacienda y Administración Pública, ha agotado sobradamente el plazo de que disponía para restaurar en la Administración de la Comunidad Autónoma el derecho fundamental de acceso a la función pública, vulnerado de manera reiterada por el Ejecutivo autonómico en años precedentes, como lo evidencian las altas tasas de interinidad existentes en la función pública aragonesa, dato destacado por el Justicia de Aragón en su reciente informe “El empleo público en la Administración autonómica aragonesa” (diciembre 2012).

El incumplimiento por el actual Gobierno de Aragón del deber de ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, así como la no aprobación de Oferta de Empleo Público para 2012, son hechos suficientemente elocuentes sobre la falta de voluntad para restaurar el derecho fundamental vulnerado y, con ello, comenzar a regenerar la propia función pública aragonesa.

Yerra el Departamento de Hacienda y Administración Pública al limitar la regularización de la provisión de puestos a un conjunto de convocatorias de concursos de méritos, pues el elemento crucial para la cobertura de los puestos de trabajo existentes en la Administración autonómica es el desbloqueo del sistema de acceso de los ciudadanos a la función pública. Es más, una programación de concursos como la que parece haberse previsto sin vincularla a la corrección del régimen de selección de personal de nuevo ingreso nos parece radicalmente arbitraria.

El Estado de Derecho se caracteriza por el aseguramiento de los derechos legales de todos los ciudadanos, y esa garantía ha de verse reforzada cuando los derechos afectados son derechos del máximo rango de protección, como son los derechos fundamentales. No es eso lo que está ocurriendo en la política de personal aplicada por el Gobierno de Aragón.

El derecho a la movilidad –más bien, el deber de concursar impuesto en este caso a los cientos de funcionarios en comisión de servicios- se antepone indebidamente al derecho de acceso a la función pública, de manera que se quiebra el valor esencial del régimen de provisión de puestos de trabajo, al situar al margen del mismo a una cuarta parte de la plantilla, por su condición de funcionarios interinos. Éstos no solo quedan excluidos del programa de provisión –al no desarrollarse en paralelo los procesos de selección en los que puedan participar-, sino que quedan situados en una posición clara de riesgo, pues muchos de sus puestos serán ofertados a funcionarios de carrera sin que a ellos se les oferten los que legalmente les corresponden, por la carencia de Oferta de Empleo Público. Una legalidad así entendida, de forma  parcial y selectiva –reconocida a unos y negada a otros- es una legalidad pervertida, y esta Asociación no puede dejar de señalarlo.

Por ello, esta Asociación entiende que la política de personal del Gobierno de Aragón persiste en uno de los rasgos que la han lastrado durante la pasada década y que resultó jurídicamente invalidada al más alto nivel, por parte del Tribunal Supremo, al declarar éste en su sentencia de 29 de octubre de 2010 –resultado de un recurso de casación promovido por esta Asociación-, que “no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos”.

El derecho fundamental de acceso a la función pública se sigue negando a los ciudadanos, sin que existan razones válidas que puedan justificarlo. No hay nada que justifique la pasividad de un Gobierno para cumplir las sentencias dictadas por los Tribunales, dictadas para restablecer el respeto a derechos fundamentales vulnerados. El tiempo de espera concedido se ha agotado y esta Asociación volverá a hacer valer sus demandas a través de todos los medios a su alcance, dentro del marco del Estado de Derecho y del respeto máximo a las instituciones, pero sin renunciar en forma alguna a exigir el respeto escrupuloso del derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública.