TREINTA Y CUATRO AÑOS DE CIUDADANÍA.

Esta Asociación no puede dejar de celebrar, como viene haciendo cada año, el aniversario de nuestra Constitución, con la satisfacción declarada de que los valores que establece vengan presidiendo la vida política y social de los españoles desde 1978. En este como en otros temas -el respaldo inequívoco al sistema democrático, a los derechos humanos y al proyecto que representa la Unión Europea- no vamos a ceder a ninguna tentación de desánimo, desistimiento o relativismo. Los principios sólidos de convivencia política que se anclan en el reconocimiento de la dignidad humana y la libertad de todas las personas no solo son el mejor patrimonio que poseemos como pueblo, sino nuestro compromiso diario como ciudadanos y como conciudadanos.

Esta Asociación se creó para promover y defender los principios constitucionales que configuran nuestro modelo de Estado -Estado social y democrático de Derecho y Estado autonómico- y la función pública llamada no sólo a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos -sanidad, educación, protección social, justicia- sino también a velar por la realización efectiva de los principios de legalidad, objetividad, satisfacción del interés general e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin discriminaciones ni desigualdades arbitrarias.

Las normas son valiosas -la Constitución Española de 1978 es la norma más valiosa que poseemos, como norma fundamental y fundamentadora de todas las restantes normas-, pero el acento, como dijera Mario Benedetti, ha de ponerse en el hombre, en la persona. Las normas se han hecho para asegurar la libertad y la dignidad de las personas, para procurar el respeto a los derechos e intereses legítimos de cada cual. Los destinatarios de las normas son las personas, ya sea como titulares de los derechos que se establecen en las mismas o como obligados al cumplimiento de los deberes que señalan. El sentido de la ciudadanía está en el ejercicio responsable de ambas dimensiones, como titular de derechos y de deberes, sabiendo que los deberes que se nos imponen han de estar justificados por el aseguramiento de la armonía social y de la convivencia. Níngún derecho es ilimitado, y el deber de respeto a los derechos de los demás es el primer límite a nuestros propios derechos.

La Constitución no sólo obliga a los ciudadanos, sino que en primer lugar impone sujeciones a los poderes públicos. La Constitución no sólo es norma jurídica -la suprema del ordenamiento- sino que en ella se condensa la ética pública que se propone para la sociedad española. No en vano en su artículo primero se señalan la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como los valores superiores del ordenamiento jurídico. Son esos valores -y los derechos fundamentales reconocidos a los ciudadanos- a los que ha de tender toda acción pública, toda la labor de las instituciones públicas, debiendo guiar igualmente la labor de todos los servidores públicos, a los que se ha exigido expresamente el acatamiento de la Constitución para adquirir tal condición. La deslegitimación social que padecen buena parte de las instituciones y que igualmente sufrimos los empleados públicos -al margen de la injusta campaña lanzada por parte de los responsables políticos- sólo puede explicarse por comportamientos y actitudes alejados de los valores constitucionales.

Para esta Asociación la defensa de los principios constitucionales no supone una obligación impuesta por terceros sino un compromiso asumido libremente por todos sus miembros, claramente recogido en sus Estatutos. En esa defensa de los valores y principios constitucionales radica, creemos, la fuerza de nuestras razones, admitidas por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional cuando hemos reclamado el respeto de los derechos fundamentales -tanto el de acceso a la función pública como el de petición- frente a decisiones antijurídicas del Gobierno de Aragón o de las Cortes de Aragón. Ese compromiso nos exige seguir con nuestra labor de control de la actividad institucional en todo lo que pueda comprometer la función pública y la plena vigencia del Estado de Derecho, sin la cual creemos que la función pública carecería de las más elementales condiciones para realizar su tarea.

El desafío al que debemos enfrentarnos por las dificultades del momento requiere de reglas que nos cohesionen en torno a valores y objetivos, y estamos convencidos de que el programa de acción pública que la Constitución recoge sigue siendo absolutamente válido para asegurar un Estado en el que nadie se sienta oprimido ni nadie se sienta olvidado. El que la Constitución pueda seguir desplegando todos sus beneficios, al igual que ha venido haciendo desde 1978, depende de la actuación de todos los españoles, pero muy en particular de la honestidad y competencia de quienes son titulares de las diferentes instituciones públicas constitucionalmente previstas. Son los buenos gobernantes los que asegurarn los beneficios de las buenas normas, y por ello no cabe imputar a la Constitución defectos que sólo son achacables a quienes ejercen las funciones públicas que les han conferido los ciudadanos de espaldas a las exigencias y valores constitucionales. Depurar la vida pública es el primer compromiso que todos tenemos con nuestra Constitución, y a él contribuirá en la medida de sus fuerzas esta Asociación.