Este pasado martes, 21 de febrero, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza la V Asamblea de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, convocada conforme a lo previsto en sus estatutos, para hacer balance de la actividad desarrollada el último año, rendir cuentas de la situación financiera de la Asociación, renovar la mitad de los integrantes de su Junta Directiva, incluidos los cargos de Vicepresidente y Secretario, y marcar objetivos de acción futura.
La sesión, a la que asistieron cerca de una quincena de socios, estuvo presidida por el Presidente, Julio Guiral, y el Secretario, Félix Gracia.
Tras el inicio de la sesión, se procedió a aprobar el orden del día propuesto y el acta de la asamblea anterior, celebrada el 15 de marzo de 2011, se pasó a realizar , por parte del Presidente, un balance de la actividad desarrollada en el último año, que a lo largo de todo este periodo ha ido quedando reflejada en el blog que mantiene la Asociación.
El año 2011 ha supuesto el quinto año de actividad de la Asociación, en el que han comenzado a verse importantes resultados, como la sentencia obtenida ante el Tribunal Supremo en favor del respeto al derecho fundamental de acceso a la función pública -anulándose la Oferta de Empleo Público del Gobierno de Aragón de 2007, todavía pendiente de ejecución-, y el pronunciamiento favorable del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo promovido en defensa del derecho de petición contra acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón que negó legitimación a la Asociación para solicitar la constitución de una comisión de investigación que analizase la irregular utilización de puestos de personal eventual por parte del Gobierno de Aragón, así como de una comisión de estudio para establecer un código de conducta para los titulares de las instituciones públicas aragonesas. Se valora muy positivamente el que el esfuerzo desplegado por la Asociación a lo largo de todos estos cinco años se haya visto reconocido, al máximo nivel jurisprudencial, por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, dejando claro con ello que las demandas realizadas durante este tiempo tenían un claro respaldo constitucional, negado reiteradamente por los responsables institucionales aragoneses. Bueno es que las cosas se pongan en su sitio y que las vulnaraciones de derechos fundamentales queden sancionadas por las más altas instancias del Poder Judicial.
Al igual que se hizo en su día, y dio lugar a la sentencia favorable del Tribunal Supremo, en este año la Asociación se ha visto obligada nuevamente a recurrir el Decreto de Oferta de Empleo Público del Gobierno de Aragón para 2011, al incurrir en el mismo defecto ya sancionado en 2007: la no inclusión de la totalidad de las plazas vacantes provistas por personal interino, tal y como se exige por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de Aragón. También, en defensa de la legalidad presupuestaria, la Asociación ha ejercido la acción pública ante el Tribunal de Cuentas frente al régimen de indemnizaciones por cesantía aprobado por la Mesa de las Cortes para los Diputados.
Al margen del relato de otras acciones realizadas, se destacan los contactos mantenidos con responsables de la Administración autonómica, tanto con el anterior Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, como, sobre todo, con el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, y el actual Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Murillo. Los contactos mantenidos con los responsables del actual Ejecutivo han sido muy positivos, si bien el cambio de titular en el Departamento de Hacienda y Administración Pública supone una incógnita de cómo puedan ser las relaciones futuras con dicho Departamento.
Destaca igualmente el Presidente el esfuerzo realizado por la Asociación para elaborar, con motivo de las pasadas elecciones autonómicas y locales, un Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, que fue remitido a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.
En el lado de las iniciativas fallidas habría que anotar, a su vez, la sentencia desfavorable del Tribunal Supremo en cuanto a la modificación de las características del puesto de Director/a de la Biblioteca de Aragón -confirmando la falta de legitimación de la Asociación declarada por parte del TSJA- y el archivo por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la denuncia formulada por la utilización de fondos europeos por parte del entonces Presidente de ASAEL, Jesús Solá.
El Presidente, en la parte final de su intervención, destaca la desigual intensidad de la actividad de la Asociación, a lo largo de este año pasado, toda vez que la convocatoria electoral y la formación del nuevo Gobierno ha aconsejado conceder un compás de espera impuesto por la cortesía y la prudencia, si bien la Asociación debiera comenzar a plantear y reclamar medidas coherentes con las contenidas en el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración. Por último, el Presidente subraya la necesidad de que la Asociación se haga más visible al conjunto de los funcionarios públicos, acercando nuestros planteamientos a la gente, a través de actos públicos en el Pignatelli y otros centros administrativos.
La intervención del Presidente da paso a un debate entre los presentes, en el que se señala la incidencia de ciertas acciones o posicionamientos de la Asociación -como sucedió en el caso de la denuncia de las anomalías existentes en el proceso selectivo de Administrativos; en el rechazo público al inicial planteamiento del Presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, para cubrir el puesto de Letrado Mayor con una persona de su confianza política; ante la insistencia de la necesaria publicidad de nombramientos y ceses del personal eventual de Gabinetes; o en la posición adoptada ante el anunciado "macroconcurso", exigiendo una previa adaptación de las relaciones de puestos de trabajo y una verdadera oferta de empleo público en paralelo-, para destacar que la actividad de la Asociación ha tenido incidencia real en el funcionamiento de la Administración autonómica, a pesar de que su implantación no se haya visto reforzada en este tiempo. Es preciso diferenciar el número de socios y el número de personas que valoran y apoyan lo que se hace y se dice, y la Asociación ha de responder a esa expectativa y ser consciente del valor que tiene el haber generado esa corriente favorable de opinión.
Diferentes intervenciones abundan en la necesidad de dedicar una atención preferente a los problemas concretos de la función pública -la oferta de empleo público, las relaciones de puestos de trabajo o el macroconcurso-, sin perjuicio de la defensa de la legalidad y del Estado de Derecho que se ha desplegado hasta ahora. Los planteamientos teóricos que ha defendido la Asociación en todo este tiempo -pese a los indudables logros obtenidos, como son las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional- debieran tener un desarrollo en lo que afecta a la labor de los empleados públicos y, para ello, establecer cauces de comunicación efectivos, con la realización de reuniones explicativas o coloquios donde pulsar la opinión sobre temas concretos.
Otras intervenciones insisten en la atonía generalizada que se percibe en amplios ámbitos de la función pública, reflejo de la falta de movilización de la sociedad civil, en la que parece existir una dosis enorme de indiferencia ante las peligrosas quiebras del Estado de Derecho, y se lamenta que la Asociación no realizase un acto público este pasado mes de diciembre para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, algo que se había venido haciendo en los tres últimos años. La defensa de la legalidad y la lucha contra la corrupción son la misma cosa y han de constituir una señal de identidad de la Asociación.
Se concluyó el debate con el convencimiento general de que la Asociación ha de realizar un esfuerzo por hacerse más visible, para dar más difusión a sus opiniones, y se baraja la posibilidad de realizar un acto en el que poder realizar un balance de los cinco años de existencia o hacer una presentación pública del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración para esta Legislatura.
Seguidamente, el Tesorero, José Ramón Gálligo, expuso el balance de las cuentas de la Asociación, partiendo del saldo positivo del año anterior, incrementado por el saldo favorable resultante del presente ejercicio, si bien la necesidad de afrontar pagos futuros por los diferentes recursos judiciales promovidos mermará notablemente el saldo actualmente existente, cercano a los 5.000 euros.
A continuación se procedió a la renovación parcial de la Junta Directiva, que, conforme a lo previsto en los estatutos, afectaba a los cargos de Vicepresidente y Secretario, y cuatro vocales. Como vocales fueron reelegidos Antonio Brotons, Juan José Morales y Eduardo Notivol, causando baja voluntaria Manuel Díaz, e incorporándose como nuevos vocales Adolfo Ballestín, Antonio Serrano y Guadalupe Zárate, al decidirse ampliar el número de integrantes de la Junta para reforzar su representatividad y el nivel de sus debates. Igualmente fue reelegido Félix Gracia, como Secretario, permaneciendo vacante el puesto de Vicepresidente.
Como conclusión de la asamblea, en el apartado de ruegos y preguntas, se valora que podamos afrontar un nuevo año de actividad con personas comprometidas y propuestas definidas, con el convencimiento de que la función pública, en las actuales circunstancias económicas y sociales que padece nuestro país, ha de redoblar en su compromiso con los valores de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública, para poder estar a la altura de las circunstancias y recobrar la confianza y la credibilidad dañadas por todas las medidas que, en estos años, han menoscabado inmerecidamente la imagen de los servidores públicos. Recobrar esa confianza y credibilidad exige una conducta inequívoca de servicio al interés general, poniendo en valor el papel que juegan las instituciones en momentos de crisis como los actuales.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
Bravo por los nuevos vocales que se animan a retomar el testigo de los que los han precedido.
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