El Tribunal Superior de Jusicia de Aragón ha dictado, con fecha 10 de febrero de 2012, una sentencia decisiva para consolidar la línea jurisprudencial abierta hace un año por el Tribunal Supremo, y así restaurar la legalidad constitucional en las Administraciones Públicas. Dicha sentencia, resultado del recurso contencioso planteado por esta Asociación frente al Decreto 83/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2011, determina la obligación de incluir en las Ofertas de Empleo Público la totalidad de los puestos de trabajo ocupados por funcionarios interinos, señalando que su no inclusión supone una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española a todos los ciudadanos españoles, como ya fue declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 29/10/2010..
Como consecuencia de la tesis ya establecida por el Tribunal Supremo y plenamente recogida en la nueva sentencia del TSJA, se anula la Oferta de Empleo Público de 2011, aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por interinos y vulnerar con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a los ciudadanos. Esta Asociación celebra el fallo obtenido, cuyo alcance regenerador para nuestras administraciones públicas –y no sólo para la Administración autonómica aragonesa- consideramos de enorme trascendencia.
Hemos vivido años críticos de quiebra de la legalidad administrativa en nuestras Administraciones, donde los principios constitucionales que deben regir el acceso a la función pública y la ordenación y funcionamiento de las estructuras administrativas se han visto deliberada y reiteradamente vulnerados, sin que ello diera lugar a la esperada reacción de las fuerzas políticas o sindicales o de la opinión pública para reivindicar y preservar el papel que corresponde a las instituciones en el buen funcionamiento de la democracia y en el aseguramiento diario del Estado de Derecho.
Uno de los factores más evidentes del debilitamiento experimentado por la Administración Pública aragonesa en estos años ha sido el manifiesto incumplimiento por el Gobierno de Aragón de las condiciones legales de acceso a la función pública, bloqueando o reduciendo al mínimo dicho derecho a través de la no aprobación de ofertas anuales de empleo público –como sucedió en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008- o de la aprobación de ofertas manifiestamente limitadas e insuficientes, que en nada respondían a las necesidades reales ni se ajustaban a las normas legales vigentes. Tales medidas han provocado que las tasas de temporalidad en la Administración aragonesa alcancen casi un tercio de la plantilla. El propio Consejo Económico y Social de España alertó de que el sector público superaba al sector privado en índices de temporalidad.
La gravedad de la alta temporalidad en las Administraciones Públicas se concreta, en primer lugar, en la violación del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública –impedido por ofertas congeladas o insuficientes-, pero, además, hay que destacar su negativa repercusión en la profesionalidad y cualificación de la función pública y en el debilitamiento institucional de la Administración frente a las presiones y arbitrariedades del poder político, al haberse suprimido en gran medida la nota de inamovilidad propia de los servidores públicos para asegurar su labor objetiva y ajustada a las normas. Una función pública inestable y precaria es una función pública debilitada para asegurar la legalidad y frenar la arbitrariedad del poder político y evitar el avance de la corrupción pública.
Además, es lógico que la ausencia de funcionarios de carrera regularmente reclutados conforme a principios de mérito y capacidad conlleve un imparable proceso de descomposición interna de la Administración , al entrar en crisis todos los mecanismos de provisión de puestos de trabajo a través de los que corresponde asegurar el acceso a responsabilidades administrativas a los mejor preparados y posibilitar con ello una carrera profesional estimulante a los servidores públicos. En lugar de asegurarse ambos objetivos, el sistema de provisión de puestos se ha contagiado, en gran medida, de la misma arbitrariedad reinante en el sistema de acceso, sustituyéndose el mérito y capacidad por la libre decisión de los responsables de personal, de manera que la carrera administrativa poco tiene que ver con la capacidad profesional y el compromiso con el servicio público de los funcionarios promovidos a niveles de responsabilidad.
Es difícil, visto el panorama actual de nuestra Administración Pública, acometer un programa de saneamiento y restauración de sus principios constitucionales, dada la actual desvirtuación de casi todas las reglas de ordenación de la función pública: acceso, ordenación y provisión de puestos, formación, retribuciones, etc. Pero el impacto que en dicha realidad ha de tener el nuevo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al rechazar todos los criterios que se han venido esgrimiendo hasta el momento para inaplicar los mandatos claros de la ley en materia de acceso a la función pública, e imponer la obligatoriedad de incluir en la Oferta de Empleo Público la totalidad de los puestos ocupados por funcionarios interinos –tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón- permite confiar en que esta decisión, al recoger en su plenitud el criterio establecido en su día por el Tribunal Supremo, constituye un paso decisivo para poner fin a la arbitrariedad que ha presidido el régimen de acceso a la función pública en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Esta Asociación celebra el nuevo pronunciamiento, que viene a recompensar el esfuerzo realizado a lo largo de cinco años, para tratar de restablecer la vigencia y el respeto del derecho de los ciudadanos a la función pública. Siguen vigentes las valoraciones que en su día hicimos ante el pronunciamiento pionero del Tribunal Supremo, si bien la Administración autonómica aún tiene pendiente ejecutar dicho fallo judicial. Tiene una particular trascendencia la declaración de que las tasas de reposición establecidas por las leyes de presupuestos no pueden limitar el derecho de acceso a las plazas previamente ocupadas por personal interino que debieron cubrirse en la forma legalmente prevista. Tal pronunciamiento, coherente con el carácter indisponible que corresponde a todo derecho fundamental, pone difícil a los actuales responsables de la función pública aragonesa aceptar, sin más, las limitaciones de las tasas de reposición que fijan las normas presupuestarias.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
21 comentarios:
Enhorabuena y gracias!!!! La razón va imperando, a ver si ahora se ejecutan estas sentencias y se acaba ya la arbitrariedad de tantos políticos que se piensan por encima del bien y del mal y el chollo de tantos interinos afortunados y apoltronados.
J.A.H.
A VER SI SE EJECUTA.
Zaragoza, 27 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha anulado los decretos del Gobierno de Aragón de abril de 2011 que fijaban la oferta de empleo público (OEP) de la comunidad para este año, al admitir que omitían todas las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos.
La Asociación de Defensa de la Función Pública Aragonesa interpuso en mayo del año pasado un recurso contencioso contra los decretos 83/2011 y 133/2011 que, respectivamente, aprobaban y modificaban la oferta de empleo público para el año en curso, por entender que eran "manifiestamente limitadas e insuficientes" y que "en nada respondían a las necesidades reales ni se ajustaban a las normas legales vigentes", indican fuentes de la asociación en una nota.
La oferta de empleo público que convocó el Gobierno de Aragón fue de 989 (322 para el personal docente, 500 para personal sanitario y 157 para Administración general).
En su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el TSJA no admite los argumentos de la administración de que el hecho de no sacar todas las plazas se debía a la intención de mejorar los procesos selectivos futuros, impidiendo que bajara la calidad de los seleccionados y que en el futuro no pudieran hacerse ofertas públicas, al no existir vacantes.
Este argumento se rechaza al entender el Alto Tribunal que esto sólo ocurriría si los tribunales calificadores no cumplieran con el rigor de la exigencia de mérito y capacidad necesarios a la hora de seleccionar, pudiendo quedar puestos vacantes.
Tampoco, se agrega en la sentencia, se pueden alegar motivos económicos y de organización pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos.
Para el TSJA, es "obvio" que la Administración autonómica "vulneró el principio de igualdad en el acceso a la función pública al omitir en la OEP la relación de las vacantes cubiertas por interinos.
Según Julio Giral, de la Asociación de Defensa de la Función Pública Aragonesa, algunos de los procesos selectivos a los que se refiere la oferta de empleo público anulada estaban ya convocados, e incluso con las listas provisionales de admitidos publicadas.
Pero ha añadido que la sentencia no invalida estas pruebas, sino que "pone en cuestión" cómo están ofertadas.
Por eso, lo que ahora deberá hacer la Administración, según ha explicado a Efe, es seguir con estas pruebas y convocar después una oferta de empleo público complementaria para que se cubran todas las plazas ocupadas por interinos, tal y como fija la sentencia.
La asociación se muestra muy satisfecha con la sentencia y alerta de la gravedad de la "alta temporalidad" en las Administraciones Públicas.
Ésta se concreta "en la violación del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, impedido por ofertas congeladas o insuficientes". EFE
Esto parece ir en serio, por fin.
"El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado, con fecha 10 de febrero de 2012, una sentencia decisiva para consolidar la línea jurisprudencial abierta hace un año por el Tribunal Supremo, y así restaurar la legalidad constitucional en las Administraciones Públicas", según señala una nota remitida por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. "Dicha sentencia, -prosigue el comunicado- resultado del recurso contencioso planteado por esta Asociación frente al Decreto 83/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2011, determina la obligación de incluir en las Ofertas de Empleo Público la totalidad de los puestos de trabajo ocupados por funcionarios interinos, señalando que su no inclusión supone una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española a todos los ciudadanos españoles, como ya fue declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 29/10/2010".
Como consecuencia de la tesis ya establecida por el Tribunal Supremo y recogida en la nueva sentencia del TSJA, se anula la Oferta de Empleo Público de 2011, aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por interinos y vulnerar con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a los ciudadanos, sostiene la citada Asocaición, que celebra el fallo obtenido.
A efectos prácticos, esto supone que la DGA deberá convocar las plazas ocupadas por los interinos en el momento de la convocatoria, un total de 1.589.
"Cabe recurso frente al Supremo, pero el TS ya nos dio la razón en 2007 sobre el mismo supuesto. Y dos sentencias sentarían jurisprudencia. Ya aunque el recurso exime de su cumplimiento hasta que haya sentencia firme, sería una postura desconsiderada por parte del Gobierno de Aragón habiendo ya una sentencia", explica Julio Guiral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón,
heraldo.es
El TSJA anula la Oferta de Empleo Público para 2011
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado la Oferta de Empleo Público de 2011, aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por interinos y vulnerar con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a los ciudadanos.
aragon digital
Zaragoza.- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado, con fecha 10 de febrero de 2012, una sentencia en la que se anula Oferta de Empleo Público de 2011 aprobada por el Gobierno de Aragón. Dicho fallo, resultado del recurso contencioso planteado por esta Asociación frente al Decreto 83/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2011, determina la obligación de incluir en las Ofertas de Empleo Público la totalidad de los puestos de trabajo ocupados por funcionarios interinos, señalando que su no inclusión supone una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española a todos los ciudadanos españoles, como ya fue declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de octubre de 2010.
Como consecuencia de la tesis ya establecida por el Tribunal Supremo y plenamente recogida en la nueva sentencia del TSJA, se anula por tanto la Oferta de Empleo Público de 2011, aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por interinos y vulnerar con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a los ciudadanos.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa celebra el nuevo pronunciamiento, que viene a recompensar "el esfuerzo realizado a lo largo de cinco años, para tratar de restablecer la vigencia y el respeto del derecho de los ciudadanos a la función pública".
aragondigital
Zaragoza, 27 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha anulado los decretos del Gobierno de Aragón de abril de 2011 que fijaban la oferta de empleo público (OEP) de la comunidad para este año, al admitir que omitían todas las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos.
el norte de castilla
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado y dejado sin efecto la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2011, debido a que el Gobierno aragonés no incluía todas las vacantes que estaban ocupadas por interinos. La Asociación para la Defensa de la Función Pública acudía a los tribunales por esta razón y se le ha dado la razón.
Un 20 por ciento de los trabajadores de la función pública de Aragón son interinos, según datos aportados por la citada Asociación. Julio Guiral, presidente de este colectivo, dice que si no se convocan oposiciones para cubrir las plazas se vulnera la ley y también la Constitución Española.
En 2011 tenían que haberse cubierto más de 1.500 plazas de interinos en la oferta de empleo, ya que todos los años se incumplía la ley. Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública se entiende que el Gobierno aragonés debe cumplir la sentencia y convocar las plazas.
radio huesca
El TSJA anula la oferta de empleo público de la DGA
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa recurrió este concurso porque no se incluyeron las vacantes cubiertas por funcionarios interinos....
entitulares.com
Son muchos. Muchísimos. Un total de 790.800 empleados públicos trabajando de forma temporal. Un 24,6% del conjunto de trabajadores públicos, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2011. La cifra choca con la recomendación acordada entre el Gobierno y los sindicatos en 2002, que establecía un 8% como límite de trabajadores temporales en la administración.
Hoy, a los que más se oye es a los interinos de Educación, pero hay más. En la Administración General del Estado, en la Autonómica y en la Local; en la Sanitaria, en la Administración de Justicia, en las Instituciones Penitenciarias, en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. En total son casi 800.000 personas cuyos ingresos y cuyas vidas son temporales.
Son historias que se escriben con coraje: miles de horas de estudio, preparadores, libros, exámenes y más exámenes. ¿El resultado? Un aprobado con nota, pero a décimas de la ansiada plaza. Como recompensa por estar entre «los buenos», derecho a formar parte de esa gran bolsa de interinos que se ha transformado en un problema social de proporciones desmesuradas.
«Yo he aprobado dos oposiciones: una con un 6,8 y otra con un 7,2», explica Rosa, una profesora de inglés que prefiere permanecer en el anonimato. «No tengo plaza y, sinceramente, viendo las que han salido este año, tampoco tengo esperanza». «Me indigna leer que estamos en pie de guerra simplemente porque salimos a la calle a explicarle a la gente nuestra situación: una auténtica injusticia que a nadie debería dejar indiferente». En ocasiones, en el otro lado de la balanza encontramos a un funcionario que sí consiguió esas décimas y que no puede acceder a su plaza, ocupada por un interino; o los miles de personas que cada año se preparan una oposición que debería ser convocada pero que nunca lo será. Todos, todos, salen perdiendo. Todos salimos perdiendo.
Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Para Miguel Ángel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá y Presidente de la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, «las causas son varias. La principal es la tendencia de algunas Administraciones, especialmente las autonómicas y locales, a reclutar personal sin pasar por los procedimientos de selección que establece la legislación vigente: las oposiciones y concurso-oposiciones, ya que son lentos y complejos, aunque garantizan la igualdad de los candidatos».
el blog del opositor
Las normas de acceso a la función pública se están incumpliendo día a día según denuncia Julio Guiral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, «y particularmente el Estatuto Básico de Empleo Público de 2007, que pese a ordenar la inclusión en la Oferta Pública de Empleo de todas las plazas vacantes ocupadas por personal interino, ha sido también sistemáticamente incumplido». «Los intereses de algunos colectivos, incluida una parte de los interinos» han avivado el fuego, según denuncia Guiral, «bloqueando el acceso de personal de nuevo ingreso».
Fijos sin oposición
Pero Miguel Ángel Sánchez Morón va más allá: «Algunos de esos empleados públicos aspiran a mantener su empleo e incluso a convertirse en fijos sin pasar por una verdadera oposición, a través de procesos de 'consolidación de empleo', que incluyen valoración de los 'méritos' correspondientes al tiempo de interinidad y, en su caso, pruebas muy sencillas; y en ese propósito son amparados por los sindicatos, que tienen en ese tipo de personal una clientela importante. Sucede así que muchos gobiernos, sobre todo autonómicos y locales, no se atreven a poner fin a las situaciones de interinidad e incluso dejar prorrogar ilegalmente los contratos temporales de trabajo». Como resultado de estas prácticas, según denuncia el catedrático de la Universidad de Alcalá, «hay interinos que se eternizan en el puesto y trabajadores temporales, pero 'indefinidos', no 'fijos', que es una categoría que el Tribunal Supremo tuvo que inventar».
Llegados a este punto, ¿quién y cómo arreglar este desaguisado? Los expertos lo tienen claro: no hay soluciones rápidas, pero sí hay caminos. «Depende de que exista voluntad y coraje político», explica Sánchez Morón. «Lo lógico sería convertir muchas de las situaciones de interinidad en empleo público estable, a través de procesos de selección basados fundamentalmente en el mérito y capacidad de los aspirantes».
Flexibilizar y agilizar unos procedimientos de selección «muy anticuados, lentos y burocráticos» es imprescindible para este catedrático de Derecho. Julio Guiral añade que «la solución pasaría por la legalidad y la transparencia, incluida la presupuestaria. Ambas son imprescindibles para recobrar la confianza en las instituciones públicas en momentos de crisis».
el blog del opositor
Enhorabuena!! vuestra labor es algo increíble.Os lo dice una persona que ni vive ni trabaja en Aragón pero que desea que exista mas gente como vosotros, honrada y valiente, en otras administraciones.Gracias!!
Un interino
No creo que sean tan maños como para volver al Supremo, chufla chufla...
Por cierto, ahora los 2 años para promoción interna ya no tienen que estar prestados como funcionario de carrera, basta con que los tengas reconocidos como antigüedad. El Estado ya ha modificado una de sus convocatorias en este sentido, en base a la Sentencia del Tribunal de la Unión del pasado mes de septiembre. ¿Qué hará nuestra querida DGA?
Y que pasaría con los que aprobaron la oposición?
Muchas gracias a los que dais ánimo para seguir.
Comentario:
La función pública está llegando a cotas de precarización y de falta de respeto al derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad, que exige una revisión profunda y una vuelta al modelo constitucional de cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Basta ya de una Administración con miles de interinos y de comisiones de servicios.
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Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) obligará al Gobierno autónomo a sacar a oposición las plazas que están cubiertas por interinos. Es seguro que serán cientos de puestos, pero no se descarta que incluso pudieran contarse por miles según el alcance que finalmente tenga la ejecución de la sentencia.
El fallo da la razón a la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón, que recurrió la oferta de empleo público de la Comunidad autónoma de 2011, precisamente por no haber convocado plazas ocupadas por interinos. El TSJA recuerda al Gobierno aragonés que no se pueden alegar causas económicas para no convocarlas, puesto que se trata de puestos que están cubiertos de forma temporal y que, por tanto, están presupuestados.
En la misma sentencia se destaca que no convocar a oposición dichas plazas supone «vulnerar» el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.
En la Administración autonómica hay una larga lista de puestos cubiertos con interinos. Los hay que llevan trabajando en esta situación desde hace incluso más de diez años. Hay casos que se supera muy ampliamente ese tiempo.
abc
Todos agarraditos a la poltrona.
Enhorabuena por la sentencia!!! Ojalá en muchos sitios se siguiera vuestro ejemplo, por ejemplo en Asturias, donde hay plazas ocupadas por interinos desde ni se sabe, muchos de ellos llamados directamente del INEM es decir sin haber pasado previamente por ningún proceso selectivo que están ocupando unas plazas que encima consideran suyas, en fin ojalá aquí pronto se siga el mismo ejemplo y de verdad de nos de la oportunidad a todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad a una plaza en la función pública.
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