URGE UNA SOLUCIÓN.

No cabe conceder más tiempo al Departamento de Presidencia para que arbitre una solución a la situación que sufren los miles de personas afectadas por la paralización, desde hace siete meses, del proceso selectivo de Administrativos correspondiente a las Ofertas de Empleo de 2007 y 2009 del Gobierno de Aragón. Sus competencias para ordenar el desarrollo de los procesos selectivos son irrenunciables y ha de ejercerlas necesariamente.

El que hayan transcurrido siete meses desde la realización del primer ejercicio, celebrado en octubre de 2010, sin que los interesados conozcan todavía el resultado o calificación obtenida, constituye una grave irregularidad que no sólo cabe imputar a los miembros del Tribunal de Selección actuante –cuya continuidad debiera descartarse a la vista de lo sucedido-, sino también a los responsables del Instituto Aragonés de Administración Pública y de los órganos directivos competentes en la selección de personal, pues su pasividad o incapacidad para resolver la situación no ha hecho sino agravar los efectos de la misma.

Los rumores que circulan respecto a los numerosos errores y defectos de la prueba realizada, que pudieran aconsejar su anulación y repetición, cuestionan, en primer lugar, la cualificación de los miembros del Tribunal –y, con ello, los criterios utilizados para su designación, en su día, por el entonces Consejero de Presidencia, Javier Velasco-, pero el que la situación se haya podido prolongar durante más de siete meses trasciende con mucho el ámbito de responsabilidad del Tribunal actuante y alcanza al conjunto de responsables del Departamento de Presidencia, a los más directos por razón de la materia, como son el Director General de Organización, Inspección y Servicios, Antonio Brun, y el Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, pero también al Secretario General Técnico, cuyas labores de coordinación administrativa cumplía ejercer en este caso.

Con independencia de la decisión que se adopte, el proceso selectivo ha de entenderse fallido desde el momento en que se ha permitido que un problema se pudra durante más de siete meses, y no hay peor imagen que pueda proyectar un gestor público o supuesto directivo que la incapacidad para afrontar una situación y ofrecer una solución rápida y adecuada. Tal vez el momento para hacerlo ya ha pasado, y ahora cualquier solución que se adopte es tardía e inadecuada. Pero no queda otra opción que la de resolver y hacerlo sin más demora.

Apúntese de paso el dato significativo de que, hasta la fecha, nadie ha pedido disculpas a los afectados por la situación generada. Es decir, nadie se siente responsable de este fiasco ni da la cara. Son estos momentos los que, precisamente, acreditan la calidad de los responsables públicos, tanto humana como profesional. ¿Alguien cree que situaciones como ésta no deslegitiman a los titulares de los órganos directivos competentes?