El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, mediante escrito de alegaciones de 18 de octubre de 2010 –del que se ha dado traslado a esta Asociación-, propone otorgar el amparo solicitado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa por vulneración del derecho de petición del artículo 29.1 de la Constitución Española y, en consecuencia, reconocer el derecho a que las peticiones formuladas ante las Cortes de Aragón sean tramitadas conforme a la regulación de su Reglamento, remitiéndose ambas a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos para que adopte la decisión que corresponda.
Con fecha 20 de julio de 2009, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra dos acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón, de 27 de marzo y 14 de abril de 2009, por los que se inadmitían dos peticiones, formuladas al amparo del artículo 29.1 de la Constitución Española: una de ellas, solicitaba la creación de una Comisión de Estudio, con el fin de precisar las criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las Instituciones de la Comunidad Autónoma, a los que deban ajustar su actuación todos aquellos que desempeñen un cargo público; y la otra, solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, con la finalidad de esclarecer la actual situación y funcionamiento de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y promover las medidas necesarias para corregir las irregularidades que puedan constatarse en su funcionamiento.
Ambas peticiones fueron inadmitidas por la Mesa de las Cortes de Aragón, alegando la falta de legitimación de la Asociación para formular peticiones de tal naturaleza y considerando que tales peticiones constituían una injerencia en la actividad parlamentaria, por lo cual no se dio traslado de las mismas a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, como prevé en el Reglamento de las Cortes de Aragón. Al entender arbitrarias e infundadas tales decisiones, y considerar que no cabía aceptar la frontal vulneración del derecho de petición ejercido, la Asociación optó por solicitar el amparo del Tribunal Constitucional al ejercicio de su derecho.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 26 de julio de 2010, admitió a trámite la demanda de amparo formulada, reconociendo con ello la expresa relevancia constitucional de la cuestión planteada. Posteriormente, se concedió plazo a todas las partes personadas -Asociación y Cortes de Aragón- y al Ministerio Fiscal para formular sus escritos de alegaciones.
Dentro del plazo concedido, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional formula su escrito de alegaciones, en el que analiza de forma detallada el carácter de las resoluciones impugnadas, el contenido y alcance que cabe reconocer al derecho de petición y la improcedente actuación de la Mesa de las Cortes de Aragón, rechazando que las peticiones formuladas constituyan una injerencia en la actividad parlamentaria, y afirmando que la petición de la Asociación pretende simplemente hacer llegar una sugerencia sobre una cuestión que considera de interés público, con la finalidad de que pueda ser considerada por aquellos órganos legitimados para instar la creación de las comisiones parlamentarias solicitadas, previo conocimiento por parte de la Comisión de Peticiones. Los acuerdos de la Mesa impugnados suponen, a juicio del Fiscal, una valoración y un juicio de oportunidad política que sólo corresponde realizar a la Comisión de Peticiones de la Cámara, pues las peticiones son precisamente el cauce que ha de permitir a dicha Comisión conocer inquietudes sociales y adoptar, en su caso, alguna medida que consideren oportuna.
Esta Asociación considera que el escrito de alegaciones de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional supone un valioso espaldarazo a las tesis mantenidas por en la demanda de amparo formulada. Pensamos que las instituciones debieran ser particularmente respetuosas con los mecanismos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos –como es el caso del derecho fundamental de petición-, cosa que no ha sucedido ni con las peticiones dirigidas por esta Asociación a las Cortes de Aragón o al Gobierno de Aragón, si bien confiamos en que los futuros pronunciamientos del Tribunal Constitucional por lo que hace a la Mesa de las Cortes de Aragón y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por lo que hace al Presidente del Gobierno de Aragón constituyan una expresa sanción jurídica a lo que ha sido un comportamiento contrario a los derechos de los ciudadanos, a su derecho de participación en los asuntos públicos y a la voluntad de propiciar el impulso de comportamientos éticos en las instituciones.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
11 comentarios:
Ánimo, esto marcha.
El Tribunal Constitucional es un órgano regulado en la Constitución y en su propia Ley Orgánica. Tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer, entre otras materias relevantes, del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales y de las cuestiones de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí.
A través de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones en los procedimientos en los que en parte:
Cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por Jueces y Tribunales. Recursos de amparo: está legitimado para interponer el recurso de amparo y es parte en todos los procedimientos de esa naturaleza en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
Hay que reconocer que la Asociación está encontrando apoyo en el Ministerio Fiscal, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional.
Nada parecido a lo que sucede con la Fiscalía en Aragón. Bueno, no hay que cejar en el empeño.
GM ahorra más de 210 millones por las sugerencias de sus empleados.
¿Hay algo parecido en la DGA?
La DGA anula un examen que hace 8 meses hicieron 2.000 personas.
heraldo.es
Ocho meses después de hacer el primer examen para convertirse en administrativo de la DGA, los opositores que acudieron a él han sido informados de que deberán presentarse de nuevo a la prueba, tan solo con cuatro meses de antelación.
El Gobierno de Aragón lanzó una oferta pública de empleo para 37 plazas de administrativo en 2007 y unas 4.500 personas fueron admitidas para presentarse. El 13 de junio de 2011 se anunció que 13 de las 55 preguntas habían sido anuladas y el examen debía repetirse. Los afectados se quejan del largo tiempo que han tenido que esperar para conocer la anulación y consecuente repetición, y de las pocas explicaciones que han recibido al respecto.
Desde el Gobierno explican que el tribunal ha decidido anular y convocar una nueva prueba porque el «40% de las preguntas no correspondían con el temario». Aseguran que se recibieron reclamaciones y se presentaron quejas ante el Justicia al respecto. Y afirman que «ninguno de los examenes fue ni ha sido revisado ».
Antes de conocer la anulación, Juan pidió explicaciones en el Instituo Aragón de la Admnistración Pública (I.A.A.P.) e informó que habían varios aprobados (existen plantilla para comprobar las repuestas). Además, presentó quejas ante el Justicia, para intentar conocer por qué tardaban tanto en responder. «Me llego una carta en la que el Justicia dice que ha pedido informes y que se está a la espera de una respuesta de la Administración», afirma.
«Es un proceso delicado, comenzando porque esta decisión afecta a más de 2.000 personas que se presentaron. No se puede decidir precipitadamente, el tribunal ha necesitado tiempo para analizar y reflexionar», alegan las fuentes de la DGA.
Los afectados, por su parte, han solicitado ver el expediente completo del caso para conocer por qué se han anulado esas preguntas. El primer opositor en conocer ese informe lo podrá ver hoy.
«Hasta ahora no nos han explicado nada y no hay un criterio en las anulaciones. Se formularon dos preguntas sobre un mismo tema (la 16 y la 17), las disposiciones adicionales (la segunda y la quinta) del estatuto de autonomía de Aragón. Una fue anulada (la 17) y la otra no. No lo entendemos», se queja I. L.
Varios alumnos se han unido para presentar un recurso a la Administración, creen que «todas las preguntas trataban puntos incluidos en el temario», aunque sea «de forma rebuscada».
Los profesores de varias de las academias que han preparado a los opositores coinciden con sus alumnos en ese punto y agregan que es «muy complicado preparar el nuevo examen en cuatro meses».
Se presentaron el 24 de octubre de 2010 a la primera prueba y la repetición será el 2 de octubre de este año. «Tendremos que estudiar varias modificaciones en cuatro meses, como la ley de presupuestos de 2011, la reforma de la negociación colectiva y la ley de patrimonio, entre otras», cuenta I. L.
heraldo.es
No hay que precipitarse, dicen. El tiempo no corre igual para todos, está visto.
Felicidades a esta Asociación
Tenían razón otro día: Qué pena que tengáis al pesado o pesada que piensa que sólo él o ella leen la prensa.
Se empiezan a recoger los frutos esperados...
Una buena noticia la de los argumentos del Fiscal...
¿Se entienden decaidas las peticiones con el final de la legislatura?
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