EL DESCRÉDITO DE LOS POLÍTICOS.

Corremos el riesgo de dilapidar en un brevísimo plazo el efecto saludable y regenerador que produce la alternancia en el gobierno -a la vista del resultado de las pasadas elecciones autonómicas-, y las posibilidades de saneamiento de abusos y prácticas enquistadas en la Administración autonómica tras tres legislaturas de gobierno de coalición PSOE-PAR. En estos días, hemos trasladado la polémica de los abusos al Parlamento autonómico, que afecta por igual a todos los grupos parlamentarios, que parecen actuar con un injustificable corporativismo y con una grave insensibilidad social, pese al delicado momento de cuestionamiento de la calidad democrática en nuestro país.

Sería deseable que, en estos momentos, los parlamentarios autonómicos en lugar de pensar en beneficios personales -como las indemnizaciones aprobadas por la Mesa de las Cortes anteriores, para resolver situaciones de desempleo que puedan sufrir aquellos que pierden su escaño, sea por decisión de sus partidos o por el voto de los ciudadanos-, tuviesen iniciativas en la dirección contraria, como es la reducción de coches oficiales y de otros atributos de poder que dotan a los representantes de un status que resulta irritante para una buena parte de los ciudadanos. Nos gustaría ver a nuestros representantes caminar por las calles o moverse utilizando el transporte público, sin chóferes ni escoltas, acortando distancias con el ciudadano medio, incapaz de comprender que el ejercicio de responsabilidades políticas se vea acompañado de comportamientos que sólo generan distancia y desconfianza.

Las cosas, en democracia, han de hacerse con luz y taquígrafos, con transparencia y deliberación pública. Pero no es así, ni en el Gobierno ni en el Parlamento. Las indemnizaciones que los Diputados aprueban para sí se hace en el peor momento posible y del modo más cuestionable que cabe. Al abuso que hemos observado durante estos años en los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y en las retribuciones del conjunto de la función pública autonómica -fruto de una irregular negociación colectiva, que nuestros parlamentarios jamás han querido corregir-, se suman ahora decisiones de los parlamentarios para dotarse de su propio seguro de desempleo, por mecanismos ajenos a la norma legal, como si el gasto público no estuviese sometido, en este como en los restantes casos, al principio de legalidad presupuestaria.

Esta Asociación no se caracteriza por practicar la descalificación de ningún responsable público, más allá de la crítica a actuaciones concretas que entendemos improcedentes, y lo mismo hará en este caso. Hemos de analizar si estamos ante una desviación de poder -ante un uso de las potestades públicas en beneficio personal- y si la medida adoptada resulta ilegal, por carecer de cobertura presupuestaria, sin que pueda invocarse frente a la misma la autonomía parlamentaria, pues la razón de ésta no es posibilitar que el manejo de los fondos públicos por el Parlamento quede excluido del sometimiento a la legalidad, y ese control es el que esta Asociación considera necesario activar, ya sea a través de la Cámara de Cuentas o del Tribunal de Cuentas.