EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS TRAMITA UNA PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Mientras el Departamento de Presidencia sigue guardando silencio respecto a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007, la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados ha dado curso a un escrito de esta Asociación en la que se solicitaba a la Cámara que instase de las Administraciones Públicas el respeto al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, mediante la realización de los procesos selectivos obligados por el ordenamiento jurídico, con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en la citada sentencia, es decir, incluyendo en los mismos la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por personal interino.

La Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, de acuerdo con el artículo 49 del Reglamento de la Cámara, ha de examinar cada petición que reciba y ha de acordar la remisión al órgano o institución que proceda –que, a su vez, informa a la Cámara de las decisiones adoptadas- o proceder a su archivo. En cualquier caso, la Comisión ha de acusar recibo de la petición y comunicar al peticionario el acuerdo adoptado.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento, la Comisión de Peticiones del Congreso, que ya acusó recibo en su día de la petición de esta Asociación, con su habitual diligencia, ha comunidado ahora el acuerdo adoptado el pasado 7 de junio en relación con la misma, como es su remisión a los Portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios en la Comisión de Política Territorial y al Ministerio de la Presidencia.

Creemos que, de este modo, esta Asociación ha contribuido a sensibilizar a las Cortes Generales sobre la deficiente aplicación por parte de las Administraciones de las normas de acceso a la función pública, lo que, como ha señalado el Tribunal Supremo, supone una vulneración del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, establecido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Mediante la remisión de la petición al Ministerio de Presidencia, ha de entenderse que el Parlamento español ejerce una función de control e impulso de la acción de gobierno, a raíz de una iniciativa de los ciudadanos, demostrando que los mecanismos de participación directa en el funcionamiento de la democracia representativa son reales y efectivos.