TIEMPOS REVUELTOS.

Crisis económica –paro creciente y rumores de nuevas bajadas salariales en la función pública-, crisis ética –información sobre tramas corruptas de funcionarios en la DGA y denuncias contra ASAEL por entidades europeas-, y crisis política –falta de liderazgo, carencia de proyectos de futuro, escasa credibilidad de los responsables políticos, etc.-, son el contexto inmediato de estos meses en que han de producirse las elecciones sindicales en la Administración autonómica y las posteriores y decisivas elecciones locales y autonómicas.

Los datos recientes e inmediatos –la última hora-, sin embargo, no deben hacernos perder la perspectiva de la evolución de los hechos, del escenario general en el que nos hallamos.

Causa incredulidad, por ejemplo, observar el balance de la legislatura que realiza algún sindicato –en concreto, Comisiones Obreras-, ante la proximidad de las elecciones sindicales, en el que las diferentes irregularidades e ilegalidades retributivas y normativas acumuladas en los últimos años se presentan como conquistas sindicales en la negociación colectiva. Es decir, la función pública que hoy tenemos y de la que formamos parte –queramos o no darnos por enterados- se ha deslizado en los últimos años hacia la más abierta ilegalidad, desde que el Consejero Eduardo Bandrés, en el año 2004, autorizara con su firma la aplicación de una cláusula de revisión salarial ilegal, contraria a la legislación básica de función pública y a la legislación presupuestaria, y tal ilegalidad fuera aplaudida por unos y otros como un hito histórico: más bien fue un hito histérico que presagiaba la quiebra de uno de los valores más esenciales del servicio público, como ha de ser la escrupulosa gestión del dinero público. Fue el aplauso a lo que acaso muchos habían pretendido desde siempre: eliminar la legalidad como límite a la negociación colectiva y tener capacidad para disponer de los elementos de la función pública al margen de las normas. Los resultados de todo ello están hoy a la vista de todos, aunque nos resistamos a reconocerlo.

Cuando Gobierno y sindicatos, como ha ocurrido en nuestra Comunidad Autónoma, han dejado patente una y otra vez, a lo largo de estos años, su desdén por la legalidad, pese a ser ésta la principal seña de identidad de la función pública y del conjunto de las instituciones públicas, nada de lo que suceda puede sorprendernos. La crisis de calidad democrática que padecemos, que sirve a algunos como motivo inagotable de jornadas y publicaciones, no se cura con participación ciudadana, no es esta fórmula la panacea de todos nuestros males, ni mucho menos. La crisis que padecemos es, ante todo, la quiebra creciente de la legalidad y de los valores democráticos, algo que no se puede compensar con fórmulas de participación ciudadana, salvo que ésta forme parte de un nuevo paradigma de desgobierno público.

Cuando los controles se hacen incómodos y se les denigra sin recato –sea la Intervención o el Tribunal de Cuentas o cualquier otro, incluido el Justicia de Aragón, cuya supervisión se lleva tan mal por buena parte del Gobierno de Aragón- y las leyes se relativizan y su vulneración se banaliza, es posible que sólo quede la ética individual como recurso para afrontar la anomia reinante. Pero, como hemos insistido desde siempre en este blog, la carencia de una ética institucional impide o dificulta la actuación ética de los individuos que trabajan en ella.

El lucro personal ilícito es intolerable en el seno de la Administración Pública, pero igualmente lo es la mediocridad, la desprofesionalización y la pasividad ante los numerosos signos de degradación institucional de los que cada día somos testigos o copartícipes. Es difícil, en estas circunstancias, orientarse y hallar un camino que nos permita salir de la actual situación y recuperar el aliento necesario para reconstruir, poco a poco, una función pública tan alejada del modelo constitucional como imprescindible para el funcionamiento de nuestra vida democrática.

Es lógico esperar que sindicatos y partidos políticos nos ofrezcan, en sus programas y propuestas electorales, soluciones para avanzar en dicha dirección y no para seguir en la labor de destrucción de nuestros valores democráticos. Estamos atentos a ello.