Fiel a su cita anual, hoy se celebra, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, a partir de las seis y media de la tarde, la IV Asamblea de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para realizar el balance de la actividad desarrollada en el último año y renovar diferentes cargos de la Junta Directiva, entre los que figuran los de Presidente y Tesorero, ocupados en la actualidad por Julio Guiral y José Ramón Gálligo, además de la mitad de sus vocales.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se constituyó en febrero de 2007, hace ya más de cuatro años, con el fin de defender y promover los principios y valores de la función pública en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma. A lo largo de estos años ha promovido numerosas iniciativas y propuestas y formulado quejas y recursos judiciales en defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública, celebrando anualmente, el 9 de diciembre, el Día Internacional de la Corrupción, como recordatorio imprescindible del deber de integridad –personal e institucional- que ha de presidir la actuación de las Administraciones Públicas.
El objetivo primordial de la Asociación ha sido poner en valor el papel de la Administración Pública –y, en especial, de su función pública- en el aseguramiento diario del Estado de Derecho, pues el respeto de la legalidad es la primera garantía de los derechos de los ciudadanos y el principal requisito para preservar la legitimidad y el crédito social de las instituciones. Una función pública profesional y firmemente comprometida con los valores constitucionales constituye una garantía de buen gobierno y buena administración.
Sin embargo, la política de personal seguida por el Gobierno de Aragón en estos años, con un constante y generalizado incumplimiento de las normas de función pública –en materia de selección de personal, provisión de puestos de trabajo y régimen retributivo- ha constituido un grave menoscabo de los valores propios de la función pública, pues mal puede garantizar la legalidad una función pública que no se ajusta a sus propias normas de funcionamiento. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, por la que se anulaba la Oferta de Empleo Público de 2007, al vulnerar el derecho de acceso a la función pública por no incluir los puestos ocupados por funcionarios interinos, es un claro ejemplo de la arbitrariedad que ha presidido la gestión de personal durante los años del Gobierno PSOE-PAR.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública es plural e independiente y sus objetivos trascienden la coyuntura política de la Administración Pública, razón por la cual la Junta Directiva que salga de la asamblea celebrada mañana seguirá defendiendo los principios estatutarios y los objetivos de buen gobierno y buena administración sea cual sea el resultado de las elecciones autonómicas de 22 de mayo y sea cual sea el color del Gobierno que emerja de las mismas, pues las instituciones públicas –incluida la función pública que sirve en todas ellas- se deben a los ciudadanos y a los principios democráticos, y han de contribuir a asegurar que la labor de gobierno se ejerce con estricta sujeción al ordenamiento jurídico, pues esa y no otra es su razón de ser en un Estado de Derecho como el nuestro.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
Madrid. (Agencias) La portavoz de Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la polémica de los expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por la Junta de Andalucía es un asunto "intolerable" y, más allá de las aclaraciones, cree que ha llegado el momento de las dimisiones, empezando por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías; el vicepresidente Manuel Chaves y el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Sáenz de Santamaría ve un "salto cualitativo" en las informaciones sobre las supuestas irregularidades de los ERE andaluces pues ahora se habla de que uno de los beneficiarios acabó donando un local para una sede del PSOE en Camas.
En ese sentido, reclamó la comparecencia del secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, que estaba en la Consejería de Presidencia en la Junta de Andalucía con Manuel Chaves. Y a su comparecencia añadió la presentación de dimisiones, pues avisó de que su continbuidad "conbtamina" al Gobierno. "Está pasando la fase de las aclaraciones y debemos empezar la fase de las dimisiones. Que comparezca el secretario de Estado y que después siga su dimisión, la de Chaves y la de Griñán, porque el asunto es intolerable", sentenció.
LA VANGUARDIA.
La juez Mercedes Alaya ha imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el caso de los ERE fraudulentos subvencionados con dinero público por los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. El caso da un enorme salto cualitativo al salpicar de lleno a un cargo histórico del PSOE y exconsejero durante seis años (2004-2010), cuya imputación pone en aprietos al partido socialista, que ha defendido su gestión en las últimas semanas. La juez Alaya considera que Fernández conoció y permitió algunas de las irregularidades que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero ha confesado en sus declaraciones ante la policía como testigo e imputado.
El País.
Felicidades a los que empujan esta Asociación.
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