PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN PÚBLICA, UNA TAREA DESATENDIDA POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Cuando el entonces Consejero de Presidencia, Javier Velasco, no hace tanto afirmaba en el Pleno de las Cortes de Aragón que en Aragón no existía corrupción, desde esta Asociación quisimos alertar de lo inconsistente de tal afirmación –la corrupción es consustancial al poder político, mal que nos pese a todos-, por lo cual el hecho de que la corrupción no se vea o no se denuncie o no se combata en modo alguno puede significar que no exista. Lo que ocurría es que era particularmente osado –por decirlo suavemente- hacer tal afirmación tras los sucesos de La Muela o Asael, supuestos ambos que en modo alguno cabe considerar menores ni aislados, sino expresión de una forma asentada en nuestras administraciones de lo que se considera hacer política o gestión pública.

No podemos, por eso, sumarnos ahora a las alabanzas –consideramos que políticamente interesadas- al actual Consejero de Industria, Arturo Aliaga, por su supuesta firmeza al atajar la corrupción administrativa que parecía anidar en uno de los servicios provinciales de su Departamento. ¿Qué circunstancias de la gestión administrativa permitieron que ello fuera posible? ¿Ninguna responsabilidad en lo sucedido corresponde al Consejero del Departamento o a los titulares de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General competente? ¿En qué consiste entonces la función de dirección de una estructura administrativa? ¿En trasladar las sospechas de mal funcionamiento a las autoridades policiales o judiciales? ¿Se establecieron medidas que previniesen abusos o cauces de información para detectarlos en caso de que se produjeran? ¿Se ha ejercido, en algún supuesto, la potestad disciplinaria que corresponde a las autoridades administrativas? ¿Por qué se nos presenta un cese –la simple revocación de una comisión de servicios- como una medida sancionadora, cuando en modo alguno lo es?

Esta Asociación ha venido insistiendo, desde su misma creación, en la necesidad de un “giro ético” en la función pública, es decir, de todos los que dirigen y hacen funcionar nuestras Administraciones Públicas. Hemos insistido una y otra vez en que la legalidad es el valor central de los servidores públicos y que, una vez perdido el sentido de la legalidad, la función pública necesariamente había de entrar en una deriva imprevisible. Reforzar el sentido de la legalidad y de la ética en toda organización –sea pública o privada- requiere de medidas eficaces de estímulo y de control, de cultura organizativa y, lo que más trascendencia tiene, de ejemplaridad y compromiso personal de quienes dirigen la organización.

Nada de eso se ha dado en nuestra Comunidad Autónoma. De manera incomprensible, tanto el Gobierno de Aragón como las Cortes de Aragón se han negado a promover y adoptar códigos de buen gobierno o de buena conducta pública para reforzar los valores que han de presidir la actuación de cargos institucionales y de servidores públicos. Ese rechazo constituye un claro mensaje de desdén hacia la ética pública y, al mismo tiempo, de manifiesta indiferencia hacia lo que su ausencia pueda suponer de quiebra de la legalidad, la profesionalidad y la integridad en la gestión de los intereses públicos.

Tal pasividad o indiferencia era, a su vez, congruente con casos manifiestos de abusos y utilización fraudulenta de puestos públicos –empezando por los puestos de los propios Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, convertidos en simple prebenda política- o con incumplimientos descarados de la legalidad –en particular de la normativa de función pública, pero no sólo- y con la vulneración reiterada de derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el caso del derecho de petición o el de acceso a la función pública, generando con ello un clima de grave crisis de valores dentro de la Administración Pública, que a unos sume en la indignación o en el desaliento y que a otros estimula a sacar el máximo partido de las circunstancias, sumándose entusiastas a la oportunidad de negocio –aunque sea ilícito- que representa una Administración desligada de la legalidad y del compromiso con los valores éticos de servicio al ciudadano y a los principios democráticos.

¿De qué mecanismos se ha dotado la Administración autonómica para prevenir y combatir la corrupción pública, tanto política como administrativa? De ninguno. ¿Por qué motivo? No somos capaces de adivinarlos, aunque podemos imaginar el nulo interés por contar con una Administración donde sus funcionarios crean –y lo dejen patente en su actuar- que la ley está por encima de la decisión política de quien manda, es decir, que sólo se puede gobernar legítimamente con sujeción al Derecho.

Por eso, los recientes sucesos de corrupción investigados en el Servicio Provincial de Industria de Zaragoza y las medidas adoptadas no nos parecen representativos del buen hacer del Consejero de Industria, sino más bien una muestra del resultado de la acción de un Gobierno que ha hecho saber a los funcionarios, desde hace mucho, que el valor de las leyes es relativo, que no pasa nada por incumplirlas, eso sí, siempre que se haga por orden de quien manda y no a iniciativa propia. Los únicos que no están sujetos a la legalidad son los altos cargos de la Administración, pero los funcionarios deben saber –y se les hará saber cuando corresponda- que incumplir la ley por decisión propia será sancionado con el rigor que sea preciso, en especial cuando lo requiera preservar la credibilidad de quienes gobiernan.

No vamos a defender ni mucho menos la impunidad de los funcionarios que hayan incurrido en supuestos reprobables de corrupción –han de ser sancionados con el rigor que requiera la gravedad de su conducta-, pero tampoco vamos a aplaudir a los miembros de un Gobierno que con su actitud y su estilo de gobernar han menoscabo de manera decisiva los valores profesionales que cabe exigir a los servidores públicos en un sistema democrático como el nuestro. Ese daño no se remedia ni con un cese ni con cien.