Esta Asociación sigue recibiendo respuestas o acuses de recibo de diferentes instituciones a las que, en días pasados, se remitió la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Decreto 67/2007, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público de 2007, al considerar que vulneraba el artículo 23.2 de la Constitución Española, en el que se reconoce el derecho de acceso a la función pública, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.
A las respuestas recibidas hasta el momento, hay que sumar las del Procurador del Común de Castilla y León -el Defensor del Pueblo autónomico de dicha Comunidad- y de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, respuestas que esta Asociación valora como un ejemplo de proximidad, respeto y diálogo de dichas instituciones con la sociedad civil, es decir, con la ciudadanía.
Llama la atención, aunque no sorprende -como contraste a la actitud de los órganos de control especializados, que acusan recibo y agradecen la sentencia remitida-, el mutismo guardado, al menos hasta ahora, por los responsables de los órganos de personal de las Administraciones Públicas -entre los que se encuentran la Secretaría de Estado para la Administración Pública y las Subsecretarías de todos los Ministerios de la Administración General del Estado, así como la Consejera de Presidencia y los titulares de todas las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos del Gobierno de Aragón-, poniendo con ello de manifiesto una actitud que, si bien no es nueva, pues los órganos del Gobierno de Aragón no han contestado ni siquiera a los escritos formulados al amparo del derecho fundamental de petición, evidencia la contrariedad o desagrado que para ellos implica el pronunciamiento del Tribunal Supremo, desautorizando lo que ha sido práctica común, en mayor o menor medida, en la gestión de personal de las diferentes Administraciones Públicas.
De ese mutismo generalizado hay que excluir la actitud del Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, que convocó a esta Asociación a su despacho para comentar el fallo del Tribunal Supremo.
Difícilmente pueden los responsables de personal congratularse -como hacía el Defensor del Pueblo- por una resolución que declara contraria a la Ley y a la Constitución la potestad de autoorganización que hasta ahora se había invocado para reducir el volumen de las Ofertas de Empleo Público, limitando de modo antijurídico el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública.
Supone un mal indicio del estado de nuestras Administraciones Públicas el que una sentencia tan relevante como la dictada por el Tribunal Supremo sólo genere silencio en el seno de las Administraciones Públicas, y no se sea capaz de trasladar a esta Asociación ni el más escueto e inexpresivo acuse de recibo posible a la remisión de la misma. Acaso porque darse por enterados de la misma haría todavía más injustificable seguir aplicando los criterios que han sido expresamente rechazados por el Tribunal Supremo, como seguramente harán la mayor parte de ellos.
La sentencia obtenida por esta Asociación es, sin duda, muy relevante, pero la asunción de dicho criterio por las Administraciones Públicas requerirá una presión por parte de todos -instituciones de control, oposición parlamentaria, sindicatos de la función pública y ciudadanos-, pues una sola sentencia no va a ser suficiente para corregir prácticas administrativas como las mantendidas hasta ahora, a pesar de su calificación como inconstitucionales. El poder no se va a alinear con el Derecho a la primera ocasión, reconociendo sus malas prácticas anteriores. Ni en materia de Oferta ni en materia de provisión de puestos de trabajo ni en materia de legalidad retributiva. No podemos engañarnos.
Hemos dado un paso importante, pero estamos todavía lejos del objetivo propuesto, de ver una función pública comprometida con la legalidad y gobernada desde la legalidad. Como decía una vieja canción de Labordeta: vamos ahora compañeros a defender lo alcanzado, a seguir hacia adelante, la lucha no ha terminado. En esa lucha seguirá esta Asociación, que convoca a todos a secundar el objetivo de hacer respetar las leyes por parte de los órganos de gobierno de la función pública en todas las Administraciones Públicas españolas.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido a esta Asociación desde el Procurador del Común de Castilla y León:
"León, 28 de febrero de 2011.
D. Julio Guiral Pelegrín
Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa
Estimado señor:
Con esta fecha acusamos recibo de su escrito remitido el día 16 de febrero del año en curso en el que pone en conocimiento de nuestra Institución la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 29/10/2010 que anula el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público para 2007, en tanto omite en la misma todas las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos.
Agradecemos que nos haya hecho llegar dicha información, así como las reflexiones y sugerencias realizadas que, sin duda, estudiaremos detenidamente y tendremos en cuenta en el futuro.
Aprovechando la ocasión para transmitirle un cordial saludo.
EL SECRETARIO GENERAL, J. Miguel Lobato Gómez".
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
23 comentarios:
De José María Carrascal:
"Y ya no extraña que valga más el carné de un partido que una brillante ejecutoria profesional o que se acepte que la lealtad a un líder sea más importante que la lealtad a la ley. En otras palabras: la corrupción gubernamental empieza por la corrupción de los principios. Que es lo que está teniendo hoy lugar en España".
Buena respuesta la del Diputado del Común, pero permitidme que ponga mis esperanzas en la del Defensor del Puebo Andaluz.
El enésimo caso de corrupción que golpea a Mallorca y que esta semana se saldaba con las detenciones de Cristina Cerdó y Mateu Cañellas ha sido la gota que ha desbordado el vaso de la paciencia de los internautas. Ni la disolución de la formación nacionalista, ni la llamada tranquilizadora de Melià a los mallorquines han servido para apaciguar los ánimos de quienes ya no están dispuestos a soportar más escándalos de este tipo. "Por favor organicémonos en las redes sociales y cambiemos las reglas, acabemos con el provincianismo político ruín vigente", clamaba un lector. Otros llamaban a la abstención en las urnas el próximo 22 de mayo como correctivo "a la desvergüenza de los dirigentes que no han dudado en vaciar las arcas públicas que los trabajadores llenamos con el sudor de nuestra frente".
La ira que embargó a los internautas en un primer momento, se tornó en desilusión y hastío con el paso de las horas. "Es increíble que la figura de político honrado sea la excepción que confirma la regla".
En este escenario y mientras la política pierde enteros entre los usuarios, la Justicia va inspirando cada vez más confianza. Un número importante de internautas quiso dejar patente su apoyo a fiscales, jueces y Policía, tan cuestionados estos días por algunos. "Se están enfrentando a potentes estructuras regadas con dinero público. Conseguir demostrar estos delitos es complicadísimo. Pero ellos se implican y utilizan las armas que la ley les ofrece", por ello aseguran que es "indignante que la clase política clame contra las detenciones".
La solución adoptada por los dirigentes de UM –disolver el partido y crear Convergencia per les Illes Balears- parece no haber convencido a nadie. "Cuando un partido está acusado de captar ilegalmente lo más sagrado de la democracia, que es la libertad de voto del ciudadano, lo que tiene que hacer, por dignidad, es desaparecer de la política". En este sentido se expresaba otro internauta: "Con la palabra Convergència o sin ella, no pueden seguir en el espacio político de las islas".
Mara García
Diario de Mallorca
Los ciudadanos de Balears en general y de Mallorca en particular, han asistido atónitos, en el plazo inferior a una semana, a la desintegración absoluta de Unió Mallorquina. El estallido de la operación Picnic, sumado a los casos anteriores de corrupción política que afectan a esta formación, ha sido la puntilla que ha conducido de la noche a la mañana a la desaparición de un partido que mientras ha durado ha sido clave y omnipresente en la política y en las instituciones del archipiélago durante las tres últimas décadas.
La configuración del mapa electoral de las islas, el comportamiento de los votantes y el propio talante del partido han propiciado que, hasta su expulsión del actual pacto de gobierno que acaba ahora su gestión en las principales instituciones, una exclusión que se debió precisamente a la imputación judicial por presunta malversación de fondos públicos de sus principales dirigentes, UM haya gobernado y se haya entendido con todos. Lo ha hecho con el PP y con las coaliciones encabezadas por el PSOE. Ahora, con la rápida fulminación del partido presidido por Josep Melià y a expensas de lo que acaben haciendo otras formaciones incipientes en ciernes, el espacio político correspondiente al centro regionalista queda huérfano, si bien resulta conveniente hacer toda una serie de matizaciones en este sentido.
Para aniquilar y hasta olvidar UM, como pretenden quienes hasta ayer eran sus principales mentores, no basta con cerrar la puerta y quitar el cartel. Se vuelve obligado asumir responsabilidades en el grado y el orden que corresponda a cada uno, desde el ámbito estrictamente político al de implicación penal. De Maria Antònia Munar para abajo, cada uno debe asumir y afrontar su propia responsabilidad, porque todo se ha hecho en nombre de UM y del regionalismo político etiquetado como imprescindible para canalizar los anhelos de este archipiélago. Sólo desde esta posición, la de asumir, afrontar y hasta purgar los excesos cometidos, podrá resultar creíble cualquier otra aventura que pueda emprenderse en nombre de esta posición centrista, ahora mismo a la deriva, cuando las elecciones ya están a la vuelta de la esquina.
Editorial de Diario de Mallorca.
Quince voces de peso en el Partido Popular de Balears, alcaldes, diputados y ediles, admitieron ayer a Diario de Mallorca que sienten pánico ante la posibilidad de que los "jueces y fiscales puedan actuar en precampaña". La sensación de euforia que dejó la convención nacional del PP, celebrada en Palma este fin de semana, contrasta con los temores de una nueva actuación judicial que pueda enturbiar la regeneración emprendida por José Ramón Bauzá. "Después de lo visto este último año y tras la intervención en la sede de UM, espero cualquier cosa en las próximas semanas", se sinceraba un alcalde conservador.
Diario de Mallorca.
¿Veremos algo parecido en Aragón con algún partido similar?
Los partidos políticos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas. Todavía peor: los partidos implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en los comicios, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales. Este es el resultado de un reciente estudio elaborado para la Fundación Alternativas (Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal 2003-2007) por los investigadores Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez.
No hay penalización electoral para los corruptos. Y lo que es peor: pueden contar con ello. Mal asunto
Con estos mimbres, los ciudadanos acuden a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. La cuestión que se suscita es si conclusiones tan pesimistas podrían extenderse desde los municipios a las comunidades autónomas y, más allá, a la Administración central; aunque no hay evidencias empíricas que lo demuestren, es difícil pensar que el comportamiento electoral podría ser, en esos últimos casos, esencialmente distinto.
Conclusiones pesimistas porque suponen un serio revés para el control de los políticos por los procesos electorales y porque ponen en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar ya no entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes. En la investigación no se analizan las razones que llevan a los ciudadanos a exonerar en las urnas a los candidatos deshonestos, sino que se limita a constatar este fenómeno que, sin duda, debilita la calidad de la democracia en España.
El estudio, que examina el impacto electoral de los escándalos de corrupción que han tenido lugar en los Ayuntamientos de Andalucía y la Comunidad Valenciana entre las elecciones municipales de 2003 y 2007, contribuye al debate sobre la existencia o no de castigo por parte de los votantes a los políticos implicados en casos sospechosos. Los términos de la polémica son, básicamente, si la corrupción no es castigada en las urnas por cuestiones de tipo cultural o si el castigo es asimétrico, por lo cual únicamente algunos partidos políticos se verían exonerados mientras que los demás sí sufrirían una penalización electoral.
El estudio de la Fundación Alternativas (que incorpora un rastreo exhaustivo de los casos de corrupción y no se basa en una selección determinada de ejemplos) demuestra que la aparición de escándalos en los Ayuntamientos sigue un cierto patrón: estos tienden a concentrarse en municipios costeros con un nivel de población superior a la media y con una mayor disponibilidad de suelo urbanizable. Y que no existen diferencias significativas entre los principales partidos en la proporción de sus alcaldes que se ven afectados por escándalos; en cambio, sí parece que los independientes son más propensos a ser investigados judicialmente.
Joaquín Estefanía
El País
¿Se tolera la corrupción?
¿Se disculpa?
Sigamos, vamos por buen camino.
Aprovechemos la próxima asamblea.
Reafirmemos principios y objetivos.
Renovemos energías.
Compañeros, compañeros,
hasta aquí ya hemos llegado,
atrás dejamos la noche
con la violencia y el miedo.
Dejamos en los caminos
compañeros que no han vuelto,
que no han podido seguir
contra este brutal esfuerzo.
Qué larga ha sido la noche,
y el alba que tanto tarda:
salid al camino hermanos
que no amanece por nada,
y en nombre de los caídos
de los que nunca llegaron,
hagamos de su esperanza
tiempos de hombres renovados.
Vamos ahora, compañeros,
a defender lo alcanzado
a seguir hacia delante,
la lucha no ha terminado.
Defendamos los salarios,
los panizos y los ríos,
la igualdad entre los hombres,
las montañas y los trigos.
Qué larga ha sido la noche,
y el alba que tanto tarda:
salid al camino, hermanos,
que no amanece por nada.
José Antonio Labordeta.
Bien traída esta canción.
Siempre nos quedará Labordeta, afortunadamente.
"En el fútbol los amigos me comentaron que la Junta daba ayudas individuales y a empresas. Y me acerqué a pedir una porque estaba en el paro". José Antonio García, exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla), explica con pasmosa tranquilidad cómo entró a formar parte del grupo de 70 intrusos descubiertos hasta ahora en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía. Estas personas figuran como prejubilados en los ERE que acometieron empresas gracias a las subvenciones de la Junta andaluza, pese a que nunca trabajaron en estas compañías que redujeron personal.
El País.
El fraude consistió en incluir a ediles, sindicalistas, intermediarios y amigos de todos ellos como beneficiarios de las pólizas de los ERE gracias a la connivencia de las aseguradoras, las consultoras y altos cargos de la Consejería de Empleo, que autorizaba los pagos. La casuística de estas 70 personas es muy diversa y hubo trabajadores de una empresa prejubilada en otra y familiares y vecinos desempleados ajenos por completo a las compañías.
El País.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que su departamento trabaja y colabora en los casos de jubilaciones irregulares con fondos públicos destinados a expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía.
El fiscal ha afirmado que Anticorrupción no está trabajando directamente en el caso ERE y sí en Gürtel porque el PP presentó una denuncia en Sevilla y el proceso exige que sea la fiscalía de la capital andaluza la que actúe. No obstante, ha dicho que ha dado orden para que trabaje el delegado Anticorrupción y el de Asuntos Económicos. "No se puede decir, por lo tanto, que no se está trabajando", ha afirmado.
Sobre las acusaciones de doble rasero a la hora de actuar en los casos que afectan al PP y a los del PSOE, el fiscal ha sido tajante: "Tenemos dos varas de medir: la de los delincuentes y la de los inocentes".
Las explicaciones no han convencido al secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien ha calificado de "no decente" e "injusto" que el Gobierno esté haciendo la "vista gorda" con los presuntos ERE irregulares de la Junta de Andalucía y que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Inspección de Trabajo "todavía" no hayan "movido un papel" para investigar el caso.
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Pons ha recordado que "todos los días" hay un "número creciente" de jubilaciones y de subvenciones "falsas" así como, ha apostillado, de dinero con el que se han pagado pensiones "por la cara" a los "amigos y amiguetes" del PSOE.
El País.
A comienzos de esta semana, el presidente y el secretario general de Unió Mallorquina (UM) anunciaban la disolución del partido y su simultánea resurrección con el rótulo de Convergència per les Illes Balears (CIB). El propósito confesado de esa operación Ave Fénix es limpiar los estigmas de corrupción y de clientelismo ganados a pulso durante más de dos décadas. Las faltas de aseo moral de la formación son contundentes. Los tres anteriores presidentes de UM -Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Flaquer- han sido acusados de corrupción por la fiscalía anticorrupción y sus dos secretarios generales previos -Tomeu Vicens y Damiá Nicolau- fueron condenados a penas de cárcel por las mismas razones. Varios consejeros del Gobierno balear y del Consell de Mallorca, así como otros altos cargos de la Administración autónoma y municipal afiliados a UM, han tenido que dimitir tras ser interrogados en los juzgados.
Javier Pradera.
El País.
En cualquier caso, parece llegada la hora de que el Estado de derecho se plantee el gravísimo problema de la existencia de partidos -como UM- secuestrados por organizaciones mafiosas que no los gobiernan para desarrollar sus funciones constitucionales propias, sino para desvalijar las arcas públicas y enriquecerse.
Javier Pradera
El País
Unió Mallorquina se ha disuelto sitiada por sus casos de corrupción, pero sus integrantes han formado otro partido llamado Convergència per les Illes Balears. El último presidente de UM, Josep Melià, continuará al frente de la nueva formación y mantendrá a todos los cabeza de lista.
El Mundo.
¿No descansamos en domingo?
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