El pasado 23 de febrero de 2010, además de celebrarse la asamblea anual de la Asociación, se convocó previamente una asamblea extraordinaria, para modificar algunos aspectos de los Estatutos, con el fin principal de ampliar el objeto de la Asociación y su ámbito subjetivo, al extender su acción al conjunto de Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma -estatal, local, Universidad, Administración de Justicia- y posibilitar la incorporación de empleados públicos de cualquiera de las Administraciones presentes en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Dicho cambio vino motivado por el convencimiento de que los problemas de las Administraciones son prácticamente coincidentes, en lo que se refiere a la falta de respeto de los principios constitucionales, y que la Asociación no podía rechazar la entrada a aquellos servidores públicos, cualquiera que fuese su Administración de pertenencia, dispuestos a trabajar y comprometerse en la defensa de los valores propios de la función pública, como son la legalidad, la profesionalidad y la ética pública.
Los nuevos Estatutos de la Asociación, tras incorporar las modificaciones aprobadas en la citada asamblea extraordinaria de 23 de febrero de 2010, fueron remitidos al Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma, para su inscripción, a los efectos de publicidad que marca la Ley Orgánica 2/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Recientemente, se nos ha notificado la resolución del Servicio de Régimen Jurídico y Registros de la Dirección General de Interior, de fecha 27 de septiembre de 2010, por la que se acuerda inscribir la modificación de Estatutos en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Con ello se cumple el trámite formal de publicidad de los Estatutos modificados, si bien la efectiva apertura de la Asociación a las demás Administraciones Públicas y la ampliación real de su base asociativa habrán de concretarse en medidas de difusión en las demás Administraciones Públicas y en el establecimiento de contactos con otras entidades que, con fines similares a los de esta Asociación, vienen ya trabajando en el ámbito de dichas Administraciones.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
4 comentarios:
Esta es una noticia de orden doméstico, pero imagino que también son necesarias para informar a los socios y a terceros.
La ley de Empleo Público de Aragón sigue durmiendo el sueño de los justos, a pesar de que todos los grupos parlamentarios instaron al Gobierno aragonés, a través de una resolución presentada por el PP en el último debate del estado de la Comunidad, a que llevara a las Cortes un proyecto de ley antes de dos meses. La mitad de ese plazo ya ha transcurrido sin que haya avances hasta el momento.
HERALDO DE ARAGON.
El proceso de elaboración de la ley comenzó hace poco más de dos años, en septiembre de 2008, con la constitución de grupos de trabajo que elaboraron siete ponencias objeto de debate entre responsables de la DGA y los sindicatos más representativos(UGT, CC. OO., CSI-F y CEMSATSE). La Asociación de Defensa de la Función Pública aragonesa, que ha denunciado su marginación en este proceso de participación, considera además que el texto "no es idóneo para avanzar en la calidad y profesionalidad de la función pública".
Tras el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, promulgado hace tres años, la Comunidad Valenciana ya ha aprobado su propia ley y otras comunidades como Canarias, Cantabria y Baleares la tienen muy adelantada. Cataluña, sin embargo, ha optado no por confeccionar otra norma sino por introducir directamente las modificaciones necesarias para su adaptación. En Aragón, la legislación sobre el empleo público, que es una "asignatura pendiente" como destaca Julio Moreno, de CC. OO., tendrá que contar luego además con un arduo y extenso desarrollo reglamentario.
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
texto, del que han tenido conocimiento los sindicatos, es profundamente regresivo. Nos retrotrae un siglo atrás, a la época de las cesantías decimonónicas. La objetividad, la imparcialidad, la transparencia quedan laminadas en pro de la discrecionalidad del poder políticos. Esa Ley, si viera la luz, sería una involución del Estado de Derecho. Mejor que ese proyecto decaiga y que quien lo ha redactado sea cesado inmediatamente.
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