A pesar de la indiferencia general ante el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón del plazo que marca el Estatuto de Autonomía para la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos, con su posterior remisión a las Cortes de Aragón, esta Asociación no quiere minimizar ni silenciar un hecho tan relevante en el funcionamiento institucional de nuestra Comunidad Autónoma.
No debe olvidarse que las instituciones autonómicas existen porque las establece el Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, el respeto al contenido de la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma es un deber esencial de dichas instituciones, consustancial a su propia legitimidad como poder público.
Sin embargo, nadie parece reparar en la gravedad que reviste el incumplimiento, por segundo año consecutivo –lo que apunta a una mala práctica de gobierno-, del plazo fijado al Gobieno de Aragón para remitir a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Es grave porque encierra un mensaje de desvinculación al ordenamiento jurídico, olvidando el necesario sometimiento al mismo por parte de los ciudadanos y de los poderes públicos. Y además, constituye un claro abuso por parte del Ejecutivo respecto a las facultades y prerrogativas del Parlamento autonómico, al que se le reduce indebidamente el plazo de estudio y debate de la norma más destacada de cada ejercicio para el desarrollo de las políticas públicas que posibilita el Estatuto de Autonomía.
Por dicho motivo, esta Asociación ha querido trasladar a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón su preocupación por este incumplimiento, preocupación que comunicará, igualmente, en próximos días, al Presidente de las Cortes de Aragón y a su Comisión de Economía y Presupuestos.
Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón:
“Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
Zaragoza, 7 de octubre de 2010.
Estimados señores:
Como asociación que cuenta entre sus principios y fines el impulso de medidas de buen gobierno y la defensa del principio de legalidad, para garantizar la calidad democrática y la plena vigencia del Estado de Derecho, nos vemos en la necesidad de trasladarles nuestra inquietud ante la falta de remisión a esa Cámara, por parte del Gobierno de Aragón, del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011, incumpliendo con ello, por segundo año consecutivo, el plazo establecido en el Estatuto de Autonomía.
Tal y como se establece en el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Gobierno de Aragón ha de remitir a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuestos antes del último trimestre del ejercicio en curso. A pesar de ello, a fecha de hoy, ya rebasado el plazo previsto en el Estatuto de Autonomía, el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2010 ni ha sido aprobado por el Gobierno de Aragón ni ha sido remitido a las Cortes de Aragón, anunciándose por su portavoz, en una reciente comparecencia, que dicha aprobación se efectuará en la segunda quincena del mes de octubre, sin realizar mención alguna a la obligación temporal que impone el Estatuto.
Tal circunstancia, a juicio de esta Asociación, no sólo supone un incumplimiento cualificado y reiterado de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, condición que corresponde al Estatuto de Autonomía de Aragón, sino que, en una coyuntura económica como la actual, constituye una falta de diligencia en la definición de los criterios de gasto público para afrontar la difícil situación que atravesamos y un signo de escasa disciplina presupuestaria, ya que el puntual cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y aprobación de los Presupuestos ha de ser el primer signo del rigor presupuestario.
Creemos que las instituciones públicas, como es el caso del Gobierno de Aragón, han de dar ejemplo de estricta sujeción al ordenamiento jurídico –en particular, a las obligaciones que les impone el Estatuto de Autonomía de Aragón- y extremar su diligencia en el cumplimiento de sus deberes legales.
El sometimiento de los poderes públicos a la Ley en el ejercicio de sus funciones es uno de los elementos que identifican a un Estado de Derecho. Si ello no se asegura adecuadamente, los poderes públicos pierden legitimidad para exigir, luego, su cumplimiento a los ciudadanos. No es posible que desde las propias instituciones públicas se relativice el valor y la obligatoriedad de las normas legales.
La no sujeción del Gobierno de Aragón a lo previsto en el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en cuanto al plazo de remisión a las Cortes de Aragón del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, constituye, a nuestro juicio, una clara vulneración del Estatuto, debiéndose destacar que es el segundo año que tal incumplimiento se produce.
En consecuencia, nos dirigimos a ese Grupo Parlamentario con el fin de que, de entenderlo oportuno, puedan impulsar las oportunas iniciativas parlamentarias para requerir del Gobierno de Aragón un escrupuloso respeto de las obligaciones que impone el Estatuto de Autonomía en cuanto al procedimiento de elaboración y tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
33 comentarios:
¡qué van a pensar los grupos!
¿dónde está el gobierno?
¿dónde la oposición?
There are nine million bicycles in Beijing.........
but only one Katie Melua.
That's a fact
El poder, no el poder político sino el simple poder, consiste en la capacidad para determinar la conducta de otra persona. El politólogo Robert Dahl ha formulado la noción de poder con gran claridad: "A tiene poder sobre B en la medida en que puede conseguir que B haga algo que de otra manera no haría". Quien tiene poder tiene también capacidad de coacción respecto al otro: esta es la razón última, si no hay otras, por la cual se le obedece. La autoridad, en cambio, no precisa coacción: se obedece a quien tiene autoridad porque se le reconoce un superior criterio. Quien tiene autoridad no necesita mandar, ni convencer, ni argumentar: basta su simple opinión para ser obedecido. La noción de autoridad puede formularse así: "Si A opina B, es que B es verdad". El poder se impone, la autoridad se reconoce.
francesc de carreras
Así, pierde el Gobierno de Aragón autoridad al no hacer lo que manda el Estatuto.
¿Pero gana poder?
Desde luego, no un poder democrático.
Abuso de poder no es poder.
Es sólo abuso.
Entonces, ¿podemos hablar de Abuso de Aragón?
Madrid.(EFECOM).- La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno el pasado 1 de junio en el Consejo de Ministros, dentro de un paquete de medidas para ajustar el déficit público, según la providencia de este tribunal facilitada hoy por CC.OO.
La sala de lo Social de la Audiencia Nacional abrió así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público y que incluye la reducción salarial de las personas en régimen laboral del sector público.
La providencia, fechada el 30 de septiembre, establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.
Comentario:
No confundan funcionarios y laborales: el titular de la noticia no tiene nada que ver con el contenido. Debieran ser más rigurosos con la información.
Comentario:
Pues espero que Bruselas de mas ordenes y menos vengan de Madrid, quizas sea la unica salida de la bancarrota del pais. Se tiene que ser bastante incompetente y no entender el concepto de vision a largo termino para ir subiendo sueldos y contratando mas funcionarios cuando simplemente no hay dinero. Viva Europa.
Comentario:
Lo que es anticonstitucional es que pueda ser anticonstitucional reducir el sueldo de los funcionarios y que sea constitucioanl reducirlo a los no funcionarios. O todos moros o todos cristianos y todos a lucha para la no abolición del estado del bienestar y si se consigue, que sea para TODOS.
Comentario:
Todo el mundo sabía que la medida era inconstitucional y que se echaría atrás. Los propios Abogados del Estado, que defenderán a la Administración en los tribunales, han distribuido un modelo de recurso contra la nómina entre los funcionarios. Es el estilo ZP: vende humo hoy que ya se corregirá mañana.
Comentario:
¿estas decisiones creeis que son tomadas por el gobierno español? yo creo que no ,creo que SON ORDENES DESDE BRUSELAS y que hay que cumplir te gusten o no te gusten ,en portugal la bajada es del 25% ¿lo ha decidido el gobierno portugues? creo que no y que españa volvera a bajar el sueldo de los funcionarios mas pronto que tarde.AQUI HAY UN DEFICIT ENORME que en 2013 tiene que quedar reducido a lo que la UE considera necesario,para cumplirlo no hay milongas,pensiones jubilaciones funcionarios .
Comentari:
Aquest pais s'estar quedant paralitzat per la falta de flexibilitat...aqui un nou exemple, sembla que els funcionaris siguin Deus en comptes d'una de les lastres mes grosses del pais, per la falta de competitivitat i modernitat del sistema.
Cuando el PSOE se vio envuelto en una serie de casos de corrupción en los primeros años noventa del siglo pasado, no se hablaba de otra cosa. Las malversaciones, las apropiaciones indebidas, la financiación ilegal, el latrocinio de los caudales públicos eran portadas de periódicos y telediarios día tras día, copaban eso que llaman la “agenda mediática” y determinaban el contenido de los debates colectivos cuyo único punto de incertidumbre residía en averiguar cuál sería el escándalo siguiente.
Hoy la situación es la inversa, ya que afecta al partido de la oposición que, según Aznar, era incompatible con la corrupción. Desde el estallido del caso Gürtel, una trama colosal de presunta corrupción que abarca todo el país, al partido le han salido escándalos específicos en la Comunidad de Madrid (con casos como el supuesto espionaje y Fundescam), en la de Valencia (con el nuevo caso de la basuras de Alicante), en la de las Balears (con el caso Matas) y ahora en el municipio de Murcia, en donde se repite el guión con fidelidad mecánica: algún alto cargo detenido y la constelación habitual de recalificaciones, funcionarios corruptos, empresarios avispados y chanchullos.
ramón cotarelo
Comentario:
La corrupción política es unos de los peores atentados que se pueden hacer contra la democracia, ya que hace que el ciudadano pierda la confianza en ésta.
AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.
editorial de ABC
AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.
editorial de ABC
AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.
editorial de ABC
AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.
editorial de ABC
AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.
editorial de ABC
AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.
editorial de ABC
AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.
editorial de ABC
AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.
editorial de ABC
CANTA, COMPAÑERO, CANTA
Agua para el erial,
y trigo para el barbecho.
Para los hombres caminos
con viento y con libertad.
El miedo tiene raíces
difíciles de arrancar,
si ves que se hacen cadenas,
rómpelas y échate a andar.
Canta, compañero, canta,
que aquí hay mucho que cantar;
este silencio de hierro
ya no se puede aguantar.
Erizando los trigales
una voz viene a anunciar,
el camino en el que andamos
tu rabia lo encontrará.
Canta, compañero, canta,
que aquí hay mucho que cantar;
este silencio de hierro
ya no se puede aguantar.
Por el alba del camino
a tu hermano encontrarás,
dale la mano y camina
hasta llegar al final.
Agua para el erial,
y trigo para el barbecho.
Para los hombres camino
con viento y con libertad.
JOSE ANTONIO LABORDETA
Sigamos cantando.
ALBADA
Adiós a los que se quedan
y a los que se van también.
Adiós a Huesca y provincia
a Zaragoza y Teruel.
Esta es la albada del viento
la albada del que se fue
que quiso volver un día
pero eso no pudo ser.
Las albadas de mi tierra
se entonan por la mañana
para animar a las gentes
a comenzar la jornada.
Arriba los compañeros
que ya ha llegado la hora
de tener en nuestras manos
lo que nos quitan de fuera.
Esta albada que yo canto
es una albada guerrera
que lucha porque regresen
los que dejaron su tierra
JOSE ANTONIO LABORDETA.
SE HAN MARCHADO
Se han marchado todos
y nadie ha vuelto
para cerrar la puerta.
Esta, vieja y desguazada,
golpea contra le viento
en las noches de asombro
como si nadie la quisiera oír,
como si todos los páramos del tiempo
se encerrasen aquí,
sobre estas galerías de casas agrietadas.
Y lejos,
más allá de las últimas carrascas,
alguien recuerda la cama
donde fue concebido con tristeza.
JOSE ANTONIO LABORDETA.
SE HAN MARCHADO
Se han marchado todos
y nadie ha vuelto
para cerrar la puerta.
Esta, vieja y desguazada,
golpea contra el viento
en las noches de asombro
como si nadie la quisiera oír,
como si todos los páramos del tiempo
se encerrasen aquí,
sobre estas galerías de casas agrietadas.
Y lejos,
más allá de las últimas carrascas,
alguien recuerda la cama
donde fue concebido con tristeza.
JOSE ANTONIO LABORDETA.
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