viernes, 1 de octubre de 2010

LAS CORTES DE ARAGÓN RECLAMAN AL GOBIERNO EL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN.

El Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de fecha 29 de septiembre de 2010 publica el conjunto de resoluciones aprobadas con motivo del debate de política general o del estado de la Comunidad Autónoma de Aragón celebrado los días 13, 14 y 16 de septiembre de 2010. De todas ellas, sólo una se refiere a la administración o función pública: se trata de una propuesta del Grupo Parlamentario Popular, formulada en los términos siguientes: “Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a presentar, en el plazo improrrogable de dos meses, el Proyecto de Ley de la Función Pública de Aragón”.

Con independencia de que, efectivamente, el Gobierno de Aragón apruebe el referido Proyecto de Ley de Función Pública, nombre que preferimos al de Ley de Empleo Público de Aragón que ha utilizado la Dirección General de la Función Pública en sus borradores, creemos que el Consejero de Presidencia, Javier Velasco, debiera aclarar la voluntad real de su Departamento y del Gobierno de Aragón en relación con dicho Proyecto de Ley –ya que internamente, todos parecen dar por descartada su aprobación, por la falta de consenso sindical y por la ausencia de financiación suficiente- y explicar, además, el coste económico que dicha Ley comportaría para la Comunidad Autónoma, dado el régimen retributivo y de carrera horizontal que prevé.

Esta Asociación, con motivo de la pasada rebaja salarial en la función pública, ya destacó la paradoja de tal medida con las previsiones del Anteproyecto de Ley dado a conocer, cuya aplicación habría de suponer un incremento retributivo generalizado. Frente a lo proyectado, lo acordado pasa, incluso, por la inaplicación de contenidos expresos del Estatuto Básico del Empleado Público, como el referido a la cuantía de las pagas extraordinarias. Una manifiesta incongruencia que lastra la credibilidad del modelo retributivo del Anteproyecto de Ley.

Consideramos, y así lo explicaremos en un futuro documento, que el Anteproyecto de Ley elaborado por la Dirección General de la Función Pública no es idóneo para avanzar en la calidad y profesionalidad de la función pública, pero si el Gobierno de Aragón está convencido de su oportunidad debiera ser capaz de llevar el texto a las Cortes de Aragón y defender el modelo diseñado, propiciando el necesario debate parlamentario y afrontando, en su caso, las posibles enmiendas a la totalidad por parte de la oposición parlamentaria, en el caso de que el modelo presentado revelase inconsistencias manifiestas e inviabilidad financiera, como a nuestro juicio revela.

Dado lo avanzado de la legislatura, podría ser que la remisión al Parlamento del Proyecto de Ley fuese puramente simbólica, con el único fin de cumplir la propuesta de resolución aprobada, ralentizando posteriormente su tramitación, de modo que el proyecto normativo decayese con la disolución de las Cortes de Aragón en la próxima primavera.

17 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Queda tiempo para su tramitación?

Anónimo dijo...

¿Qué se persigue realmente con la propuesta?

Anónimo dijo...

¿Una ley?

Anónimo dijo...

¿Un simple debate?

Anónimo dijo...

Las Cortes de Aragón han mostrado su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y han expresado su firme condena por el intento de golpe de Estado en Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, firmará este viernes acuerdos con las Cortes de Aragón y la Fundación Manuel Giménez Abad.

ARAGON DIGITAL.

Anónimo dijo...

El Colegio de Abogados acogerá hoy --previsiblemente-- en sus filas a 14 profesores titulados y catedráticos de la Facultad de Derecho. En principio, parece que todo se queda en casa. Pero no es tan sencillo; el proceso ha sido objeto de dos recursos por parte de un colegiado que aduce que la medida conculca el régimen de incompatibilidad de los funcionarios docentes universitarios. Vaya, que los catedráticos no deberían ser admitidos como abogados y, en todo caso, deberían pagar la cuota de ingreso. El decano insiste que todo se ajusta a Derecho. ¿Cómo entrar en una discusión entre especialistas?

el periódico de aragón

Anónimo dijo...

Un tema interesante a seguir.

Anónimo dijo...

POLÉMICA EN EL COLEGIO DE ABOGADOS.
"La colegiación de docentes se ajusta a la legalidad"
Los profesores inscritos defienden la legalidad de la medida.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

El Colegio de Abogados de Zaragoza fue ayer escenario de la colegiación de 14 profesores de Derecho de la Universidad de Zaragoza, una medida que ha recibido críticas en sectores de la abogacía, pero que sus protagonistas no dudan en calificar de "ajustada a Derecho" y "gran avance en la normalización de las relaciones entre la Facultad de Derecho y el colegio profesional".

"Era extraño que quienes enseñan Derecho en la facultad no pertenecieran a su correspondiente colegio profesional", aseguró ayer José María Gimeno Feliu, uno de los nuevos colegiados, que hasta hace poco fue decano de Derecho. "En todas las demás ramas de la enseñanza, de Veterinaria a Arquitectura, los docentes están inscritos en sus respectivos órganos profesionales", subrayó.

Las críticas a la colegiación de 14 docentes, todos con el grado de doctor, se deben en gran medida a que los profesores no han abonado la cuota de entrada, de unos 1.500 euros, y a que, según algunos abogados contrarios a la medida, se incumple la Ley de Incompatibilidades. Además, no faltan quienes ven en estos colegiados una nueva competencia.

"Nuestra intención no es entrar en el mercado a competir con otros letrados, sino ayudar al colegio en tareas de asesoramiento, docencia e investigación", afirmó Gimeno Feliu, que recordó que él y el resto de enseñantes sí deberán abonar las cuotas ordinarias. "El hecho de que no hayamos pagado cuota de entrada es una ventaja destinada a fomentar la incorporación de docentes", añadió.

El decano del Colegio de Abogados, Ignacio Gutiérrez Arrudi, presentó la colegiación como una forma de captar doctores para el futuro máster que se impartirá en el centro de formación de la institución, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía en noviembre del 2011.

La colegiación cuenta el apoyo del Rectorado, que suscribió un convenio con el Colegio de Abogados y autoriza compaginar la docencia con el ejercicio profesional. "No incurrimos en incompatibilidad, podemos ejercer la abogacía y facturar por la Oficina de Transferencia de Investigación", explicó Gimeno Feliu.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Un tema digno de análisis.

Anónimo dijo...

Comentario:

Cuando se hace una excepción, como en el caso objeto de la noticia, a las normas del Colegio de Abogados, lo que hacemos todos el preguntarnos el porqué y el para qué.
Yo no encuentro respuestas a ninguna de estas preguntas.
No hace falta que quien quiera colaborar con el Colegio de Abogados se colegie. No es preciso ser abogado para enseñar Derecho, ni en la Universidad ni en las Escuelas de Formación -por la que habrán de pasar los estudiantes que quieran ser abogados-. (Por cierto, que esto último lo exige una Ley).
El Profesor universitario de Derecho no ha de estar necesariamente colegiado; si lo hace el Profesor de Medicina, por ejemplo, es porque quiere -además- curar enfermos. Pero colegiarse en la abogacía para no ejercer esta profesión es un absurdo.
Por ello las respuestas al “porqué” y al “para qué” aún no se han hecho públicas. (Al menos no se han hecho públicas respuestas razonables y coherentes).

Anónimo dijo...

Comentario:

Reciban los catorce nuevos colegas la bienvenida al Colegio. No negamos que los profesores doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza puedan ejercer, además de la actividad pública docente e investigadora, la actividad privada como abogados en ejercicio. Pero cumpliendo el régimen de incompatibilidades (dedicación a tiempo parcial y autorización de compatibilidad). No a través del subterfugio del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (que no está para estos menesteres) y de la OTRI, manteniendo el régimen de dedicación a tiempo completo en la Universidad pública. En mi ignorancia, creo que un convenio no puede modificar ni Ley ni el Reglamento de incompatibilidades de los funcionarios. Pero ya se sabe, “cinco abogados, seis opiniones”. Aunque para algunos estas cosas son “incidencias anecdóticas”, como se dijo en el acto de jura de los nuevos colegiados. ¡Qué pena que el Derecho y la moral transiten por caminos tan divergentes! Como escribió Quevedo al Conde de Olivares, en su valimiento: “No he de callar …”. José Manuel Aspas, abogado. Zaragoza

Anónimo dijo...

¿Por qué no crear una red de blogs críticos con la realidad aragonesa?

Anónimo dijo...

¿Por qué no?

Anónimo dijo...

La Dirección General de la Función Pública no ha impulsado, desde el pasado mes de marzo,el Anteproyecto de Ley de Empleo Público. ¿Qué han hecho desde esa fecha? ¿Por qué no han elevado al Gobierno el Anteproyecto? ¿Quién es el responsable?.

Anónimo dijo...

¿Qué va a hacer la Asociación a este respecto? Necesitamos que alguien recuerde a nuestros políticos que no han hecho sus deberes.

Anónimo dijo...

Todos los ciudadanos deberíamos empezar a ser más críticos con la realidad aragonesa. Dentro de unos meses podemos ejercer nuestros derechos en las urnas.