ACTIVAR LOS CONTROLES PÚBLICOS: URGENCIA DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Diferentes supuestos de la actualidad aragonesa ponen de manifiesto el defectuoso funcionamiento institucional de nuestra Comunidad Autónoma, en lo que afecta al efectivo aseguramiento del respeto a las normas básicas de organización de los poderes públicos. Una democracia se define por dos rasgos principales: por ser un sistema de gobierno representativo, basado en la voluntad libre de los ciudadanos, y por ser un sistema de poder político limitado, sujeto a un conjunto de controles institucionales y sociales.

La falta de remisión, en el plazo señalado por el Estatuto de Autonomía de Aragón, del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a las Cortes de Aragón constituye un grave incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón, que no ha sido puesto de manifiesto ni por los grupos de la oposición ni por los medios de comunicación, mostrando con ello una incomprensible indiferencia hacia la vulneración de las reglas básicas de funcionamiento institucional. Si el Ejecutivo autonómico puede vulnerar, sin consecuencia alguna, las obligaciones estatutarias y menoscabar con ello la función de las Cortes de Aragón en lo que afecta al estudio y debate de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma, ¿cuál es el valor normativo que se concede al Estatuto? Si a la falta de sanción jurídica se suma la ausencia de reproche político y social, el principio de sometimiento al ordenamiento jurídico sufre un claro menoscabo en la cultura política y cívica de nuestra Comunidad.

Otro dato preocupante del panorama actual –directamente conectado con el anterior- es la azarosa puesta en marcha de la Cámara de Cuentas de Aragón, a la que se pretende recortar los medios personales y materiales reclamados por los responsables de esta nueva institución, recorte que compromete el correcto ejercicio de sus funciones de control sobre la actividad financiera del sector público autonómico. La peor situación que cabría imaginar, en este ámbito, sería que la actividad del Tribunal de Cuentas se vea desplazada por la entrada en funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Aragón y que ésta, por precariedad de medios, no pueda ejercer de forma efectiva sus tareas de control, invalidando con ello la funcionalidad del nuevo órgano previsto por el Estatuto de Autonomía. También en esta cuestión se aprecia una extraña unanimidad a favor de recortar los medios reclamados por la nueva institución. Hay quien, en un gesto de grosero pragmatismo, llega a preferir la enfermedad –la corrupción- al remedio –el control-, como medida de contención del gasto público. ¿En tan poco se valora la utilidad de los controles al manejo de millones de euros por parte de las entidades públicas? ¿Qué valor se otorga a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones? ¿Qué disuasión tienen los gestores corruptos para no incurrir en el latrocinio?

A lo anterior, aunque parezca un asunto de menor trascendencia, se suma la falta de control sobre el régimen de incompatibilidades establecido para los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma. La simple comparación del sistema establecido en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobada el año pasado, con el régimen establecido por la Administración General del Estado en 2006 resulta, sencillamente, sonrojante. El Gobierno de Aragón y, por extensión, la Comunidad Autónoma de Aragón tienen el triste mérito de contar con una de las más obsoletas e insatisfactorias regulaciones en lo que afecta a conflictos de intereses de miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración autonómica, y una más que evidente falta de iniciativa en lo que respecta a asegurar la transparencia y el control de la gestión pública. Ese déficit de transparencia no se compensa con una Dirección General de Participación Ciudadana, que se ha mostrado incapaz de asegurar el mero ejercicio del derecho fundamental de petición por parte de los ciudadanos.

Todo lo dicho no es más que una serie de ejemplos que ilustran la absoluta necesidad de activar el conjunto de los mecanismos de control –tanto internos como externos- sobre el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo autonómico. En toda agenda política en la que figurasen objetivos de buen gobierno y buena administración constaría como prioridad la mejora de los instrumentos de control. La ausencia de tales medidas y la práctica política que observamos parecen ilustrar, por el contrario, la renuncia en nuestra Comunidad Autónoma a todo objetivo de buen gobierno y buena administración, algo que toca de lleno a la calidad y esencia de la vida democrática.