El derecho de petición, reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Española, es un mecanismo de participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos, a través del cual cualquier ciudadano puede dirigirse a los poderes públicos para solicitarles una determinada actuación o medida. El derecho de petición impone a las autoridades públicas a que se dirijan las peticiones la obligación de responder, afirmativa o negativamente, pero en cualquier caso de forma motivada, dentro de un plazo máximo de tres meses desde la recepción de la petición.
Las condiciones de ejercicio del derecho de petición y las concretas obligaciones de las autoridades públicas que reciban las peticiones se establecen en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Entre dichas obligaciones, el artículo 11.5 de la citada Ley Orgánica señala que, anualmente, la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas. Así lo hace anualmente el Senado, recogiéndose en dicha memoria las peticiones formuladas, entre otros, por esta Asociación.
En la Comunidad Autónoma de Aragón, sin embargo, ni el Gobierno de Aragón ni las Cortes de Aragón confeccionan la obligada memoria anual, incumplimiento legal que viene a sumarse al habitual incumplimiento de la obligación de responder a las peticiones formuladas al amparo del citado derecho fundamental. No parece de recibo que el Gobierno de Aragón alardee de su política de participación ciudadana, de la que parece ser su máximo exponente la Dirección General de Participación Ciudadana del Departamento de Presidencia, cuando, al mismo tiempo, se muestra incapaz o carente de voluntad de respetar el ejercicio del derecho fundamental de petición ejercido por los ciudadanos -entre ellos, esta Asociación- ante diferentes órganos y autoridades del Gobierno de Aragón y la Administración autonómica.
La falta de elaboración de la memoria anual de las actividades derivadas de las peticiones formuladas por los ciudadanos -la más elemental, entre ellas, debería ser la de dar respuesta en plazo- contribuye, a juicio de esta Asociación, al general incumplimiento del deber de responder y, con ello, a la reiterada vulneración del derecho fundamental. La vulneración de un derecho fundamental por parte de un poder público constituye una grave violación del ordenamiento jurídico, pues su reconocimiento es una de las principales decisiones constitucionales y a ellos se dispensa una protección especial, incluyendo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Al margen de las actuaciones ya emprendidas ante concretas vulneraciones a su derecho de petición -entre ellas está el recurso de amparo formulado ante el Tribunal Constitucional contra determinadas decisiones de la Mesa de las Cortes de Aragón-, esta Asociación va a formular una queja ante el Defensor del Pueblo por el incumplimiento del deber de confección de la memoria anual que exige la Ley Orgánica del Derecho de Petición tanto por parte del Gobierno de Aragón como por las Cortes de Aragón.
Esperamos contribuir con ello a que la Dirección General de Participación Ciudadana incorpore, de una vez, la garantía del derecho de petición a su estrategia de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y que el Presidente de las Cortes de Aragón, cuando celebre el aniversario de la Constitución el próximo año, pueda avalar sus palabras con acciones coherentes, como el respeto al derecho de petición ejercido por los ciudadanos y el cumplimiento de las obligaciones que la Ley Orgánica 4/2001 impone a autoridades y poderes públicos.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
34 comentarios:
¿No se ha hecho el domingo para descansar?
NOTA DE LA AGENCIA EFE HALLADA EN LA RED:
26-12-2009 / 17:50 h
(Aragón) POLITICA,GOBIERNO
El Justicia reclama al Gobierno correcta publicación nombramiento asesores
Así lo asegura la asociación en un comunicado, en el que recuerda que recurrió al Justicia para reclamar al Gobierno que dé publicidad al nombramiento y cese de los directores, jefes y demás miembros de los gabinetes del Ejecutivo tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobada en mayo de 2009.
Según la asociación, el Justicia, en una resolución fechada el pasado 16 de diciembre, requiere al Gobierno de Aragón que dé publicidad al nombramiento y cese del personal asesor mediante la publicación de la disposición por la que se acuerde dicho nombramiento o cese.
Para esta entidad, la resolución "viene a desautorizar expresamente la práctica seguida por los miembros del Gobierno de Aragón", que se han limitado a insertar en el Boletín Oficial de Aragón un anuncio, suscrito por los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos, por el que se daba publicidad al nombramiento o cese del personal eventual, indicando nombre y apellidos del afectado y puesto.
En su opinión, esa técnica no sólo no se ajusta a la literalidad del precepto legal aplicado, como señala el Justicia de Aragón en su resolución, sino que contraviene la regla general de publicación de actos administrativos que establece la legislación estatal básica.
El Gobierno de Aragón, agrega la entidad, ha tratado de desvirtuar desde el primer momento el sentido de la norma aprobada para evitar el conocimiento público de las fechas reales de nombramiento y cese, lo que le permite disociar dicho nombramiento o cese de su publicidad, posibilitando con ello la posible manipulación de las fechas de efectos.
Añade que además se ha tratado de desligar el requisito formal de publicación de la eficacia del acto publicado, permitiendo con ello que la toma de posesión o inicio del desempeño de las funciones de confianza no queden supeditados al momento de la publicación.
Esa pretensión resulta, a su juicio, plenamente antijurídica, ya que todos los nombramientos para el ejercicio de funciones públicas requieren la previa publicación del correspondiente nombramiento, desde el cargo de Presidente del Gobierno de Aragón, Consejeros y Directores Generales al último nombramiento por el que se atribuyen puestos de trabajo a funcionarios públicos, sea mediante libre designación, concurso de méritos o por atribución de primer destino.
En su opinión, no sólo la falta de publicación de nombramientos y ceses del personal eventual constituía una "clara anomalía" dentro de la administración por su secretismo, algo que la entidad ha puesto en manos de la Fiscalía General del Estado porque ha servido para posibilitar una utilización fraudulenta de los puestos, sino que supone una inaplicación de lo establecido en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
La asociación anuncia que se va a dirigir a los miembros del Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortes para instarles a que la sugerencia del Justicia de Aragón sea debidamente atendida por el Ejecutivo y que la correcta aplicación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón sea controlada por las Cortes de Aragón. EFE
¿No hay más asociaciones en la función pública aragonesa?
¿No se pronuncian sobre estos temas?
¿Por qué?
¿Y los sindicatos qué dicen de esto?
Estoy convencido de que el Director General de Participación Ciudadana os lee. Y estoy convencido de que el presidente de las Cortes no.
Pero ambos deben estar hartos de vosotros.
No puedo creer que algo tan sencillo como una memoria anual no sean capaces de hacerla en el Departamento de Presidencia.
¿En qué piensan?
¿Hartos? No creo que se les haya dado motivos para eso.
Es muy posible que el Presidente de las Cortes no lea ni los escritos de petición que se le dirigen.
En la DGA pasa algo parecido: hay altos cargos que dicen que no pierden el tiempo con los escritos de la Asociación. Los sueldos que cobran no les permite dedicarse a fruslerías,deben pensar.
Y el caso es que no les va nada mal con esa actitud, pues suelen promoverles a más altas responsabilidades.
Cuanto menos escrúpulos, más promoción. Así va la política, claro.
¿Y por qué no hace la Asociación una memoria anual? Podría ser útil para ver el grado de respuesta de las distintas instituciones.
Y de cara a la Asamblea anual, qué mejor manera de rendir cuentas de la actividad desarrollada.
¿Toma alguien nota?
Bueno, aquí queda para quien pueda recoger la idea.
Y esos parásitos, chupopteros llamados sindicatos, ¿donde están?. Ah sí, pendientes del buen servicio a su señor.
¿Cómo van a elaborar una memoria para reflejar sus propios incumplimientos?
Señores tan ilustres en cortijos tan productivos no pierden el tiempo con los escritos de esta plebe, estos seguros servidores, "pringaos" a su servicio arrodillándose ante su sabido derecho de pernada, ni por supuesto a los de la Asociación. Estos señores, hijos del dedo, pertenecientes a una clase superior no deben perder el tiempo en pensar, es demasiado para ellos.
El estado de derecho y la legalidad es un cuento chino, el estado son ellos, y la ley también.¡Pobre país, que lástima me das!
¿Se siente esa asociación con fuerzas para cambiar el actual estado de cosas?
La resistencia a hacer balance de incumplimientos es lógica. La transparencia no puede llegar tan lejos. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y esto es lo que hoy les sucede a nuestros responsables políticos en Aragón. Decir lo que hacen y no hacen es declarar contra sí mismos, confesar sus incumplimientos.
Me pregunto qué sería de esa asociación sin el apoyo que le viene prestando el Justicia de Aragón: ni la mitad de la mitad.
LEY REGULADORA DEL DERECHO DE PETICIÓN.
Artículo 11. Tramitación y contestación de peticiones admitidas.
1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial.
2. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.
3. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.
4. La autoridad u órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda.
5. Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas
Boné refuerza el control en los contratos de su Departamento.
Desde la consejería dicen que cumplir "las leyes ya no parece ser suficiente".Sodemasa pide presupuestos a tres empresas en gastos superiores a 600.
EL PERIODICO DE ARAGÓN.
¿Nos lo creemos?
Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente y secretario general del PAR ha dado orden, desde hace unos meses, de incrementar al máximo el control de todos los contratos y subvenciones que se gestionan desde su departamento. Se sabe en el punto de mira, dicen desde su entorno, así que procura que todo lo que le rodea tenga la máxima transparencia. "El estricto cumplimiento de las leyes ya no parece resultar suficiente", lamentan.
Casos como el de La Muela o Asael han tocado de cerca a Boné. Y algunos sectores de su partido le piden que dé explicaciones por ellos. Eso es precisamente lo que más molesta al consejero y su entorno, que muchas de las críticas vengan precisamente del seno de su formación. "Lleva tiempo sufriendo una campaña de desprestigio, orquestada por una minoría crítica del partido", explicaron. Fuentes de la consejería aseguraron a este diario que "es legítimo que esta minoría aspire a ostentar un mayor peso orgánico", aunque matizaron que es algo que hasta la fecha "no han sabido ganarse en los congresos nacionales ni en los comités territoriales". Sin embargo, reclamaron que sus críticas hacia el sector "oficial" deberían canalizarlas "a través de los órganos del partido, y no airearlas amparados en el anonimato, y recurriendo sistemáticamente a la mentira y la difamación".
EL PERIODICO DE ARAGON.
2010, AÑO DURO
Boné sabe que el 2010, previo a las elecciones puede ser todavía más duro. De ahí las medidas adicionales establecidas en su Departamento. Por ejemplo, aseguraron desde Medio Ambiente que todos los contratos de obras que se encargan desde Sodemasa y el Instituto Aragonés del Agua se anuncian previamente en la web, para que cualquier empresa interesada pueda presentarse, cuando la ley solo obliga a hacer concursos públicos por encima de los 60.000 euros. Además, indicaron que "esta medida se va a extender al resto del departamento en el 2010".
Por otra parte, informaron en Medio Ambiente, Sodemasa pide presupuestos a tres empresas en cualquier gasto superior a 600 euros, cuando la ley obliga a que se realicen comparados por encima de los 20.000 euros. En cuanto a subvenciones, aclararon, la ley obliga a realizar una inspección de comprobación de su ejecución en obras mayores a 90.000 euros. Sin embargo, "desde este año, la consejería inspeccionará también, mediante muestreo, las de un importe menor". El objetivo es que se revisen "hasta el 10% de estas subvenciones de menor cuantía".
Todo es poco para evitar que nuevos escándalos acaben salpicando a Alfredo Boné. De todas formas, tanto el consejero como personas cercanas a él insisten en que se han tomado las medidas oportunas en todo momento. En el caso de La Muela se encargaron los informes pertinente. Y Boné dio explicaciones casi a diario en los medios de comunicación. En Asael, en cambio, aunque también se han encargado varias investigaciones internas sobre los convenios firmados con la asociación, ha declinado referirse al asunto.
EL PERIODICO DE ARAGON.
¿Y del CIAMA no se dice nada?
Comentario:
Asi se afrontan lo problemas, cogiendolos por los cuernos (a los problemas y a los rivales politicos, que a veces los tenemos en la propia casa).
Lo que no hay que olvidar es que los problemas los crea él mismo con su forma de gestionar los asuntos públicos.
¿Es que no cumple Pina?
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa el archivo de la denuncia de esta Asociación, en relación con la situación del puesto de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al señalar que no es competencia de dicha Inspección actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
ELECONOMISTA.ES
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social archiva la denuncia sobre la situación del puesto de director en el CIAMA
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa el archivo de la denuncia de esta Asociación, en relación con la situación del puesto de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al señalar que no es competencia de dicha Inspección actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
20MINUTOS.ES
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