miércoles, 9 de diciembre de 2009

FUNCIONARIOS PÚBLICOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN.

Cuando la evidencia de la corrupción en la vida pública no hace más que crecer, junto a la desazón de los ciudadanos, y el compromiso de partidos y gobernantes con los principios éticos de la sociedad es insuficiente, debemos pensar en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en el “mal colectivo” que amenaza con debilitar y enervar toda la energía ética de la democracia.

La corrupción prospera donde la transparencia y la fortaleza ética de la sociedad y de las instituciones retrocede. Muchos creen que impulsar medidas a favor de la ética pública es admitir que existe un problema de corrupción. Es la única explicación que cabe a la reiterada resistencia para impulsar medidas de transparencia y de fortalecimiento ético en las instituciones de la Comunidad Autónoma.

La corrupción es una realidad en nuestra vida pública, y los responsables políticos no aciertan a reaccionar. Al fraude de los insolidarios en el ámbito laboral, fiscal o de la seguridad social se está sumando el de los responsables institucionales, al promover o consentir irregularidades, incumplimientos y abusos manifiestos. Los mecanismos del Estado de Derecho se han visto afectados, y un ejemplo de ello es el deterioro que sufre la función pública.

La función pública es un elemento básico en un Estado de Derecho. La profesionalidad de los servidores públicos y la vigencia del mérito en el acceso a los puestos podría hacer de la función pública un eficaz freno a la corrupción. No se ha avanzado en ese camino.

La falta de rigor en la selección, la alta temporalidad, la suplantación de funcionarios por personal de empresas públicas, la externalización, la discrecionalidad en la provisión de puestos, el abuso de los puestos de confianza, la ilegalidad retributiva y un largo etcétera han debilitado el papel de los servidores públicos en el aseguramiento de la legalidad. La corrupción existente es la certificación de su fracaso.

La necesidad de “giro ético” es cada día más inaplazable. Las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón y la mayoría de los responsables locales han sido insensibles a esta demanda. Debemos, por ello, concretar nuestras propuestas y dar mayor coherencia a nuestras actuaciones. Hay que definir el papel que corresponde a los funcionarios en la lucha contra la corrupción y elaborar una estrategia de actuación efectiva, que incida en el diseño institucional de las Administraciones y en la adecuada ordenación de la función pública. No está en juego sólo la razón de ser de las Administraciones Públicas y el sentido de la función pública, sino la credibilidad de nuestras instituciones políticas.

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Me pregunto si existe algún funcionario que se oponga verdaderamente a la corrupción.

Anónimo dijo...

¿No están a lo que les manden?

Anónimo dijo...

Eso es lo que pienso.

Anónimo dijo...

Nadie me apea de esa idea.

Anónimo dijo...

Ni esta asociación, nadie.

Anónimo dijo...

No es cierto. Algunos no estamos a los que nos "manden". Tenemos un alto concepto del servicio público que nos exige rigor un alto grado, legalidad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones. Me entristece que alguien piense así

Anónimo dijo...

Pues mira, no. Otra cosa es que no te quede más remedio que hacer de espectador, pues las cosas están como están, pero de ahí a encogerse de hombros, mirar hacia otro lado y/o aplaudir... no te digo todos, pero al menos algunos no. Y así les va a más de uno. ¿Te suena el concepto de cementerio y/o nevera administrativa?